El Gobierno rescata una aerolínea 'venezolana' conectada con el chavismo

Sorpresa y estupor es lo que se respira en el sector aéreo, tras confirmarse la ayuda pública de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra a través del fondo de rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Esta compañía opera vuelos de larga distancia entre España (desde Madrid y Tenerife) y tres países de Latinoamérica (Ecuador, Perú y Venezuela).

Este instrumento está destinado a apoyar a empresas "estratégicas" para el tejido productivo nacional o regional por "su sensible impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados, entre otros motivos", según explica la SEPI.

Sin embargo, fuentes del sector consultadas por Vozpópuli dudan de su carácter estratégico "desde cualquier punto de vista" y creen que hay otras aerolíneas "pasándolo mal" con un peso más importante en el mercado aéreo. También recuerdan que hay otras compañías que cubren las mismas rutas que Plus Ultra, por lo que "su desaparición no supondría un problema" en términos de conectividad.

Las mismas fuentes revelan además que casi la mitad de las acciones de Plus Ultra pertenecen a la sociedad Snip Aviation S.L., presidida por el venezolano Rodolfo José Reyes Rojas. Se trata de un empresario cercano a la órbita del presidente Nicolás Maduro, que ha estado en el punto de mira de la Asamblea Nacional Venezolana por un posible caso de corrupción.

Menos del 1% del tráfico en España​

El Ministerio de Hacienda, al que está adscrito el fondo, hace referencia a que "el transporte aéreo en España constituye un sector estratégico por su contribución al turismo, uno de los principales motores económicos del país". No obstante, según las estadísticas de Aena, Plus Ultra aporta menos del 1% de las conexiones aéreas.

En concreto, la compañía registrada en España operó un total de 823 vuelos en los aeropuertos españoles en 2019. Esto la situaba en la posición 166 por tráfico, muy por detrás de otras aerolíneas también españolas como Iberia, Vueling, Air Europa (que también ha sido rescatada con 475 millones) o Evelop, que contribuyen a garantizar la conectividad en el corto, medio y largo radio.

En 2019, antes de que la covid-19 estallara en Europa, se produjeron 2,36 millones de operaciones en la red de Aena. De esta forma, si se tiene en cuenta esta cifra, Plus Ultra apenas representó el 0,03% del total. Un dato que demuestra su "escaso peso en el mercado y el minúsculo efecto que tendría su desaparición", según las fuentes del sector consultadas por este periódico.

Con el coronavirus, su situación empeoró. En enero de 2021, el último mes del que Aena ha ofrecido datos, la aerolínea sólo operó dos vuelos en los aeropuertos españoles. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda defiende en un comunicado que Plus Ultra es una aerolínea estratégica y "de nicho".

Según dice, "el tipo de cliente de Plus Ultra es distinto al de otros competidores, centrándose principalmente en residentes en España u otros destinos que viajan principalmente a visitar familiares o por ocio, además de también turismo". "Su oferta, por tanto, cubre un ámbito de servicios en el mercado complementario a los servicios que proporcionan las compañías de mayor tamaño", añade.

En pérdidas desde su creación​

La sociedad a través de la cual opera la aerolínea, Plus Ultra Líneas Aéreas S.A., acumula pérdidas desde su nacimiento en 2011, según las cuentas depositadas en el registro mercantil y consultadas a través de la herramienta Insight View. En el último ejercicio previo a la pandemia, el de 2019, la aerolínea facturó 63,5 millones de euros pero registró un resultado negativo de 2,11 millones.

En 2018 los números rojos ascendieron a 6,7 millones. Entre 2015 -cuando la compañía logró la licencia para operar- y 2017, también registró pérdidas, aunque en ningún caso superaron el millón de euros. Fuentes cercanas a la operación argumentan que en 2019 la aerolínea "no estaba en crisis y tuvo pérdidas porque está en proceso de crecimiento y opera con precios competitivos".

Además, Hacienda asegura que "la compañía emplea a 345 trabajadores directos, considerando los puestos de trabajo indirectos generados por su actividad superiores a los 2.500 empleos". No obstante, en las cuentas de 2019 la empresa declaraba una media de 268 empleados a lo largo del ejercicio.

El 47% del capital, en manos venezolanas​

La sociedad Plus Ultra Líneas Aéreas S.A. fue fundada en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, dos ejecutivos españoles que, antes de impulsar esta aerolínea, formaron parte de la quebrada Air Madrid. El último fue condenado en febrero de 2020 a once meses y 29 días de prisión por delitos fiscales, según publicó El Correo.

Posteriormente, en 2017, irrumpieron en la empresa varios empresarios venezolanos a través de una sociedad llamada Snip Aviation. De hecho, según consta en las cuentas, esta sociedad prestó 600.000 euros el 30 de noviembre de 2018, una deuda que a cierre de 2019 la aerolínea había pagado.

El 47,23% de Plus Ultra está en manos actualmente de Snip Aviation. Según las cuentas de 2019 a las que ha podido acceder este periódico a través de Insight View, esta sociedad está respaldada por la firma de tres venezolanos. Como presidente figura Rodolfo José Reyes Rojas. Como vocal, Raif El Arigie Harbie; y como apoderado, Roberto Roselli Mieles.

Actualmente, Roberto Roselli es el consejero delegado de la aerolínea. "Estamos muy contentos de compartir esta noticia porque llevamos meses trabajando activamente y es un hito muy importante de cara a la viabilidad y al futuro de nuestra empresa", aseguraba este martes en referencia al rescate, en un comunicado difundido por la Plus Ultra.

"El haber llegado a este punto ha sido fruto del esfuerzo y de la profesionalidad de todo el equipo de Plus Ultra Líneas Aéreas. Queremos dar las gracias al Consejo de Ministros y a todos los implicados por la resolución a la que han llegado, que nos permitirá seguir adelante y materializar nuestro plan estratégico a futuro", añade Roselli.

Vínculos con el chavismo​

Los propietarios y los directivos de la compañía nunca han escondido sus buenas relaciones con el Gobierno venezolano. Durante un discurso en 2018, el actual presidente de la aerolínea, el español Fernando García Manso, daba las "gracias" públicamente a Nicolás Maduro tras la inauguración de la ruta directa entre Madrid y Caracas. "Sin su ayuda hubiese sido casi imposible realizar el proyecto", aseguró entonces.




Los accionistas venezolanos de Plus Ultra -Reyes Rojas, El Arigie Harbie y Roselli Mieles- están vinculados empresarialmente con Camilo Ibrahim. Este magnate venezolano de origen árabe guarda buena relación con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y la esposa de Maduro, Cilia Flores. Así lo aseguran fuentes que citan a empresarios del país suramericano y a funcionarios del área de contrataciones públicas del Gobierno chavista.

Los cuatro empresarios conforman el consejo de administración de al menos una sociedad, Alimentos Los Páramos S.L.. Esta se registró el pasado 31 de diciembre de 2020 en el registro mercantil con el objeto social de "comercialización al por mayor y al por menor de todo tipo de alimentos y, en especial, de café en grano, molido, trillada o en cualquier otra forma, así como la fabricación, manipulación, envasado y tostado de todo tipo de café", según ha podido comprobar este periódico.

Además, Rodolfo José Reyes Rojas y Camilo Ibrahim fueron citados en 2018 por la Asamblea Nacional Venezolana por "presunta corrupción" dentro de programas de ayuda social, de la mano del colombiano-libanés Alex Saab. El Gobierno estadounidense ha señalado a Saab como principal "testaferro" de Maduro en el lavado de dólares y adjudicación fraudulenta de millonarios contratos oficiales.

