Creando masa crítica contra el Nuevo Orden Mundial 🏛️




Peones en el tablero, titiriteros de los que moldean a su gusto las circunstancias, presos de la telaraña esperando escuchar el sonido que hace la fiera cuando intuye cerca a su presa, jugadores sin un AS bajo la manga. Así nos ven quienes juegan, así nos brindan quienes nos bailan; jaque mate por la escuadra.
 

Top Canadian Pathologist On COVID: Media & Politicians Pushing Greatest Hoax Ever Perpetrated​

A top Canadian doctor specializing in pathology, which includes virology, told the Edmonton, Alberta City Council last week that humanity is being “led down the garden path” by delusional aristocrats pushing draconian COVID-19 measures.

According to his bio, “Dr. Hodkinson is the CEO of Western Medical Assessments, and has been the Company’s Medical Director for over 20 years. He received his general medical degrees from Cambridge University in the UK, and then became a Royal College certified pathologist in Canada (FRCPC) following a residency in Vancouver, BC.”

The doctor is also currently working on pathology as Executive Chairman of Bio-ID Diagnostic Inc., a private company that develops tests for identifying COVID-19 infection.

“What I am going to say is lay language and blunt,” Hodkinson told the Edmonton City Council Community and Public Services Committee.

“The bottom line is this,” he addressed the group. “There is utterly unfounded public hysteria driven by the media and politicians. It’s outrageous. This is the greatest hoax ever perpetrated on an unsuspecting public.”

“There is absolutely nothing to be done to contain this virus other than protecting your more vulnerable people. It should be thought of as nothing more than a bad flu season. This is not Ebola. It’s not SARS. It’s politics playing medicine. And that’s a very dangerous game.”

Continuing, Dr. Hodkinson added, “Masks are utterly useless. There is no evidence based on their effectiveness whatsoever. Paper masks and fabric masks are simply virtue signaling. Seeing these uneducated people walking around like lemmings, obeying without any knowledge base to put the mask on their face.”

He also claimed social distancing is pointless as COVID-19 “travels by aerosols, which travel 30 meters or so before landing. And closures have had such terrible unintended consequences. Everywhere should be open tomorrow.”

Next, the doctor touched on testing. “I’m in the business of testing for COVID. I do want to emphasize that positive results DO NOT, underlined in neon, mean a clinical infection. It’s simply driving public hysteria and all testing should stop.”

The only thing Dr. Hodkinson advocates for is to “protect the vulnerable” by giving all nursing home residents daily doses of vitamin D.

In Alberta, where the meeting took place, people under 65 years of age have a 1 in 300,000 chance of dying from COVID.

“It’s just another bad flu, and you have got to get your minds around that,” he stressed. “Let people make their own decisions. You should be totally out of the business of medicine. You’re being led down the garden path by the chief medical officer of health (Dr. Deena Hinshaw) in this province.”

Will mainstream media cover this qualified individual’s take on COVID -19 or will his message by silenced by Big Tech?

 
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Paloma, abogada pionera en tumbar multas por el confinamiento: se pueden recurrir más de un millón​

Desde bien entrado el estado de alarma, los despachos de abogados cargaron los maletines y empezaron a preparar el argumentario para desactivar la ristra de multas impuestas a quienes infringieran el confinamiento. Ahora, con ya más de ocho meses cumplidos desde su declaración y más de un millón de multas emitidas, empiezan a aflorar las primeras resoluciones archivadas, en su mayoría, a favor de los acusados.

De todas ellas, ninguna ha sido más precoz que la de Paloma García Alejo, portavoz del equipo jurídico que ha logrado el primer recurso levantado en España y que acumula ya 54 presentados ante las autoridades.

El gabinete de Legalion Abogados, del que forma parte García, recurrió la multa de 601 euros impuesta a un hombre denunciado en Teruel el pasado 22 marzo, una semana después de instaurarse el estado de alarma, mientras se dirigía a cuidar a su abuela. Desde entonces, el despacho ha acumulado otros cinco recursos resueltos y otros cinco estimados en el último medio año.

"Hay dos formas de atacar a estas sanciones", explica a este diario. "La primera, como es el caso del chico de Teruel, es si hay una excepción que le permita saltarse el confinamiento [ir a cuidar a su abuela]; la segunda, que es la más habitual, es ir a por la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana".

Es la tónica general en estos tiempos, en los que las dudas sobre la legalidad de esta clase de sanciones ya las expuso la Abogacía del Estado en un informe del pasado mes de abril. Según el Cuerpo, este tipo de multas no podían aplicarse según la Ley de Seguridad Ciudadana, que se refiere más a casos de desobediencia por parte de las autoridades.

Pero, en este caso, el Estado no tenía la autoridad de decirle a la gente que se quedase en casa, por lo que transitar por la calle no debería ser constitutivo de delito. Lo que sí lo sería, precisa García, es que el viandante desobedeciese a un policía que le mandase de vuelta a su domicilio o le mandase ponerse la mascarilla, pero el apercibimiento no es constitutivo de sanción. En lo que respecta a las costas procesales, depende del juez, pero la mayoría de los casos, al no existir juicio, no se emitirían a la Administración.

