El PSOE censurará las críticas con una campaña contra las ‘fake news, pero exime los bulos de Podemos y Miguel Lacambra

El PSOE está completamente divorciado de la prensa. Los medios de comunicación están en contra de que Pedro Sánchez, y el resto de su equipo de gobierno, estén informando a la población a través de “censuradas ruedas de prensa”, donde se filtran las preguntas de los periodistas y se dan prioridad a los medios ‘amigos’.

Es decir, aquellos con una línea editorial de izquierda que hacen preguntas para que los socialistas y comunistas se pongan la ‘medallita’ de su gestión, pese a los evidentes fallos que existen en la lucha contra el COVID-19.

Tampoco está gustando a la prensa, ni a los ciudadanos españoles, que Pedro Sánchez esté constantemente realizando su versión del ‘Aló Presidente’. Sí, largos mítines en la televisión en lugar de directamente informar de los puntos clave que interesan a la población.

Sin embargo, el PSOE no está dispuesto a sucumbir ante las críticas, así que ha lanzado una ambiciosa campaña contra las ‘fake news’ y los ‘bulos’ que busca facilitar la censura de toda información incómoda o que ponga en peligro su permanencia en el poder. Eso sí, no se tomará ninguna medida contra las noticias falsas promovidas por medios ‘amigos’ o por Podemos, ni mucho menos contra los propios socialistas, esos que llegaron a aconsejar leer al ‘fake’ Miguel Lacambra para quitarse el marrón del 8M.




En las redes sociales, el PSOE lanzó una campaña para denunciar lo que ellos consideran ‘fake news’ o ‘bulos’, pero que busca limitar la libertad de expresión de aquellos medios que, lejos de conformarse con la versión oficial, indagan y desvelan las mentiras y fallos de los socialistas y comunistas en su improvisada gestión de la crisis sanitaria.

Es importante recordar que los socialistas borraron un ‘tweet’ del 4 de abril de 2020, en donde pedían a sus votantes que “antes de denunciar [una presunta fake news] haz un pantallazo para poder revisar la publicación o noticia y analizar las posibles acciones legales y nos la envías a asesoriajuridica@psoe.es”. En este sentido, se evidencia que se ha venido trabajando en una forma de controlar y castigar a quienes publiquen en contra del gobierno ‘progresista’.

Callados ante los bulos de Podemos y laSexta

Sin embargo, lo curioso es que el PSOE no ha movido ni un solo dedo para desmentir los bulos que los representantes de Podemos y laSexta ha promovido, por ejemplo, contra Isabel Díaz Ayuso y la sanidad pública de la Comunidad de Madrid. Lo que obligó a que la propia presidenta de la Comunidad tuviera que emprender las medidas legales por un presunto delito de calumnias por parte de Juan Carlos Monedero.

Éstos son algunos de los grave bulos que pasan frente a los ojos del PSOE sin que digan ni una sola palabra que ofenda o moleste a sus ‘camaradas’:

El pasado 23 de marzo, Periodista Digital adelantaba en exclusiva que Isabel Díaz Ayuso tomaría medidas legales justamente contra Juan Carlos Monedero por el presunto delito de calumnias tras las acusaciones realizadas por el cofundador de Podemos a raíz de una ‘fake news’ de Antonio Maestre. Sí, ‘casualmente’ el creador del periodista imaginario Miguel Lacambra, quien firmó un reportaje en ‘La Marea’ que libraba a socialistas y a comunistas de su responsabilidad por convocar irresponsablemente a la celebración del 8M, pese al riesgo que suponía para la salud pública española.

Echenique también

Sin embargo, no se trata del único bulo promovido desde la extrema izquierda. El Diario.es, otro reconocido medio de comunicación afín a Podemos y la izquierda, lanzó una ‘fake news’ contra el grupo HM Hospitales. En su publicación afirman que la empresa sanitaria privada había enviado una carta a los trabajadores pidiéndoles «arrimar el hombro» en estos momentos de crisis sanitaria, entre las que barajaba cogerse vacaciones, excedencias, permisos y suspensiones de empleo y sueldo, todo lo cual significaría una reducción de costes de forma indirecta.