En concreto, según sospecha Washington, Saab habría liderado una trama de contratos sobre materiales de viviendas prefabricadas "sociales" importados de Colombia y Ecuador que nunca llegaron a montarse o lo hicieron con sobrecostes, tal y como publica la BBC.




 

Los fundadores de Plus Ultra quebraron Air Madrid y uno ha sido condenado por delito fiscal​

Fernando González Enfedaque y Julio Martínez Sola, los empresarios que fundaron en 2011 la aerolínea Plus Ultra, que acaba de ser agraciada con una ayuda pública de 53 millones de euros, cuentan con un curriculum polémico.

Ambos estuvieron al frente de la quebrada Air Madrid, que en las navidades de 2006 dejó en tierra a decenas de miles de pasajeros al suspender sus actividades. González Enfedaque fue condenado el pasado año a once meses y 29 días de prisión y a una multa de un millón y medio de euros por delitos fiscales.

El 15 de diciembre de 2006, Air Madrid cesó por sorpresa su actividad, horas antes de que la Dirección General de Aviación Civil procediera a retirar a la aerolínea la licencia para operar por reiterados incumplimientos en materia de mantenimiento de sus aviones que afectaba a la seguridad.

Se llegó a informar que, en total, más de 100.000 pasajeros se habían visto afectados por el cierre de Air Madrid, la mayoría de ellos inmigrantes suramericanos que se disponían a volver a casa por Navidad.

La suspensión de los vuelos por parte de la compañía fue denunciada ante la Audiencia Nacional por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), por un presunto delito de estafa, ya que la empresa habría vendido billetes de viaje a pesar de que su situación bordeaba el cierre.

Julio Martínez Sola tuvo que declarar ante el entonces juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska como imputado. El hoy Ministro de Interior en el Gobierno de Pedro Sánchez archivó la causa entendiendo que los gestores de la aerolínea no habían tenido voluntad de cumplir sus compromisos con los clientes.

La aerolínea fue declarada en concurso necesario de acreedores en enero de 2007, con un pasivo cercano a los 145 millones de euros. La quiebra de la compañía todavía sigue siendo a día de hoy un quebradero de cabeza para muchos de sus acreedores.

En la administración del concurso se creó una Comisión de Vigilancia que en la actualidad está activa, y que hace un año citó a los acreedores con créditos subordinados para solicitar el abono de los mismos, con una quita del 50%, entre el próximo 1 de septiembre y 23 de diciembre de 2021, lo que da idea de lo farragoso y complejo de la quiebra de Air Madrid.

Fernando González Enfedaque, fundador de Air Madrid, presidente de la aerolínea hasta que esta fue adquirida por el empresario hotelero José Luis Carrillo, fue condenado el pasado mes de febrero por delitos fiscales.

Según publicó El Correo en febrero de 2020, el exdirector de la Hacienda de Gipuzkoa y exsenador del PNV Víctor Bravo fue condenado a siete años de cárcel por tres delitos fiscales en torno a la mercantil Glass Costa Este Salou.

El diario informó también que el socio de Bravo, González Enfedaque, fue condenado a 11 meses y 29 días de prisión y a una multa de 1,5 millones de euros. Las acusaciones habían pedido una pena de cárcel para el fundador de Plus Ultra de cuatro años y medio, pero su pena fue rebajada porque durante el juicio devolvió un millón de euros.

 



El Gobierno de PSOE-Podemos ha creado un fondo para rescatar a grandes empresas estratégicas afectadas por la pandemia. Pero en varios casos más bien parece que se está optando por rescatar a grandes empresarios cercanos al ejecutivo.
 

María Jesús Montero justifica conceder 53 millones a la aerolínea Plus Ultra por sus 350 empleados: "Es relevante y estratégica"​

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha justificado la concesión de 53 millones de dinero público a la pequeña aerolínea Plus Ultra, porque "tiene 350 empleos directos" y la ha calificado de "relevante y estratégica".

En una intervención durante la sesión de control, Montero ha tenido que responder sobre las razones de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales haya inyectado tal cantidad a Plus Ultra, que cuenta entre sus accionistas a venezolanos como Ibrahim Issa, considerado próximo a la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez. La titular de Hacienda ha recalcado que se trata de "una empresa española" que cumple con los requisitos del fondo de solvencia creado por el Gobierno para salvar empresas y ha destacado que cuenta con licencia de tipo A, que le permite operar vuelos de gran tamaño a Latinoamérica. "Solo hay 20 con licencia de tipo A", ha afirmado.

La ministra ha otorgado un papel de peso a Plus Ultra en el sector turístico español, que según ha subrayado, supone un 12% del PIB del país. Montero ha destacado también que Plus Ultra facturó 100 millones de euros en 2019, a pesar de que es una cifra considerada marginal en la industria aérea, y que además de sus 350 empleos directos, genera indirectamente empleo "a 2.500 personas".

"Con cuatro aviones que tiene Plus Ultra ¿eso quién se lo cree?", ha replicado el diputado del PP, Mario Cortés. En su opinión, la aerolínea que recibirá préstamos participativos del Estado "tiene al año menos usuarios que un hotel de Torremolinos". "Hay hoteles, chiringuitos de playa y locales de ocio nocturno con más empleados que esta aerolínea", ha afirmado Cortés y ha atribuido la ayuda a que está "claramente vinculada al régimen de Maduro" y a que "Delcy es amiga del señor Ábalos", mientras que muchas empresas españolas no reciben tal apoyo.

"No vean fantasmas, lo fantasmas no existen", ha asegurado la ministra.

El diputado del PP, Miguel Ángel Paniagua, ha insistido en poner en duda esta operación estatal. Montero ha añadido como argumento que "Plus Ultra tiene un nicho de mercado en cuatro líneas en que es hegemónica" con países latinoamericanos. Y ha afirmado que el Gobierno no podía denegar la ayuda a la empresa "porque haya una accionista que parece que tiene doble nacionalidad o sea amigo de no se sabe quién".

También el diputado de Vox, Víctor González Coello de Portugal, ha interpelado a Montero: "Está vinculada al régimen de Maduro y no es una sospecha, hemos preguntado a los representantes del presidente Guaidó". Ha señalado que Plus Ultra no cumple, entre otros, los requisitos de rentabilidad previa a la crisis que exige la Sepi ni tampoco en cuanto a carácter estratégico. También ha calificado de "sarcasmo" el apoyo de 475 millones a Air Europa, porque con sus cuentas de 2019 tardará 20 años en devolver los préstamos al Estado.

"No vamos a preguntar al señor Guaidó para ayudar a una empresa española", ha ironizado Montero en su réplica. Y ha asegurado que las cuatro empresas que han recibido apoyo del fondo de la Sepi "cumplían con todos los requisitos evidentemente". Se trata de Air Europa, Duro Felguera, Plus Ultra y Ávoris.

