El Gobierno aprueba la Ley de Memoria "para no repetir" la guerra y carga contra el PP: "Un partido democrático no puede estar en contra"

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la nueva Ley de Memoria Democrática. La norma, impulsada por la ex vicepresidenta Carmen Calvo, introduce el delito de apología del franquismo, establece duras sanciones a quienes exalten la Guerra Civil o la dictadura y extinguirá la Fundación del Valle de los Caídos.

El Gobierno cree que con esta norma se garantiza no volver a "repetir" etapas "negras" del pasado como la Guerra Civil y la dictadura de Franco. Además, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha cargado contra el PP por no apoyarla: "Ninguna formación democrática debería tener ningún problema con una ley que lo que hace es homenajear a víctimas de una dictadura".

Según ha detallado el nuevo ministro de Presidencia en la rueda de prensa posterior al Consejo, la norma incorporará la posibilidad de clausurar "las fundaciones que inciten al odio o enaltezcan la dictadura" o "humillen a las víctimas", lo que abre la vía acabar con la Fundación Franco, pero no de manera "inmediata", ha reconocido el ministro. En todo caso, no serán consideradas "de utilidad pública" las asociaciones que hagan apología del franquismo.

El texto, que se envía ahora al Congreso de los Diputados, introduce algunas modificaciones en la redacción de algunos artículos, tras el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Aunque el Gobierno no comparte la idea del CGPJ de que las asociaciones y los actos públicos profranquistas están amparados por la libertad de expresión, siempre que no humillen a las víctimas. Por eso han modificado la redacción relativa a la extinción de las fundaciones que hacen apología de la dictadura.

Bolaños ha explicado que, en virtud de la norma, se creará "una Fiscalía de Sala de memoria democrática, que investigará violaciones e impulsará la memoria de las víctimas". Es decir, "para investigar los crímenes que se produjeron en la dictadura", a pesar de que no se pueden aplicar penas actuales a delitos previos a la promulgación de las normas penales vigentes y a pesar de la Ley de Amnistía de 1977. Pero esa Fiscalía sí servirá para poder determinar la "autoría" de los delitos y que ello restituya la memoria de las víctimas.

Para las infracciones que se pudieran cometer a partir de la aprobación de la nueva ley, el régimen sancionador de la norma establece multas desde 200 a 150.000 euros. Esta última se aplicaría a quienes cometan el nuevo delito de apología del franquismo y, además, destrocen fosas, por ejemplo.

Sobre la tramitación parlamentaria, el ministro ha interpelado directamente al PP y ha pedido "unanimidad" en la votación del Congreso. Hay que recordar que la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha criticado que el Gobierno esté centrado en "mirar atrás" con la Ley de Memoria Democrática y no se ocupe de los "muchos problemas" que tienen en el momento presente los españoles, como el hecho de que el precio de la luz esté en máximos históricos.

A su entender, "mirar hacia atrás" no va a dar "ni futuro ni esperanza". Bolaños le ha respondido que el Ejecutivo está "abierto a mejorar la ley". Se trata de un mensaje dirigido también a ERC y la CUP, que creen que la norma se queda "corta".

El nuevo ministro de Presidencia ha explicado que el primer "eje" de la norma es "poner a las víctimas en el centro de la acción política del Gobierno". Así, se consideran ilegítimas y nulas todas las sentencias de los tribunales de excepción de aquella etapa "negra" de la Historia de España, ha detallado. Es "la primera vez que una ley repudia y condena el golpe y la dictadura", ha defendido Bolaños

Para honrar a los asesinados y represaliados, se crean dos días de las víctimas del franquismo: 31 de octubre y 8 de mayo, el día de las personas exiliadas. "Conseguimos que seamos un país más digno porque ayuda más a las víctimas. Es una ley que nos hace mejores como país", ha subrayado.

El segundo eje será "poner en valor el papel de las mujeres" como protagonistas de "la recuperación de la democracia" en España y reconocer su papel "agravado" de víctimas. "Queremos que esta ley se para ellas un homenaje". Y el tercero es, según Bolaños, dar "importancia al movimiento memorialista".

La norma creará un banco nacional de ADN para que las familias puedan conocer dónde están los restos de sus familiares represaliados y un centro de documentación en Salamanca. Asimismo, se articula un nuevo Consejo Interterritorial para coordinar a las comunidades y el Gobierno. Asimismo, el Ejecutivo hará un inventario de bienes expoliados por el franquismo. Además, la memoria democrática será un contenido curricular en la educación.

El texto legal impulsa la "resignificación del Valle de los Caídos". "No podrá haber ningún cuerpo de ninguno de los protagonistas en ningún lugar primordial del Valle", ha subrayado Bolaños. Esto hará que se saque de la basílica a José Antonio Primo de Rivera, enterrado cerca de donde estaban los restos del dictador. "Obviamente, hablaremos con la familia antes de exhumarlo", ha añadido.

Otro de los puntos que ha detallado el ministro es que "se les quitarán los títulos nobiliarios a quienes se les concedieron por su participación en la Guerra Civil".

