El Gobierno rescata una aerolínea 'venezolana' conectada con el chavismo

Sorpresa y estupor es lo que se respira en el sector aéreo, tras confirmarse la ayuda pública de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra a través del fondo de rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Esta compañía opera vuelos de larga distancia entre España (desde Madrid y Tenerife) y tres países de Latinoamérica (Ecuador, Perú y Venezuela).

Este instrumento está destinado a apoyar a empresas "estratégicas" para el tejido productivo nacional o regional por "su sensible impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados, entre otros motivos", según explica la SEPI.

Sin embargo, fuentes del sector consultadas por Vozpópuli dudan de su carácter estratégico "desde cualquier punto de vista" y creen que hay otras aerolíneas "pasándolo mal" con un peso más importante en el mercado aéreo. También recuerdan que hay otras compañías que cubren las mismas rutas que Plus Ultra, por lo que "su desaparición no supondría un problema" en términos de conectividad.

Las mismas fuentes revelan además que casi la mitad de las acciones de Plus Ultra pertenecen a la sociedad Snip Aviation S.L., presidida por el venezolano Rodolfo José Reyes Rojas. Se trata de un empresario cercano a la órbita del presidente Nicolás Maduro, que ha estado en el punto de mira de la Asamblea Nacional Venezolana por un posible caso de corrupción.

Menos del 1% del tráfico en España​

El Ministerio de Hacienda, al que está adscrito el fondo, hace referencia a que "el transporte aéreo en España constituye un sector estratégico por su contribución al turismo, uno de los principales motores económicos del país". No obstante, según las estadísticas de Aena, Plus Ultra aporta menos del 1% de las conexiones aéreas.

En concreto, la compañía registrada en España operó un total de 823 vuelos en los aeropuertos españoles en 2019. Esto la situaba en la posición 166 por tráfico, muy por detrás de otras aerolíneas también españolas como Iberia, Vueling, Air Europa (que también ha sido rescatada con 475 millones) o Evelop, que contribuyen a garantizar la conectividad en el corto, medio y largo radio.

En 2019, antes de que la covid-19 estallara en Europa, se produjeron 2,36 millones de operaciones en la red de Aena. De esta forma, si se tiene en cuenta esta cifra, Plus Ultra apenas representó el 0,03% del total. Un dato que demuestra su "escaso peso en el mercado y el minúsculo efecto que tendría su desaparición", según las fuentes del sector consultadas por este periódico.

Con el coronavirus, su situación empeoró. En enero de 2021, el último mes del que Aena ha ofrecido datos, la aerolínea sólo operó dos vuelos en los aeropuertos españoles. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda defiende en un comunicado que Plus Ultra es una aerolínea estratégica y "de nicho".

Según dice, "el tipo de cliente de Plus Ultra es distinto al de otros competidores, centrándose principalmente en residentes en España u otros destinos que viajan principalmente a visitar familiares o por ocio, además de también turismo". "Su oferta, por tanto, cubre un ámbito de servicios en el mercado complementario a los servicios que proporcionan las compañías de mayor tamaño", añade.

En pérdidas desde su creación​

La sociedad a través de la cual opera la aerolínea, Plus Ultra Líneas Aéreas S.A., acumula pérdidas desde su nacimiento en 2011, según las cuentas depositadas en el registro mercantil y consultadas a través de la herramienta Insight View. En el último ejercicio previo a la pandemia, el de 2019, la aerolínea facturó 63,5 millones de euros pero registró un resultado negativo de 2,11 millones.

En 2018 los números rojos ascendieron a 6,7 millones. Entre 2015 -cuando la compañía logró la licencia para operar- y 2017, también registró pérdidas, aunque en ningún caso superaron el millón de euros. Fuentes cercanas a la operación argumentan que en 2019 la aerolínea "no estaba en crisis y tuvo pérdidas porque está en proceso de crecimiento y opera con precios competitivos".

Además, Hacienda asegura que "la compañía emplea a 345 trabajadores directos, considerando los puestos de trabajo indirectos generados por su actividad superiores a los 2.500 empleos". No obstante, en las cuentas de 2019 la empresa declaraba una media de 268 empleados a lo largo del ejercicio.

El 47% del capital, en manos venezolanas​

La sociedad Plus Ultra Líneas Aéreas S.A. fue fundada en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, dos ejecutivos españoles que, antes de impulsar esta aerolínea, formaron parte de la quebrada Air Madrid. El último fue condenado en febrero de 2020 a once meses y 29 días de prisión por delitos fiscales, según publicó El Correo.