María Jesús Montero justifica conceder 53 millones a la aerolínea Plus Ultra por sus 350 empleados: "Es relevante y estratégica"{"sender":"offer-0-9wAiJ","displayMode":"inline","recipient":"opener","event":"resize","params":{"height":142,"iframeId":"offer-0-9wAiJ"}}
 

Plus Ultra: la aerolínea rescatada por ser "estratégica" sólo tiene un avión​

Plus Ultra sólo tenía un avión cuando fue rescatada por el Gobierno el pasado 9 de marzo con préstamos por valor de 53 millones de euros. A inicio del 2020, la aerolínea contaba con cuatro aeronaves, dos A340-300 y otras dos A340-600. Sin embargo, acabó el ejercicio con sólo un A340-300, según ha podido saber Vozpópuli. En concreto, la salida de los tres aviones restantes –operados en régimen de alquiler– se produjo en los últimos meses del año.

La aerolínea incorporó a su flota dos A340-600 en 2019 para sustituir otros dos A340-300 que tenía desde que comenzó a operar en 2015. Sin embargo, la crisis del coronavirus afectó de manera agresiva al sector de la aviación y, según informan fuentes cercanas a la empresa, la compañía devolvió anticipadamente los aviones a su propietario con una penalización por la ruptura de los dos contratos.

En abril de 2019 también incorporó a su flota un nuevo avión A340-300. Sin embargo, este también lo devolvió un año y medio después, en noviembre de 2020, según consta en el portal Airfleets, que recoge los movimientos de aeronaves entre los distintos operadores y estado de las flotas de la mayoría de las aerolíneas del mundo.

De esta forma, a cierre de 2020 sólo quedaba en su flota un avión A340-300, que Plus Ultra tenía en propiedad desde 2017 pero que actualmente opera en régimen de arrendamiento, según informan fuentes solventes a este periódico. Además, Airfleets informa de que este avión no está activo, sino que permanece estacionado desde enero de 2021.

La propia compañía aérea informa en sus últimas cuentas depositadas en el registro mercantil, a las que ha tenido acceso este medio, de que lo vendió en 2019 como forma de pago a la financiación obtenida a través de la emisión de deuda de diez millones de dólares, destinada a sufragar los costes de su actividad.

En 2019, antes de la crisis, la aerolínea sólo operó 823 vuelos en los aeropuertos españoles. Esto la situaba en la posición 166 por tráfico, muy por detrás de otras aerolíneas también españolas como Iberia, Vueling o Air Europa (que también ha sido rescatada con 475 millones). En total se produjeron 2,36 millones de operaciones en la red de Aena. De esta forma, Plus Ultra apenas representó el 0,03% del total de la movilidad aérea.

Con el coronavirus, su situación empeoró. En enero de 2021 la aerolínea sólo operó dos vuelos en los aeropuertos españoles. En febrero, un mes antes de ser rescatada, no operó ni un solo vuelo, según las estadísticas de Aena. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda defiende que Plus Ultra es una aerolínea estratégica y por ello debe ser rescatada con fondos públicos.

Aumenta sus ingresos con contratos públicos​

La aerolínea dedicada a conectar España con Venezuela, Perú y Ecuador redujo un 55% sus vuelos en 2020 por el impacto que ha tenido la pandemia en la movilidad internacional. En concreto, operó 369 vuelos desde o hacia España. Sin embargo, sus ingresos habían aumentado un 48% entre mediados de 2019 y 2020, según consta en las últimas cuentas de la empresa consultadas por Vozpópuli.

En las mismas, Plus Ultra reconoce que "ha podido generar ingresos durante esta pandemia adaptando su estructura para realizar vuelos de carga de material sanitario y repatriación de pasajeros", formalizando contratos con los Gobiernos de los países en los que opera. El resultado: una facturación de 94 millones, frente a los 63,5 millones de un año antes, cuando la movilidad no se había visto afectada.

En el mismo ejercicio, la compañía aplicó un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y una reducción de salarios del 30% a los trabajadores, según consta en las mismas cuentas.

Aún así, a fecha de agosto de 2020, Plus Ultra tenía un fondo de maniobra negativo de 5,75 millones de euros. Cerraba su ejercicio con unas pérdidas de 2,78 millones. También arrastraba resultados negativos de ejercicios anteriores que ascendían a 10,64 millones. Su patrimonio neto era de tan solo 5,84 millones.

En un comunicado oficial, la aerolínea aseguró que no tiene relación "de influencia o interés" con ningún Gobierno y defiende que la mayoría de su accionariado es español. En cualquier caso, este periódico ha desvelado que al menos el 47% de las participaciones están en manos de empresarios venezolanos conectados con el chavismo. En el marco de esta investigación, Vozpópuli se ha puesto en contacto con Plus Ultra en varias ocasiones, pero no ha obtenido respuesta.

La compañía aérea acumulaba pérdidas desde su creación en 2011, tal y como avanzó este periódico. Antes de ser rescatada, Plus Ultra solicitó un préstamo avalado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la banca se negó a concedérselo, tal y como ha avanzado Vozpópuli. Las entidades financieras españolas rechazaron su petición por el riesgo que suponía la operación.

 

Vox se querella contra el Gobierno y la SEPI por el rescate de la aerolínea Plus Ultra​

El partido que lidera Abascal considera que la compañía no reúne los requisitos establecidos para recibir la ayuda porque "no es una empresa estratégica" en su sector

Vox ha presentado este miércoles una querella en el Tribunal Supremo contra los miembros del Gobierno y los responsables de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por el rescate de la aerolínea Plus Ultra con 53 millones de euros con un préstamo participativo por valor de 34 millones y un préstamo ordinario de 19 millones.

La querella ya fue adelantada este martes por el diputado de Vox Victor González Coello de Portugal en el Congreso, donde denunció la existencia de vínculos de esta aerolínea venezolana con el Gobierno de Nicolás Maduro y algunos de sus miembros más significados.

Ante el Tribunal Supremo, Vox sostiene que Plus Ultra no reúne los requisitos establecidos para ser beneficiada de la ayuda, ya que "no es una empresa estratégica con relevancia en su sector ni tampoco sus pérdidas vienen provocadas por el covid-19" como exige la norma, sino que asegura que la aerolínea atravesaba ya una grave situación con grandes pérdidas económicas "casi desde su creación".

Declaración del gerente de la aerolínea​

Además, denuncia la "inidoneidad de las personas al frente de la aerolínea" y aporta documentación con la que pretende acreditar su vinculación con entidades de capital extranjero que cree que podrían indicar la existencia de un entramado societario cuya matriz sería una entidad con domicilio social en Panamá y de capital venezolano.

La vicesecretaria jurídica nacional, Marta Castro, ha solicitado al juzgado que promueva varias diligencias, como el interrogatorio de los querellantes, la presentación del expediente de la solicitud de las ayudas por parte de la aerolínea, el expediente completo de la SEPI y los registros de operaciones de la compañía en España de los tres últimos años.

Vox también ha solicitado oficio a la Agencia Tributaria y a la Tesorería de la Seguridad social para comprobar los datos de los balances y las cuentas presentadas por 'Plus Ultra'. Y requerimientos a las sociedades que aparecen vinculadas para que aporten el acta de titularidad real "para conocer los verdaderos propietarios del capital social".

Además, el partido liderado por Santiago Abascal pide la declaración del gerente de la aerolínea y de las sociedades indicadas, así como del empresario venezolano Rodolfo José Reyes Rojas.

 



El Gobierno de PSOE-Podemos ha rescatado con 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. En este vídeo, exponemos todos los puntos oscuros que rodean a esta operación.
 