Un bulo que, en esta oportunidad, fue impulsado por Pablo Echenique en un evidente llamado a la expropiación y estatización sanitaria. En sus redes sociales publicó: “HM Hospitales. Facturación: más de 400 millones. Fortuna de sus dueños (los Abarca-Cidón): 120 millones. En plena batalla contra el coronavirus, mandan a sus sanitarios de vacaciones, excedencia y reducción de jornada para ahorrar costes. Ministro…”

Una vez más, la sanidad privada tuvo que dedicar tiempo para desmentir bulos comunistas que buscan una expropiación. A través de un comunicado, el grupo HM Hospitales ha desmentido que haya realizado despidos de personal sanitario o esté obligando a esos trabajadores a cogerse vacaciones durante en estado de alarma por el coronavirus.

En este sentido, solo ha admitido que no se han renovado contratos temporales a personal que no está en «primera línea de batallada del COVID-19». Sin embargo, dejó claro que está contratando personal extra para reforzar la gestión asistencial para luchar contra el COVID-19.

«En las dos últimas semanas hemos reforzado la plantilla en Madrid con 20 médicos, 85 enfermeras y otras 60 auxiliares de enfermería para la gestión de esta emergencia sanitaria, y esperamos que este número aumente sustancialmente, según nos lleguen más candidatos», indica el comunicado.

Manipulación en RTVE

Adoptando la línea más radical del PSOE y Podemos, TVE ha seguido con el ataque contra Isabel Díaz Ayuso y la sanidad pública de Madrid.

Para evitar que se le vieran las costuras, desde TVE pidieron a un psicólogo que hiciera su análisis de la situación sanitaria en la capital, pero no advirtieron a la audiencia de que también es el concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid. No en vano, Javier Barbero fue el responsable de la Policía Local durante el mandato de Manuela Carmena y una de las figuras de confianza de la extrema izquierda en Madrid.

Las críticas apuntan, principalmente, al director de Información y Actualidad de RTVE, Enric Hernàndez, a quien acusan de intentar manipular a la audiencia al omitir a quienes observan el telediario que Barbero cuenta con una clara vinculación política y, por ende, sus opiniones están parcializadas. Así quedó demostrado cuando el concejal de Más Madrid desempolvó los viejos bulos de los recortes sanitarios.

Barbero, oculto bajo la imagen de un psicólogo imparcial, lamentó que la sanidad pública madrileña se haya visto «depauperada» en los últimos años por la falta de financiación y asegura que es la comunidad con menos médicos por cada 100.000 habitantes. Unos datos que, según las tablas de la página oficial del INE, no coincidirían con la realidad.

La situación obligó a que Isabel Díaz Ayuso enviase una carta a la administradora del ente para quejarse de que se haga pasar a «activistas de la izquierda radical» por expertos técnicos-sanitarios.

«Lamentablemente, su televisión se está especializando en tratar de hacer pasar activistas de la izquierda radical como testimonios técnico-sanitarios. Ya ocurrió el pasado 12 de marzo cuando convirtieron al enfermero Guillén del Barrio, conocido por su vinculación con el partido Podemos, en el portavoz oficioso de la Sanidad madrileña. Un testimonio que, como el de hoy, no fue contrastado con ningún otro y del que no se advirtió su filiación política», afirmó la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Al mejor estilo comunista, desde Podemos están sacando ‘fake news’ y bulos como si fueran churros, pero simultáneamente intentan desacreditar cualquier información que sea crítica con un único fin: que los españoles se crean las mentiras que se inventan en el ‘ministerio de Propaganda’ de Pablo Iglesias y sus ‘camaradas’.

 
El PSOE busca chivatos: manda una carta a su militancia para que denuncie a los medios de comunicación críticos con el Gobierno

El PSOE los quiere sumisos y chivatos. No en vano, a lo largo de la historia, a los regímenes comunistas y totalitarios siempre le han gustado los delatores, los correveidiles, los bocazas. Ratas sin honor y ningún tipo de dignidad, capaces de vender a los suyos al mejor postor a cambio de su cota de popularidad y su palmadita en la espalda. Y si no, recordad las purgas de Stalin, en la antigua Unión Soviética, o la Revolución de los barbudos, en la Cuba de los Castro, o las temibles ‘checas de Madrid’ durante el terror rojo de la Guerra Civil.