En lo que duraron los primeros tres meses de confinamiento, las autoridades emitieron 1.013.747 propuestas de sanción y practicaron 8.418 detenciones por saltarse el confinamiento decretado, según datos ofrecidos por el Ministerio de Interior a finales de mayo, los últimos disponibles. Las impuestas en el estado de alarma ahora vigente, del mismo modo, también podrían quedar en papel mojado.

Fácil de atacar​

Ni el Real Decreto 463/2020, que instauró el estado de alarma, ni la ley orgánica 4/1981, y ni siquiera la Ley de Seguridad Ciudadana contemplan los casos sujetos a multas durante el confinamiento. Son, a fin de cuentas, situaciones no tipificadas y, por tanto, con poca o nula validez a la hora de recurrirse.

Interior indicó que las sanciones debían fundamentarse en esta última, concretamente en el artículo 36.6, en el que se considera una infracción grave la "desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones"; esto es, por ejemplo, que un manifestante le pegue a un policía. Para estas situaciones, y no las derivadas de una pandemia, estaba previsto el artículo, lo cual facilita la hora de recurrir y atacar sus multas.

A la vista están los casos revisados en los juzgados en estos meses, teniendo como protagonistas a ciudadanos que salían a la calle sin justificación, sí, pero, a fin de cuentas, con (casi) todas las de la ley. La situación es casi calcada en la mayoría de los implicados: un paseo que se alarga más de la cuenta, una vuelta al trabajo dando un rodeo o viajes esporádicos a un supermercado que, curiosamente, se encuentra lejos del domicilio. Y un policía que detiene al implicado.

Lejos de formar un escándalo, los viandantes respetaban las órdenes de los agentes de volver a casa, por lo que el caso se saldaba con una multa administrativa de 601 euros y un trago amargo con el que terminar el día... al menos hasta que entran en escena los abogados.

García y su gabinete jurídico arrastran a sus espaldas un total de 54 recursos por casos de este tipo, y su resumen es el mismo a la hora de abordarlos: "Fácil".

No es una fanfarronada, ni un insulto, sino la expresión objetiva del síntoma, del síntoma de un Estado que no cuenta con una armadura jurídica para afrontar una pandemia, al menos en lo que al ciudadano medio se refiere.

"No se trata de saltarse la ley, recurrir a un abogado y ver cómo hacemos nosotros para retorcerla y salir ganando. Se trata de tener un cuerpo jurídico que detalle estos sucesos para que podamos combatirlos con argumentos de peso", se lamenta. Lo ideal, concreta, sería un tipo concreto de ley a la que enfrentarse.

Pero, por lo pronto, esta falta de tipicidad parece que va para largo. "No es popular", menciona un compañero del gabinete, "si quisiesen podrían hacer una ley concreta, pero no quedaría bien de cara a la ciudadanía".

Otros casos de éxito​

El de García no es el único despacho que ha saldado sus recursos holgadamente. En la misma línea que Legalion Abogados (Madrid), otros como Lozano Abogados (Oviedo), Hostelex (Marbella) o Recurreit (online) también han cosechado éxitos al defender a los acusados por la Administración Pública durante el confinamiento, todos coincidiendo en su diagnóstico.

"Las leyes existentes no se han utilizado correctamente; usaron la de seguridad ciudadana, que recoge infracciones por desobediencia, pero ahora ya se han dado cuenta de que lo estaban haciendo mal", resume Carlos Nieto (Recurreit) a este periódico.

A ojos del abogado, la aplicación habría sido mucho más eficiente de labrarse con la Ley de Salud Pública, más centrada en locales e inspectores (no policías), o, mejor, con la Ley de Protección Civil. "En los casos actuales [bajo la Ley de Seguridad Ciudadan] no hay ni siquiera que rebatir los hechos. Sí, los policías te vieron por la calle, pero no estás infringiendo la ley a menos que les desobedezcas", concreta.

Todo tiene sus aristas, claro, y una de las más evidente es la argumentación por parte del Gobierno, que defiende que la ciudadanía ya conocía la orden de confinamiento y sus excepciones, por lo que al saltársela estarían incurriendo en un delito de desobediencia. Pero esta infracción sólo se concreta cuando el implicado desobedece una orden directa y personal de la Policía.

"Esta debería de ser la interpretación que hay que dar a este asunto, porque de lo contrario cada vez que alguien comete una infracción por violar una ley esta condena iría acompañada de un delito de desobediencia", comenta Maribel Luna (Hostelex). "Por ejemplo, si yo me salto un stop y me pillan, a parte de la multa, me tendrían que poner otra sanción por desobediencia", resume.

