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El Gobierno ha dado un golpe de estado jurídico, y estamos en estado de excepción, que no de alarma
Los 47 millones de españoles estamos en prisión domiciliaria en nuestras casas, por orden de un gobierno que carece de competencias para ello… Y es bueno que se sepa, para que cada cual pueda actuar en consecuencia, en las próximas elecciones, o presionando a los partidos políticos de la oposición, si es que queda alguno, a excepción de VOX.En efecto, el artículo 55, 1, de la Constitución vigente establece que “Los derechos reconocidos en los artículos…19…, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución”.
El artículo 19 dice que “Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional”.
Asimismo, el artículo 55, in fine, indica que: “La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes”.
El gobierno ha usado y abusado de un supuesto “estado de alarma”, en el que no necesita al resto de los partidos políticos, que representan a la totalidad del pueblo español, y ha adoptado una decisión arbitraria y dictatorial, más propia de un país bananero, o de una dictadura, que de una democracia.
En efecto, la Constitución no permite que en un estado de alerta se impida la libertad de residencia y de circulación, como hace el artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Para suspender esos derechos deberíamos estar en estado de excepción, situación en la que la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción –artículos 13 a 31- y sitio, indicando el artículo 20, Uno que:
“Cuando la autorización del Congreso comprenda la suspensión del artículo diecinueve de la Constitución, la autoridad gubernativa podrá prohibir la circulación de personas y vehículos en las horas y lugares que se determine, y exigir a quienes se desplacen de un lugar a otro que acrediten su identidad, señalándoles el itinerario a seguir”.
Es decir, se han hurtado al Congreso de los Diputados, nuestros representantes, su intervención en la adopción de este anómalo estado de excepción…
¡Cada cual que piense lo que quiera, pero yo lo tengo claro: vamos camino de una dictadura comunista, y este es solo un primer paso!
En realidad al gobierno lo que le hubiera gustado –es un suponer-, sería declarar el estado de sitio, para que quede claro quién manda aquí, pero no se han atrevido a hacerlo, pues el artículo 33, Dos exige que:
“A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Gobierno designará la Autoridad militar que, bajo su dirección, haya de ejecutar las medidas que procedan en el territorio a que el estado de sitio se refiera”.
Ítem más, el artículo 34 establece que: “La Autoridad Militar procederá a publicar y difundir los oportunos bandos, que contendrán las medidas y prevenciones necesarias, de acuerdo con la Constitución, la presente ley y las condiciones de la declaración del estado de sitio”.
En otras palabras, los 47 millones de españoles y extranjeros residentes, hubiéramos pasado a depender de unos militares, formados y preparados, que saben lo que llevan entre manos, y no de cuatro zarrapastrosos comunistas en público, y burgueses en la intimidad, personal y familiar.
Señores, solo me resta decirles: ¡disfruten de lo votado!
Y lo que nos queda “por disfrutar”, digo por sufrir…
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El Gobierno ha dado un golpe de estado jurídico, y estamos en estado de excepción, que no de alarma...
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Se vacuna en marzo por “amor, solidaridad y compromiso”, se burla en mayo de los no vacunados y fallece en julio a los 43 años
Son tremendas y terriblemente tristes las historias con las que nos estamos encontrando a causa del virus y sobre todo las vacunas. El posicionamiento de muchos y, sobre todo, el afán que tienen muchos por enfrentarnos ahora entre vacunados y no vacunados nos lleva a encontrarnos con terribles y tristes noticias que a nadie nos gusta ver.Este es el caso del uruguayo Gonzalo Meyer. exjugador de baloncesto uruguayo. Meyer se ha convertido en uno de esos ejemplos tristes que nos está dejando esta pesadilla que estamos viviendo en todo el mundo. Como opción personal, este hombre decidió vacunarse el pasado día 31 de marzo y así lo anunció en sus redes sociales diciendo, además, que era “un acto de amor, de solidaridad y de compromiso”. Orgulloso, colgaba ese mensaje en sus redes sociales.
