La censura que viene 🚫

Unidas Podemos pedirá mañana al Congreso medidas para vigilar y eliminar mensajes de odio en redes sociales

Unidas Podemos pedirá en el Congreso la adopción de una serie de medidas para prevenir la propagación de mensajes de odio en las redes sociales, facilitando la vigilancia y la eliminación inmediata, mientras que Vox planteará la urgencia de prohibir los homenajes a etarras que siguen teniendo lugar en País Vasco y Navarra. Son dos de las proposiciones no de ley que se debatirán y votarán este lunes en la Comisión de Interior.

Podemos y sus confluencias decidieron presentar su iniciativa tras comprobar que la irrupción del Covid ha generado "una creciente polarización" en la opinión pública que, organizada por diferentes grupos de opinión, utiliza las redes sociales, portales digitales u otras plataformas virtuales para señalar a determinados individuos o a grupos específicos como los causantes y responsables de la crisis sanitaria.

Sostienen que el dolor colectivo derivado del coronavirus se ha estado "instrumentalizando con fines ideológicos" lo que ha puesto en riesgo la seguridad física y la integridad moral de quienes han sido objetivo de estos "linchamientos" digitales.

Así las cosas, Unidas Podemos quiere que España siga el ejemplo de Alemania y Francia, donde ya tienen leyes que vigilan y eliminan los discursos de odio que circulan en el espacio digital, y adopte las medidas necesarias en este sentido.

24 HORAS PARA RETIRARLOS DE LA RED

En concreto, el grupo confederal insta al Gobierno a garantizar que los usuarios de las empresas tecnológicas dispongan de la información necesaria sobre cómo denunciar los contenidos que inciten al odio.

Singularmente plantean que se simplifiquen los mecanismos para denunciar este tipo de mensajes de odio o de violencia, que se reduzca el tiempo de procesamiento de esos contenidos y que los operadores de las empresas dispongan de 24 horas para eliminarlos de la red y de solo una cuando las víctimas sean menores.

Por último, y para aumentar la cooperación entre las empresas tecnológicas con las autoridades fiscales y policiales, sugieren la obligatoriedad de que los operadores almacenen temporalmente el contenido de incitación al odio denunciado y de ponerlo a disposición de la autoridad judicial.

De su lado, Vox someterá a discusión de la Comisión de Interior una iniciativa con la que insisten en la necesidad de que el Gobierno prohíba los actos que entrañen un enaltecimiento del terrorismo y/o justificación de los delitos terroristas y sus autores, así como de los que conlleven "descrédito" y "humillación" a las víctimas del terrorismo y sus familiares.

LOS ACTOS PROETARRAS SIGUEN SIENDO "NUMEROSOS"

Pese al cese definitivo de sus acciones terroristas hace ahora nueve años, los de Santiago Abascal subrayan que los homenajes y reconocimientos públicos a los miembros de ETA son "numerosos" todavía en País Vasco y Navarra, "sin que exista un régimen legal" que regule las sanciones e infracciones a quienes promueven este tipo de actos.

Por ello, y porque el compromiso de la sociedad y de las instituciones públicas con las víctimas del terrorismo ha de ser "inquebrantable", Vox pide al Gobierno que inste a sus delegados de gobierno en esas comunidades a llevar a cabo las actuaciones necesarias para impedir la celebración de este tipo de actos proetarras.

En este sentido, reclama al Ejecutivo que promueva la modificación de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo para incluir un régimen sancionador para quienes incumplan esta norma, y que atienda de "inmediato" las Recomendaciones del Informe sobre las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Especial de Terrorismo del Parlamento Europeo de 21 de noviembre de 2018.

El Congreso aprueba la propuesta de Podemos para eliminar mensajes de odio en redes sociales

El Congreso de los Diputados, con el voto en contra de PP y Vox, ha aprobado este lunes una iniciativa de Unidas Podemos por la que se insta al Gobierno a adoptar medidas para prevenir la propagación de mensajes de odio en las redes sociales, facilitando la vigilancia y la eliminación inmediata.

Los de Pablo Iglesias decidieron llevar a debate de la Comisión de Interior tras comprobar que la irrupción del Covid ha generado "una creciente polarización" en la opinión pública que, organizada por diferentes grupos de opinión, utiliza el espacio digital para señalar a determinados individuos o a grupos específicos como los causantes y responsables de la crisis sanitaria.

En su iniciativa, recogida por Europa Press, sostienen que el dolor colectivo derivado del coronavirus se ha estado "instrumentalizando con fines ideológicos" lo que ha puesto en riesgo la seguridad física y la integridad moral de quienes han sido objetivo de estos "linchamientos" digitales.