Ahora, José Luis Ábalos, secretario de organización del Partido Socialista, el mismo que se reúne con nocturnidad y alevosía con dirigentes políticas buscadas por atentar contra los Derechos Humanos, y Adriana Lastra, portavoz parlamentaria y mano izquierda de Pedro Sánchez, una mujer con menos vida laboral que el Vaquilla, han dirigido una carta interna a su militancia en la que animan directamente a denunciar y delatar a todos aquellos medios de comunicación que no comulguen con el pensamiento único.

Y en es que en el caso de la izquierda de este país, el totalitarismo contra la libertad de expresión y hasta de pensamiento, se ha convertido en una constante.

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ya aprobaron en sus pactos de Gobierno instaurar el famoso ‘Ministerio de la Verdad’ que profetizó George Orwell, una especie de ente supramediático encargado de vigilar, a modo de Gran Hermano, a todos aquellos periodistas que se atrevieran a saltarse del guión que marca la corrección política y el pensamiento único. Ya saben: todo lo que no les gusta, es mentira, es un bulo. Los progres, desde su púlpito de superioridad moral, nos reparten certificados de demócratas y carnets de periodista a los demás. La única verdad absoluta, es la suya. Hasta ahora nos censuraban: hoy, directamente, nos van a querer meter en la cárcel.

IiADxor.jpg


UNA GUÍA CONTRA LAS 'FAKE NEWS'

La asesoría jurídica del PSOE además ha enviado a sus cargos públicos una 'guía de actuación' en las redes sociales durante el estado de alarma ante la proliferación de lo que ellos denominan como "bulos y 'fake news'", en la que anima a denunciar a todos los medios de comunicación que no sigan y comulguen con el discurso del pensamiento único.

En la guía, que también se está compartiendo con la militancia a través de Whatsapp y Telegram, se subraya que la "intencionalidad" de esas informaciones falsas en "desprestigiar" la acción del Gobierno durante la crisis y se recomienda no contestar ni pinchar en la noticia. Si no entran a leerla ¿cómo saben que la información es falsa? Lo que sí sugiere el PSOE es "realizar un pantallazo de la información falsa pero sin utilizar sus enlaces para no contribuir a la difusión". La única verdad es la que te dirá el papá Estado.

La guía también contempla denunciar los ataques al Gobierno, a sus lideres y a la ideología del PSOE y aquellos de carácter xenófobo que puedan trascender a través de las redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube).

"Si encuentras información violenta, que amenace, que injurie, calumnie o que incite al odio contra el partido, nuestra ideología, el Gobierno, nuestros líderes o contenga información xenófoba: denunciala", apremian los asesores jurídicos del PSOE en la guía de actuación, acompañado de un vídeo.

El texto también recuerda que la Guardia Civil ha puesto a través del correo ciberestafas@guardiacivil.org un canal para que se le comuniquen informaciones que puedan ser falsas. Y ante la Policía Nacional, se apela a poner los hechos falsos en conocimiento de las unidad de delitos informáticos a través del enlace fijado por este cuerpo. "Denuncia, critica, discute pero se respetuoso, no somos iguales que aquellos que denunciamos", concluye el escrito. Chivatos y censores, pero con una camiseta de Mr.Wonderful y un corazón.

 
El Gobierno plantea cambios legales para frenar bulos y utilización "criminal" de redes

El incremento en la difusión de bulos a través de las redes sociales desde que se decretó el estado alarma ha puesto en alerta al Gobierno y las fuerzas de seguridad están monitorizando esta actividad con el objetivo de poner en el conocimiento de la Justicia aquellos mensajes que puedan tener un contenido delictivo. De hecho, según ha asegurado esta tarde en rueda de prensa el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se han detectado casos "de utilización criminal" de las redes sociales durante estos días.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que acompañaba a Marlaska en dicha rueda de prensa, ha ido más allá planteando la necesidad de revisar los instrumentos legales necesarios "para impedir que no se vayan de rositas aquellos que contaminan la opinión pública". En esta línea, ha explicado que se están estudiando mecanismos para garantizar el derecho constitucional a recibir información veraz en un contexto de emergencia como el actual, también a través de las redes sociales, aunque sin avanzar cuáles. Su encaje sería complejo para no limitar otro derecho constitucional, el referente a la libertad de expresión.