Una vez vacunado, suponemos que con temor como la gran mayoría, y, suponemos, que viendo que pasaba el tiempo sin que sufriera ningún tipo de percance, Meyer llegaba incluso a burlarse de quien no se quiere vacunar con algún tuit bastante desafortunado.
Desgraciadamente, el pasado 16 de julio se informaba de su fallecimiento con tan solo 43 años de edad. Cuando alguien realiza la búsqueda de su nombre en Google una de las sugerencias que aparecen es “de qué murió”. Los rumores, tal y como se apunta en alguna respuesta al tuit que mostraremos a continuación, hablan de un problema de corazón. Nosotros desconocemos las causas pero lo que sí podemos decir es que esta vacunación está provocando demasiadas “casualidades”. Descanse En Paz.
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Se vacuna en marzo por "amor, solidaridad y compromiso", se burla en mayo de los no vacunados y fallece en julio a los 43 años
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Primera sanción anulada tras tumbar el Constitucional el estado de alarma
Un juzgado de Madrid ha anulado la sanción de 601 euros que el Ayuntamiento de la capital impuso a una menor por no respetar las restricciones aprobadas por la pandemia, en la primera sentencia que se conoce en este sentido después de que el Constitucional declarara nulo el confinamiento del primer estado de alarma.Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el juzgado de lo contencioso-administrativo número 11 de Madrid ha considerado la sanción disconforme a derecho tras el fallo del tribunal de garantías que declaró inconstitucional y nulo el estado de alarma, «sin realizar ninguna aclaración sobre los efectos jurídicos de esta declaración en relación a las multas impuestas».
El magistrado Jesús Torres Martínez explica que una sentencia de inconstitucionalidad vincula a todos los poderes públicos, incluidos jueces y tribunales, que, desde la publicación de la resolución, deben resolver cualquier proceso sin aplicar la ley declarada inconstitucional.
A su entender, la sentencia de inconstitucionalidad debe aplicarse siempre que las sanciones se hayan impugnado, porque «un acto administrativo (la sanción) dictado al amparo de una ley inconstitucional no habría tenido cobertura en ningún momento, porque la que presuntamente le proporcionaba la ley anulada era una cobertura aparente y no una cobertura real».
En los juicios pendientes, los jueces y tribunales deben juzgar «como si la ley no hubiera existido nunca», añade el magistrado, que insiste en los «efectos retrospectivos o para el pasado» de una decisión de inconstitucionalidad que «invalida la ley anulada desde su propio origen».
El juez no impone las costas a ninguna de las partes porque la cuestión generaba «dudas de derecho», como se desprende de los votos particulares que han presentado varios de los magistrados del Constitucional ante la sentencia.
Poco revela la sentencia de la actuación que llevó al coordinador general de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid a sancionar a la menor, representada en este proceso por su padre.
Según la resolución, fue sancionada con 601 euros por infringir la Ley de protección de la seguridad ciudadana, por un «acto de desobediencia por no respetar las restricciones aprobadas para evitar la extensión de la pandemia originada por el COVID 19».
La defensa argumentó que la actuación era nula por la inconstitucionalidad del artículo 7 del decreto por el que se aprobó el estado de alarma, el que estableció el confinamiento domiciliario y el que el tribunal de garantías declaró inconstitucional la semana pasada.
En la sentencia, conocida el lunes por la noche, el Constitucional abrió la puerta a que en los procesos abiertos se reduzcan o anulen sanciones o penas, tras declararse la nulidad del estado de alarma.
Primera sanción anulada tras tumbar el Constitucional el estado de alarma
Un juzgado de Madrid ha anulado una multa de 601 euros a una menor por no respetar las restricciones de la pandemia
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Lo que tendrían que hacer es suspender de empleo y sueldo a todos los "caballeros" que iban multando...
