Creando masa crítica contra el Nuevo Orden Mundial 🏛️

Durante la pandemia se hacían necropsias con normalidad en asturias, pero se ocultaban sus resultados y por eso pudo morir mucha gente, denuncia el médico forense manuel jesús rodríguez​

Para empezar un dato: las autopsias realizadas en Asturias por los médicos forenses entre los años 20 a 22 fueron realizados en colaboración con el Hospital Universitario Central de Asturias. Con el Servicio de Anatomía Patológica, en forma de necropsias. O sea, que no fueron realizadas aisladamente, ni fueron una ni dos, fueran muchas, según el testimonio que nos ofrece el doctor español Manuel Jesús Rodríguez. Lo que cuenta este médico cambia todo lo conocido hasta ahora, al menos en la Unión Europea, pero probablemente en el mundo, sobre por qué se ocultaron los resultados de las necropsias realizadas en España. Unos resultados que de haberse divulgado entre la clase médica podrían haber ayudado a que mucha gente sobreviviera a lo sucedido.

En esas fechas, desde el gobierno central se estaba mintiendo, diciendo que no se hacían autopsias y los medios de comunicación mentían diciendo que las autopsias estaban prohibidas. “Esto ya lo hicieron siendo yo forense durante el mal de las vacas locas y la gripe A. Y desde el Instituto de Toxicología se nos dijo que tuviéramos cuidado, se nos enviaron equipos especiales y el ritmo de las autopsias fue el habitual”, señala el doctor.

Minucioso, Rodríguez sigue relatando: “Cuando un médico forense hace una autopsia está autorizado por un juez. Yo estuve de médico forense 15 años. En ese caso se va al lugar donde hay un cadáver y se informa al juez, que es quien lo autoriza, y al que se le envía el informe final, vía oficial del Juzgado. En el caso de una necropsia, cuando está hecho el informe, se pasa al jefe de Anatomía Patológica y este a Dirección de Anatomía Hospitalaria. Además, el presidente del Colegio de Médicos, la secretaria y el presidente del Comité Deontológico, y las once personas que forman dicho comité, saben absolutamente todo lo que pasa en la medicina sanitaria. El tapón que impide que circule la información está ahí, en el juez, y en el director del hospital. Estos se pueden permitir el lujo de expedientar a un médico sin ver siquiera el informe.

Lo que hace el director del hospital es pasar esos informes a la Consejería de Sanidad, y el juez a la de Justicia. Y estos y el presidente de la Comunidad Autónoma comen juntos todos los días.

El presidente de la Comunidad de Asturias está denunciado por mí por cómplice de asesinato, lo mismo que el consejero de Sanidad y el Colegio de Médicos.

EN ESPAÑA SE HACÍAN AUTOPSISAS CON NORMALIDAD EN LA ÉPOCA DE LA COVID

Entre todas las autopsias que se realizaron desde el principio de este bien montado circo y el día de hoy podemos decir que fallecidos por el llamado COVID pueden ser un 8 por ciento. Porque mucha gente fue diagnosticada de COVID, pero fallecieron de otra cosa, por lo general de un fallo multiorgánico derivado del tratamiento hospitalario con antibióticos, cuando ya estaban muy deteriorados por el protocolo COVID. En las autopsias se vio lo normal que aparece cuando alguien fallece de gripe, de neumonía, de un virus sincitial respiratorio, de un edema pulmonar… Pero se vieron cosas que no se habían visto nunca: coágulos diseminados muy grandes, cardiopatías hipertróficas, pericarditis, inflamaciones hepáticas, asociadas a otras patologías infrecuentes. Lo que no se vio en ninguna autopsia ni proteínas spyke, ni virus, ni RNA mensajero, este porque no es posible detectarlo”.

Sobre el grafeno, el doctor Rodríguez dice conocer el informe Campra, “y creo que hay que hacer más estudios. Nosotros no vimos grafeno porque esto se hace a través de microscopía óptica de muy elevada resolución y no disponemos de ella en todos los sitios, o de la electrónica, que la hay en 4 sitios en España”.

Para el doctor, “con todo lo que saben que pasa en los hospitales los jueces deberían haber actuado de oficio, y la Fiscalía tampoco ha actuado de oficio. Ambos han delinquido por no actuar de oficio.

Cuando se hace una autopsia o una necropsia se fotografía todo. Mi ordenador está petado de fotografías, de autopsias, de informes de autopsias, hay casos en las que un juez contradice una autopsia sin haber estado allí, y de la que se obtienen rendimientos económicos”.

