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Las estadísticas de muertes por corona están tan descaradamente falsificadas

Escándalo de manipulación en toda la UE: las estadísticas de muertes por corona están tan descaradamente falsificadas

Debido a que la tasa de mortalidad de Corona no es lo suficientemente alta, no se escatiman gastos ni esfuerzos en la manipulación. Esto incluso se hace por orden oficial en toda la UE.

Estaba infectado con Covid-19, dio positivo en la prueba, pero no tenía síntomas de los que hablar. Curado durante mucho tiempo, fue atropellado por un automóvil tres semanas después en la carretera. Eres oficialmente una muerte en corona. Su desaparición contribuye, preparada en los medios de comunicación, a crear un escenario amenazador, con el que se imponen graves medidas coercitivas contra toda la población.

No es broma. Este enfoque es una realidad. En Austria, por ejemplo, se "generaron" 700 muertes por corona de esta manera. Incluso los expertos en salud admiten que este método no es del todo limpio. Pero dicen: La autoridad europea de protección contra epidemias les exige participar en esta manipulación. Incluso el motivo de la maniobra ya no es un secreto. El ministro de Salud de Austria, Anschober, admitió públicamente que quería aumentar la conciencia sobre los riesgos de esta manera.

Muertes por corona debido a un nuevo método de conteo

En Austria, los titulares de algunos medios son asombrosamente honestos: "700 muertes por corona debido al nuevo método de conteo". El nuevo método de recuento es internacional o "a nivel europeo", es decir, la Unión Europea, es obligatorio. En Alemania, esto ya se hizo como un mensaje en el sitio web de la ciudad de Krefeld anunciado inadvertidamente.

Cualquiera que haya tenido un resultado positivo en la prueba de PCR en el mes anterior a la muerte debe tenerse en cuenta, dice Franz Allerberger de la agencia de salud AGES, incluso si los médicos dicen que el paciente habría muerto en cualquier caso ".

En Kurier.at dice sobre el tema:

“'Obtuvimos la definición de la Agencia Europea de Enfermedades. Todos los que hayan sido infectados con Covid-19 en los últimos 28 días deben ser reportados como muertos ”, dice Franz Allerberger, jefe del departamento de salud de AGES en el Ö1 Morgenjournal. (...) También hay que aceptar números más altos, incluso si hay una desventaja de la moneda: 'Si 16 personas mueren en un hogar de ancianos, entonces es posible que hubieran muerto sin Covid-19. Todavía los contamos como muertes por corona, erklärt, explica el jefe del departamento de salud ".

La explicación de Austria de cómo se generan las muertes por corona se produce aproximadamente dos semanas después de que el ministro de Salud, Anschober, justificara la introducción actual de un requisito de máscara extendida en Austria en una entrevista con ORF con rinovirus (virus del resfriado) y no con el coronavirus:

“Notamos de nuevo un ruido de fondo tan virológico en Austria. Esto significa que los llamados rinovirus son un indicador para nosotros. Los rinovirus son, todos los conocemos, en términos del efecto, es decir, causan resfriados y secreción nasal. Y lo que hemos notado en las últimas dos, tres, cuatro semanas es que a nivel nacional, en toda Austria, el número de este, este parámetro está aumentando nuevamente. (…) Por supuesto que se trata de un efecto psicológico, lo diré muy abierta y honestamente. La cuestión es que esta conciencia de riesgo significativamente reducida debe aumentarse de nuevo para que no experimentemos una gran sorpresa en otoño y podamos prevenir definitivamente una segunda ola ".

Manipulación descarada también en Alemania

En Alemania, el “nuevo método de conteo” mencionado al principio evidentemente se ha generalizado durante mucho tiempo, incluso más allá del período de un mes: cuando el Instituto Robert Koch registra oficialmente el número de muertes por corona, también se identifica a las personas que han sido curadas por corona. y luego, en algún momento, murió "completamente normal", contado entre las víctimas de la corona. Esto se dio a conocer al público por casualidad a través de los informes oficiales de la ciudad de Krefeld:

“Si bien, según el departamento de salud de la ciudad, no hay nuevas muertes en relación con Covid-19, el número de fallecidos debe incrementarse en un caso a 23 de manera sistémicamente relevante para adecuar las estadísticas a las del Instituto Robert Koch. La razón es que las personas que han dado positivo por coronavirus una vez y luego mueren generalmente se incluyen en estas estadísticas. En la muerte actual de Krefeld, se consideró que la persona (de mediana edad y con múltiples enfermedades previas) se había recuperado durante mucho tiempo después de múltiples resultados negativos de pruebas.

En los EE. UU., Generar casos y muertes es aún más contundente:

"'Si tiene fiebre subjetiva y dolor de cabeza y vive en el condado de Collin, cumple con el requisito de ser un probable paciente de Covid".

Y cada contacto de cada "caso" se cuenta al mismo tiempo, tal como lo desea la agencia de protección de enfermedades de EE. UU., Los CDC:

“El epidemiólogo también ilustró un diagrama que apunta a mostrar cómo un caso de corona 'confirmado' que tuvo contacto con otros dieciséis individuos puede mágicamente convertirse en 17. Entonces, la agencia de protección de enfermedades de los Estados Unidos, CDC, registró 17 personas infectadas por Covid ".

 
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Sanidad tenía desde agosto el informe de la Abogacía para confinar Madrid

El Ministerio de Sanidad tenía en su poder desde el pasado 27 de agosto el informe de la Abogacía del Estado que obligaba a la Comunidad de Madrid a semiconfinar la capital y otras nueve grandes localidades de la región si así lo aprobaba, aunque no fuese por "consenso", el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El documento, firmado por la prestigiosa abogada del Estado Clotilde de la Higuera, llegó al Gobierno varias semanas antes de la 'cumbre de la banderas' de Sol, donde Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso sellaron una entente para colaborar a través del llamado Grupo Covid, y más de un mes antes de que esa relación saltara por los aires. El documento deja claro que lo aprobado en la cita con todas las comunidades autónomas es "de obligado cumplimiento" para todas aunque hayan votado en contra.

