La Policía Nacional de Palma ha desmantelado una trama que presuntamente proporcionó documentos a una treintena de migrantes irregulares al contratarles en una empresa fantasma. La operación policial, segunda fase de una investigación iniciada el pasado mes de noviembre con seis detenidos, se ha saldado con otros 22 arrestados acusados de fraude a la hacienda pública, estafa, falsedad documental y favorecimiento de la inmigración irregular. Algunos de los detenidos también habrían contraído matrimonios de conveniencia para facilitar la residencia a otros extranjeros.
Según informa la Policía Nacional, la operación es resultado del análisis que los agentes del Grupo IV de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsificación (UCRIF) realizaron de la documentación intervenida el pasado mes de noviembre, cuando arrestaron a seis personas en Palma por un fraude en la regularización de ciudadanos extranjeros. En esa primera fase de la investigación los agentes realizaron un registro en el domicilio de un antiguo gestor, considerado uno de los principales responsables de la banda.
En el análisis de esta documentación los agentes comprobaron que había dado de alta una empresa son signos claros de ser ficticia, ya que estaba a nombre de una mujer con escasos recursos económicos y sin conocimientos en el negocio. Esta empresa había dado de alta a más de treinta trabajadores.
Las gestiones policiales permitieron confirmar que la mujer, supuesta dueña de la empresa, no tenía conocimiento de su creación. La única finalidad de esta operación sería poder dar de alta como empleados a una serie de ciudadanos extranjeros a cambio de dinero. Los empleados obtenían así distintos beneficios, desde el cobro de prestaciones económicas por desempleo o la obtención del permiso de residencia en España. Los extranjeros contratados por la empresa fantasma pagaron entre 200 y 2.000 euros.
Además, algunos de los trabajadores también habrían contraído matrimonios de conveniencia con ciudadanos de terceros países, para que pudieran regularizar su situación en España. Para ello utilizaron las altas ficticias en la empresa investigada, ya que uno de los requisitos para la obtención de dicha autorización de residencia es acreditar que la persona comunitaria dispone de medios de económicos.
Al principal investigado le constan numerosos antecedentes policiales, algunos de ellos por hechos similares, de hecho la seguridad social le había retirado el acceso al sistema RED que le habilitaba para poder dar de alta a los trabajadores en la Tesorería General de la Seguridad Social, por lo que utilizó a otra gestoría para que dieran de alta a los cinco trabajadores investigados.
Una vez obtenidos todos los indicios y pruebas, los agentes llevaron a cabo las detenciones de 22 personas como presuntos autores de un delito de falsedad documental, contra la hacienda pública y la Seguridad Social. Además se ha tomado declaración a la supuesta empleadora como presunta autora de un delito de favorecimiento a la inmigración ilegal.
La investigación continúa abierta ya que no descartan más detenciones.
www.diariodemallorca.es
Según informa la Policía Nacional, la operación es resultado del análisis que los agentes del Grupo IV de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsificación (UCRIF) realizaron de la documentación intervenida el pasado mes de noviembre, cuando arrestaron a seis personas en Palma por un fraude en la regularización de ciudadanos extranjeros. En esa primera fase de la investigación los agentes realizaron un registro en el domicilio de un antiguo gestor, considerado uno de los principales responsables de la banda.
En el análisis de esta documentación los agentes comprobaron que había dado de alta una empresa son signos claros de ser ficticia, ya que estaba a nombre de una mujer con escasos recursos económicos y sin conocimientos en el negocio. Esta empresa había dado de alta a más de treinta trabajadores.
Las gestiones policiales permitieron confirmar que la mujer, supuesta dueña de la empresa, no tenía conocimiento de su creación. La única finalidad de esta operación sería poder dar de alta como empleados a una serie de ciudadanos extranjeros a cambio de dinero. Los empleados obtenían así distintos beneficios, desde el cobro de prestaciones económicas por desempleo o la obtención del permiso de residencia en España. Los extranjeros contratados por la empresa fantasma pagaron entre 200 y 2.000 euros.
Además, algunos de los trabajadores también habrían contraído matrimonios de conveniencia con ciudadanos de terceros países, para que pudieran regularizar su situación en España. Para ello utilizaron las altas ficticias en la empresa investigada, ya que uno de los requisitos para la obtención de dicha autorización de residencia es acreditar que la persona comunitaria dispone de medios de económicos.
Al principal investigado le constan numerosos antecedentes policiales, algunos de ellos por hechos similares, de hecho la seguridad social le había retirado el acceso al sistema RED que le habilitaba para poder dar de alta a los trabajadores en la Tesorería General de la Seguridad Social, por lo que utilizó a otra gestoría para que dieran de alta a los cinco trabajadores investigados.
Una vez obtenidos todos los indicios y pruebas, los agentes llevaron a cabo las detenciones de 22 personas como presuntos autores de un delito de falsedad documental, contra la hacienda pública y la Seguridad Social. Además se ha tomado declaración a la supuesta empleadora como presunta autora de un delito de favorecimiento a la inmigración ilegal.
La investigación continúa abierta ya que no descartan más detenciones.
Desmantelan una red que proporcionó papeles a unos 30 migrantes irregulares con una empresa fantasma
La Policía comprobó que los empleados pagaban entre 200 y 2.000 euros para ser contratados y poder acceder a la residencia en España
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