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Un estudio de un centro de datos estadounidense concluye que los estados que imponen la mascarilla tienen más contagios
Tal y como ha adelanado el periodista César Munera en el medio digital BLes.com (noticia reproducida en euskalnews.com), los mandatos de uso de máscaras para el virus, respaldados por los gobiernos de distintos estados de EE. UU., estarían siendo contraproducentes para su objetivo de detener el contagio, según un estudio publicado por RetionalGroud.com, un centro de intercambio de datos de COVID-19, dirigido por un grupo de analistas de bases de datos.La investigación tuvo en cuenta un periodo de 229 días, contabilizados desde el primero de mayo hasta el 15 de diciembre, en el que fueron comparados los días en los que los gobiernos estatales impusieron mandatos de máscaras con los días en los que no lo habían hecho.
A través de un hilo de Twitter, el cofundador de la página, Justin Hart, dio a conocer los resultados, donde se evidenció que aquellos estados que instauraron el uso de máscaras presentaron un total de 9.605.256 casos confirmados por contagio del virus PCCh o COVID-19, equivalente a un promedio de 27 casos por cada 100.000 personas por día.
Por otra parte, aquellos estados que no implementaron las órdenes de uso de máscaras o aquellos que nunca tuvieron mandatos, incluyendo el periodo de tiempo en el que los estados con el mandato no lo tenían en vigor, registraron 5.781.716 casos de contagio.
Lo cual quiere decir que además de que los mandatos de uso de máscaras no son tan efectivos después de todo para contener los contagios, los estados con mandatos en vigor, registraron un promedio de 10 infecciones más reportadas por día que aquellos sin mandatos.
Entre aquellos estados que no promulgaron un mandato de máscara durante el análisis se encuentran Florida, Nebraska, Alabama, Iowa, Georgia, Arizona, Alaska, Misuri, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Oklahoma, New Hampshire, Tennessee, Carolina del Sur y Wyoming, según un artículo de opinión de The Blaze.
Los investigadores otorgaron un plazo de 14 días a partir del día que comenzó el análisis para aquellos estados que impusieron el mandato y de esa manera comenzar con el conteo de casos por contagio en relación con el uso de la máscara para una evaluación más precisa.
Ian Miller, investigador de RationalGround.com, encontró que en tres condados de Florida Manatee, Martin y Nassau, en los cuales interrumpieron el mandato, se registraron menos casos per cápita que aquellos condados que lo mantuvieron.
En un tweet del 20 de diciembre, Miller se refirió al hecho de manera sarcástica al hecho asegurando que era “extremadamente confuso cómo podría suceder esto”, considerando que el mandato de máscara protectora es “la herramienta de salud pública más importante que tenemos”.
“La religión de las máscaras tendrá una serie de excusas inexactas listas para ser usadas, pero por supuesto, están oscureciendo e ignorando que esto no debería ser posible, sin importar las circunstancias atenuantes, si las máscaras fueran tan efectivas o importantes como se nos dijo”, escribió Miller.
Si bien hay quienes podrían cuestionar los resultados bajo el argumento de la disparidad en la densidad de la población, el estudio analizó Florida usando datos del condado y no encontró correlación entre los mandatos de máscaras y menos casos, aún ajustando la densidad de población.
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El Tribunal Constitucional de Austria prohíbe las mascarillas en las escuelas
Tras la declaración oficial de pandemia, en mayo el gobierno austriaco, una coalición de reaccionarios y ecologistas, impuso dos medidas a los colegios públicos. Una fue el uso obligatorio de mascarillas por los jóvenes y los docentes y el otro la división de las aulas para que acudieran alternativamente unos días una parte de los alumnos, que el resto de la semana debían permanecer en sus domicilios.Todas las personas presentes en los edificios escolares, excepto durante el recreo, debían llevar un dispositivo de protección, cubriendo la boca y la nariz, decía la orden gubernamental.
Desde entonces los padres de dos niños iniciaron un calvario judicial que acabó el miércoles en el Tribunal Constitucional con la declaración de que las mascarillas obligatorias y la alternancia de clases violaban el principio de igualdad, el derecho a la intimidad y el derecho a la educación.
Ambas medidas tomadas por el gobierno son “ilegales”, según el Tribunal Constitucional, porque el ministro de Sanidad no ha sido capaz de explicar de manera comprensible por qué considera necesarias las medidas controvertidas para frenar la pandemia.