Así las cosas, Unidas Podemos, por boca de su diputado Ismael Cortés, ha pedido que España siga el ejemplo de Alemania y Francia, donde ya tienen leyes que vigilan y eliminan los discursos de odio que circulan en el espacio digital, y adopte las medidas necesarias en este sentido.

24 HORAS PARA RETIRARLOS DE LA RED

En concreto, el grupo confederal insta al Gobierno a garantizar que los usuarios de las empresas tecnológicas dispongan de la información necesaria sobre cómo denunciar los contenidos que inciten al odio. En concreto, plantean que se simplifiquen los mecanismos para denunciar este tipo de mensajes, que se reduzca el tiempo de procesamiento de los contenidos y que los operadores de las empresas dispongan de 24 horas para eliminarlos de la red, y de solo una cuando las víctimas sean menores.

Esta proposición de ley ha sido respaldada tanto por el PSOE como por Esquerra Republicana (ERC) mientras que el PP, Vox y Ciudadanos han cargado contra la misma acusando a los de Pablo Iglesias de pretender "atentar" contra la libertad de expresión. "Quieren implantar una Inquisición laica contra todo aquello que rompe sus esquemas ideológicos", ha manifestado el diputado de Vox Manuel Mariscal.

En el PP Eloy Suárez ha tachado de "disparate" que los adalides de "lo público" pretendan que las empresas tecnológicas privadas, y no los jueces, decidan sobre lo que está bien o mal en las redes sociales y que además sea Podemos, el partido que "ha señalado domicilios de jueces y diputados para escraches", los que promuevan ahora esta iniciativa. "Ustedes pueden criticarlo todo pero a ustedes no se les puede decir la mínima palabra", se ha quejado Suárez, apuntando que su partido defenderá la libertad de expresión "hasta el último momento".

¿TAMBIÉN PROHIBIRÁN LOS MENSAJES DE ODIO A LA CORONA?

Por último, el diputado de Ciudadanos Pablo Cambronero ha dicho que su partido no podía estar en contra de la propuesta de la formación morada pero ha apuntado la necesidad de prohibir todos los discursos de odio, no sólo uno, y singularmente le ha preguntado si en ese listado de discursos de odio se incluyen las aseveraciones de los ministros de Podemos contra el Rey.

Por otro lado, el Congreso ha rechazado una iniciativa de Vox que instaba al Gobierno a prohibir los actos que entrañen un enaltecimiento del terrorismo y/o justificación de los delitos terroristas y sus autores, así como de los que conlleven "descrédito" y "humillación" a las víctimas del terrorismo y sus familiares.

"Etarras, no; víctimas sí", ha resumido la secretaria general de Vox, Macarena Olona, quien ha acusado al Gobierno de actuar con "permisividad" con este tipo de actos "ignominiosos" como "concesión" al PNV y Bildu, de cuyos votos depende su permanencia en el poder.

Así las cosas, Vox pide al Gobierno que inste a sus delegados de gobierno en País Vasco y Navarra a llevar a cabo las actuaciones necesarias para impedir la celebración de este tipo de actos proetarras, a modificar la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo para incluir un régimen sancionador para quienes incumplan esta norma, y a atender las Recomendaciones del Informe sobre las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Especial de Terrorismo del Parlamento Europeo de 21 de noviembre de 2018.

La propuesta de los de Abascal ha sido respaldada tanto por el PP como por Ciudadanos, quienes también han criticado la "pasividad" del Ejecutivo para con estos homenajes, que han cifrado en torno al centenar en los últimos años, y han exigido poner fin a la "indefesión" de las víctimas

USO PARTIDISTA DE LAS VÍCTIMAS

Sin embargo, el resto de grupos que han intervenido en el debate, esto es, el PSOE, Unidas Podemos y Esquerra Republicana (ERC) han censurado la propuesta de Vox y le han acusado de continuar utilizando de forma "partidista" a las víctimas de ETA para la confrontación política, como así ha verbalizado el diputado socialista Felipe Sicilia.

En la misma línea se ha expresado el diputado Enrique Santiago, en nombre de Unidas Podemos, quien entiende que se pueda "empatizar" con las víctimas pero no "patrimonializarlas". "Toca normalizar la situación en Esukadi y no vivir de la rentabilidad del dolor", ha llegado de decir Santiago, quien también se ha dirigido a la izquierda abertzale a abandonar "las ostentaciones públicas" en esta materia.

Y desde ERC María Carvalho ha criticado la "obsesión interpretativa" del terrorismo debido al uso, a su juicio, "torticero" e "interesado" que han venido haciendo el PSOE y el PP y para con la banda terrorista ETA y que algunas de sus víctimas ya han denunciado.