La compañía Twitter ha asegurado haber detectado más de un millón y medio de cuentas sospechosas de manipular información sobre el coronavirus y en las últimas dos semanas ha procedido a borrar 1.100 mensaje con información considerada engañosa. Sin embargo, son los programas de mensajería instantánea, principalmente WhatsApp, donde más se están difundiendo este tipo de contenidos.

Desde el grupo parlamentario de Unidas Podemos se ha abierto ya un frente judicial para denunciar la difusión de bulos en las redes mediante lo que consideran una "organización criminal". Esta misma mañana, desde el grupo confederal han presentado ante la Fiscalía su segunda denuncia que se centra en la difusión de un vídeo con bolsas de cadáveres y una foto con ataúdes que falsamente se identifican con España pero que corresponden respectivamente a un centro hospitalario de Guayaquil (Ecuador) y un naufragio en Italia en 2003.

Se suma así a una anterior denuncia por la difusión de un falso vídeo en el que se acusaba al Gobierno de rechazar material sanitario. En concreto, la grabación mostraba una serie de palés y sostiene falsamente que se trata de un cargamento de equipos de protección para sanitarios que va a ser enviado de España a Francia porque el Ejecutivo “no paga”, aunque lo cierto es que se trata de un cargamento de folios de papel almacenado en una fábrica de Italia, tal y como ha confirmado la propia empresa".

En el texto de la denuncia presentada este lunes, y que firman los diputados de Unidas Podemos Enrique Santiago y Martina Velarde, se advierte sobre la supuesta existencia de una “organización criminal” que de forma dolosa acusaría directamente al Gobierno de “ocultar información a la población, de ser incapaz de gestionar la crisis sanitaria, de desatender a enfermos, a fallecidos y de ocultar información a los familiares de estos últimos, acusando a las instituciones oficiales de estar ocultando el número de fallecidos”.

La denuncia sostiene también que la difusión de dichos bulos supone un supuesto delito de “simulación de peligro, calumnias e injurias a altas instituciones del Estado y organización criminal”, así como “por cualquier otro que se apreciara de oficio por esta Fiscalía General a la vista de los hechos denunciados”. Por otra parte se añade que “estamos sin duda ante una estructura organizada con el fin exclusivo de difundir graves infundios y falsedades a sabiendas, mentiras que buscan causar alarma social, desestabilizar la situación política y debilitar la actuación de las instituciones del Estado, es decir, que buscan dañar a la sociedad española, a las instituciones y a todas las personas que viven en nuestro país”.

 
Podemos presenta una denuncia en la Fiscalía acogiéndose a un delito que propuso suprimir el 6 de marzo

La demanda antibulo de Podemos se agarra a un supuesto tipo delictivo que la formación intentó modificar el 6 de marzo en nombre de la libertad de expresión

El grupo parlamentario de Unidas Podemos registró el pasado lunes una denuncia por la difusión de los “bulos” en las redes sociales, culpables según la coalición liderada por el vicepresidente Pablo Iglesias de atacar al Gobierno por su gestión sobre la crisis del coronavirus. En esa denuncia, Podemos aporta una serie de vídeos con salas llenas de ataúdes y bolsas con cadáveres que no corresponden a los hospitales madrileños. La denuncia de Podemos llega exactamente un mes después de que su grupo parlamentario registrara una propuesta de modificación del código penal para la “protección de la libertad de expresión”.