En Austria las mascarillas ya padecieron un revés el mes pasado. El Ministerio de Salud encargó a las cuatro universidades austríacas un estudio para analizar la propagación del coronavirus en las escuelas. La conclusión fue que había “poca” y, además, que no había “una diferencia significativa entre los niños y los maestros”.
Los investigadores realizaron pruebas a 10.156 alumnos y profesores asintomáticos de primaria y secundaria al azar en 243 escuelas de todo el país entre el 28 de septiembre y el 22 de octubre. Sólo 40 de ellos eran portadores del virus, con una prevalencia del 0,39 por ciento. Entre los niños, el 0,37 por ciento eran positivos, en comparación con el 0,57 por ciento de los adultos, una diferencia demasiado pequeña para ser significativa, según el estudio.
Lo mismo que en otros países, en Austria la obligatoriedad de las mascarillas ha sido poco más que un cachondeo. En marzo quisieron imponerla sólo en los supermercados, porque no había para toda la población. “La situación en el mercado mundial es tensa”, dijo el canciller austriaco Sebastian Kurz el 29 de marzo.
¿Cómo remediar la obligatoriedad cuando hay carencia? La solución la dio el propio Kurz: las mascarillas caseras también sirven, siempre y cuando cubran la boca y la nariz de las personas. Cualquier trapo era suficiente. Una auténtica tomadura de pelo.
En Chequia ocurrió algo parecido. Desde el primer minuto obligaron a la población a ponerse unas mascarillas que no existían y el Presidente del gobierno, Andrej Babis, escribió en su cuenta de Twitter que bastaba con ponerse una de tela porque reducía la propagación del virus en un 80 por ciento.
En Eslovenia fue mucho peor: además de las mascarillas obligaron a la población a ponerse guantes. El delirio ha alcanzado grados muy diversos según cada gobierno.
El Tribunal Constitucional de Austria prohibe las mascarillas en las escuelas - mpr21
Tras la declaración oficial de pandemia, en mayo el gobierno austriaco, una coalición de reaccionarios y ecologistas, impuso dos medidas a los colegios públicos. Una fue el uso obligatorio de mascarillas por los jóvenes y los docentes y el otro la división de las aulas para que acudieran...
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Fauci admite que engañó a los estadounidenses para aumentar la vacunación
Redacción BLes – El jefe del grupo de trabajo del gobierno de EE. UU. sobre el virus PCCh (Partido Comunista de China), Dr. Anthony Fauci, admitió que engañó a los estadounidenses para que se vacunaran masivamente. Fauci, al parecer, recibe una comisión sustancial en la venta de las vacunas.Fauci aumentaba sus estimaciones del porcentaje de ciudadanos que debían vacunarse para obtener la inmunidad colectiva, o de la manada, basándose en el porcentaje de quienes estuviesen dispuestos a tomar el antídoto contra el virus, según Reuters del 24 de diciembre.
Aunque inicialmente postuló que bastaría con que el 60% de la población se aplicara la vacuna, mientras solo el 50% de la población parecía dispuesto a vacunarse, luego subió sus estimaciones al 70% cuando el 60% de los ciudadanos plantearon que querían hacerlo.
Más recientemente consideró porcentajes del 75% al 80% e incluso hasta del 90% de la población.
Fauci no mencionó bases científicas o soportes que se apoyaran en investigaciones previas, debidamente verificadas.
Estas manipulaciones de la opinión pública resultan polémicas y han suscitado críticas tanto para Fauci como para otras personas involucradas en la vacunación masiva, como el multimillonario Bill Gates y los grandes laboratorios que elaboran y venden el controvertido producto químico.
Una de las personas que critica ese sistema rodeado de dudas e incertidumbres es la conocida activista conservadora estadounidense Candace Owens, que califica a Gates y a Fauci como “malvados” en uno de sus tuits.
Owens también destacó en su publicación que la industria farmacéutica es “pura maldad” y está “forjada con corrupción”.
Desde la aparición del virus del PCCh las contradicciones en su aparición y manejo se han convertido en un factor característico mundialmente, y la OMS genera muchas sospechas al respecto.
La inmunidad en masa o inmunidad de rebaño se refiere a la capacidad natural del cuerpo humano de generar anticuerpos ante un virus al infectarse con este al punto de ser inmune a la enfermedad.
Así, a pesar de ser un concepto aceptado ampliamente por la comunidad científica desde hace muchos años, la OMS borró y cambió la definición de inmunidad en masa de su sitio web y la hizo coincidir sospechosamente con la agenda global de las vacunas contra el virus PCCh y de los encierros por cuarentena.