Plus Ultra sólo ha operado dos vuelos hasta abril, ambos con Venezuela​

Plus Ultra sólo ha operado dos vuelos regulares de ida y vuelta en lo que va de año, ambos con Venezuela. Según consta en los registros del gestor aeroportuario español, Aena, la aerolínea, rescatada por el Gobierno con 53 millones de euros por ser "estratégica" para el tejido productivo español, operó un vuelo de ida y vuelta con Caracas en enero, antes de estacionar su único avión en flota y, tras un mes de febrero sin actividad, volvió a volar entre ambos países en marzo.

Tal y como adelantó Vozpópuli, Plus Ultra volvió a poner en marcha la aeronave -un Airbus A340-300-, que ahora opera en régimen de alquiler, al recibir luz verde del Gobierno venezolano para operar en exclusiva la ruta con España. Mientras, Iberia y Air Europa siguen a la espera de que el país caribeño reabra su espacio aéreo.

Según consta en los registros de Aena, Plus Ultra también operó en el mes de marzo un vuelo desde Malta a Madrid, país donde, según apuntó Vox en el Congreso de los Diputados, mantenía retenida la aeronave para su reparación. Después, la aerolínea operó un vuelo 'fantasma' dentro de España, por las inmediaciones de Madrid, sobrevolando varias zonas de Castilla y León, y regresó de nuevo a Barajas, tal y como recogieron algunos usuarios en Twitter.




Fuentes del sector aéreo consultadas por Vozpópuli comentan que este podría haber sido un "vuelo de prueba técnico o de comprobación si ha tenido labores de mantenimiento que lo requieran o llevaba bastante sin volar". También informan de que existen "vuelos de entrenamiento para los tripulantes, pues éstos necesitan experiencia reciente para poder operar". "No es raro hacer esto si no hay vuelos comerciales aptos para entrenamiento", comentan.

Tanto el vuelo desde Malta a España como el operado dentro del país están clasificados por Aena como "otros servicios comerciales", no como vuelos "regulares". De hecho, según ha comprobado este periódico en la web de Aena, ninguno de los dos llevaban clientes a bordo. Sólo se contabilizan los 267 pasajeros transportados en el vuelo de ida vuelta entre Madrid y Caracas de enero y otros 459 pasajeros en la misma ruta en marzo.

De esta forma, hasta abril, Plus Ultra sólo ha transportado a 726 pasajeros en dos vuelos de ida y vuelta entre Madrid y Caracas, el 0,008% de los 8,24 pasajeros totales que han pasado en los tres primeros meses del año por los aeropuertos españoles. Antes de la covid, la aerolínea volaba también a Perú y Ecuador con cuatro aviones en flota, de los que sólo queda uno.

La única con permiso de Venezuela​

Este lunes 12 de abril, la aerolínea ha operado su primer vuelo del año entre Madrid y Lima (Perú), pero el siguiente no está programado hasta el 3 de mayo, según apunta la propia aerolínea en su página web. La actividad se centra en Venezuela, donde arrancó las operaciones el pasado 24 de marzo -apenas 15 días después de ser rescatada-, y operará otros dos vuelos de ida y vuelta en abril y otros seis hasta junio.

Su actividad se está produciendo cuando, por un lado, las operaciones comerciales entre España y Venezuela están supuestamente prohibidas; y, por otro, los llamados vuelos humanitarios y de repatriación desde el país caribeño a España "están suspendidos definitivamente", según informan fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Es, por el momento, la única aerolínea que ofrece vuelos directos entre Madrid y Caracas. Iberia y Air Europa siguen a la espera de recibir la autorización correspondiente para recuperar el tráfico en esa ruta. De hecho, el Gobierno ha pedido desde febrero al régimen de Maduro que normalice las conexiones aéreas de Iberia y Air Europa. El último intento lo realizó la número dos de Exteriores en la capital del país sudamericano, tal y como avanzó Vozpópuli.

Según ha podido saber este periódico, Madrid trasladó por los cauces diplomáticos que no se podía mantener la fórmula de los vuelos humanitarios existiendo vuelos comerciales entre España y Venezuela (los de Plus Ultra). Por ello, insistió en una nueva nota verbal que aplicase "igualdad de trato" para todas las compañías españolas interesadas en operar la ruta Madrid-Caracas.

Antes de la covid sólo crecía en Venezuela​

En 2019, antes de la crisis, la aerolínea sólo operó 823 vuelos en los aeropuertos españoles. Esto la situaba en la posición 166 por tráfico, muy por detrás de otras aerolíneas también españolas como Iberia, Vueling o Air Europa (que también ha sido rescatada con 475 millones). En total se produjeron 2,36 millones de operaciones en la red de Aena. De esta forma, Plus Ultra apenas representó el 0,03% del total de la movilidad aérea.

En un comunicado enviado este lunes a los medios de comunicación y en el que pretende justificar la ayuda pública de 53 millones, Plus Ultra defiende que es la aerolínea que "con mayor incremento de facturación en 2019, con un crecimiento del 47% respecto a 2018, muy por encima de la media del 14% que registraron las 15 mayores aerolíneas españolas".

Lo que no menciona es que llevaba en pérdidas desde su creación en 2011 y que su actividad sólo creció en Venezuela, pese a ser uno de los últimos mercados que incorporó a su negocio. En Perú, su primer destino, la actividad se mantenía prácticamente como en 2015, cuando empezó a operar tras cuatro años intentando conseguir la licencia.

En 2019 operó 339 vuelos entre España y Venezuela frente a los 183 vuelos operados en 2018. Esto representa un crecimiento del 85% en un año, adelantando incluso a las aerolíneas líderes en las conexiones con Latinoamérica -Iberia y Air Europa-, que continuaron con alrededor de 300 vuelos al año entre Madrid y Caracas. Sin embargo, en Perú, Plus Ultra pasó de 247 a 315 vuelos, con un crecimiento del 27% que la mantiene lejos de las aerolíneas antes mencionadas.

 

Una juez investiga por malversación en Plus Ultra a 15 altos cargos del Gobierno, incluidas las 'número 2' de Hacienda y Economía​

Una juez de Madrid ha abierto una investigación por un posible delito de malversación a hasta 15 altos cargos del Gobierno, incluidas las secretarias de Estado de Hacienda, Inés Bardón, y de Economía, Ana de la Cueva, por el rescate de Plus Ultra. Incoa diligencias, según un auto al que ha tenido acceso este diario, sobre los 14 miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), en el momento de la ayuda de 53 millones de euros concedida a la aerolínea.

La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid responde así a una denuncia presentada por Manos Limpias dirigida contra el vicepresidente del organismo, Bartolomé Lora, y el resto de miembros del Consejo, altos cargos de nueve ministerios. Entre otros, los secretarios de Estado de Defensa, Hacienda, Energía y Economía, así como seis subsecretarios, un secretario general, un director general y dos jefes de Gabinete. En la lista se encuentran altos cargos del peso de la subsecretaria de Hacienda, Pilar Paneque o de la secretaria de Estado de Medio Ambiente, Sara Aagesen.

Fuera de la investigación quedaría la presidenta, Belén Gualda, nombrada hace tres semanas, cuando ya se había acordado la inyección de fondos públicos en la aerolínea.

Hasta la designación de Gualda -y por tanto cuando se concedió el préstamo-, Lora ejercía de presidente en funciones. Encabezaba también el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas afectadas por la pandemia. La decisión de este órgano de conceder o no las ayudas que reclamaban las empresas era clave para elevarlo al Consejo de Ministros y es probable que las futuras diligencias se centren más en ellos que en el consejo de administración de la Sepi.