En el escrito de la denuncia de Podemos, los diputados Enrique Santiago y Martina Velarde solicitan “las acciones penales que pudieran corresponder” por los delitos de “simulación de peligro, calumnias e injurias a altas instituciones del Estado”. Podemos utiliza términos contundentes como el de “organización criminal” para señalar a las personas o colectivos que difunden los bulos.

Cabe señalar que el tipo delictivo que esgrime Podemos, y por el que pide que se juzgue a sus presuntos responsables, lo intentó suprimir hace un mes. El pasado 6 de marzo, el grupo confederal de Unidas Podemos presentó una propuesta de ley para modificar la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal para la protección de la libertad de expresión.

Derogar la "injuria a la institución"

En el texto propuesto por Podemos se hace referencia a la necesidad de “derogar y modificar” los artículos que contemplan delitos como la "injuria a la institución”. Así reza el texto: “El objeto principal de esta ley es derogar y modificar aquellos artículos del Código Penal que chocan frontalmente con la libertad de expresión o que tienen un difícil encaje en un sistema democrático”.

Los artículos que Podemos propuso abolir del Código Penal son los 490.3, 491, 504, 525, 543 y 578. Se trata de artículos que vetan “calumniar o injuriar al Rey, a la Reina o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes” (490.3 y 491), que contempla pena de cárcel de seis meses a dos años. El artículo 504 hace referencia a la prohibición de “calumniar, injuriar o amenazar gravemente al Gobierno de la Nación, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, o al Consejo de Gobierno o al Tribunal Superior de Justicia de una Comunidad Autónoma”. También prevé penas para injurias contra el Ejército.

Los otros dos artículos del Código Penal que Podemos quiere eliminar atañen a ofensas o injurias contra colectivos religiosos y “las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus comunidades autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad, se castigarán con la pena de multa de siete a doce meses”.

Ahora, sin embargo, ya en el Ejecutivo, pero azuzado por las duras críticas en las redes sociales sobre la gestión de la crisis de la Covid-19, el grupo parlamentario de Podemos pide la aplicación de esos artículos que criticaba para acallar a los llamados “bulos”. En su operación, el partido morado tiene el respaldo del PSOE, que también en redes sociales lanza a diario duros mensajes contra los que llama “emisores de desinformación”.

 
Sánchez transforma a Justicia en el ‘Ministerio de la Verdad’ de Orwell para que censure a la prensa crítica y silencie periodistas ‘no adictos’




El gobierno de Pedro Sánchez, intentando eludir sus responsabilidades por la inepta y letal gestión del coronavirus, ha desatado una ‘guerra’ directa contra los escasos medios de comunicación que no le bailan el agua y ponen en evidencia sus pifias e irresponsabilidades.

Ante la difusión de noticias sobre sus garrafales errores en la gestión de la crisis sanitaria por el COVID-19, los socialistas y comunistas implementaron inicialmente un sistema de censura en las ruedas de prensa telemáticas.

La indignación real de algunos periodistas, la impostada de otros y el anuncio por parte de dos diarios de peso, como ‘ABC‘ y ‘El Mundo‘, de que no iban a seguir participando en la farsa, ha obligado a La Moncloa a habilitar un canal alternativo para las preguntas.

Pero no les llega con eso, porque en su confinamiento obligado hay millones de personas que miran Whatsapp cada poco, intercambian mensajes, revisan diarios online, buscan en Google y montan campañas o expresan en Twitter su protesta.

Aunque va a enterrar a 20.000 españoles y arruinar a 10 millones, el marrullero Sánchez sigue dispuesto a casi todo para intentar sobrevivir a la catástrofe que tanto ha contribuido a alimentar.

Cuenta para ello con varias bazas, entre las que es muy relevante ese tercio amplio de españoles que -al igual que casi todos los ministros y ministras actuales- no ha interiorizado nunca que el dinero público sale de los impuestos.

Es el mismo contingente devoto de la subvención, convencido de que la pasta nace en un cajón oficial y que el de arriba, el del coche oficial, la tablet pagada por nosotros y los chupetines, sólo tiene que meter la mano y repartirla.

Decía Voltaire, hace ya tres siglos, que «la política es el camino para que los hombres sin principios puedan dirigir a los hombres sin memoria» y a eso se aferran todos, confiando en la proverbial amnesia del votante español.