CONFIRMED: Facebook Uses Chinese Nationals To Censor Americans On ‘Hate Speech Engineering’ Team

As Facebook and Twitter come under fire for overtly censoring the Hunter Biden scandal, arguably the biggest political story of the last 50 years, new information reveals Facebook is using Chinese nationals to head-up their “Hate Speech Engineering” team.

The Hate Speech Engineering team – which is primarily tasked with what, in the end, constitutes censorship of certain political posts, is mostly located deep inside the secured floors of Facebook’s Seattle and has a staff that includes six Chinese nationals holding H-1B visas.




These six Chinese nationals include:

• A research scientist who earned his master’s degree in computer engineering from the Chinese Academy of Sciences in Beijing
• A software engineer for machine learning who earned his master’s degrees in computer science from Jilin University in northeast China
• An engineering manager who earned his degree in computer science at Nanjing University in eastern China
• A software engineer who worked for the Communist-backed communication conglomerate Huawei (a company sanctioned by the US)
• A software engineer who worked for the Beijing National Railway & Design Institute of Signal & Communication

The work these Chinese nationals perform is extremely complex. It centers on machine learning and artificial intelligence (AI); teaching “computers how to learn and act without being explicitly programmed.”

Facebook uses this knowledge and technology to manipulate your newsfeeds, pushing content that they want to diminish further down your newsfeed where many seldom go. With each new piece of code successfully created, the scientists receive discretionary bonuses.

A former Facebook insider took the New York Post’s Sohrab Ahmari on a ride through the process. Ahmari explained that they manipulate the content we see using machine-learning algorithm and neural networks that determine the ranking of the items and ferret out what Facebook calls “borderline content”, which is tantamount to censored by its diminishment in the newsfeed rankings.

“What they don’t do,” Ahmari said the insider told him, “is ban a specific pro-Trump hashtag…[Instead] content that is a little too conservative, they will down-rank. You can’t tell it’s censored.”

Ahmari writes in his column, “the trouble is that the society they might return to already deploys one of the most comprehensive and fine-tuned intellectual control mechanisms on its own population. What’s to stop Facebook’s Chinese engineers from delivering their Facebook expertise to Xi Jinping?”

Sen. Josh Hawley (R-MO), addressing the issue, said “[T]his is all the more reason for the Senate to demand that Mark Zuckerberg – under oath and before the election – give an account of what Facebook has been up to.”

El Gobierno crea un comité que vigilará los medios de 'desinformación'​

El Gobierno ha publicado este jueves lo que denomina su procedimiento de actuación contra la "desinformación" que incluye, entre otras cosas, "examinar el pluralismo de los medios". Con esta orden, pretende vigilar a ciertos medios de comunicación para evitar las 'fake news'.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este 5 de noviembre ha publicado una orden del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, en la que aboga por "actuar contra la desinformación" y donde habla de "adopción de medidas" en el caso de atribución pública a un tercer Estado de las campañas de desinformación.

La cartera dirigida por Carmen Calvo señala en su escrito que los ciudadanos deben tener acceso a una "información veraz y diversa" y que se ve "cada vez más amenazada" por la "difusión deliberada, a gran escala y sistemática" de información falsa que quiere "influir en la sociedad".

En concreto, la orden indica que, con el objetivo de "atajar la desinformación", y a través del European Democracy Action Plan, se actuará para "incrementar" la integridad electoral y "garantizar" unos sistemas electorales "libres y justos"; y "examinar" los medios que se emplean para "interferir en sistemas democráticos", luchando contra la desinformación sobre la covid-19 y en procesos electorales.

No solo eso, sino que el Gobierno aboga por "fortalecer" la libertad de expresión, "examinando la libertad y pluralismo de los medios de comunicación".

La cartera de Presidencia señala en el documento que, para combatir la desinformación, "urge redefinir los aspectos implicados mediante la identificación de los órganos, organismos y autoridades que forman el sistema".

Quiénes realizarán esta vigilancia​

El BOE informa, además, de quiénes serán los encargados de 'velar' por la seguridad de los ciudadanos en cuanto a desinformación se refiere.

Estos serán, principalmente, el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la desinformación, las autoridades públicas competentes y el sector privado y la sociedad.

Así, será el propio Gobierno y no el departamento de ciberseguridad ni militar ni similares.

Entre las funciones, informa el texto, el Gobierno podrá realizar campañas de comunicación para contrarrestar esas 'fake news'. Entre los que pueden colaborar contra esta "desinformación" están el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Ministerio del Interior.

Podrá pedir colaboración al sector privado​

Además, el Ejecutivo indica que podrá solicitar colaboración al sector privado, a los propios medios de comunicación, a expertos y a ONG para luchar contra este "fenómeno".