El doctor Manuel Jesús Rodríguez “pide a los ministros que por el bien de la sociedad publiquen su hemograma, su análisis de sangre para demostrar que se han vacunado y no andaban por ahí circulando con un pasaporte COVID hecho especialmente para ellos, es decir, falso. El otro día se vacunó Carolina Darias, pero estoy seguro que no lo hizo en realidad.

En este circo – continúa con su denuncia -, a los primeros que se compraron fue a los medios de comunicación. Sobre todo, a medios como Newtral y Maldita, y a todas las televisiones. Los medios lo sabían todo”.

LOS MÉDICOS DE UCIs Y URGENCIAS COBRABAN HASTA 500 EUROS POR CADA CASO DE COVID

Para nuestro invitado todo este asunto, en los niveles bajos, se ha movido exclusivamente por dinero. “Se ha cobrado por las PCR, por cada ingreso en urgencias, por cada diagnóstico COVID, por cada ingreso en la UCI, por cada fallecimiento diagnosticado como causa de la muerte COVID… El dinero llegaba al director médico, quien lo asignaba a cada servicio, de UCI, de Urgencias, pero en Atención Primaria cobraban cada uno de los médicos, entre 150 y 170 euros por cada PCR positiva. En este país la gente se corrompe por dos putos euros, es lamentable.

El presidente del Gobierno ha publicado en el BOE los gastos del Estado para el COVD. Y ahí consta que una PCR cuesta 170 euros, pero un palo con un algodón no vale eso. El coste total, también con un reactivo, es de menos de 20 céntimos. Un médico de Atención Primaria está cobrando 1800 o 1900 euros y haciendo PCR llega a los cuatro mil y pico. Un médico de Urgencias cobra 1800, que con las guardias sube a 2000. Pero es que por cada enfermo que diagnosticaban eran 500 euros más.

Esto es un genocidio – denuncia -, porque se suman muchos factores, la muerte, el sufrimiento, la intencionalidad, la maldad, y una ignorancia que es delictiva. El médico que ignoró todo esto no debería llamarse médico porque con su ignorancia ha matado a muchas personas y ha dejado a muchas personas con unos efectos secundarios tremendos”.

Y sigue denunciando: “La compañía farmacéutica lo que quiere son pacientes crónicos y esta inoculación lo que más ha producido ha sido pacientes crónicos de pluripatología, que ahora llaman pacientes COVID persistentes.

He llorado por gente que no conozco y por gente que se va a poner enferma y hay médicos de la Seguridad Social que lloraban cuando, al principio, se le moría la gente al aplicarle los protocolos COVID. Pero a las dos semanas dijeron: no vamos a llorar más, lo que vamos a hacer es suspender los protocolos COVID tanto en la UCI como en Urgencias. No hubo un muerto más. Hubo castigos, presiones, y me consta que en otros hospitales de España también ocurrió eso. Lo que mataba eran los protocolos”.

Una reveladora entrevista que da la vuelta a buena parte de lo conocido hasta ahora sobre la pandemia.

VÍDEOENTREVISTA DEL MÉDICO FORENSE MANUEL JESÚS RODRÍGUEZ


 

Las conclusiones de la farsemia: Marlene Morreau y Jorge Javier Vázquez, los que se hacen los tontos son los más listos​

Hay muchas lecciones que hemos podido sacar con esto de la farsemia y muchas lecciones que nos hemos visto obligados a aprender. Si se dan cuenta, aquellos países en los que la población ha sido menos engañada son casi todos a los que habíamos considerado, hasta ahora, como países del tercer mundo o subdesarrollados. Debe ser que la población de esos países ya se han hartado de ser cobayas de las farmacéuticas y no han pasado por el aro de inocularse el veneno experimental. Ya han sufrido demasiado en sus carnes a la mafia farmacéutica y no han estado dispuestos a seguir haciéndolo.

Pero aquí, en los supuestos países desarrollados, en los países considerados como avanzados la cosa ha sido bien distinta: el número de engañados ha sido enorme. Y a pesar de que haya mucho farsanta, la realidad es que muchos de los que, hasta ahora, considerábamos como listos, preparados o inteligentes han caído en la trampa de forma inmediata.

Y no es que a personajes como Jorga Javier Vázquez lo consideráramos como tal, ha sido él mismo el que, demostrando ser lo contrario, ha estado yendo por la vida dos metros por encima de los demás, de una forma totalmente injustificada.