El Dr. Miguel Vallbona lo tiene claro: «Nadie ha muerto por covid. Esas poquísimas personas fallecieron por otras causas»
Escrito por el Dr. Miguel Vallbona, médico de Mallorca:“Gracias a Dios me gusta la verdad y no me gustan las mentiras ni los engaños.
Muchos políticos, periodistas, televisión, médicos y etc…viven con cosas falsas y mienten mucho por y intereses y dinero…
Hace muchos años que sé que los virus no son la causa de las enfermedades ni de las muertes. Las personas enferman y mueren por otras causas y no por virus. Como me gusta buscar la verdad yo y un amigo fuimos a varios pueblos de Mallorca a preguntar cuántas personas murieron en 1 año y medio con ese supuesto virus covid… por ejemplo:
- En Santanyi con una población de más de 5.000 habitantes fallecieron solamente 2 personas con el supuesto covid…y esas personas eran mayores y no se las hicieron autopsias para ver si era verdad que murieron de ese supuesto covid…
- En Campos con más de 9.000 habitantes fallecieron solamente 5 personas en más de 1 año con ese supuesto covid…y tampoco pueden saber si era por covid ya que tampoco se les hicieron autopsias…
- En Porreras con más de 5.000 habitantes falleció 1 sola persona con ese supuesto virus covid y era una persona muy mayor y tampoco se le hizo autopsia…
- En mis 3 pequeños pueblos cercanos fallecieron solamente 2 personas en los 3 pueblos con ese supuesto virus…y eran personas ancianas… y tampoco se las hicieron autopsias para saber si era verdad que murieron por covid… Si se hicieran autopsias se veria claramente que nadie fallece debido a covid. Fallecen por otras causas como todos los años.
Ha fallecido poquísima gente con ese supuesto virus… La verdad es que nadie ha muerto por covid… Esas poquísimas personas fallecieron por otras causas … Prohibieron hacer autopsias porque se descubriría la verdad: nadie muere por covid.
El covid es el gran engaño de la historia de la humanidad. Y se hacen tests PCR que su inventor declaró que no sirve para diagnosticar enfermedades… Esa prueba PCR da positivo a gente sana, da positivo a gripes…da positivo a anginas…da positivos a personas con simples resfriados…
Usen la inteligencia, busquen la verdad y no se dejen engañar por políticos, medios de comunicación y médicos que ganan mucho dinero con esta plan demia mundial organizada por ciertas personas muy poderosas y malignas para tener más poder”.
El Reino Unido anuncia que no vacunará a los jóvenes de entre 12 y 17 años
Parece que en algunos países del mundo hay ciertas dosis de sensatez, aunque solo sea de vez en cuando, y eso en estos tiempos de absoluta locura produce una gran alegría. Y la sensatez se ha producido, en este caso, en el Reino Unido. Y es que en ese país se ha decidido no vacunar masivamente a los jóvenes de entre 12 y 17 años, tal y como estaba previsto hasta ayer mismo que se produjo esta decisión.Ha sido el ministro Nadhim Zahawi quien ha anunciado esta decisión en el Parlamento Británico el pasado lunes. También anunció que solo se ofrecerá a menores con discapacidades neurológicas, con síndrome de Down, con problemas de inmunodepresión y con problemas graves de aprendizaje.
Observen que se matiza y se dice que se ofrecerá y no se obligará. La decisión, acordada en el marco del Comité Conjunto para la Vacunación (JCVI en sus siglas en inglés), se ha tomado valorando que comparado con los adultos, los niños tienen mucho menos riesgo de enfermar de gravedad por el covid.
Ahora habrá que ver qué hacen otros gobiernos como España dado el gran interés que tienen en “coger a nuestros hijos”, tal y como declaraba en su momento la ministro Celaá. Es importante que los padres tomen buena nota de todo esto, protejan a sus hijos.
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El Reino Unido anuncia que no vacunará a los jóvenes de entre 12 y 17 años
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