El Gobierno trabaja en un Ingreso Mínimo Vital Puente (IMVP) de unos 500 euros mensuales y al que tendrán derecho las personas más vulnerables para que puedan hacer frente a los efectos de la crisis. Será una renta de temporal hasta que se pueda aprobar una definitiva, tal y como avanzó este diario. Según los cálculos del Ejecutivo, este plazo rondará los tres meses, debido a la complejidad técnica que conlleva al amplio consenso necesario para ponerlo en marcha.
Fuentes del Ejecutivo han explicado que los requisitos para acceder a la misma serían ingresos por debajo de 200 euros mensuales por individuo o que la renta del hogar este por debajo de los 450 euros de media por miembro. La idea es que además se tengan en cuenta los hijos a cargo de la unidad familiar, lo que podría elevar la cuantía de la prestación hasta los 800 euros, siempre por debajo del salario mínimo.
El Gobierno ha logrado hoy mismo el apoyo de los sindicatos para poner en marcha esta medida. Ha sido durante una reunión mantenida por el vicepresidente de Derechos Sociales y para la Agenda 2030, Pablo Iglesias; la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, con Comisiones Obreras y UGT, por un lado, y con las organizaciones del Tercer Sector Cáritas, Cermi, Oxfam, AEPN, Facua y Plataforma del Tercer Sector donde se han concretado algunos de estos detalles.
Según ha informado el departamento de Iglesias, en ambas reuniones se ha hablado de la «necesidad de un gran acuerdo de país basado en el constitucionalismo social para afrontar la crisis», el principal tema abordado ha sido la conveniencia de poner en marcha, con carácter urgente, un Ingreso Mínimo Vital Puente (IMVP) que garantice que las personas más vulnerables cuenten con ingresos con los que poder afrontar esta crisis, según ha informado la vicepresidencia.
El ingreso mínimo también contaría con el apoyo de los empresarios. Fuentes de la vicepresidencia de Derechos Sociales aseguran que Iglesias «ha podido constatar, mediante conversaciones telefónicas, que grandes empresarios de grupos económicos muy relevantes también ven adecuada y positiva esta medida» y en concreto apuntan a la CEOE: «El vicepresidente ha intercambiado así mismo documentos con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, con el que está en contacto», han declarado.
Sin embargo, la patronal se ha desmarcado esta misma tarde y ha hablado de «manipulación interesada. En un comunicado, CEOE y Cepyme aseguran que aunque comparten que ningún ciudadano puede quedar desatendido en esta crisis económica sobrevenida «en ningún momento se nos ha hecho partícipes de la negociación de tal iniciativa, ni se ha sometido a su discusión en el diálogo social».
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Fuentes del Ejecutivo han explicado que los requisitos para acceder a la misma serían ingresos por debajo de 200 euros mensuales por individuo o que la renta del hogar este por debajo de los 450 euros de media por miembro. La idea es que además se tengan en cuenta los hijos a cargo de la unidad familiar, lo que podría elevar la cuantía de la prestación hasta los 800 euros, siempre por debajo del salario mínimo.
El Gobierno ha logrado hoy mismo el apoyo de los sindicatos para poner en marcha esta medida. Ha sido durante una reunión mantenida por el vicepresidente de Derechos Sociales y para la Agenda 2030, Pablo Iglesias; la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, con Comisiones Obreras y UGT, por un lado, y con las organizaciones del Tercer Sector Cáritas, Cermi, Oxfam, AEPN, Facua y Plataforma del Tercer Sector donde se han concretado algunos de estos detalles.
Según ha informado el departamento de Iglesias, en ambas reuniones se ha hablado de la «necesidad de un gran acuerdo de país basado en el constitucionalismo social para afrontar la crisis», el principal tema abordado ha sido la conveniencia de poner en marcha, con carácter urgente, un Ingreso Mínimo Vital Puente (IMVP) que garantice que las personas más vulnerables cuenten con ingresos con los que poder afrontar esta crisis, según ha informado la vicepresidencia.
El ingreso mínimo también contaría con el apoyo de los empresarios. Fuentes de la vicepresidencia de Derechos Sociales aseguran que Iglesias «ha podido constatar, mediante conversaciones telefónicas, que grandes empresarios de grupos económicos muy relevantes también ven adecuada y positiva esta medida» y en concreto apuntan a la CEOE: «El vicepresidente ha intercambiado así mismo documentos con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, con el que está en contacto», han declarado.
Sin embargo, la patronal se ha desmarcado esta misma tarde y ha hablado de «manipulación interesada. En un comunicado, CEOE y Cepyme aseguran que aunque comparten que ningún ciudadano puede quedar desatendido en esta crisis económica sobrevenida «en ningún momento se nos ha hecho partícipes de la negociación de tal iniciativa, ni se ha sometido a su discusión en el diálogo social».
El Gobierno prepara el ingreso mínimo vital puente de unos 500 euros
La ayuda será de carácter temporal hasta que en aproximadamente tres meses se pueda poner en marcha la renta permanente