Puede apreciarse la diferencia entre las dos definiciones de la OMS sobre inmunidad colectiva, una tomada el 9 de junio y la otra el 13 de noviembre del 2020.
“¿Qué es la inmunidad en masa? La inmunidad en masa es la protección indirecta contra una enfermedad infecciosa que ocurre cuando una población es inmune, ya sea a través de la vacunación o la inmunidad desarrollada por una infección previa”, la referencia inicial.
Y la reciente: “¿Qué es la inmunidad en masa? La “inmunidad de grupo”, también conocida como “inmunidad de la población”, es un concepto utilizado para la vacunación, en la que una población puede ser protegida de un determinado virus si se alcanza el umbral de vacunación. La inmunidad de grupo se logra protegiendo a las personas de un virus, no exponiéndolas a él.”
SELECCIÓN DEL EDITOR - BLes
Fernando Simón Soria es Demandado por Genocidio y Crímenes contra Humanidad: Esto es la Agenda 2030 - ONU. Por Daniel Ponce Alegre
La Demanda Criminal interpuesta contra el cargo electo del Gobierno de España, para el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, y funcionario de la Administración General del Estado, del Cuerpo de Médicos Titulares del Estado - Grupo A1, D. Fernando Simón Soria por Genocidio y Crímenes contra la Humanidad es mucho más que la exigencia de responsabilidades civiles y penales contra una persona en el desempeño de sus funciones públicas.Esta Demanda implica una valoración, moral, civil y penal, de la Gestión Pública de una “Crisis Sanitaria” por parte de cada uno de los miembros implicados del Gobierno Globalista y Social-Comunista de España, desde el inmediato superior de Soria, el Ministro de Sanidad, D. Salvador Illa, hasta el superior de éste, el Vicepresidente Social, D. Pablo Iglesias, y el jefe de todos ellos, el presidente del Gobierno, D. Pedro Sánchez; y de forma indirecta o colegiada, pero no menos importante (habrá que determinar la responsabilidad civil y penal, como se valora en los colaboradores necesarios de los delitos o de los Golpes de Estado) del resto de ministros y también de los medios de comunicación, destacando las televisiones públicas (TVE y las autonómicas) y las privadas, con una especial consideración a determinados “presentadores estrella” que muy bien pagados por lobistas como George Soros (testaferro de la familia Rothschild) han ejercido el papel de colaboracionistas en la histeria o en la condescendencia de la sociedad con todas las medidas inhumanas aplicadas.
La Denuncia ha sido posible, y real a pesar del ocultamiento de los grandes Medios de Comunicación audiovisuales y escritos (aunque no de todos como por ejemplo este prestigioso Digital, El Correo de España, “La Voz” de César Vidal u otros Digitales más modestos, pero igualmente honorables y veraces) y está a la espera de Abogado.
Decenas de miles de personas ingresadas en Residencias para mayores u hospitales, dependientes del Vicepresidente Social del Gobierno de España, D. Pablo Iglesias, que también es Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 (ministerio puramente globalista para la implantación del llamado Nuevo Orden Mundial, la Nueva Normalidad o el Plan Kalergi y en la que la población ha de ser reducida 2/3, y de manera muy especial la de las naciones occidentales) y del Ministro de Sanidad, D. Salvador Illa, fueron torturadas física (por las condiciones de saturación, hacinamiento y administración de “tratamientos”) y psicológicamente (por el aislamiento social, reclusión, confinamientos e imposibilidad de visitas de amigos y familiares) antes de morir, no por COVID-19 sino “con” o en muchos casos ni siquiera en esas causas, sino por las condiciones antes mencionadas que fueron aplicadas por un inexistente Comité de Expertos del Gobierno que en realidad era el propio Soria, Illa, Iglesias, Sánchez y el resto del Gobierno implicado que además han estado sometiendo a gran parte de la población a una prueba que no es diagnóstica, la PCR, como dejó claro su creador, el Premio Nóbel de Bioquímica, Karry Mullys, y que les ha repercutido muy grandes beneficios (al igual que el IVA de las mascarillas) en especial al parecer al Ministro Ábalos.
Además de lo expuesto en el párrafo precedente debemos sumar la Orden Ministerial publicada en el BOE por la que se ordenaba la prohibición de autopsias, y sólo se permitían las cremaciones, violando todos los protocolos sanitarios establecidos (algo similar a lo que sucedió en el 11M con la destrucción de los trenes y el lavado con acetona de los restos encontrados) tal y como denunció el prestigioso Médico Forense, el Dr. Cabeza.