Posteriormente, en 2017, irrumpieron en la empresa varios empresarios venezolanos a través de una sociedad llamada Snip Aviation. De hecho, según consta en las cuentas, esta sociedad prestó 600.000 euros el 30 de noviembre de 2018, una deuda que a cierre de 2019 la aerolínea había pagado.

El 47,23% de Plus Ultra está en manos actualmente de Snip Aviation. Según las cuentas de 2019 a las que ha podido acceder este periódico a través de Insight View, esta sociedad está respaldada por la firma de tres venezolanos. Como presidente figura Rodolfo José Reyes Rojas. Como vocal, Raif El Arigie Harbie; y como apoderado, Roberto Roselli Mieles.

Actualmente, Roberto Roselli es el consejero delegado de la aerolínea. "Estamos muy contentos de compartir esta noticia porque llevamos meses trabajando activamente y es un hito muy importante de cara a la viabilidad y al futuro de nuestra empresa", aseguraba este martes en referencia al rescate, en un comunicado difundido por la Plus Ultra.

"El haber llegado a este punto ha sido fruto del esfuerzo y de la profesionalidad de todo el equipo de Plus Ultra Líneas Aéreas. Queremos dar las gracias al Consejo de Ministros y a todos los implicados por la resolución a la que han llegado, que nos permitirá seguir adelante y materializar nuestro plan estratégico a futuro", añade Roselli.

Vínculos con el chavismo​

Los propietarios y los directivos de la compañía nunca han escondido sus buenas relaciones con el Gobierno venezolano. Durante un discurso en 2018, el actual presidente de la aerolínea, el español Fernando García Manso, daba las "gracias" públicamente a Nicolás Maduro tras la inauguración de la ruta directa entre Madrid y Caracas. "Sin su ayuda hubiese sido casi imposible realizar el proyecto", aseguró entonces.




Los accionistas venezolanos de Plus Ultra -Reyes Rojas, El Arigie Harbie y Roselli Mieles- están vinculados empresarialmente con Camilo Ibrahim. Este magnate venezolano de origen árabe guarda buena relación con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y la esposa de Maduro, Cilia Flores. Así lo aseguran fuentes que citan a empresarios del país suramericano y a funcionarios del área de contrataciones públicas del Gobierno chavista.

Los cuatro empresarios conforman el consejo de administración de al menos una sociedad, Alimentos Los Páramos S.L.. Esta se registró el pasado 31 de diciembre de 2020 en el registro mercantil con el objeto social de "comercialización al por mayor y al por menor de todo tipo de alimentos y, en especial, de café en grano, molido, trillada o en cualquier otra forma, así como la fabricación, manipulación, envasado y tostado de todo tipo de café", según ha podido comprobar este periódico.

Además, Rodolfo José Reyes Rojas y Camilo Ibrahim fueron citados en 2018 por la Asamblea Nacional Venezolana por "presunta corrupción" dentro de programas de ayuda social, de la mano del colombiano-libanés Alex Saab. El Gobierno estadounidense ha señalado a Saab como principal "testaferro" de Maduro en el lavado de dólares y adjudicación fraudulenta de millonarios contratos oficiales.

En concreto, según sospecha Washington, Saab habría liderado una trama de contratos sobre materiales de viviendas prefabricadas "sociales" importados de Colombia y Ecuador que nunca llegaron a montarse o lo hicieron con sobrecostes, tal y como publica la BBC.




 

Las actas de la SEPI prueban que se rescató Plus Ultra antes de estudiar los informes​

El millonario rescate a Plus Ultra se fraguó en el seno de la SEPI en febrero, aunque no contaron con los informes jurídicos y financieros hasta un mes después. Las actas del consejo gestor reflejan cómo, ya en la primera sesión en la que se abordó la entrega de la ayuda de 53 millones de euros, se apuntó a la “conformidad” de la operación y al carácter “estratégico de la compañía”, pese a que hasta el momento solo contaban con el plan de viabilidad aportado por la aerolínea.

Los documentos, incorporados al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid y a los que ha tenido acceso Vozpópuli, revelan cómo los integrantes del consejo actuaron de conformidad para autorizar esta ayuda de fondos públicos que ahora se investiga por presunto delito de prevaricación. Se trata de un total de tres actas que vienen a recoger cuatro reuniones celebradas entre el 9 de febrero y el 3 de marzo. Aunque no fue hasta los dos últimos días cuando los vocales contaron con toda la documental, ya en el primer encuentro se trazó el camino a favor del rescate, sin oposición de ningún participante.