En el consejo gestor figuran las citadas Ana de la Cueva, Aagesen o Paneque, el secretario general de Industria, Raül Blanco y el vicepresidente de la Sepi. Ejerce como secretario el director de Asuntos Jurídicos de la Sepì, Javier Loriente.

Además de abrir la investigación, la juez ordena que se requiera a la Sepi "el expediente completo tramitado para la ayuda pública de la empresa Plus Ultra". Y también "la identificación" de los miembros del consejo de administración para que se les notifique la denuncia y la apertura de diligencias.

Fuentes cercanas a la Sepi han indicado este miércoles que "el Consejo Gestor" tiene "plena disposición a colaborar con la Justicia y, por tanto, a actuar con la máxima transparencia y rigor ante posibles requerimientos orientados a esclarecer cualquier tipo de dudas que puedan suscitarse en relación con este procedimiento".

La denuncia de Manos Limpias -que se centraba en la injustificada decisión de considerar estratégica a esta empresa con un único avión- indicaba que el consejo de administración de la Sepi podía haber cometido delitos de malversación de caudales públicos y de tráfico de influencias, si bien este delito no figura en la resolución con la que la juez abre la investigación.

En una ampliación de la denuncia, el sindicato presidido por Miguel Bernad -juzgado en la Audiencia Nacional por el caso Ausbanc- añadió los posibles delitos de corrupción en los negocios y contra los consumidores contra el presidente de la aerolínea y los principales accionistas de nacionalidad venezolana.

El Gobierno ha negado hasta ahora irregularidades. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha calificado a Plus Ultra de "relevante" y "estratégica" y justificado la inyección de 53 millones mediante préstamos ordinarios y convertibles.

 

El Gobierno se niega a revelar el acta de la reunión en la que la SEPI concedió el rescate a Plus Ultra​

El Gobierno se ha negado, una vez más, a conceder acceso a la información que se le reclama a través del portal de Transparencia. En este caso, ha sido la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) la que ha rechazado una petición para revelar el acta de la reunión del Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a las Empresas Estratégicas en la que se decidió el rescate a la aerolínea Plus Ultra con 53 millones de euros.

La petición -que se formuló el pasado 22 de marzo- ha sido denegada debido a que el decreto-ley que regula el reparto de este fondo de 10.000 millones de euros impide la divulgación de la documentación que acompaña a las resoluciones del Consejo Gestor. Es decir, los redactores de la norma se aseguraron de que ningún ciudadano pudiera obtener a través de los mecanismos que contempla la 'ley de transparencia' determinados datos relativos al reparto de este dinero público.

La resolución está firmada por el vicepresidente de SEPI, Bartolomé Lora, y expone lo siguiente: “Los datos, documentos e informaciones que obren en poder del Consejo Gestor y de SEPI (...) tendrán carácter reservado y, con las excepciones previstas en la normativa vigente, no podrán ser divulgados a ninguna persona o autoridad, ni utilizados con finalidades distintas de aquellas para las que fueron obtenidos”.

Esta obligación también la extiende al resto de los participantes en el proceso de concesión de estas ayudas públicas: “Quedarán también obligadas a guardar secreto y a no utilizar la información recibida con finalidades distintas de aquella para la que les sea suministrada los auditores de cuentas, asesores legales y demás expertos independientes que puedan ser designados por el Consejo Gestor y por SEPI en relación con el cumplimiento de las funciones que tienen legalmente atribuidas”.

Y añade: “Este carácter reservado cesará desde el momento en que los interesados hagan públicos los hechos a los que los datos, documentos e informaciones se refieren”.

Plus Ultra y la transparencia​

El firmante de la resolución reconoce que la información solicitada por este periódico “tiene carácter de pública” y eso implicaría, “en principio”, la necesidad de dar acceso a la misma. Sin embargo, el decreto-ley aprobado durante la pandemia lo restringe en su contenido, lo que impide conocer, entre otras cosas, si dentro del Consejo Regulador hubo discrepancias o los argumentos que se utilizaron a favor de este controvertido rescate.

La SEPI incide en que, para asegurar la transparencia, el Estado hará pública la identidad de la empresa, los importes nominales de la ayuda concedida y los términos en un plazo de tres meses desde “la realización de la operación de recapitalización”

Asimismo, los beneficiarios publicarán en sus portales corporativos información sobre la utilización de la ayuda recibida en un plazo de doce meses desde la fecha de concesión de la ayuda y, posteriormente, de forma periódica cada doce meses, hasta el pleno reembolso de la ayuda.

En el caso de grandes empresas -apunta-, dicha publicidad incluirá información sobre la forma en que la utilización de la ayuda recibida apoya sus actividades en consonancia con los objetivos de la Unión Europea y las obligaciones nacionales relacionadas con la transformación ecológica y digital.

 

La Airef avisa al Gobierno del riesgo de que Plus Ultra no devuelva el rescate​

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha reprendido al Gobierno por no incluir en sus previsiones macroeconómicas y fiscales riesgos importantes para las cuentas públicas, como la posibilidad de que las entidades que han rescatado, como la polémica aerolínea Plus Ultra, acaben siendo insolventes y no puedan devolver el dinero recibido.

"El Fondo de Apoyo a la Solvencia de empresas estratégicas, dotado con 10.000 millones de euros y gestionado por la SEPI, supone otro riesgo fiscal sobre el que no se aporta información en la Actualización del Programa de Estabilidad (APE), pese al volumen de operaciones concedidas y la posibilidad de insolvencia de algunas de las empresas, como podría ser el caso de la empresa Plus Ultra Líneas Aéreas", señala la Airef en su último informe.

Llama la atención que de todos los rescates autorizados por la SEPI -entre los que figuran los de Air Europa, Duro Felguera o Ávoris Corporación Empresarial-, la Airef sólo alerte de la posible insolvencia de Plus Ultra, una aerolínea cuyo rescate ha sido cuestionado por no ser considerada estratégica y por sus conexiones con el Gobierno de Venezuela, como adelantó Vozpópuli.

Esta compañía opera vuelos de larga distancia entre España (desde Madrid y Tenerife) y tres países de Latinoamérica (Ecuador, Perú y Venezuela), y sólo contaba con un avión cuando fue rescatada a principios de marzo con 53 millones de euros procedentes del fondo de la SEPI.

La situación financiera de Plus Ultra, que nunca ha arrojado beneficios y ya registraba pérdidas antes de la pandemia, según sus cuentas, podría llevarla a la insolvencia y a ser incapaz de devolver al Estado el rescate percibido, advierte la Airef.

De hecho, esta aerolínea consiguió salvarse de la disolución in extremis antes de la pandemia de la covid-19 gracias a un préstamo de un banco panameño.

La AP-7 y los arbitrajes energéticos, otros riesgos además de Plus Ultra​

La Autoridad presidida por Cristina Herrero lamenta también que el Gobierno tampoco ha informado del riesgo fiscal del Fondo de recapitalización de empresas afectadas por la covid-19, dotado con 1.000 millones de euros y gestionado por Cofides.

En el Programa de Estabilidad, el Ejecutivo sólo computa como posible riesgo para las cuentas públicas la ejecución de los préstamos avalados por el ICO -que podrían tener un impacto en déficit del 1,6% del PIB-, pero no contempla otros factores que podrían afectar a la sostenibilidad de las Administraciones Públicas.