Para actuar, el Gobierno ha establecido varios niveles, siendo el primero la actuación a nivel técnico para detectar y realizar una alerta temprana para, si es necesario, "adoptar decisiones" y coordinar una respuesta "política-estratégica".

El Gobierno crea un comité que vigilará los medios de 'desinformación'

El Ministerio dirigido por Carmen Calvo señala que los ciudadanos deben tener acceso a una "información veraz y diversa" y que se ve "cada vez más amenazada" por la "difusión deliberada" de información falsa

www.vozpopuli.com

Comparto mi intervención de este jueves en el programa televisivo La Inmensa Minoría, presentado por Fernando Paz, donde dialogué con él y con Asís Timermans acerca de la nueva ley de Podemos y de cómo las redes sociales se han dejado comprar para establecer un Ministerio de la verdad Orweliano en toda regla.

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Nos han pasado este vídeo que grabaron algunos actores, periodistas y personalidades notables en la escena pública en el año 2015, que al verlo, parece que estén pidiendo libertad de expresión ahora, contra la comisión que pretende crear el gobierno, y adjudicará qué contenidos son permitidos o no. Pero el vídeo es del año 2015, cuando grabaron este vídeo por la conocida Ley Mordaza del Partido Popular.

Nota: Quede constancia que con ello no defendemos al Partido Gallinar, sólo ponemos un espejo frente aquellos que se ruborizaban en 2015 y ahora no lo hace. A ver lo que dura este vídeo en Youtube.

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El servicio secreto CNI también vigila las campañas de desinformación en la red​

El Departamento de Seguridad Nacional de La Moncloa no es el único que vigila la red a la búsqueda de campañas de desinformación. También el Centro Criptológico Nacional (CCN), dependiente del servicio secreto CNI, dispone al menos desde noviembre de 2019 de una herramienta de cibervigilancia denominada Elisa.

La tarea del Observatorio Digital del centro de inteligencia consiste en monitorizar el ciberespacio para detectar, de manera temprana, la presencia de “campañas sistemáticas y maliciosas de distribución de desinformación que busquen generar polarización o desestabilizar la sociedad, exacerbando sus conflictos o aprovechando sus vulnerabilidades en beneficio de Estados extranjeros”, según fuentes del centro.

El servicio secreto se limita a cibervigilar la red a partir de fuentes abiertas, por lo que su tarea no está sometida a control judicial. Su trabajo tampoco tiene más consecuencia práctica que los informes que eleva al Gobierno, pues no tiene competencias para promover el cierre ni para censurar ninguna web.

La monitorización empezó por unas pocas decenas de sitios de Internet, pero se ha ido ampliando progresivamente hasta abarcar unos 350 y serán más a medida que se vayan creando o se descubran. La clasificación de un medio digital como “potencialmente desinformador” se realiza a partir del análisis de una serie de indicadores de transparencia y trazabilidad que examinan, por ejemplo, la ocultaión de su origen, fuentes, propietarios o financiación.

En torno al 25% de los sitios sometidos a vigilancia son prorusos, un tercio ubicados en Rusia y otro tercio en España; un 35% son webs antisistema en español, la mitad de ellas anónimas; un 22% son de extrema derecha y un 18% de extrema izquierda, tanto alojadas en servidores en España como en otros países europeos, de América Latina y Estados Unidos.

Los informes de Elisa, de carácter quincenal, se remiten a la Comisión Permanente contra la Desinformación, cuyo protoloco de funcionamiento se publicó el pasado jueves en el BOE. Un representante del CNI forma parte de esta comisión, junto a altos funcionarios de Presidencia del Gobierno y de los ministerios de Interior, Exteriores y Economía.

La vigilancia de las redes se ha generalizado en los últimos años, después de que los países occidentales tomaran conciencia del uso intensivo que hacía Rusia de noticias falsas, amplificadas por sus ‘granjas de bots’, como arma para debilitar a sus adversarios o competidores. Lo hizo en la guerra de Crimea (2014), en las elecciones estadounidenses (2016) y francesas (2017) y en el referéndum del Brexit (2016). También España fue objetivo de esas campañas durante el referéndum ilegal en Cataluña (2017).

Esa práctica no ha desaparecido en ningún momento. El pasado día 2, la web rusa Primavera Roja publicaba un artículo que, citando supuestos testigos, aseguraba que los disturbios que se produjeron en las manifestaciones contra el estado de alarma en España fueron organizados por la Policía. Fue una noticia aislada, pero la narrativa es la misma que medios rusos usaron sistemáticamente durante las protestas por la sentencia del procés, hace un año.

Fuentes del Departamento de Seguridad Nacional aseguran que su objetivo no son las noticias falsas o fake news, sino las campañas de desinformación, que pueden basarse en mentiras flagrantes pero, con mayor frecuencia, tergiversan o manipulan hechos reales.