 

La influencia de Bill Gates en la vacuna de Pfizer​

Pfizer y BioNTech anunciaron hace una semana la alta efectividad de su vacuna candidata contra el coronavirus: un 90%. Gracias a este anuncio, las esperanzas para vencer a la COVID-19 son cada vez mayores, sobre todo, después de que Moderna y Rusia hayan anunciado también una efectividad superior al 90% de sus vacunas candidatas.

Si nos centramos en la primera vacuna, nos sorprenderá que hay una persona conocida a nivel mundial detrás de su fabricación. Este individuo es Bill Gates. La fundación que el magnate empresarial e informático tiene junto a su mujer, Belinda Gates, está detrás de la alianza de la farmacéutica estadounidense (Pfizer) y la empresa de biotecnología alemana (BioNTech).

La exconsejera de la Fundación Gates, en Pfizer​

En febrero de 2020, la farmacéutiaca Pfizer puso en su Consejo de Administración a la exconsejera delegada de la fundación Gates, Susan Desmond-Hellman. Esta elección se hizo mientras se investigaba la COVID-19. Al poco tiempo de llegar a la empresa, Pfizer se interesó en BioNTech gracias a sus innovadoras tecnologías.

Pero, curiosamente, la empresa de biotecnología alemana trabaja con la Fundación Bill y Melinda Gates. Sus primeros contratos llevan hasta el año 2019, cuando firmaron varios acuerdos para trabajar en la investigación de vacunas de inmunoterapia para prevenir el VIH y la tuberculosis.

Estrategia de Susan Desmond-Hellman

Todo ello hace indicar que fue la propia Desmond-Hellman quien movió los hilos para que Pfizer y BioNTech se uniesen y pudieran crear una de las vacunas más esperanzadoras para terminar con una enfermedad que se ha llevado la vida de más de 1.327.500 personas en todo el mundo.

 

Un tribunal portugués levanta el confinamiento porque las pruebas PCR no son fiables​

El Tribunal portugués de Apelación ha ordenado levantar el confinamiento porque las pruebas PCR no son fiables. Es ilegal imponer el confinamiento a las personas basándose en el resultado positivo de uno de esos tests.

Sobre la base de las pruebas científicas actualmente disponibles, dice el tribunal (1), la prueba PCR no es hábil, por sí misma, para establecer sin lugar a dudas si la positividad es compatible con una infección de coronavirus, por varias razones, dos de las cuales son de importancia primordial: la fiabilidad de la prueba depende del número de ciclos utilizados y de la carga viral.

El tribunal se apoya en los estudios científicos para concluir que si una persona da positivo en una prueba de PCR recurriendo a 35 ciclos o más, como es la regla en la mayoría de los laboratorios de Europa y Estados Unidos, la probabilidad de que esa persona esté infectada es inferior al 3 por ciento y, por lo tanto, la probabilidad de que el resultado sea un falso positivo es del 97 por ciento.

El tribunal también señala que se desconoce el valor de corte de los ciclos utilizados para las pruebas de PCR que se realizan actualmente en Portugal.

Toda prueba de diagnóstico debe interpretarse, añade el tribunal, en el contexto de la probabilidad real de la enfermedad evaluada antes de que se realice la prueba propiamente dicha.

En la epidemiología actual existe una probabilidad cada vez mayor de que las pruebas de coronavirus den resultados positivos falsos, lo que tiene importantes consecuencias para las personas, el sistema de atención de la salud y la sociedad, concluyen los jueces portugueses.

“Dadas las dudas científicas expresadas por los expertos, es decir, los que tienen un papel que desempeñar, en cuanto a la fiabilidad de las pruebas de PCR, dada la falta de información sobre los parámetros analíticos de las pruebas y en ausencia de un diagnóstico médico que demuestre la presencia de infección o riesgo, esta jurisdicción nunca podrá determinar si C era efectivamente portador del virus del SARS-Cov-2 o si A, B y D tenían un alto riesgo”, resuelve.

Las instituciones sanitarias de Finlandia también cuestionaron los protocolos de análisis aprobados por la OMS. La jefa de sanidad, Mika Salminen, no siguió las recomendaciones de la OMS diciendo que dicho organismo no comprende las pandemias, que su protocolo de pruebas es ilógico y no funciona (2).

El sistema sanitario finlandés comenzó a limitar las pruebas de coronavirus a los grupos más vulnerables y al personal sanitario únicamente, porque realizar pruebas a personas con síntomas leves es un desperdicio de recursos sanitarios.

En una buena parte del mundo, la ficción de una segunda ola se ha construido sobre la base de los “contagios” y, por lo tanto, de las pruebas de detección de coronavirus, la mayor parte de las cuales se llevan a cabo mediante la técnica PCR, que se consideran como “más fiables” que las serológicas.

Como hemos expuesto aquí muchas veces, la evidencia científica existente no concede fiabilidad a dichas pruebas, lo que incluso han denunciado los epidemiólogos en medios de información general.

Un criterio clínico erróneo ha dado lugar, además, a que el confinamiento y demás medidas restrictivas se hayan impuesto con carácter general, es decir, tanto a los positivos como a los negativos, lo cual nunca había ocurrido en la historia.