Entre ellos, la Airef advierte de otros riesgos como "la materialización de los pasivos contingentes de ACESA, concesionaria de la autopista AP-7", que supondrían un impacto en el déficit en 2021 de 1.291 millones de euros, una cantidad que podría "acabar siendo mucho mayor en los próximos años por las discrepancias que existen con el Estado sobre la cantidad final reclamada por ACESA".

Tampoco se han contabilizado los riesgos por las sentencias por devoluciones de retenciones del Impuesto sobre la Renta de los No Residentes; ni los arbitrajes internacionales energéticos por esquemas de apoyo a las energías renovables (que podrían tener un impacto de 9.632 millones).

La Airef alude también a las inversiones en programas de modernización de defensa en proceso de ejecución, los contratos de colaboración público-privado o los préstamos concedidos por las Administraciones Públicas que pudieran resultar de dudoso cobro.

El mayor riesgo: que la economía no crezca lo esperado​

Los riesgos, no obstante, no son solo financieros. La autoridad fiscal advierte también sobre otros vinculados con la incertidumbre del escenario macroeconómico y del sanitario.

Ejemplos podrían ser el ritmo y la eficacia de la vacunación, la aparición de nuevas variantes más resistentes del virus o la capacidad de ejecutar de forma rápida y eficiente los fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Estos aspectos "siguen siendo claves en la evolución de determinadas variables como el empleo, los salarios, el consumo privado o el excedente bruto de explotación, los cuales afectarán a la senda final de los recursos tributarios y de las cotizaciones, así como de los gastos por desempleo".

Significa, por tanto, que una evolución peor de la prevista en estos indicadores podría mermar los ingresos públicos -respecto a la previsión- o engordar los gastos, lo que en definitiva supondría mayores desviaciones presupuestarias.

En resumen, dice la Airef, "uno de los principales riesgos fiscales es el que deriva de la posibilidad de que no se cumplan los supuestos que conducirían a la evolución esperada de la economía".

 

El Gobierno tendrá que nacionalizar Plus Ultra si no cumple el plan de viabilidad​

El Gobierno tendrá que nacionalizar Plus Ultra si no cumple el plan de viabilidad y no puede pagar el préstamo participativo de 34 millones de euros (los 19 millones restantes se han otorgado a través de un préstamo ordinario). Según informan fuentes solventes a Vozpópuli, el contrato de financiación firmado entre ambas partes incluye dos cláusulas que garantizan que el Ejecutivo se quedará con la compañía en caso de impago o de "incumplimiento manifiesto" del plan establecido.

Por un lado, un incumplimiento manifiesto del plan de viabilidad que ha presentado la aerolínea a la SEPI obligaría a Plus Ultra a devolver la totalidad del rescate en un corto periodo de tiempo. Y de no ser capaz de afrontar este pago, la SEPI tendría el derecho de convertir su préstamo participativo en capital social, según se desprende del contrato de financiación. Este documento, que consta de 87 páginas, es uno de los cuatro acuerdos que acompañan a los informes de los asesores independientes contratados por la SEPI.

De hecho, conviene recordar que DC Advisory, el asesor financiero que contrató la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para evaluar el rescate de Plus Ultra, reconoció en su informe que "el plan de viabilidad asume una recuperación de la actividad con anterioridad a las previsiones del sector", tal y como publicó Vozpópuli. Además, señalaba que los mercados geográficos en los que opera Plus Ultra "se recuperarán más tarde" que el mercado latinoamericano en general.

Al mismo tiempo, como parte del préstamo participativo, la SEPI ha obtenido en prenda el 51% de las acciones de Plus Ultra, por parte de Snip Aviation y Alva Skies and Winds, según consta en otro de los documentos, el acuerdo de prenda. Hay que recordar que Snip Aviation, una sociedad controlada por tres empresarios venezolanos, es el principal propietario de la aerolínea, con el 57% de las acciones. Esto implica que si Plus Ultra deja de poder pagar dicho préstamo, el Gobierno también puede ejecutar la garantía y tomar el control de esas acciones.

Podría acaparar el 90% de Plus Ultra​

De esta forma, el Gobierno tiene dos vías para acabar quedándose con Plus Ultra, aunque las dos están motivadas por un incumplimiento del plan de viabilidad y el impago del préstamo.

Por un lado, si no cumpliera con el plan de viabilidad, la conversión del préstamo participativo en capital social permitiría al Estado hacerse con más del 85% de las acciones. Esto se debe a que, según consta en el acuerdo de gestión (otro de los documentos firmados entre ambas partes), el porcentaje de acciones que le corresponderá será el valor relativo del préstamo al capital social de la empresa.

Al haber disminuido enormemente los fondos propios de Plus Ultra durante los últimos años, pues las pérdidas acumuladas ascendían en 2020 a 13 millones de euros, la mayor parte del capital social ha desaparecido. Con lo cual, el peso que tendría el préstamo participativo de la SEPI sobre el total sería mucho mayor y se haría con más del 85% del total de las acciones, según cálculos realizados por las citadas fuentes.

Adicionalmente, si la aerolínea incumpliera el plan de viabilidad, se prevé que tampoco pagaría los 34 millones del préstamo participativo, con lo que el Gobierno tendría el 51% de la compañía directamente. Pero como ya se podría haber producido la conversión del préstamo en capital social, las acciones de Snip Aviation y Alva Skies and Winds ya sólo representarían el 7,5% del total. Con todo, el Gobierno podría acabar controlando algo más del 90% de Plus Ultra.

Deloitte advirtió del riesgo de disolución​

Otro de los asesores contratados por el Gobierno, la consultora Deloitte, advirtió en su informe de que Plus Ultra estaba al borde de la disolución antes del coronavirus, pues arrastraba pérdidas desde su creación. Esta consultora elaboró otro de los informes clave para aprobar el rescate, en concreto, el dictamen jurídico. En ese documento, Deloitte recomendaba a la SEPI controlar que Plus Ultra no entrara en causa de disolución.

La aerolínea había evitado la causa de disolución con la suscripción de un préstamo participativo de un banco panameño llamado Panacorp Casa de Valores, con el que a día de hoy mantiene una deuda de 6,3 millones, tal y como adelantó Vozpópuli. Al ser participativo, computaba como patrimonio neto a efectos de reducción de capital y liquidación de sociedades.

Hay que recordar que el Gobierno se ha negado a hacer públicos los informes de los asesores de este rescate, así como el plan presentado por Plus Ultra para garantizar su viabilidad y la devolución del apoyo público, o las actas de la reunión del Consejo Gestor del fondo en la que se aprobó la ayuda.

 

Aurora López, la desconocida mujer española que controla casi el 60% de Plus Ultra​

Omnipresente en los papeles y ausente en todas las reuniones y eventos de Plus Ultra. En medio del entramado societario y accionarial que maneja los hilos de la aerolínea resalta una desconocida mujer: María Aurora López López. Su nombre aparece en repetidas ocasiones en los informes que la compañía facilitó a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) cuando solicitó el rescate por valor de 53 millones de euros.

Según ha podido saber Vozpópuli, el ente dependiente del Ministerio de Hacienda reclamó a la empresa que aclarase cuál era la titularidad real de las sociedades que ostentaban su capital y quiénes eran los accionistas de la última ampliación de 9 millones de euros en 2018. También le exigió que explicase por qué el principal accionista, la mercantil Snip Aviation, no parecía estar presente en el Consejo de Administración. Y es entonces cuando el nombre de Aurora comienza a tomar altos vuelos.