En esa primera reunión, liderada por el entonces presidente en funciones de la SEPI, Bartolomé Lora, y celebrada por videoconferencia, se declaró válida la constitución del consejo y se habló de la situación de la compañía, detrás de la que se encuentran empresarios cercanos a la esfera de Nicolás Maduro. Del acta, firmada por el entonces secretario Javier Loriente, se desprende que se trabajaba en "diferentes posibilidades de actuación" antes de elevar "propuesta formal" al Consejo de Ministros. Es decir, que el desembolso era una realidad.




"Se abre un animado debate entre los miembros del Consejo, concluyendo en la oportunidad de solicitar informe a la Secretaría de Estado de Turismo para completar el carácter estratégico de la compañía junto con el que haga, por su parte, la Secretaría de Estado de Transporte", expone el documento. Además, esta primera sesión del consejo sobre Plus Ultra contó con la participación "como invitado" del Secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés.

El Gobierno, en la reunión​

"Finalizada la exposición, el Sr. Valdés muestra su conformidad con la operación porque considera que recuperar la conectividad es esencial para recuperar el turismo", recoge el documento. La segunda reunión (que no contó con la presencia de la exsecretaria de Estado de Economía Ana de la Cueva ni de su homóloga de Hacienda, Sara Aagesen Muñoz), tuvo lugar el 23 de febrero y en la misma se informó a los miembros del consejo "sobre los términos y condiciones del apoyo financiero público temporal".

Pese a los avances sobre la entrega de fondos, no fue hasta la tercera reunión, celebrada los días 2 y 3 de marzo, cuando el holding público autorizó formalmente el desembolso de 53 millones de euros. De ellos, 19 millones corresponden a un préstamo ordinario, mientras que los 34 restantes se autorizaron en calidad de préstamo participativo. Como ya ocurriera en el anterior encuentro, el director de participadas de la SEPI, José Ángel Partearroyo, se incorporó a la sesión para exponer los pormenores de esta ayuda de fondos destinados a entes afectados por la crisis del covid.

Junto con la propuesta, se dio traslado de hasta un total de nueve anexos relativos todos ellos a la documental sobre la idoneidad de la ayuda. Entre dichos papeles, se encuentra el informe jurídico elaborado por Deloitte o el informe asesor financiero (DC Advisory) que reconocía que el plan de viabilidad de la compañía a medio y largo plazo era demasiado optimista.

Del mismo modo se informó a los vocales ese mismo día del plan de viabilidad actualizado por Plus Ultra y de los documentos remitidos por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea española. Al respecto, fuentes de la SEPI consultadas por este diario explican que estudiar en un primer momento los planes de viabilidad que presentan los solicitantes y, en segundo lugar, el resto de documental, es el proceder habitual en este tipo de procedimientos.

Ausencia de documental​

Pese a que la causa arrancó en los juzgados de Madrid en abril, no fue hasta junio cuando el ente hizo entrega al juzgado de toda la documental requerida por la magistrada Esperanza Collazos. Con todo, la SEPI informó que no podía aportar el acta del Consejo de Ministros en el que se daba luz verde al rescate porque no dispone de ella. Tampoco el Ministerio de Transportes, a cuyo frente estaba entonces José Luis Ábalos, entregó el material requerido en relación a las operaciones de esta aerolínea entre los años 2018 y 2021 alegando que "no dispone de dicha información".

Entre la batería de documental solicitada por la magistrada para investigar los pormenores del rescate, se encontraba información sobre la flota de la compañía (que carece de aviones en propiedad), así como las operaciones de los últimos años. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea remitió al juzgado información sobre el primero de los puntos, pero no en relación al segundo requerimiento. La compañía mantiene que se cumplieron escrupulosamente los controles en aras a desembolsar esta ayuda millonaria; en sintonía con lo manifestado por la Abogacía General del Estado.

Los servicios jurídicos del Gobierno (que defienden a Lora y los otros vocales del consejo gestor imputados en la causa) se han opuesto en numerosas ocasiones al avance del procedimiento y también a que se diera traslado del contenido de las actas a todas las partes de la causa. Según defienden, todos los expedientes administrativos incorporados al sumario "acreditan de forma rigurosa" la legalidad del rescate. Además arremeten contra las acusaciones del procedimiento por basarse principalmente, "en datos recogidos en los medios de comunicación".

Por su parte, la magistrada Collazos mantiene viva la causa (abierta por los delitos prevaricación, malversación, tráfico de influencias, cohecho y fraude en las subvenciones) y trata de esclarecer si la compañía -que registra pérdidas desde su creación en 2011- cumplía realmente los requisitos para recibir 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Tanto es así que el pasado mes de julio suspendió cautelarmente parte de la ayuda comprometida en aras a que la compañía explicara por qué era tan necesario este desembolso económico.