A eso y todavía más relevante en estas circunstancias, se suma la ‘Brunete Pedrete’, integrada no sólo por Antonio García Ferreras, los gremlins de LaSexta, la cadena SER y El País, sino por una legión donde se mezclan convencidos e interesados.

En los 44 años, 4 meses, y 16 días, transcurridos desde que se murió en la cama el general Franco, ningún Gobierno español ha acumulado tanto respaldo mediático como el engendro de 22 ministros montado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, con apoyo de los proetarras de Bildu, el PNV, los golpistas catalanes y algún otro.

Cuenta Sánchez, el tipo que despachó a su mujer y a su suegra a las manifestaciones feministas del 8-M, sabiendo ya que había riesgo de contagio, con RTVE, todas las cadenas de televisión privadas y publicas -incluyendo por supuesto a Telemadrid-, todos los diarios en papel con excepción del ‘ABC’ y ‘El Mundo’La Razón de Marhuenda dependerá siempre de lo que manden los de arriba-, la Agencia EFE y un batallón de tertulianos, muchos de los cuales salían en pantalla en tiempos de Rajoy, de cuya servil obediencia a las consignas de La Moncloa es imposible dudar.

Es importante reseñar que la proclividad gubernamental de bastantes integrantes de la ‘Brunete Pedrete’, no se debe a motivos ideológicos. Ni siquiera a afinidades políticas.

Se ponen estos periodistas genuflexos por puro interés crematístico.

En el caso de los tertulianos, esos que salen en todos lados, ensalzando ahora la respuesta del Gobierno ante el virus y salían antes justificando a los independentistas catalanes, alabando a Podemos o cacareando todo lo que pueda ser lesivo para el centroderecha, influyen mucho las ‘peonadas’, que van de 150 euros en una pública a 450 por sesión en una privada de postín.

Por lo que respecta a los encorbatados y perfumados ejecutivos que dirigen Mediaset, Atresmedia, el Grupo PRISA y otros conglomerados, de lo que se trata es de millones y muchos.

Y sin embargo, contando como cuenta con ese enorme, opulento y subvencionado contingente, Sánchez y su entorno se sienten tan presionados por la cada día más adversa opinión pública, que han optado por tirar del Ministerio de Justicia y sobre todo de la Fiscalía.

Bajo la excusa de luchar contra las ‘fake news’, PSOE y Podemos urden un apaño legal para acallar a los periodistas no afectos, con amenazas, sanciones, multas y cierres.

Sí, los mismos pasos que implementó Hugo Chávez en Venezuela antes de dar el salto a la adquisición estatal de medios de comunicación o de amenazar de muerte a los comunicadores que se convirtieran en una ‘china en el zapato’.

El ministro Juan Carlos Campo, novio de Meritxell Batet, fue quien advirtió que se “revisarán los instrumentos legales para impedir estos bulos o, al menos, para que no se vayan de rositas”.

Sin embargo, no aclaró en ningún momento qué términos se usarán para determinar qué es una ‘fake news’ para la justicia socialista.

El PSOE que empujó a la gente a contagiarse el 8M, compró test chungos en los chinos, oculta cadáveres en Castilla-La Mancha y difunde falsedades desde Moncloa, es también el que ha recomendado la lectura del reportaje del ‘fake’ Miguel Lacambra.

En otras palabras, una doble vara de medir que, implementada al sistema legal, supondría un canal oficial de censura y un ataque directo a la libertad de expresión.

Es importante recordar que desde Podemos también han comenzado una campaña contra las ‘fake news’, pese a que Juan Carlos Monedero y Pablo Echenique han sido, junto con los medios ‘amigos’ del gobierno, los grandes promotores de ‘bulos’ sobre la sanidad de la Comunidad de Madrid.




El preocupante anuncio fue acompañado, además, de la promesa de impulsar un plan de choque para evitar el colapso en los juzgados tras la pandemia.Una iniciativa que ha encuadrado en el “plan de acción de desescalada” y que se centrará en los ámbitos sociolaboral (que dirimirá, por ejemplo, despidos y ERTEs), contencioso y mercantil, allí donde “de manera más sangrante se ve la incidencia de la pandemia”, según indica el ministro.