Tal y como ha quedado demostrado en infinidad de ocasiones, él se lo cree y ha tratado a gente como Marlene Morreau de tonta porque, además, ella se lo ha hecho. Pero tal y como ha quedado demostrado en uno de los últimos programas de ‘Sálvame’, todo lo contrario.

Morreau se hace la tonta y Vázquez el listo, demostrando su gran ignorancia. Y la lección que Marlene les pega a todos en el programa es de las grandes. Es como si los hubiera dicho: “a ver quien ríe el último”.



 

Residencias: después de 35.000 muertes de personas mayores, las víctimas y familiares solo han recibido opacidad por parte de la fiscalía y ausencia de justicia en los tribunales​

Me he sentido abandonada, decepcionada y algo que no podré entender nunca: cómo una sociedad puede participar una masacre de estas características, única en la democracia, y que aún nadie haya tomado medidas para que se haga justicia y, sobre todo, para que nunca más se vuelva a repetir”. Mercedes Huerta, familiar de una de las víctimas de las residencias madrileñas durante la primera ola de la pandemia y miembro de la Plataforma Verdad y Justicia.

Casi tres años después del inicio de la pandemia y del decreto sobre el estado de alarma, con 35.000 fallecimientos de personas mayores de residencias, el abandono sufrido por sus familiares y la impunidad permanecen de forma generalizada en las instituciones del estado.
La ausencia de mecanismos y procedimientos adecuados para saber la verdad sobre lo ocurrido en las residencias de mayores durante la pandemia continúa hoy en día y no hay perspectivas de que vaya a cambiar, incluyendo las instrucciones y/o protocolos discriminatorios que impidieron que miles de personas recibieran asistencia sanitaria.

Amnistía Internacional documentó cinco violaciones de derechos humanos cometidas contra las personas mayores residentes y nadie ha rendido cuentas por ello. En concreto, por vulneración del derecho a la vida, a la salud, a la no discriminación, a la vida privada y familiar y el derecho a una muerte digna. Es más, la situación podría repetirse hoy en día si la pandemia se recrudeciera y se decretara un nuevo estado de alarma”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

Tendencia generalizada a la opacidad y al abandono

Las autoridades han incumplido su obligación de investigar de forma exhaustiva y adecuada las vulneraciones de derechos humanos sufridas por las personas mayores que vivían en las residencias, tal y como exige la normativa internacional, así como el acceso de las víctimas y sus familiares a un recurso judicial que sea efectivo.

El abandono sufrido por las familias y la impunidad son patentes en seis instituciones del estado. Ni Gobierno central ni autonómico, ni Congreso de los Diputados, ni la Fiscalía General del Estado ni Defensoría del Pueblo ni el Consejo General del Poder Judicial han hecho los deberes para modificar esta situación y resarcir a las víctimas cuyos derechos han sido violados”, continúa Beltrán.

Amnistía Internacional denuncia la opacidad de la Fiscalía General del Estado ya que, tres años después del inicio de la pandemia, no existen datos de acceso público del total de diligencias penales en las que la Fiscalía ha intervenido, ni en qué ha consistido su actuación. Tampoco existe información para saber en cuántas de ellas se ha solicitado declaración de las familias, o en cuántas se ha planteado la reapertura por una insuficiente investigación previa. La Fiscalía ha emitido dos oficios solicitando información a las fiscalías provinciales en febrero y octubre de 2022, sin que por el momento se hayan hecho públicos informes de datos o actuaciones derivadas de las mismas.

Los datos publicados hasta el momento son parciales, y corresponden a información que alguna de las fiscalías provinciales incluye en sus memorias anuales y no a un ejercicio de Fiscalía General de tener un mapa completo de lo sucedido. Es el caso de la Fiscalía de Madrid, que ha aportado datos en su última memoria referentes a sus actuaciones de 2021, el 86% de los casos han sido archivados. La Memoria de la Fiscalía de Cataluña relativa a 2021 da cuenta de su preocupación por los derechos de las personas mayores, pero ofrece escasos datos sobre los casos penales.

Amnistía Internacional considera que la ausencia de datos consolidados (cuantitativos y cualitativos) constituye una barrera para analizar correctamente lo sucedido, y evaluar si es necesario un reexamen de algunos de los casos en los que haya existido una investigación insuficiente.