 

El Gobierno busca ocultar a Primo de Rivera en el Valle y le retirará los títulos franquistas​

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha anunciado que el anteproyecto de ley de memoria democrática que ha aprobado este martes el Gobierno pretende "resignificar" el Valle de los Caídos, de modo que el cadáver del líder falangista José Antonio Primo de Rivera dejará de estar en un "lugar preponderante" de este mausoleo.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bolaños además ha explicado que esta ley de memoria democrática retirará símbolos, distinciones y títulos nobiliarios a "todas aquellas personas que se les ha concedido a aquellas personas a las que se les fue concedido por ser protagonistas de la dictadura o de la Guerra Civil".

Igualmente, Bolaños ha anunciado que el Gobierno decidirá el destino de la Cruz del Valle en el proyecto concreto de resignificación. "La ley establece un marco general para la resignificación del Valle de los Caídos, pero dentro de ese marco, en su momento, tendremos que concretar un proyecto en el que se tome la decisión sobre la cuestión que usted plantea", ha asegurado al ser preguntado por qué va a ocurrir con ella.

En ese marco, el ministro ha dicho que tendrán que "estudiar bien los detalles" pues, según ha recordado, el Valle de los Caídos "es una basílica, un lugar de culto". Además, ha añadido que el Ejecutivo pretende que también "responda a una defensa, una reivindicación de los valores democráticos".

Unidas Podemos pide más​

Por su parte, Unidas Podemos, socio de Gobierno del PSOE, ha remarcado que el anteproyecto de la ley es "positivo" pero también tiene margen de mejora para incorporar más avances acorde con las reivindicaciones de los colectivos memorialistas, que intentarán llevar a término durante el trámite parlamentario.

La diputada del grupo y portavoz de En Comú Podem, Aina Vidal, ha subrayado en rueda de prensa que "echan de menos" algunos aspectos, como el habilitar reclamaciones económicas a las víctimas de la dictadura franquista. También aspiran que las vulneraciones de los Derechos Humanos que tuvieron lugar durante la transición sean contemplados también como "crímenes de la dictadura".

 
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ERC quiere colar en la ley de Memoria indemnizaciones a Marruecos por la Guerra del Rif​

Los separatistas de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) pretenden aprovechar la Ley de Memoria Democrática para colar indemnizaciones a Marruecos por la Guerra del Rif. Así consta en las enmiendas que ha presentado al proyecto de ley que tramita el Congreso y que tiene por objeto temporal el periodo que va desde el inicio de la Guerra Civil (1936) hasta la promulgación de la Constitución de 1978. El conflicto bélico del Rif, sin embargo, tuvo lugar en el primer cuarto del siglo XX, hasta 1927. No hay coincidencia temporal entre la ley de Memoria y la Guerra del Rif, pero ERC pretende incrustarla a través de una disposición adicional.

Este conflicto armado se prolongó durante 16 años seguidos, pero la enmienda de ERC solo tiene en cuenta los cinco últimos. Los enfrentamientos entre los rebeldes rifeños y las tropas españolas escalaron cuando España asumió el protectorado de la franja norte del actual Marruecos y se prolongaron hasta 1927. Pero la enmienda de ERC solo habla del periodo 1922-1927. Ni rastro de lo anterior, lo que tiene una gruesa consecuencia práctica: se ignora y queda fuera el Desastre de Annual (1921), la matanza de 10.000 españoles a manos de los rebeldes del líder rifeño Abd el-Krim, sin la que es imposible entender la posterior contraofensiva.
Aquella contienda duró 16 años, pero en la enmienda de ERC solo cuentan los cinco últimos y el uso de armas químicas por parte del Ejército español.

Además, la enmienda de ERC aprovecha para cargar contra la Monarquía por aquella guerra, al culpar expresa y únicamente al rey Alfonso XIII. Y solo condena las operaciones que llevó a cabo el Ejército español, por haber utilizado armas químicas.

Con ese argumento, quiere obligar por ley al Gobierno a que proclame y asuma «la responsabilidad del Estado español» por aquella guerra. Y que eso conlleve el reconocimiento y abono de indemnizaciones tanto a Marruecos como a personas de origen rifeño.

«Deuda histórica»​

«El Estado [España] contribuirá, en el marco de la cooperación hispano-marroquí, a la reparación de los daños colectivos, a la compensación de la deuda histórica a través de una activación e incremento de los planes de cooperación económica y social dirigidos al conjunto de los territorios del Rif y, en especial, en las provincias de Nador y Alhucemas», reza uno de los puntos que ERC quiere introducir en la futura Ley de Memoria Democrática. De forma añadida, por el uso de armamento químico en aquella guerra, también reclama al Gobierno español que dote a los hospitales del Rif «de unidades sanitarias especializadas en el tratamiento oncológico».

En otro punto, ERC aboga por asumir indemnizaciones para la población civil rifeña: «Se estudiarán las posibles compensaciones económicas de carácter individual que puedan reclamarse por los daños causados», indica.

«Actos de reconciliación»​

Asimismo, quiere que la Ley de Memoria Democrática mueva a España a organizar «actos de reconciliación, fraternidad y solidaridad para con las víctimas, sus descendientes y el conjunto de la ciudadanía rifeña, como forma de expresar la petición de perdón».

ERC también pretende que la ley fuerce a revisar los relatos que sobre la Guerra del Rif constan «en museos, monumentos, cuarteles, libros de texto, manuales militares, etc.», para favorecer –dice– «la veracidad histórica».

 


Así es la detestable Ley de Memoria Democrática

Acaba de entrar en vigor la a mi juicio detestable Ley de Memoria Democrática. En este vídeo, os explico por qué me opongo a ella.