La mercantil suplicó el pago de la ayuda y dijo que, de no recibir los 34 millones relativos al préstamo participativo, se vería con serias dificultades para cumplir con lo acordado en el plan de viabilidad y devolver los 19 millones restantes que ya ha recibido del Estado. El Gobierno salió en su defensa apuntando en la misma línea y la Fiscalía, que en un primer momento consideró necesario un pronunciamiento de la empresa, terminó apoyando a la aerolínea. Finalmente, en agosto, el juzgado desbloqueó el segundo tramo para evitar abocar a la compañía a una situación de falta de liquidez.

 

Plus Ultra: la juez declina archivar la causa y ordena un careo entre los peritos​

El caso Plus Ultra coge impulso. Frente a las pretensiones de la Fiscalía y de la Abogacía General del Estado de archivar la causa, la magistrada Esperanza Collazos ha acordado la primera gran diligencia en sede judicial: un careo entre los peritos. La instructora, que investiga si hubo prevaricación con el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea, quiere confrontar la versión del perito que firmó los informes de la SEPI favorables a la ayuda frente al que encargó el juzgado y que cuestionó la solvencia de la mercantil.

De este modo, la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid deja en "suspenso" la solicitud del pasado mes de octubre de la Fiscalía de que se archiven estas diligencias que se siguen contra el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, y el consejo gestor del holding que dio luz verde a la ayuda. Así lo explica en una providencia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, y en la que señala para el próximo 18 de enero el careo entre los diferentes expertos que han analizado el estado financiero de la compañía vinculada a la esfera del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La finalidad es confrontar las diferencias de las periciales en relación a si Plus Ultra cumplía o no con los requisitos para recibir la ayuda del Fondo de Apoyo a Empresas Estratégicas. La diligencia se acuerda después de incorporar a la causa el peritaje independiente que encargó el juzgado el pasado mes de julio y tras las alegaciones presentadas tanto por la propia compañía como por la Fiscalía y la Abogacía General del Estado, que defiende a los querellados.

De hecho, incluso también se opusieron a la práctica de esta pericial defendiendo que los informes financieros y económicos requeridos por la SEPI para decidir si autorizaba o no el millonario rescate, serían más que suficientes. Se trata de trabajos que forman parte de todo el material que entregó al juzgado Plus Ultra y entre el que se encuentra un informe de Deloitte en calidad de asesor jurídico de la SEPI y del asesor financiero DC Advisory 2020.

La Abogacía, con Plus Ultra​

Tanto los servicios jurídicos del Gobierno como la aerolínea han cargado con dureza contra el peritaje del juzgado elaborado por el despacho Martín Molina Abogados, apuntando incluso a que sus conclusiones se podrían invalidar porque se extralimitó en sus funciones. Precisamente han sido esta valoraciones y la reivindicación de los informes de la SEPI los que han llevado a la magistrada a acordar el careo entre los dos peritos.

Aunque los dos informes concluyen que Plus Ultra cumplía las condiciones para recibir el rescate aprobado en marzo por el Consejo de Ministros, el del juzgado era especialmente crítico con algunos aspectos determinantes para la concesión de la ayuda. En primer lugar, el peritaje del juzgado plasmó que el plan de viabilidad que Plus Ultra trazó sobre las condiciones a cumplir tras recibir el rescate, era "demasiado optimista". El experto dedujo este extremo tras advertir de una posible incorrección en las cuentas de 2019 de 6,3 millones de euros.

El trabajo que firma el despacho experto en derecho penal y económico puso el foco en las cuentas previas al rescate por cómo contabilizó la firma la venta de un avión en propiedad para saldar una deuda con sus inversores de 8,9 millones de euros. Este movimiento le reportó una ganancia de 6,3 millones de euros, teniendo en cuenta que el valor del avión era de 2,66 millones. Para el perito, esta ganancia en cuestión no debería haberse contabilizado puesto que parecía un arrendamiento financiero y no operativo como había informado la SEPI.

¿Empresa en crisis?​

Sobre este punto, los asesores del holding público no pusieron tacha insistiendo en que la empresa, en el ejercicio de 2019, no se encontraba en crisis ni al borde de la resolución. No obstante, Deloitte, en su dictamen jurídico, sí advirtió a la SEPI de que Plus Ultra resistía gracias a un préstamo participativo de 6,3 millones de euros del banco panameño Panacorp. Esta línea de crédito fue clave para que la compañía pudiera acogerse al rescate del Gobierno dedicado a empresas afectadas por la crisis ya que tenía que demostrar que, a cierre de 2019, era solvente.