Tímidos avances

El único paso positivo es que el oficio remitido por Fiscalía el pasado octubre pedía garantizar que las familias fueran escuchadas en las investigaciones aún abiertas, así como asegurar que los y las fiscales asisten a la toma de declaración de familiares, personas investigadas y testimonios relevantes. Pero la medida resulta limitada si no incluye también los casos archivados en su momento, que deben reexaminarse y valorar si se investigó lo suficiente, de conformidad con los criterios de la propia Fiscalía y estándares internacionales, y especialmente tener en cuenta los testimonios de familiares. La Fiscalía de Madrid ha emitido una instrucción en la misma línea, si bien es de una aplicación reducida a los casos todavía abiertos o que puedan abrirse de ahora en adelante.

Por otro lado, pese a la tendencia generalizada de impunidad, en contadas excepciones se han logrado avances en las fiscalías provinciales. En Cataluña, la Fiscalía de Mataró abrió diligencias y presentó una querella el pasado abril de 2022 por homicidio imprudente, lesiones y maltrato contra el director y directora médica de una residencia durante la pandemia. Este caso constituye una muestra de que cuando la Fiscalía quiere poner todos los medios a su alcance para realizar una investigación adecuada y eficiente y ampliar información es posible hacerlo.

En Madrid, un juez ha solicitado la comparecencia en calidad de testigos de Alberto Reyero, ex-consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid y de Carlos Mur, en aquel momento Director de Coordinación Sociosanitaria y firmante de los protocolos de exclusión de la derivación a hospitales.

Amnistía Internacional exige la reapertura de aquellos casos casos archivados para que se reexaminen y se valore adecuadamente si se investigó lo suficiente, incluyendo los testimonios de familiares.

Las autoridades, de perfil o poniendo obstáculos

Por otro lado, las autoridades no pueden excusarse en sus mayorías parlamentarias para evitar cumplir con sus obligaciones de derechos humanos con las 35.000 personas mayores que han fallecido y sus familias.
A nivel autonómico los intentos han sido obstaculizados de forma generalizada por los partidos gobernantes, sin importar el signo político. Actualmente solo continúa activo un Grupo de Trabajo en el Parlamento de Cataluña, que tiene por objeto analizar lo sucedido y debatir sobre un nuevo modelo residencial.

Pese a la extrema gravedad de lo ocurrido en las residencias, el Defensor del Pueblo no ha tenido un papel activo investigando lo sucedido. En el último informe anual disponible del año 2021, el Defensor plantea como preocupación la falta de datos homogéneos y otras preocupaciones sobre el modelo de residencias, sin embargo no menciona en absoluto los fallecimientos en residencias, a diferencia del informe anual 2020, que sí mostraba preocupación sobre el tema.

Amnistía Internacional ha solicitado al Defensor la realización de un monográfico de investigación sobre las muertes que incluya recomendaciones para autoridades, sin que hasta el momento la Defensoría lo haya considerado prioritario.

El Consejo General del Poder Judicial tampoco ha realizado seguimiento sobre si estas víctimas están consiguiendo acceso a la justicia como indican las normas internacionales: no lleva a cabo un cómputo de los casos en tribunales, ni ha incorporado en su estadística judicial un indicador
de recogida de datos de actividad judicial que permita hacer seguimiento global de estas causas, contribuyendo así a la falta de información y transparencia.

La organización solicita al Gobierno un acto público de reconocimiento de lo sucedido a las víctimas en el que se comprometa a buscar la verdad y garantizar la justicia y la reparación para todas ellas. “Las autoridades pretenden pasar página sobre lo sucedido, sin tener en cuenta que la verdad, memoria, justicia y reparación son imprescindibles para que algo similar no vuelva a suceder y se garanticen los derechos humanos”, concluye Beltrán.
Nuevo modelo de residencias, pendiente de implementar

El nuevo modelo residencial se aprobó el pasado junio de 2022, con una valoración negativa de las plataformas de familiares.

Amnistía Internacional considera que el acuerdo alcanzado tiene algunos aspectos positivos como el establecimiento de unos criterios comunes de recursos materiales y ratios de personal; asegurar la dignidad de trato y del ejercicio de derechos de las personas usuarias; formación continua del personal de cuidados, o programas de inclusión de perspectiva de género del personal. Sin embargo podría mejorar en cuestiones como la coordinación con los servicios de asistencia sanitaria del sistema público de salud o la recogida unificada de datos. A la organización le preocupa especialmente que se haya eliminado el mínimo de inspectores por centro que planteaban borradores previos, dejándolo en manos de las Comunidades Autónomas y que no se garantice que las denuncias sean anónimas.

