Los tres responsables de una empresa textil de Fuente Álamo, en la que explotaban a 21 inmigrantes y que fueron detenidos por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, ingresaron en prisión provisional tras pasar por el juzgado de guardia de Cartagena. Recientemente, sin embargo, fueron puestos en libertad. Los sospechosos, un hombre y sus dos hijos, todos ellos de nacionalidad marroquí, quedaron detenidos tras una larga investigación que arrancó a principios del año pasado, cuando la Policía Nacional recibió una información acerca de la actividad ilícita que se estaba llevando a cabo en el interior de una nave situada en el kilómetro 11 de la carretera entre Balsapintada y Fuente Álamo. Los agentes de la Brigada Local de Extranjería de la Comisaría de Cartagena averiguaron que el principal acusado había alquilado la nave y había instalado una empresa textil 'pirata', dedicada a la importación de ropa de segunda mano de países europeos para exportarla a países africanos.
En ese proceso, las prendas eran manipuladas por inmigrantes en situación irregular en España y que eran explotados en pésimas condiciones laborales. «Llegaron a tener hasta una treintena de compatriotas suyos, a los que captaban en los bares de Fuente Álamo. Buscaban que su situación fuera de extrema vulnerabilidad para que aceptasen cualquier tipo de trabajo», apunta el jefe de la brigada, el inspector jefe Álvaro Osset.
El dueño sometía presuntamente a sus empleados a condiciones de semiesclavitud, con jornadas de trabajo de sol a sol, a dos euros la hora, en un recinto sin las mínimas condiciones de seguridad e higiene. Para que la actividad ilícita pasara desapercibida, los responsables adoptaron varias medidas preventivas. Entre ellas, la instalación de una malla perimetral para que no se viera desde fuera del recinto la actividad del interior. «Además, los empleados entraban a su puesto de trabajo en horarios escalonados, para que no formaran grupos», recuerda Osset.
La operación policial quedó en suspenso durante el confinamiento, una época en la que al empresario marroquí construyó un zulo de un metro cuadrado para esconder a los empleados en el caso de que apareciese una inspección de trabajo o la Policía. Los agentes de Extranjería retomaron la investigación a finales de verano, y fue a principios de este mes cuando finalmente se produjo la entrada y registro de la nave. «En cuanto el propietario nos vio aparecer, comenzó a gritar a los trabajadores para que huyeran. Algunos salieron de las instalaciones saltando una valla, aunque fueron localizados. El dueño y sus dos hijos se encerraron con más de una decena de empleados en la nave y les obligaron a esconderse. «Algunos se enterraron entre las montañas de ropa y otros fueron encerrados en el zulo, cuya entrada fue taponada con carros de prendas.
«Cuando los sacamos del agujero, en el que no había ventilación, nos contaron que llegaron a pensar que morirían allí», concluye el inspector jefe Osset.
Condena de ATIM
La Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIM) manifestó ayer su condena y repulsa por «otro nueva situación de explotación laboral que sale a la luz en la Región». Según esta institución, esta operación ha puesto en evidencia que los tentáculos de la explotación laboral y de la economía sumergida están instalados la Región. «Por ello, instamos al Ministerio de Trabajo a reforzar e intensificar las inspecciones laborales, y al Gobierno regional a impulsar el reforzamiento de una política de erradicación de la economía sumergida», solicitaron desde ATIM.
«Estaban convencidos de que morirían en el zulo» | La Verdad
La Policía sostiene que los acusados de explotar a 21 inmigrantes captaban en bares a compatriotas en situación de extrema vulnerabilidad