El recelo de asociaciones de la prensa y medios de comunicación está en quién decide lo que es o no desinformación, pues en el comité permanente solo se sientan representantes del Gobierno y los expertos de la sociedad civil solo serán convocados cuando las autoridades lo consideren oportuno.

El Plan de Acción contra la Desinformación de la UE, de diciembre de 2018, instaba a los países miembros a mejorar sus capacidades de lucha contra la desinformación y a designar puntos de contacto con el Sistema de Alertas Rápidas (SAR) europeo. Pero también les pedía reforzar a los verificadores de datos e investigadores independientes, ausentes hasta ahora del modelo español de lucha contra la desinformación.

La polémica generada por la publicación del protocolo ha llevado al Departamento de Seguridad Nacional a anunciar la próxima convocatoria de un foro con editores, periodistas y expertos en comunicación del que debería salir la futura Estrategia Nacional de Lucha contra la Desinformación.

"LA MANO DEL GENOCIDA SOROS TRAS EL CORONAVIRUS"​

“La mano del genocida Soros asoma detrás del coronavirus”, “La Fundación Bill Gates, la Farmaindustria y el World Economic Forum simularon una epidemia por coronavirus hace tres meses”, “Publicaciones científicas demuestran que el coronavirus ha sido creado en un laboratorio militar chino”. Estas tres (falsas) noticias, encuadradas por el servicio secreto en posibles campañas de desinformación, pertenecen al universo de la paranoia conspiranoica y, publicadas un 28 de diciembre, pasarían por inocentadas de mal gusto. Pero algunos de estos bulos, traducidos a varios idiomas y replicados por medios digitales ideológicamente contrapuestos en apariencia, acaban saltando desde webs marginales a otras de mayor difusión y contaminando el discurso de algunas fuerzas políticas. Entre los más de 350 sitios de Internet clasificados como “potencialmente desinformativos” no figura ningún medio de comunicación propiamente dicho ni ninguna web vinculada a ningún partido. Sin embargo, cuando OK Diario publicó, el pasado día 14, un informe sobre “narrativas antiglobalistas” de Elisa, Vox se dio por aludido. El informe subrayaba “la marcada naturaleza antisistema contraria a las instituciones democráticas” de un discurso que sostiene que “los gobiernos democráticos están controlados o sirven a los intereses de grupos de presión privados o corporativos”. El texto no se refería a Vox, pero anticipó lo que diría Abascal el día 21 en su moción de censura. “¿Qué y cuánto le debe usted al señor Soros? ¿Cuánto del daño que hacen ustedes a España tiene explicación en esa obediencia?”, espetó el líder ultra a un estupefacto Sánchez.

Zuckerberg Mentor And Early Tech Investor Says Social Media Should Be Banned Because It Allows For “Misinformation” To Spread​

Not content with their efforts to control the flow of information and censor pro Trump points of view, the tech dictators are now saying that social media should be banned by the government to “stop the flow of misinformation and lies on their platforms.”

Portland based Willamette Week recently interviewed Roger McNamee, who had invested money into such tech giants as Google and Facebook when they were in their infancy. He was also an early mentor to Mark Zuckerberg. McNamee now suggests that these tech giants he helped to create should be shut down.

Willamette Week reports:

What’s it going to be, America? Democracy or cat videos?

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Roger McNamee, an early investor in Facebook and a onetime mentor to Mark Zuckerberg, says that’s the choice we have to make. The people who run YouTube, Twitter and Facebook can’t stop the flow of misinformation and lies on their platforms, McNamee says, so the only alternative may be to shut them down completely.
“The country is going to have to decide what it values: democracy and self-determination on the one hand, or the ability to look at cat videos on the other,” McNamee said in an interview with MSNBC on Oct. 17. “Our entire system of government is under attack, and it’s not clear that our institutions can stand up to it.”

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McNamee is one of many tech mavens who have turned against social media. The real evil, they say, are the algorithms that serve up new posts and videos based on what people click. Those formulas turn Facebook and other sites into “cult factories,” according to neuroscientist and author Sam Harris, radicalizing users as they keep them watching.
Among the biggest threats, McNamee says, is QAnon, the far-right conspiracy group that claims that Donald Trump is battling a secret society of Satan-worshiping pedophiles and cannibals for control of the world. Until last month, when Facebook finally banned it, QAnon thrived on the platform for three years, recruiting new believers. But it may be too late.