Tras el acuerdo alcanzado, es responsabilidad de los gobiernos autonómicos implementar el nuevo modelo, garantizando que se respetan los derechos humanos de las personas residentes y asegurando una adecuada dotación de recursos económicos y humanos.

 

El prestigioso neurocirujano Russell Blaylock: “La ´vacuna` covid daña gravemente el cerebro”​

Pocos cómo este valeroso neurocirujano estadounidense nos recordó lo mismo con sus magníficos metaanálisis de los bozales: extremadamente deletéreos para el cerebro, hipoxia mediante, por ejemplo. O deteriorando irreversiblemente la inmunidad. Ahora, kakunas.

Atroz, dudosamente con vuelta atrás

Hondísimos daños neurológicos, elevadísimas tasas de cáncer, paros cardíacos y otros salvajes problemas de salud, así como su conexión con la atroz tecnología de ARN mensajero.

“Esta inyección [Covid] es una inyección de exosomas artificiales… El cerebro es una de las cosas más complejas de todo el universo… [La profesión médica] realmente no entiende esta inyección. No entienden lo que hace al aparato neurológico del cerebro y la médula espinal“.

Blaylock también explica detalladamente los mecanismos que causan el daño y utiliza varios artículos publicados para demostrarlo. Y termina con algunos consejos para quienes han sufrido daños por las timovacunas, ante algo que se antoja difícilmente reversible. En fin.



 


Violenta reacción del directivo de Faiser cuando se entera que ha sido grabado

Project Veritas publica el vídeo completo en el que el directivo se muestra histérico cuando se da cuenta de que todo lo que ha dicho ha sido grabado.
 
dcrzqR.jpg
 

El auténtico motivo para retirar la obligatoriedad del puto bozal de los transportes públicos el próximo 8 de febrero​

borregos-mascaridiotas.jpg


Aproximadamente retardada mental, Carolina Darias, además de ministrilla de insanidad y candidata in pectore a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, día 7, Consejo de Ministros de ilegítimo – de origen y de ejercicio – gobierno de Hez-Paña: fin del bozal en los medios de transportes públicos. Un día después, vigente.

Gentuza, terroristas, basura humana…

Día 20 de noviembre, y la Asociación LIberum presenta Recurso Contencioso Administrativo contra la imposición legal de la mordaza en los citados transportes ( ¿ por qué no en todos los lugares? ). El pasado 11 de enero, admitido a trámite. Y el celebérrimo 8 de febrero, ¡¡¡ oh casualidad!!! a la falsaria y totalitaria gentuza del ministerio de enfermedad se les acababa el plazo para algo que no podían hacer: “enviar los informes de los expertos de la ponencia de alertas del Consejo Interterritorial de Salud”.

Ni existen expertuzos solo infecta chusma. El bozal jamás fue un asunto sanitario (innecesario, inútil y muy peligroso para la salud). Simbólico, moral, biopolítico, sí. Sumisión, domesticación, deshumanización, liberticidio. Además ante un VIRUS QUE NO EXISTE. Reconocido por el citado e infausto ministerio.

En fin.

 

Médicos estadounidenses reconocen haber matado a miles de pacientes con los protocolos covid de marzo-abril 2020​

En Usa y más allá. Casi hasta el infinito. Y no fue un virus el “asesino”, sino los asesinos protocolos covidicios. Ya lo comenté detalladamente en otra ocasión, ciñéndome preferentemente a Bozalistán. “Tratamientos” criminales. Intubar, sin ir muy lejos. Ventiladores, pues.

Corruptos verdugos sanitarios

Los galenos podrían haber empleado otros tipos de dispositivos de apoyo respiratorio que no hubiesen requerido una sedación de riesgo. NO LO HICIERON. Contrariando el juramento hipocrático, hicieron daño. Mataron. Masacre.

Mataron mucho los siniestros batas blancas, sin duda. Deliberadamente. Con el auxilio/aplauso de las marionetas políticas. Geriátricos y hospitales, paradigmas. Y pasta, mucha pasta de por medio. “Incentivos” para intubar (o para cualquier cosa como covid-19: la paranoia de pánico planetaria lo permitía, parece ser). Y algunos querrán volver a los tratamientos más razonables, pero ya es tarde, demasiado.