Entre las personas que han Interpuesto la Demanda por Crímenes contra la Humanidad (que en un principio se negaron ilegalmente a admitir, alegando razones sanitarias, en el Jugado de Gandía, acabó finalmente en ese mismo Jugado por medio de la Comisaría del CNP de la misma localidad valenciana ante el Instructor 115618 y según atestado 2995/20) asesoradas, como antes hemos apuntado, por D. César Vidal, se encuentran:
- El prestigioso Investigador, Analista y Gestor Informático, D. José Ignacio Díaz Tejedo.
- El reconocido Jurista y secretario de la APET (Asociación Plataforma Elecciones Transparentes) D. Ignacio Vargas Pineda, que dio forma al borrador convirtiéndolo en denuncia, y del que hablamos en un reciente artículo de El Correo de España con motivo de la Carta Abierta al Pte. de los EEUU, Donald J. Trump, en la que la APET, con el respaldo del Movimiento Q en España (HispaniQa) mostraban su preocupación por la Injerencia (colaboración en el Fraude Electoral o Golpe de Estado, tal y como señalaron los abogados Rudi Giuliani y Sidney Powell) en el proceso electoral a través de la Empresa Estatal, INDRA y la contrata de SCYTL bajo la supervisión de la venezolana SMARTMATIC y la canadiense DOMINION, y solicitaban la intervención Penal, y Militar si fuera preciso, contra el actual Gobierno Global-Comunista, y muy probablemente Genocida, de España.
- Junto a ellos está, el también prestigioso Jurista, D. José Roberto Roca Torregrosa, y como hemos dicho, también D. César Vidal como Asesor Jurídico e Internacional desde EEUU.
Fernando Simón Soria es Demandado por Genocidio y Crímenes contra Humanidad: Esto es la Agenda 2030 - ONU. Por Daniel Ponce Alegre
La Demanda Criminal interpuesta contra el cargo electo del Gobierno de España, para el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias S...
elcorreodeespana.com
Información Completa sobre la Vacuna Covid-19 que Posibilite un Criterio Fundamentado - Dra. María José Martínez Albarracín - Médicos Por La Verdad España
https://media.livecast365.com/scabelumtv/scabelumtv/content/1608761652299.mp4
medicosporlaverdad.es
La misteriosa pyme que logró con la pandemia contratos millonarios con Ábalos y se convirtió en socio de Ferrovial
Soluciones de Gestión cuenta con cinco trabajadores y acumula pérdidas superiores al millón de euros. Esta pequeña empresa de origen desconocido se ha convertido en un proveedor de confianza de la AdministraciónLa pandemia ha golpeado con fuerza a la gran mayoría de empresas españolas. Aunque hay unas pocas que han sabido estar en el momento preciso y en el lugar oportuno para poder disparar su negocio durante la crisis. Este es el caso de Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas. Una pyme que hasta la fecha basaba su negocio en la gestión de proyectos en África y que, según sus últimas cuentas publicadas en el Registro Mercantil, con cinco trabajadores y unas perdidas de 1,1 millones de euros, ha recibido cinco contratos millonarios de la Administración para el suministro de mascarillas y ha logrado ser elegido en el 'megacontrato' del Ministerio de Sanidad gracias a una alianza con la multinacional española Ferrovial.
Esta empresa, que tiene sede en Zaragoza, se ha convertido en uno de los grandes aliados del Gobierno para encontrar suministro y, peses a ello, sigue siendo un misterio. En el Registro Mercantil, al que tiene acceso este medio a través de la herramienta Insight View, sus últimas cuentas son de 2018. Según explican fuentes conocedoras de este proceso, sus cuentas de 2019 tardarán en llegar debido a la pandemia. Ni las de 2020, cuando ha logrado estos contratos públicos.
Poco o nada se sabe sobre cómo ha entrado esta empresa en los diferentes ministerios. Según explican desde el Portal de Transparencia, en una pregunta enviada por el abogado Ramiro Grau, este proveedor tomó la iniciativa para contactar con Puertos del Estado, una empresa pública que depende del Ministerio de Transportes y que realizó la primera compra, tras anunciarse la orden del ministro José Luis Ábalos para la compra de este material sanitario.
"La empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas contactó con Puertos del Estado", detalla el ejecutivo. "La oferta realizada por dicha empresa consistió en ocho millones de mascarillas a 2,5 euros por unidad, que fue aceptada por el Presidente de Puertos el Estado el 26 de marzo de 2020", matiza. Puertos del Estado le compró mascarillas por valor de 20 millones de euros y luego Adif, otra empresa que depende de Transportes, otros 12 millones de euros.
