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La Justicia vasca rechaza la exigencia del pasaporte Covid en el País Vasco para acceder a la hostelería​

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha rechazado que se pueda exigir en Euskadi el 'pasaporte covid' como condición para acceder a los locales de ocio nocturno y a los restaurantes de más de 50 comensales en Euskadi, medida para la que solicitó autorización judicial el Gobierno Vasco.

La decisión del TSJPV cuenta con el aval de dos magistrados y el voto particular de su presidente, Luis Garrido, que disiente del parecer mayoritario, al considerar que tenía que permitirse la implantación del pasaporte Covid. La resolución puede recurrirse ante el Tribunal Supremo en un plazo de tres días desde su notificación.

El tribunal ha denegado la solicitud del Ejecutivo de Iñigo Urkullu para implantar el certificado covid digital de la UE en establecimientos de ocio nocturno, pese a que ya está en vigor en Baleares, Cataluña y Galicia, y también la reclaman muchas otras comunidades autónomas.

Apoyado por la Fiscalía​

La propia Fiscalía vasca había trasladado a la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJPV un informe en el que considera «necesaria, idónea y proporcionada» la exigencia del 'pasaporte covid' para acceder al interior de locales de ocio nocturno y restaurantes con más de 50 comensales en País Vasco, tal como solicitó el Gobierno Vasco.

A su juicio, se trata de la medida «menos gravosa», que además se aplicaría con una limitación temporal -cuando la tasa de incidencia acumulada sea superior a 150 casos por cada 100.00 habitantes cada 14 días-, y destaca que afectaría a una actividad no esencial. No obstante, sí cree que puede ser «discriminatoria» para los trabajadores estos establecimientos de ocio nocturno o de la restauración que ejercen su derecho al trabajo.

Desde que el pasaporte Covid entró en vigor en España, el 7 de junio, y hasta el 27 de octubre, se han expedido un total de 28.030.053 certificados, según los datos del Ministerio de Sanidad. Las comunidades autónomas han expedido el 97,99% de los certificados, mientras que el departamento de Carolina Darias solo ha emitido el 1,5%.

Los datos de Sanidad también revelan que el 63,91% de los pasaportes se solicitaron en julio y agosto, sobre todo los primeros días de julio, coincidiendo con su entrada en vigor en Europa y pese a que España comenzó a emitir y reconocer el certificado tres semanas antes. Además, el 95,03% de los pasaportes son de vacunación, mientras que sólo un 3,16% acreditan una prueba diagnóstica negativa y un 1,81% la superación de la Covid-19, una tendencia acorde con la mayoría de países europeos.

 
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Los TSJ de Aragón y Vascongadas dejan en evidencia a ambos gobiernos autonómicos ante su intención de imponer el “pasvid”​

Parece que no les están llegando buenas noticias a los gobiernos autonómicos con esto de su deseo de implantar el dictatorial “pasvid” en ambas comunidades autónomas. Por un lado, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón le ha dicho al gobierno autonómico del socialista Lambán y a la Fiscalía que presenten sus alegaciones ante una posible cuestión de inconstitucionalidad por el pasaporte Covid.

La Sala Contencioso Administrativo del TSJ de Aragón, ha dictado este lunes una providencia pidiendo a las partes que hagan sus alegaciones por un posible vicio de inconstitucionalidad del artículo 10.8 de la LJCA. Las partes disponen ahora de un plazo de 10 días para hacerlas llegar al tribunal. Ante esta providencia, lo mejor ha sido lo que se ha dicho desde el gobierno aragonés: “están estudiando fórmulas para imponerlo”.

Pero lo mejor ha sido lo que le ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Vascongadas al gobierno que dirige Urqullu ante la intención de este de imponer el ya famoso pasaporte ya que consideran una “incongruencia” el planteamiento puesto que que al haber un 90% de vacunados la imposición del pasaporte Covid no resulta necesaria y no entiende que, siguiendo los razonamientos de los de Urqullu, no se plantee su exigencia para los propietarios y camareros o a los niños de menos de 12 años.

Parece que por una vez y sin que sirva de precedente, los tribunales están para lo que tienen que estar. Ahora falta por ver durante cuánto tiempo aguantan la segura presión a las que les someterán los criminales políticos que sufrimos en España.

 
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A veces hay que leer la letra pequeña.