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“It’s very clear that the people running these companies can’t control them and that their value systems are misaligned with democracy,” McNamee said. “There are some businesses that we have banned, like slavery.”
He saw the light, he says, in 2016, when he watched false political advertising on the platform fan the flames of Trumpism and Brexit. He emailed CEO Mark Zuckerberg and chief operating officer Sheryl Sandberg and warned that Facebook had enabled things that were “truly horrible.”
They brushed him off, and McNamee’s inner bomb-thrower emerged.

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“The values of these companies conflict with the Enlightenment values on which this country was founded,” McNamee said in an interview with WW.

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So to sum it up, dude made close $1 Billion off these companies, doesn’t like the way they’ve turned out, and is now calling to end the flow of information that he doesn’t like. Because democracy depends on being able to control information and stop information you don’t like. Because reasons.

This is perhaps the most Stalin-esque, North Korean-esque, Goebbels-esque, CCP-esque thing they’ve suggested yet.

And these are the people who call Trump a dictatorial tyrant.

El gobierno quiere acabar con la libertad de expresión, en este video os explico qué es la libertad de expresión y cómo pretende controlarla en Gobierno. Desde la ley mordaza que ahora usan para oprimir a los ciudadanos hasta la insoportable censura en las redes sociales que afecta a youtubers y otros medios de comunicación.

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Alerta en la prensa ante la "ofensiva" del Gobierno para "controlar" a los medios​

Diferentes asociaciones profesionales y colectivos del ámbito del periodismo y los medios de comunicación han expresado su preocupación ante el anuncio sobre la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal hecho por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien adelantó en el Congreso que la voluntad del Gobierno es que la norma regule "por primera vez el acceso a la información sobre los procesos judiciales" y establezca ciertas "limitaciones".

"Mucho nos tememos que este nuevo dispositivo, que se suma a la orden ministerial contra la desinformación, parece una estrategia gubernamental para controlar el relato de los hechos", afirma en declaraciones a este diario Alfonso Armada, presidente de Reporteros Sin Fronteras España. "Mostramos nuestra inquietud ante esta ofensiva del Gobierno de Pedro Sánchez que no va en la dirección de preservar una democracia vibrante sometida al escrutinio de la prensa", añade.

Armada muestra especial preocupación por el hecho de que en el proyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal sea el fiscal instructor el que seleccione "los elementos que, por su interés informativo, pueden ser transmitidos a la ciudadanía". Según advierte el presidente de Reporteros Sin Fronteras España, esto le otorga al Ministerio Público "un papel de redactor jefe que no le corresponde". En su opinión, este cambio legislativo "limitará de facto la libertad de información".

En línea similar se pronuncia Nemesio Rodríguez, presidente la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE): "Si es el fiscal el que decide lo que se difunde o no, el acceso libre a la información queda anulado. Y tenemos que subrayar que este es un derecho constitucional". En su opinión, "la potestad de seleccionar qué elementos son de interés informativo para su publicación no corresponde a un fiscal, sino a los periodistas". Y añade: "Un fiscal no tiene porqué decidir ni cómo se da una noticia, ni en qué términos o parte. Se estaría limitando también el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz, relevante y de interés público".

Nemesio Rodríguez insiste en que el planteamiento del Gobierno sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "cierra el acceso libre a la información que producen los juzgados, por lo que restringe a priori el derecho constitucional a la libertad de información y plantea una serie de interrogantes muy peligrosos para el libre ejercicio del periodismo". Y pone un ejemplo: "¿Qué ocurriría con la nueva ley si un periodista llega a conocimiento de una información judicial relevante y de interés público que no ha sido autorizada por el fiscal instructor y la publica una vez que ha comprobado que es veraz?; ¿será sancionado sólo por el hecho de ejercer su derecho a la libertad de prensa y el derecho de información?".

También la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha manifestado "su honda preocupación ante las declaraciones del ministro de Justicia" y, a la espera de conocer el contenido preciso de ese proyecto, adelanta que "las palabras del ministro levantan todo tipo de sospechas".

"Parece que la Fiscalía desea monopolizar, controlar y censurar informaciones e imponer medidas", advierte en un comunicado la APM, que asegura "estará atenta para posicionarse frontalmente en contra, siempre a favor de la autorregulación de la profesión periodística, sin leyes de prensa". Según garantiza esta asociación, "defenderá a ultranza el derecho constitucional a la información, uno de los pilares del sistema democrático".

Por su parte Agustín Yanel, secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) destaca que "la ciudadanía tiene derecho a recibir información veraz, porque así lo establece la Constitución" y explica que "para que ese derecho se cumpla en los asuntos judiciales, es necesario que los periodistas puedan tener acceso a esa información cuando sea de interés general, respetando los derechos de las personas afectadas".