El gestor ferroviario también confiesa a Transparencia que su compra de emergencia de cinco millones de mascarillas la realizó con este proveedor porque "se tenían referencias de la mencionada empresa que había realizado para la adquisición de las mascarillas de Puertos del Estado". Tras estas dos operaciones, llegó la compra por valor de tres millones de euros del Ministerio del Interior. Los siguientes en recurrir a este proveedor fueron el Gobierno balear y el canario por 4,7 millones de euros.
Alianza con Ferrovial
Estos cinco contratos se produjeron entre finales de marzo y septiembre. Y, en diciembre, Soluciones de Gestión volvió a aparecer en un nuevo contrato de material sanitario del Gobierno. En este caso, en el esperado 'megacontrato' de Sanidad valorado en 2.500 millones de euros. La pyme de Zaragoza fue una de las elegidas de esta compra centralizada a través de una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada con Ferrovial.Sanidad apostó por esta UTE para la adjudicación de los lotes 8 y 9 de su 'megacontrato' sanitario, referidos a mascarillas con nivel de protección FFP2 y FFP3. El valor unitario del material es de 1,36 y 2,52 euros, respectivamente. Fuentes cercanas a Ferrovial definen a esta empresas como "grandes expertos en la compra de material sanitario" pero desconocen si tras su alianza han comprado algo para la administración.
Aunque en su web y en su información publica no informen de este 'expertise'. Desde Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas explicaron a este medio en pasadas publicaciones que "ha tenido actividad desde 2017, lo que no ha tenido son ingresos de grandes proyectos desde el año 2018. En el año 2017 se finalizó un proyecto internacional y se facturaron unos cinco millones de euros. Aparte la empresa se ha mantenido estable mientras presentaba ofertas a proyectos internacionales".
Además, aseguran que su experienciaen el sector sanitario llega porque "ha equipado decenas de centros de salud y laboratorios de análisis clínico a lo largo de su trayectoria, y en sus UTEs reformó y equipó un hospital". Entre sus actividades recientes destaca la que ha desempeñado en África. La sociedad constituyó una Unión Temporal de Empresas con la también española Cueto Comercial 92, a la que bautizaron con el nombre de Boavista II, para desarrollar una central térmica flotante en Angola.
Panamá y Angola
El administrador de Soluciones de Gestión y encargado de firmar los contratos de material sanitario es José Ángel Escorial Senante. El nombre de este proveedor figura en la base de datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que investigó los Papeles de Panamá, supuestamente por tener empresas offshore en Malta. En concreto, Delta Advisory and Management Services Limited y Arce Investment Consulting Limited.Escorial Senante aparece en el Registro Mercantil vinculado a una veintena de sociedades. Por su parte, las últimas cuentas de Soluciones de Gestión detallan que la empresa tiene como accionista mayoritario a una sociedad llamada Erromar Soluciones, una sociedad con sede en Getxo (Bilbao) y que también presenta números rojos.
La empresa detalló a este medio en pasadas publicaciones que su expertise en el sector sanitario llega porque "ha equipado decenas de centros de salud y laboratorios de análisis clínico a lo largo de su trayectoria, y en sus UTEs reformó y equipó un hospital".
Una de ellas en Angola. Un país donde ha trabajado en una UTE con Comercial Cueto 92, uno de los protagonistas del conocido ‘caso Defex’. Según el informe de la Audiencia Nacional en mayo de 2019, Comercial Cueto 92 y Defex -la empresa pública española de venta de armas- mantenían una operativa en Angola que consistía en “conseguir contratos públicos para la empresa pública Defex mediante el pago de comisiones ilícitas a autoridades y funcionarios públicos angoleños”.
Al frente de Cueto Comercial 92 estaba, por entonces, Juan Carlos Cueto. Ahora esta compañía la dirigen las dos hermanas de Cueto tras la apertura de la investigación del juez de la Mata. Y desde Cueto Comercial indican que "no mantienen ninguna relación con Soluciones de Gestión". La oficina de Soluciones de Gestión en Madrid, según ha podido acreditar este diario, está en el mismo edificio que la de Cueto Group, en una finca del distrito de Salamanca.
La misteriosa pyme que logró con la pandemia contratos millonarios con Ábalos y se convirtió en socio de Ferrovial
<p>Soluciones de Gestión cuenta con cinco trabajadores y acumula pérdidas superiores al millón de euros. Esta pequeña empresa de origen desconocido se ha convertido en un proveedor de confianza de la Administración</p>
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