Estado de Derecho

Tras mantener horas antes una reunión por videoconferencia con sus homónimos de la UE, el ministro ha insistido en que la pandemia “no está afectando al Estado de Derecho”, que aunque ha ralentizado su funcionamiento, “sigue funcionando” y “no se debilita”.

“La pandemia no puede ser una excusa para debilitar el Estado de Derecho”, ha defendido Campo, que ha eludido cualquier reproche al líder del PSC Miquel Iceta -que aboga porque los líderes independentistas condenados en el juicio del “procés” cumplan en sus casas el confinamiento- y se ha limitado a enmarcar sus palabras en el derecho a la libertad de expresión y a incidir en que será el Tribunal Supremo quien tenga la última palabra al respecto.

El titular de Justicia tampoco ha precisado si el Gobierno podrá obligar a los enfermos por coronavirus asintomáticos a recluirse en las “arcas de Noé” contra su voluntad y ha hecho hincapié en que en esos supuestos se actuará con “proporcionalidad” tras solicitar “los informes pertinentes”.

 
Armando Robles explota en ‘Buenos días España’ contra Pablo Iglesias y su campaña «antibulos»: «Por suerte los españoles te tienen calado y saben lo golfo y falso que eres»

El grupo parlamentario de Unidas Podemos (UP) ha registrado ante la Fiscalía una nueva denuncia por la difusión de «bulos» a través de las redes sociales para atacar al Gobierno de coalición por su gestión sobre la crisis del coronavirus. Concretamente, denuncian una serie de vídeos que muestran, el primero, una sala llena de ataúdes y, el segundo, bolsas que supuestamente contienen cadáveres en un hospital madrileño. Según han contrastado, esas imágenes corresponden otros países.

El escrito está firmado por los diputados Enrique Santiago y Martina Velarde, que solicitan «las acciones penales que pudieran corresponder» por los delitos de «simulación de peligro, calumnias e injurias a altas instituciones del Estado y organización criminal».

UP argumenta en el texto que se trata de una «organización criminal» dotada de «una estructura organizada con el fin exclusivo de difundir graves infundios y falsedades a sabiendas, mentiras que buscan causar alarma social, desestabilizar la situación política y debilitar la actuación de las instituciones del Estado, es decir, que buscan dañar a la sociedad española, a las instituciones y a todas las personas que viven en nuestro país».

El programa «Buenos días España», de Radio Cadena Española, abordó hoy este asunto con la contundencia ya característica en este espacio dirigido y conducido por el periodista vasco Santiago Fontenla.

Armando Robles, colaborador del espacio, expresó su indignación ante lo que considera un nuevo acto de exaltación del cinismo por parte del político más odiado por una mayoría de españoles. «¿Cómo puede este golfo acusar a otros de organización criminal el líder de un partido que gobierna en coalición gracias al apoyo de los herederos de ETA? ¿Cómo puede victimizarse ahora el golfo que lidera al partido que más bulos ha lanzado en el transcurso de su existencia política?».

Denuncias y reproches por «desinformación» ligada a Podemos

Robles recordó en este sentido que el Partido Popular de Madrid denunció y reclamó el cierre de la cuenta de Twitter «@Covid_Today» después de que se revelase que estaba ligada a Podemos. «La información puso de manifiesto la relación entre el partido Podemos y la cuenta Covid_Today para difamar contra la gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid y, en particular, contra la figura de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso».

Mencionó asimismo que la Junta Electoral abrió en abril del año pasado un expediente al Ayuntamiento de Madrid y a Podemos después de que el partido reivindicara la proyección en la Plaza Mayor de unas imágenes sobre «los papeles de Bárcenas» bajo una campaña en las redes sociales con el título «#Que no vuelvan». La campaña fue denunciada por el Partido Popular y la Junta sancionó a Podemos por «propaganda electoral» en un «lugar emblemático de Madrid».