En el escrito que presentó la Abogacía contra el peritaje del juzgado, adelantado por este diario, se hizo eco de la valoración plasmada por Deloitte y DC Advisory en relación a este préstamo participativo. Al respecto recuerda que no cuestionaron "en modo alguno" la validez del mismo y que tampoco se habían identificado cláusulas que pudieran previsiblemente tener un impacto en el proyecto. No obstante, no se pronunciaron en relación a que estos fondos se gestionaron en el paraíso fiscal de Dominica, en el Caribe. Un hecho que llamó especialmente la atención al perito del juzgado.

De forma que el asunto relativo al préstamo será una de las 'patatas calientes' en este careo, máxime después de que los servicios jurídicos del Gobierno apuntaran que este aspecto no es relevante en lo que respecta a si Plus Ultra cumplía o no los requisitos para recibir ayuda. Con todo, también saldrá a relucir lo relativo a las provisiones de la aerolínea y de su deuda con los bonistas. Deloitte señaló en su informe que todas las cuantías que Plus Ultra podía llegar a pagar como consecuencia de sus procedimientos pendientes "estaban debidamente provisionadas".

El asesor financiero de la SEPI, no obstante, avisó en los informes empleados para dar luz verde al rescate que el plan de viabilidad de la aerolínea, a medio y largo plazo, era demasiado optimista. Conclusión que, curiosamente, comparte con el peritaje del juzgado. Las acusaciones populares -que ejercitan Vox y Partido Popular- insistieron en que la compañía estaba maquillando los resultados y que, su propio plan de viabilidad mostraba que las pérdidas se seguirían sucediendo hasta pasado 2023.

 
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Zapatero se reunió con un detenido por Plus Ultra 72 horas antes de su arresto​

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero mantuvo una reunión en secreto con el empresario Julio Martínez Martínez 72 horas antes de que fuera arrestado por la Unidad Central contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional por blanqueo de capitales en el marco de la investigación sobre la aerolínea Plus Ultra.

El encuentro, tal y como ha publicado este lunes El Debate, tuvo lugar el pasado 8 de diciembre a primera hora de la mañana, en una zona sin cobertura en medio del campo. Martínez salió de su domicilio, en el barrio madrileño de Salamanca, a las 8.26 horas, con una bolsa con documentos y en dirección a El Pardo (Madrid) en su vehículo, un Mini Cooper verde, según el citado diario. A las 8.47 horas, el empresario paró el coche y se desplazó a un descampado sin cobertura.

Fue ahí donde lo esperaba el expresidente socialista, dentro de uno de los vehículos oficiales que están a su disposición de parte del Ministerio del Interior. Al llegar, Martínez se subió al todoterreno y ambos se dirigieron a un camino de acceso restringido y vigilado al que no está permitido entrar libremente; un empleado de Patrimonio Nacional les abrió una cancela para que pudieran acceder a la zona a las 9.01 horas.

Ambos se bajaron del vehículo una vez dentro de la zona, donde no hay cobertura, y permanecieron paseando durante poco más de una hora. A las 10.01 volvieron a subir al vehículo y, esta vez escoltados por otro más, pusieron rumbo al restaurante El Torreón, que acababa de abrir sus puertas, pero aún no tenía gran afluencia de clientes. De esta forma, los escoltas comprobaron que el establecimiento estuviera vacío y mantuvieron un control constante para evitar que aparecieran terceras personas, según relata el citado diario. Además, otros dos vehículos de escolta vigilaban el perímetro con el mismo objetivo: comprobar que nadie estuviera siguiendo o documentando el encuentro.

Según ha podido saber El Debate, este tipo de encuentros entre el empresario y el expresidente tenían lugar a diario desde hacía varios años, aunque en las últimas semanas habían sido menos porque el propio Martínez sospechaba de que lo investigaban y quería evitar que se conociera su vínculo con Zapatero. Así, en este último encuentro participaron al menos cuatro vehículos oficiales y hasta seis agentes. El coche en el que viajaron el expresidente y el empresario estaba siempre escoltado por un vehículo especial equipado con antenas de seguridad.

Apenas tres días después de esta reunión, el jueves 11 de diciembre, la Policía detuvo a Martínez en el marco de una operación contra una trama de blanqueo de capitales. Ese mismo día también fueron arrestados el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y del consejero delegado de la aerolínea, Roberto Roselli. La causa investiga un entramado de blanqueo de capitales con ramificaciones entre Venezuela y Francia en el que se analizan movimientos financieros, desvío de fondos y operaciones vinculadas al tráfico de oro.