El Gobierno se ha comprometido a modificar la normativa del mercado del alquiler inmobiliario "para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas" que se consideren "tensionadas", tal y como le había pedido Unidos Podemos, como requisito indispensable para cerrar el acuerdo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019.
La política de Vivienda era una de las líneas rojas que había establecido la formación de Pablo Iglesias para dar su apoyo a las cuentas, de ahí que el gabinete de Pedro Sánchez haya aceptado muchas de sus exigencias en esta materia. Entre otras, el Ejecutivo se compromete a alargar la duración de los contratos de alquiler, aumentar las garantías de los inquilinos y poner a disposición de los ayuntamientos herramientas para regular los aumentos de precios "abusivos" en zonas tensionadas.
En este sentido, los consistorios locales podrán elaborar un índice de precios de alquiler de referencia que se tomará como guía y que les permitirá declarar "temporal y excepcionalmente" una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo de las rentas "que obstaculice a sus habitantes al acceso y el disfrute de una vivienda a un precio razonable", recoge el documento pactado por ambos líderes.
Otro de los puntos centrales del acuerdo recae sobre los contratos entre inquilino y arrendador, en los que se pretende elevar la protección y las garantías para inquilinos y arrendadores. Para ello se ampliará el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de alquiler de tres a cinco años, en el caso de que el arrendador sea una persona física, y hasta los siete años, si se trata de una persona jurídica. Además, se limitan las fianzas a un máximo de dos mensualidades de la renta y siempre en metálico, y los gastos de gestión inmobiliaria así como de formalización del contrato recaerán en el arrendador, siempre que éste sea una persona jurídica.
Algunas de las medidas que contempla el acuerdo ya habían sido avanzadas por el Ministerio de Fomento, como la ampliación de parque de viviendas sociales con 20.000 nuevas casas en los próximos cuatros. Ésta será una de los puntos del nuevo Plan Estatal de Vivienda en el que trabaja el Ejecutivo desde el pasado verano, en el que también se incluirá un programa de financiación para rehabilitar viviendas destinadas al alquiler, "incluyendo a pequeños propietarios que rehabiliten sus pisos y los pongan en alquiler a precios asequibles".
Se elaborará un plan conjunto con Sareb -popularmente conocido como banco malo- para utilizar parte de su cartera de vivienda para alquileres sociales y se establecerá una definición común de 'vivienda vacía' y de 'grandes tenedores' para definir a partir de ello unas políticas específicas en esas materias.
Para llevar a cabo este plan, el Gobierno aumentará progresivamente la dotación presupuestaria destinada a Vivienda hasta alcanzar los 1.000 millones en 2021, atendiendo así a otra de las reclamaciones que la formación morada establecía como fundamental. En concreto, el aumento será del 38% para 2019, hasta los 630 millones de euros -unos 200 millones más que la propuesta de partida-; hasta 700 millones para 2020 y hasta 1.000 millones dentro de tres años. "En 10 años, España debería invertir el 1-1,5% del PIB" en materia de VIvienda, recoge el documento pactado.
El Gobierno permitirá a los ayuntamientos limitar las subidas "abusivas" de los alquileres
La política de Vivienda era una de las líneas rojas que había establecido la formación de Pablo Iglesias para dar su apoyo a las cuentas, de ahí que el gabinete de Pedro Sánchez haya aceptado muchas de sus exigencias en esta materia. Entre otras, el Ejecutivo se compromete a alargar la duración de los contratos de alquiler, aumentar las garantías de los inquilinos y poner a disposición de los ayuntamientos herramientas para regular los aumentos de precios "abusivos" en zonas tensionadas.
En este sentido, los consistorios locales podrán elaborar un índice de precios de alquiler de referencia que se tomará como guía y que les permitirá declarar "temporal y excepcionalmente" una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo de las rentas "que obstaculice a sus habitantes al acceso y el disfrute de una vivienda a un precio razonable", recoge el documento pactado por ambos líderes.
Otro de los puntos centrales del acuerdo recae sobre los contratos entre inquilino y arrendador, en los que se pretende elevar la protección y las garantías para inquilinos y arrendadores. Para ello se ampliará el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de alquiler de tres a cinco años, en el caso de que el arrendador sea una persona física, y hasta los siete años, si se trata de una persona jurídica. Además, se limitan las fianzas a un máximo de dos mensualidades de la renta y siempre en metálico, y los gastos de gestión inmobiliaria así como de formalización del contrato recaerán en el arrendador, siempre que éste sea una persona jurídica.
Algunas de las medidas que contempla el acuerdo ya habían sido avanzadas por el Ministerio de Fomento, como la ampliación de parque de viviendas sociales con 20.000 nuevas casas en los próximos cuatros. Ésta será una de los puntos del nuevo Plan Estatal de Vivienda en el que trabaja el Ejecutivo desde el pasado verano, en el que también se incluirá un programa de financiación para rehabilitar viviendas destinadas al alquiler, "incluyendo a pequeños propietarios que rehabiliten sus pisos y los pongan en alquiler a precios asequibles".
Se elaborará un plan conjunto con Sareb -popularmente conocido como banco malo- para utilizar parte de su cartera de vivienda para alquileres sociales y se establecerá una definición común de 'vivienda vacía' y de 'grandes tenedores' para definir a partir de ello unas políticas específicas en esas materias.
Para llevar a cabo este plan, el Gobierno aumentará progresivamente la dotación presupuestaria destinada a Vivienda hasta alcanzar los 1.000 millones en 2021, atendiendo así a otra de las reclamaciones que la formación morada establecía como fundamental. En concreto, el aumento será del 38% para 2019, hasta los 630 millones de euros -unos 200 millones más que la propuesta de partida-; hasta 700 millones para 2020 y hasta 1.000 millones dentro de tres años. "En 10 años, España debería invertir el 1-1,5% del PIB" en materia de VIvienda, recoge el documento pactado.
El Gobierno permitirá a los ayuntamientos limitar las subidas "abusivas" de los alquileres
