El Gobierno confía en tener listo antes de que acabe esta legislatura, que como máximo se puede prolongar hasta junio de 2020, el nuevo modelo de pago por uso de determinadas autovías por las que hasta ahora se circula gratuitamente, con el fin de asegurar el mantenimiento de estas infraestructuras, según ha apuntado esta mañana el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura.
El número dos del Ministerio de Fomento ha expresado además su convencimiento de que en el Parlamento existe "una amplia mayoría" para sacar adelante el pago por uso, a pesar de la "actual compleja composición de la Cámara", de forma que el nuevo modelo de financiación de las carreteras se cierre cuanto antes. "Si es posible, dentro de esta legislatura", ha dicho.
Con este anuncio, Saura precisa la llamada a la "reflexión" que hizo la pasada semana el ministro José Luis Ábalos para buscar una fórmula, “sea la que sea”, que asegure el mantenimiento de las autovías, que tiene un coste anual para el Estado de 11.000 millones de euros, y que se hace inviable porque cada vez hay más kilómetros (20.000 actualmente) y menos recursos públicos.
Subcomisión en el Congreso
El Gobierno quiere pasar de la reflexión a los hechos mediante la constitución de una subcomisión específica en el Congreso de los Diputados, en la que participarán el Gobierno, los responsables autonómicos, concesionarias y empresas del sector, expertos y todos los agentes implicados, "con el objetivo último de que el nuevo sistema sea fruto del mayor consenso" y se "elija la mejor forma", según ha indicado Saura. Dicha subcomisión deberá elegir cuál será la fórmula de pago, desde peajes blandos, peajes en la sombra o peajes puros y duros.
El secretario de Estado ha hecho estas afirmaciones durante una jornada sobre infraestructuras organizada por la patronal de constructoras y concesionarias Seopan y la de ingeniería Fidex. Precisamente, Seopan ha propuesto la semana pasada la extensión de peajes a toda la red viaria de gran capacidad (autovías y autopistas) con concesiones a 25 años, lo que aportaría al Estado entre 60.000 y 110.000 millones de euros, dependiendo de las tarifas aplicadas.
En consonancia con la petición de la patronal, Saura ha admitido que en política de infraestructuras no se les ocurre "otra vía que no sea la inversión público-privada" y, tras demandar un modelo estable de financiación que ahora no existe, no dudó en señalar que "la música de lo que se está diciendo en el sector suena bien para el Ministerio de Fomento".
No obstante, desde Fomento son muy cautelosos a la hora de plantear una posición cerrada sobre el polémico asunto. Saura ha asegurado que el Ministerio de Fomento no tiene ningún modo definido, aunque ha reconocido que le parece bien la idea de "aquellos que dicen que hay que pensar sobre la financiación de las infraestructuras internalizando alguno de los costes".
"Lo que estamos planeando es que es necesario implantar un modelo distinto al actual, porque es injusto social y territorialmente, además de ineficiente", ha insistido Saura, quien no ha desvelado si para acabar con dichas injusticias e ineficiencias el Ejecutivo está a favor de extender el pago por uso a toda la red de gran capacidad.
En este sentido, ha subrayado que la idea es diseñar entre todos, sociedad civil y Parlamento, un modelo distinto al actual a través de un debate sereno y teniendo en cuenta la justicia social y territorial, pero también "los costes que hay que internalizar, tanto directos como indirectos".
elpais.com
El número dos del Ministerio de Fomento ha expresado además su convencimiento de que en el Parlamento existe "una amplia mayoría" para sacar adelante el pago por uso, a pesar de la "actual compleja composición de la Cámara", de forma que el nuevo modelo de financiación de las carreteras se cierre cuanto antes. "Si es posible, dentro de esta legislatura", ha dicho.
Con este anuncio, Saura precisa la llamada a la "reflexión" que hizo la pasada semana el ministro José Luis Ábalos para buscar una fórmula, “sea la que sea”, que asegure el mantenimiento de las autovías, que tiene un coste anual para el Estado de 11.000 millones de euros, y que se hace inviable porque cada vez hay más kilómetros (20.000 actualmente) y menos recursos públicos.
Subcomisión en el Congreso
El Gobierno quiere pasar de la reflexión a los hechos mediante la constitución de una subcomisión específica en el Congreso de los Diputados, en la que participarán el Gobierno, los responsables autonómicos, concesionarias y empresas del sector, expertos y todos los agentes implicados, "con el objetivo último de que el nuevo sistema sea fruto del mayor consenso" y se "elija la mejor forma", según ha indicado Saura. Dicha subcomisión deberá elegir cuál será la fórmula de pago, desde peajes blandos, peajes en la sombra o peajes puros y duros.
El secretario de Estado ha hecho estas afirmaciones durante una jornada sobre infraestructuras organizada por la patronal de constructoras y concesionarias Seopan y la de ingeniería Fidex. Precisamente, Seopan ha propuesto la semana pasada la extensión de peajes a toda la red viaria de gran capacidad (autovías y autopistas) con concesiones a 25 años, lo que aportaría al Estado entre 60.000 y 110.000 millones de euros, dependiendo de las tarifas aplicadas.
En consonancia con la petición de la patronal, Saura ha admitido que en política de infraestructuras no se les ocurre "otra vía que no sea la inversión público-privada" y, tras demandar un modelo estable de financiación que ahora no existe, no dudó en señalar que "la música de lo que se está diciendo en el sector suena bien para el Ministerio de Fomento".
No obstante, desde Fomento son muy cautelosos a la hora de plantear una posición cerrada sobre el polémico asunto. Saura ha asegurado que el Ministerio de Fomento no tiene ningún modo definido, aunque ha reconocido que le parece bien la idea de "aquellos que dicen que hay que pensar sobre la financiación de las infraestructuras internalizando alguno de los costes".
"Lo que estamos planeando es que es necesario implantar un modelo distinto al actual, porque es injusto social y territorialmente, además de ineficiente", ha insistido Saura, quien no ha desvelado si para acabar con dichas injusticias e ineficiencias el Ejecutivo está a favor de extender el pago por uso a toda la red de gran capacidad.
En este sentido, ha subrayado que la idea es diseñar entre todos, sociedad civil y Parlamento, un modelo distinto al actual a través de un debate sereno y teniendo en cuenta la justicia social y territorial, pero también "los costes que hay que internalizar, tanto directos como indirectos".
El Gobierno espera tener listo el pago por uso de las autovías en 2020
Fomento confía en obtener una “amplia mayoría” parlamentaria para sacar adelante el nuevo modelo de financiación en esta legislatura