Se trata de la esposa de Rodolfo Reyes Rojas, uno de los magnates venezolanos que administran Plus Ultra. Tal y como adelantó este diario, el capital social de la firma asciende a 18,9 millones de euros, representado por 3.097.508 acciones nominativas. Casi 11 millones de ese capital recae en dos empresas: Snip Aviation (45,33%) y Fly Spain (11,47%). Es decir, el 56,7% de Plus Ultra pertenece a esas dos entidades.

Ahora, la información que la aerolínea se vio obligada a facilitar a la SEPI y a la que ha accedido Vozpópuli, señala a María Aurora López como la titular real de las dos sociedades.

"En relación con la sociedad Fly Spain, su titular real y único socio, de acuerdo con lo indicado en la información proporcionada respecto a su posición como accionista, es la sociedad Snip Aviation, S.L. cuya titularidad real pertenece a la Sra. María Aurora López López, titular de un 99,70% de las participaciones de Snip Aviation, S.L.", indica Plus Ultra.

Además, López es la principal protagonista de la última ampliación de 9 millones que sirvió de balón de oxígeno a la compañía aérea para no caer en picado. La esposa de Rodolfo Reyes suscribió hasta 474.332 acciones por un importe total de 2,9 millones de euros.

Este movimiento está registrado en un documento firmado ante notario en el que figura que su nacionalidad es española. Curiosamente, la dirección indicada en un barrio acomodado de Madrid coincide no solo con la de Rodolfo Reyes, su marido, sino también con la que señaló el 'todopoderoso' empresario Camilo Ibrahim -cercano a Delcy Rodríguez- cuando desembolsó 3,7 millones de euros para entrar en Plus Ultra en 2017. Ante las informaciones desveladas por Vozpópuli, fuentes de la aerolínea reconocieron que Ibrahim formó parte del accionariado, pero aseguran que vendió sus participaciones en 2019.

Además de la última adquisición de participaciones a nombre de Aurora López, Snip Aviation, la empresa de la que es titular, compró otras 368.782 acciones en 2018 por valor de 2,3 millones.

Más allá de Plus Ultra​

Más allá de España y del círculo societario más cercano a Plus Ultra, el nombre de María Aurora López sigue sonando. En Panamá cuenta con varias entidades a su nombre, y en al menos una de ellas (T.O.C. 6110, S.A.) también figura su marido, Rodolfo Reyes Rojas, según ha podido comprobar este periódico. En Miami, el matrimonio controla otras sociedades, denominadas Lorey Icon 5605, LCC y Rodrey Investments, INC.

Curiosamente, María Aurora López también está presente en el consejo de administración de Panacorp Casa de Valores, el banco panameño que salvó a Plus Ultra de la disolución en 2017 a través de un préstamo participativo de 6,3 millones de euros. Esta entidad está pilotada por Mohamed Ibrahim Ibrahim, sobrino de Camilo Ibrahim Issa, según informa el medio venezolano Armando.info.

Pese a que López dispone de más de la mitad de la compañía rescatada por el Gobierno y participa en otro buen puñado de sociedades junto a su marido, no existe imagen alguna de esta desconocida empresaria. Ni un solo documento gráfico en el que aparezca. Ni un solo evento de Plus Ultra donde haya sido retratada como sí se hizo con su marido y otros tantos miembros del Consejo de Administración.

Corría la primavera de 2018 cuando la aerolínea ofreció una recepción en el salón Plaza Real del Hotel Eurobuilding de Caracas para anunciar la apertura de operaciones regulares en Venezuela. Por allí desfilaron los máximos representantes de Plus Ultra, entre ellos, Reyes Rojas.

Los medios caribeños se hicieron eco del evento con sus correspondientes galerías fotográficas. La compañía había congregado a toda la jet set venezolana y a numerosos rostros del sector turístico. Repartieron bocadillos y tapas españolas, los regaron también con vino y hasta montaron un tablao flamenco... Pero ni rastro de Aurora: la dueña española de la aerolínea.

Lo último que se sabe de ella, es que fue retenida junto a Reyes en el aeropuerto de Miami el pasado 10 de junio, según adelantó el digital panameño Hable.se. Fuentes diplomáticas confirmaron a este diario que mientras él estaba en trámites de ser deportado a Panamá, a ella no se habría impedido la entrada en EEUU.

 

Un juzgado suspende el rescate del Gobierno a la aerolínea Plus Ultra y da 5 días para que lo justifique​

Un juzgado madrileño ha suspendido el rescate a la aerolínea Plus Ultra, a la que ha dado un plazo de cinco días para que acredite la necesidad de recibir los 34 millones de euros pendientes del préstamo de 53 acordado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

El pasado 9 de marzo, el Gobierno dio luz verde al rescate de Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI.

Plus Ultra fue la segunda línea aérea, tras Air Europa, en recibir ayuda de este fondo, creado en julio de 2020 para dar apoyo a empresas estratégicas solventes y viables a las que la pandemia de la COVID-19 ha puesto en una situación difícil.

 

La aerolínea Plus Ultra, la mimada de Ábalos y Sánchez, cancela vuelos y deja tirados a los pasajeros​

La aerolínea Plus Ultra, esa que ha recibido una millonada de los contribuyentes españoles, por obra y gracia del Gobierno social comunista de Pedro Sánchez y de la mano del que fuera su ministro José Luis Ábalos, lleva varios días con sus pasajeros en tierra, a los que no ofrece una solución ni devuelve el dinero de sus pasajes.

Y esta indignación se plasma en el vídeo que compartimos, en la que los pasajeros de uno de sus vuelos que tenía que despegar del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid – Barajas, muestran su indignación con la aerolínea Plus Ultra, la amiga de Pedro Sánchez y José Luis Ábalos…




 

La Justicia desbloquea los 34 millones restantes del rescate a Plus Ultra​

El juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha desbloqueado la entrega de los 34 millones de euros que Plus Ultra tenía aún pendientes de recibir en concepto del rescate público acordado por el Fondo de Ayuda a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI, con el fin de evitar su quiebra.

En un auto al que ha tenido acceso Efe, el juez en funciones de sustitución Jaime Serret atiende las alegaciones de la compañía y el escrito de la Fiscalía de Madrid, que se mostró partidaria de levantar el bloqueo al no apreciar delito y para evitar una situación de falta de liquidez a clientes y acreedores.

De esta forma, revoca el auto dictado el pasado 22 de julio por la titular del juzgado, Esperanza Collazos, que suspendió el rescate a la espera de que la aerolínea lo justificase como medida cautelar en la investigación por el presunto fraude en la concesión de esta ayuda.

“No hay el más mínimo indicio”​

El magistrado recupera los argumentos del Ministerio Público, y reconoce que “es cierto” que, por el momento, “no hay el más mínimo indicio” de los hechos que denuncian tanto el PP como Vox, personados en la causa como acusación popular. En su opinión, ambas partes se han limitado “a transcribir artículos del Código Penal y su jurisprudencia, sin engarzarlo con los hechos denunciados”.

Tanto es así que, prosigue, por ahora “no aparece delito de cohecho ante la absoluta falta de referencia a la dádiva o contraprestación por el presunto otorgamiento fraudulento de la ayuda financiera a Plus Ultra”. Lo mismo ocurre con el presunto tráfico de influencias, “pues tampoco hay referencia alguna” a que se beneficiara a la aerolínea por posibles razones de amistad, parentesco o jerarquía. Es más, recuerda, el rescate, que asciende a 53 millones de euros, fue aprobado “tras el filtro de los informes de un asesor financiero externo y un asesor legal externo, quienes comprobaron el cumplimiento” de los requisitos.