También en 2017, Podemos fletó el polémico autobús que recorrió Madrid, el famoso «tramabus», para «desenmascarar» la trama de corrupción en la que aseguran que estaban metidos, entre otros dirigentes del PP, el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al que no se le ha acusado aún de nada, o la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, investigada por financiación irregular del PP en Madrid.

Por otro lado, en septiembre, el PP exigió a Unidas Podemos disculpas públicas después de que el Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid les absolviera de destruir dos ordenadores del extesorero Luis Bárcenas para torpedear la investigación de la Audiencia Nacional.

Robles también habló de las injurias contra la Guardia Civil y otros cuerpos y fuerzas de seguridad del estado vertidas por Iglesias en el pasado. «Dijo que eran matones al servicio de los ricos. Ahora esos “matones”, están a su servicio y vigilan su chalé las 24 horas del día».

También se refirió al hecho de que Podemos solicite «las acciones penales que pudieran corresponder» por los delitos de «simulación de peligro, calumnias e injurias a altas instituciones del Estado». «Y lo pide el partido que pacta con Bildi y alienta caceroladas contra el Rey en plena crisis por el coronavirus», denunció.

«No hay mejor ejemplo de estafa política que la que representa Pablo Iglesias. Por eso es con creces el político más odiado de este país. Lo malo para este golfo es que los españoles lo tienen muy calado y sabe lo falso que es; ya engaña a muy pocos», dijo Robles.

Para Santiago Fontenla, detrás de la iniciativa de Podemos, al más puro estilo bolivariano, se esconde su pretensión de confinar las críticas de los españoles a la negligente gestión del coronavirus por parte del Gobierno.

En el mismo espacio intervino también Daniel Álvarez, experto en seguridad y analista político, quien aseguró que la cifra de víctimas mortales por coronavirus era muy superior a las dadas por el Gobierno. «Los bomberos no dan abasto sacando cadáveres de las casas. Las funerarias están al límite. Muchas muertes por la pandemia son registradas como muertes por causas naturales», señaló.

Esta ocultación de información es para Robles sintomático de un Gobierno que, según denunció, no ha dejado de mentir desde el minuto 1. Por ello insistió al pedir al PP que no sucumba a la trampa del Gobierno consistente en consensuar un gran acuerdo económico similar a los conocidos como «pactos de la Moncloa». «Es una trampa del Gobierno en la que no puede caer Casado. El Gobierno pretende diluir su responsabilidad en esta catástrofe. El Gobierno necesita ganar tiempo para, a través de sus bien remunerados voceros mediáticos, imponer su fraudulento relato acerca de la crisis pandémica y económica. Por eso no valen acuerdos, salvo que el PP quiera inmolarse. El PP tiene que exigir elecciones generales y que la población elija a los gestores encargados de revertir la devastación social y económica en ciernes. A este Gobierno hay que darle la estocada de muerte», subrayó.

«Lo bueno de estos granujas es que son muy previsibles», apostilló.

 
#PalabraDeMinistro: Las graves declaraciones de Marlaska que nos aproximan a una dictadura bolivariana

Graves, muy graves las declaraciones del ministro del Interior en “rueda de prensa”. Unas declaraciones que nos aproximan a una dictadura bolivariana, que es hacia donde quieren llevarnos los socialcomunistas que nos gobiernan.

Decía Fernando Grande Marlaska lo siguiente:

«En referencia a la querella formalizada por Unidas Podemos en relación a una supuesta organización dedicada a difundir ehhh… falsas… ehhh… falsos ehhh… falsos contenidos, indicar que, como hemos manifestado, nosotros estamos monitorizando desde Interior, la Policía Nacional y la Guardia Civil, las redes sociales, todos aquellos bulos, todas aquellas noticias falsas, todas aquellas noticias que puedan tener un contenido criminal o que puedan criminalizarse, lo ponemos en conocimiento de la autoridad…».

Poco más hay que añadir. Todo está muy bien pensado, unos disparan, los comunistas de Unidas Podemos, y el PSOE, de la mano de Fernando Grande Marlaska actúa. La verdad es que da miedo… ¿a dónde llegaremos?