Yanel advierte que "hay que esperar a conocer el texto del anteproyecto de la futura ley", pero tras lo anunciado por el ministro Campo señala que "la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal no debe establecer más limitaciones que las que ya existen en la legislación: protección de los menores, víctimas de delitos sexuales, testigos protegidos, etc". Según añade, "las leyes ya establecen mecanismos para sancionar como corresponda a quien vulnere esas normas". Y concluye: "Ninguna ley ni ningún Gobierno pueden decir lo que tiene interés informativo y lo que es o no relevante socialmente".

ELISA, la herramienta de ciberseguridad del CNI que investiga la desinformación en España​

El Centro Criptológico Nacional (CCN) ya tiene preparada su herramienta para analizar la desinformación que se mueve en diferentes webs y redes sociales en torno a la antiglobalización. El órgano, dependiente y bajo la responsabilidad de Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha hecho pública una presentación en la que describe este instrumento, denominado ELISA, como una "herramienta de cibervigilancia que pretende facilitar la monitorización de fuentes abiertas, así como el perfilado de medios y entidades de redes sociales". Los primeros resultados de la investigación concluyen que en los cinco meses estudiados, de abril a septiembre de 2020, se han encontrado más de 1.800 contenidos antiglobalistas en más de un centenar y medio de plataformas digitales potencialmente maliciosas.

Tal y como informa el CCN al inicio de la mencionada presentación, las narrativas antiglobalistas son la agrupación de contenidos más frecuentes en las fuentes analizadas por el Observatorio Digital ELISA. El informe también muestra algunos sitios web tildados de "potencialmente maliciosos", como 'El Correo de España', 'El Arconte', 'Alerta Digital', 'Sputnik' y 'Mpr21'. ¿Pero qué une a todas estas cabeceras, a simple vista, tan dispares? El nexo se encuentra en la difusión de narrativas antiglobalistas, según el CCN, quien no ha respondido a las preguntas de este medio. Aunque la presentación referida ya no está disponible en la web (aquí la caché) pero sí es ofrecida por El Confidencial, en esta otra también se pueden encontrar algunos parámetros que serán tratados a continuación.

Estos discursos son hostiles ante varios elementos fundacionales de la democracia, tal y como agregan desde la institución, sus líneas generales responderían a algunos parámetros bien delimitados: erosión de la legitimidad de los líderes estatales; cuestionamiento del pluralismo; rechazo a la economía de mercado; ataques a los medios de comunicación tradicionales; crítica de los organismos multilaterales; y negación de la evidencia científica.

Respecto a la primera línea de actuación, el CCN remarca que "las narrativas antiglobalistas pretenden poner en cuestión la legitimidad de los gobiernos de la mayoría de las democracias de la Unión Europea (UE) y de EEUU". Y explican: "Utilizan la retórica maliciosa de atribuir a los gobiernos democráticos estar controlados o servir a los intereses de grupos de presión privados o corporativos no electos democráticamente y renunciar a la soberanía nacional de los Estados". En este sentido, el documento señala que algunos de esos grupos de presión responderían a George Soros, Bill Gates, la familia Rothschild y el Club Bidelberg.

Algunas informaciones que ilustran este apartado se corresponden con webs como 'Anarcolibertad', 'Astillas de realidad' y 'Le blog de contrainformación'. Asimismo, el CCN recalca que "en ocasiones, recurren a otras narrativas secundarias de gran eficacia para intentar erosionar la credibilidad de las instituciones públicas. Acusaciones infundadas hacia líderes de diversos partidos políticos atribuyéndoles llevar a cabo acciones que buscarían controlar o someter a la población". En este sentido, el órgano del CNI apuntilla que "los ataques van dirigidos a los líderes de todos los partidos políticos, sin importar su ideología".

Contra la pluralidad y los medios de comunicación​

Por otra parte, ELISA también está configurada para encontrar contenidos que ataquen la pluralidad, ya sea de índole religiosa, racial o sexual. "Manifestaciones y convocatorias organizadas por los defensores de las narrativas antiglobalistas señalan que una 'élite oculta' orquesta un gobierno mundial en la sombra al margen de los poderes democráticamente elegidos", advierte en el informe el CCN. Asimismo, estos discursos difundidos de forma digital, "están construidos de forma que, ante un auditorio que las consuma, se vincule la economía de mercado, la banca, y el comercio internacional a los intereses económicos y a la 'avaricia' de las consideradas 'élites ocultas'. En este campo de lo meramente económico, ELISA ha detectado que la propuesta de las narrativas analizadas está centradas en el retorno al patrón oro o la promoción de monedas y divisas alternativas a las monedas nacionales, principalmente las criptomonedas, como el rechazo al sistema financiero tradicional".