El bloqueo la llevaría a la quiebra​

Llegados a este punto, el juez analiza la medida, y concluye que “por ahora”, a falta del peritaje acordado, avanzar que Plus Ultra no podrá devolver los 34 millones de euros que restan es “un riesgo hipotético”, pues “sólo se sustenta en las alegaciones de las acusaciones populares”. Además, mantener bloqueada dicha cantidad “supondría en la practica la quiebra definitiva de Plus Ultra, con el perjuicio consiguiente para los pasajeros que han comprado billetes por anticipado y el resto de los acreedores”. Por todo ello, estima el recurso de reforma de la aerolínea y da luz verde a la entrega del dinero público, el cual “permitiría la viabilidad de la empresa y la consiguiente devolución de los préstamos a la Administración”.

El pasado 9 de marzo, el Gobierno aprobó el rescate de Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI. Ello suscitó las críticas de sus competidores y de los partidos de la oposición, entre ellos el PP, que solicitó la creación de una comisión de investigación en el Congreso al considerar que es una empresa española “no estratégica” con gran peso de capital venezolano y panameño.

Plus Ultra fue la segunda línea aérea, tras Air Europa, en recibir ayuda de este fondo, creado en julio de 2020 para dar apoyo a empresas estratégicas solventes y viables a las que la pandemia de la Covid-19 ha puesto en una situación difícil.

La aerolínea valoró en un comunicado que la resolución del juzgado “demuestra la falta de fundamento de las acusaciones contra Plus Ultra”. El presidente de Plus Ultra, Fernando García Manso, se mostró satisfecho con la decisión y reclamó que se deje de utilizar a la compañía en “una batalla política” con la que no tienen “nada que ver”.

 

El magistrado que liberó el rescate a Plus Ultra es marido de la juez del máster de Casado y del 8-M​

En calidad de sustituto por estar de vacaciones la magistrada instructora del caso, el juez Jaime Serret sorprendió el lunes con su decisión de desbloquear los 34 millones de euros del rescate a Plus Ultra que habían sido paralizados apenas 18 días antes por la titular del juzgado número 15 de Madrid, Esperanza Collados, que investiga el polémico rescate a la aerolínea destapado por Vozpópuli.

Alejado de los focos mediáticos, este magistrado, que aprobó las pruebas de ingreso en la escuela judicial en 1998, ocupa desde 2018 el juzgado de instrucción número 28 de Madrid. Allí llegó después de siete años al frente del juzgado número 5 de lo penal de Getafe, donde vivió una de las pocas polémicas que salpican a nivel mediático su carrera, al absolver de un presunto delito de prevaricación al exalcalde socialista de Leganés José Luis Pérez Ráez y a otros siete exediles del PSOE en el llamado 'caso Cuadrifolio' en 2014.

Un caso que fue destacado en la prensa local de este municipio madrileño por la inusitada rapidez con la que se dictó la sentencia: solo unos días después de celebrarse el juicio oral y tras siete años de investigación. Antes de Getafe, Serret tuvo su primer destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Éibar (Guipúzcoa), de 1999 a 2001. De ahí pasó al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Laredo (2001-2003), después al número 1 de Badalona (2003-2005), el Juzgado de Instrucción número 2 de Estepona (2005-2007) y más tarde al Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella (2007-2011).

En Marbella coincidió con su esposa, la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid y la juez que instruyó la causa relativa a los máster del actual líder del PP, Pablo Casado, y de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. En agosto de 2018, poco después de que Casado fuese elegido para presidir el PP, Rodríguez-Medel envió al Tribunal Supremo una exposición razonada en la que solicitaba que se investigara al líder de los populares por presuntos delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio.

'Caso Máster'​

El Supremo no vio delito en la convalidación del máster de Casado en la Universidad Rey Juan Carlos, pero sí dio un tirón de orejas al líder de la oposición aludiendo que podía haber recibido un posible trato de favor. Pese al rechazo del Alto Tribunal, la juez acordó llevar a juicio a Cristina Cifuentes, quien finalmente fue absuelta del delito de falsedad documental por la Audiencia Provincial de Madrid el pasado mes de febrero.

El 'caso máster' provocó quejas por parte de ciertos sectores de la derecha, que no entendían que esta juez, hija y nieta de guardias civiles, exasesora del ministro de Justicia Rafael Catalá y asociada a la conservadora Asociación Profesional para la Magistratura (APM), investigara al líder del PP y a la expresidenta madrileña. No obstante, en el marco de la misma causa, también abrió diligencias contra la exministra de Sanidad del PSOE Carmen Montón, asunto que también terminó archivado.

El 8-M y su enfrentamiento con Marlaska​

A pesar de que estuvo en las quinielas para ser nombrada directora de la Guardia Civil por el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, Rodríguez-Medel también es la magistrada que el pasado año investigó y luego archivó, al no ver indicios de prevaricación, la causa contra el exdelegado del Gobierno en Madrid José Manuel Franco, por autorizar las manifestaciones feministas del 8-M en 2020.

En el curso de aquella investigación, que le granjeó numerosas críticas desde la izquierda, vivió un enfrentamiento con la cúpula de Interior por encargar a la Guardia Civil informes relativos a la celebración del 8-M. Una actuación que desencadenó posteriormente el polémico cese del coronel Diego Pérez de los Cobos por parte del ministerio del Interior.

A diferencia del perfil bajo que ha marcado la carrera de su marido, Rodríguez Medel -experta en investigar corrupción- ya estuvo en el primer plano mediático desde su etapa en Marbella, donde se hizo cargo de una causa contra el actor Sean Connery y su esposa. Al final solo fueron condenados los abogados del ahora fallecido intérprete escocés. También instruyó la causa contra el expresidente del Sevilla F.C. José María del Nido, sentenciado a siete años de prisión.

La SEPI abona los 34 millones a Plus Ultra​

Para "evitar un riesgo de insolvencia definitiva que la hubiera obligado a dejar de operar generando un evidente perjuicio a sus clientes y acreedores" de Plus Ultra, el juez sustituto Jaime Serret revocó el lunes la decisión adoptada el pasado 22 de julio por la juez Esperanza Collados, que dirige la investigación del polémico rescate a la aerolínea, de paralizar el pago de los 34 millones de euros que el Gobierno, a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) había acordado pagar a Plus Ultra antes del 31 de julio.

Mediante el Fondo de Ayuda a la Solvencia de las Empresas Estratégicas, la SEPI procedió este martes al pago de ese segundo tramo de 34 millones (de un total de 53) del préstamo participativo a Plus Ultra tras recibir la autorización del juez sustituto.

Fuentes del PP y de Ciudadanos consultadas por este diario han preferido no valorar la decisión del juez de guardia "por respeto a la independencia judicial". "No vamos a entrar en ninguna confrontación con el poder judicial", señalan desde Génova.

"En el auto del juez queda muy claro que los delitos penales que podrían haberse cometido siguen siendo investigados. Por eso, desde Cs respetamos esta decisión –como no puede ser de otra manera– y exigiremos explicaciones si la aerolínea no logra devolver este préstamo a las arcas públicas. Los españoles no vamos a pagar las negligencias del Gobierno de España por haber rescatado a una aerolínea sin ningún tipo de informe que lo avalase o informes posteriores de dudosa credibilidad", señalan desde el partido naranja.