La fecha en la que está firmado el informe de la Abogacía, al que ha tenido acceso La Información, demuestra que el Gobierno central encaró toda la negociación con el Ejecutivo madrileño con los deberes hechos. Estudiaron, por tanto, las posibilidades legales varias semanas antes de que la situación sanitaria en la capital y las nueve localidades afectadas (Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Madrid, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz) por el inminente semiconfinamiento se descontrolara. El documento firmado por De la Higuera (que ingresó en el cuerpo de Abogados del Estado en 1987, con el número uno de la promoción) llegó, en concreto, a la Dirección General de Ordenación Profesional que dirige Rodrigo Gutiérrez.

Moncloa y Sanidad habían previsto todos los escenarios para aplicar en Madrid y en esa estrategia se enmarca la petición "urgente" de este informe a la Abogacía del Estado. Ese 27 de agosto el foco político estaba centrado, por el lado del Gobierno central, en la Conferencia de Presidentes que Sánchez había convocado con los gobiernos autonómicos para abordar la vuelta al cole y el reparto de los 140.000 millones de euros de las ayudas de la UE. Eran días también en los que Presidencia había previsto una ronda de reuniones del jefe del Ejecutivo con Pablo Casado, Gabriel Rufián o Inés Arrimadas, entre otros, para comenzar el curso político. O, incluso, se estaba preparando la cumbre con el Ibex 35 en la Casa de América. El equipo de Ayuso, por su parte, estaba centrado en la vuelta al cole y en establecer un plan seguro para la reapertura de las aulas.

El Gobierno de Sánchez, por tanto, tuvo casi cuatro semanas para contemplar posibles escenarios sobre Madrid, hubiera o no acuerdo con Ayuso, para restringir la movilidad. Ese fue el tiempo que pasó entre la recepción del informe de la Abogacía del Estado y la 'cumbre de las banderas' de Sol. De esa cita salió un acuerdo que se plasmó en la creación del Grupo Covid y de las dos unidades de apoyo al mismo. Pero la entente solo duró unos días y ya el pasado viernes en Ministerio de Sanidad, punta de lanza en esta estrategia, cambió radicalmente el tono y las formas apuntando a que procedería a "tomar el control" de Madrid.

Fuentes de Sanidad detallan que el ministro Illa llegó al Grupo Covid del pasado martes con este informe de la Abogacía muy presente. Por eso, cuando el "principio de acuerdo" (en palabras del vicepresidente Ignacio Aguado) contemplaba que las medidas pasaran por el Consejo Interterritorial de Salud el Gobierno central dio un paso más para ganar el pulso. El PSOE tiene mayoría en ese órgano y sabía, con argumentos jurídicos bajo el brazo y por escrito, que no hacía falta la unanimidad total en el cónclave para convertir sus deliberaciones en obligaciones, aunque la autonomía afectada vote en sentido contrario.

La Comunidad de Madrid, en cambio, siguió insistiendo en la noche del miércoles, tras la celebración del Consejo Interterritorial, que los acuerdos debían adoptarse por "consenso". La palabra "consenso", insistían, tiene un significado concreto en el diccionario de la Real Academia (RAE): "Acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos". Incluso el consejero Enrique Ruiz Escudero llegó a decir en rueda de prensa en Sol que el acuerdo carecía de validez jurídica. La reacción en Sanidad: máxima tranquilidad. Sabían desde hace más de un mes que la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) derogaba esa normativa. En definitiva, entre la recepción del informe de la Abogacía y la celebración del Consejo Interterritorial han pasado 34 días.

El contenido del informe de la Abogacía

El contenido del informe de la Abogacía del Estado da la razón, en efecto, al Gobierno. En primer lugar establece que, tal y como defendía la Comunidad de Madrid, "los acuerdos del Consejo se plasmarán a través de recomendaciones que se aprobarán, en su caso, por consenso". Sin embargo el mismo documento añade que, según el artículo 151.2 de la LRJSP "cuando la Administración General del Estado ejerza funciones de coordinación, de acuerdo con el orden constitucional de distribución de competencias del ámbito material respectivo, el Acuerdo que se adopte en la Conferencia Sectorial, y en el que se incluirán los votos particulares que se hayan formulado, será de obligado cumplimiento para todas las Administraciones Públicas integrantes de la Conferencia Sectorial, con independencia del sentido de su voto, siendo exigibles conforma a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio".

El informe firmado por De la Higuera añade que el artículo 69 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, "establece que la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública corresponderá al Ministerio de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con audiencia de las comunidades directamente afectadas, que la declaración de actuaciones coordinadas obliga a todas las partes incluidas en ella y que deberán encuadrarse en alguno de los supuestos que el mismo precepto enumera, incluyendo en primer lugar el de responder a situaciones de especial riesgo o alarma para la salud pública".

La conclusión de la Abogacía del Estado es la siguiente: "De acuerdo con las consideraciones expuestas, a juicio de esta Abogacía del Estado puede concluirse que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud debe someterse, en lo referente a la adopción de sus acuerdos, a lo establecido en el artículo 151 de la LRJSP y, en particular, a lo dispuesto en el segundo párrafo de su apartado 2.a), máxime teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la referida ley (al año de su publicación en el Boletín Oficial del Estado) y del cumplimiento del plazo, también de un año, a partir de su entrada en vigor, para la adecuación a la misma de las normas estatales o autonómicas que sean incompatibles con lo previsto en ella".