Los medios de comunicación son otro de los pilares que las narrativas antiglobalistas tienen presentes, siempre según el informe del CCN. "Sostienen que los medios de comunicación tradicionales están 'al servicio' de las 'élites ocultas de un gobierno mundial' y de la promoción de una 'agenda globalista' al servicio de esas élites, pretendiendo con esta retórica cuestionar la credibilidad de la profesión periodística", indican al respecto desde el órgano dependiente del CNI. Uno de los blogs que aparecen en este apartado son ‘Rafapal. Periodismo para mentes cósmicas’, así como la web del partido político ultraderechista Democracia Nacional.

En cuanto a la critica a los organismos multilaterales, el relato continúa la estela de que responden a esas élites ocultas. Así lo explican desde el propio CCN: “Construyen y propagan retóricas manipuladas de crítica, difamación y deslegitimación de organismos como la ONU, la OTAN, la UE, el Banco Mundial y el Fondo Monetario. A menudo, les acusan de ser instituciones al servicios de las "élites ocultas" y les atribuyen querer acabar con la soberanía de los Estados o someter y controlar a la población”. ‘Donde la verdad nos lleva’, ‘Cazabunkers.com’ y ‘mpr21’ son algunas de los sitios analizados por ELISA y que potencialmente están difundiendo contenidos maliciosos contra los organismos multilaterales.

Negación de la evidencia científica​

El capítulo referido al antiglobalismo y la evidencia científica es el que ocupa más espacio en la presentación. El CCN parte de la premisa de que en estas narrativas es "recurrente la negación de la evidencia y el pensamiento científico", algo que se materializaría con mensajes como "las vacunas dañan el organismo" o "se quiere acabar con la especie humana". Dada la coyuntura actual, la crisis del covid-19 "ha evidenciado la conexión de las plataformas que fomentan las narrativas antiglobalistas con colectivos militantes activamente anticientíficos, como los movimientos antivacunas o el negacionismo de enfermedades (sida, ébola, covid…). Han aprovechado el temor poblacional durante la crisis sanitaria para aumentar la propagación de sus mensajes anticientíficos y negacionistas", afirman en el texto.

Desde el CCN observan que hay dos principales teorías antiglobalistas relacionadas con la covid-19. Por un lado, el origen de la crisis, "atribuida a las 'élites globales' (encabezadas por Soros y Gates, principalmente), en alianza con la industria farmacéutica, con el objetivo de vender vacunas y de facilitar el control social de la población a través de la implantación masiva de chips y el espionaje electrónico". Por otra parte, también sostienen la tesis de que no existe una crisis sanitaria: "Según esta retórica, covid-19 sería una operación de falsa bandera de las 'élites globales' para fomentar el miedo en la opinión pública y hundir la economía deliberada. De esta manera, los Estados y los ciudadanos renunciarían a más soberanía y a más derechos en favor de las grandes compañías privadas en manos de esas 'élites'".

El mantra del 5G y las conclusiones del CCN​

Más allá de la crisis del coronavirus, esta parcela de lo que el CCN ha catalogado como "desinformación" también alberga algunos contenidos relacionados con teorías contra la tecnología 5G, a pesar de que varias entidades hayan desmentido estos bulos, como es el caso del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Sea como fuere, los sitios web analizados por ELISA defienden posturas "conspiranoicas", "desde que el 5G es el origen de muchas enfermedades hasta que sirve para controlar a la población". 'Alerta Digital', 'elespiadigital.com' y 'Astillas de realidad' son algunos de los alojamientos digitales que la herramienta ha incluido en este apartado.

En el capítulo referido a las conclusiones y hallazgos, el órgano dependiente del CNI afirma que las narrativas antiglobalistas "están en contra de los sistemas democráticos y suponen una amenaza directa para la cohesión social, la estabilidad, incluso la salud, de las democracias liberales, puesto que pretenden erosionar la base perceptiva de legitimidad y confianza que sostiene la gobernanza pública a través de instituciones democráticas". En este sentido, "están vinculadas y están siendo utilizadas por colectivos militantes que buscan introducir focos de polarización en la opinión pública en España y en otros países con fines de desestabilización y confrontación social". Asimismo, atendiendo al pasado más reciente, "la crisis de la covid-19 ha sido aprovechada para hacer crecer el volumen y el ritmo de propagación de las narrativas antiglobalistas, así como de las fuentes digitales que difunden este tipo de contenidos".

Mpr21 se defiende​

Uno de las web que aparecen referenciadas en la presentación del CCN es 'Mpr21', concretamente en el apartado en torno a la crítica que estas narrativas propugnan contra los organismos multilaterales. "El hilo distópico: del 11 de septiembre a la histeria del covid" es el titular del artículo en cuestión. Juanma Olarieta, uno de los editores de la web, analiza la situación como "una estrategia del Estado, no para crear una ideología dominante, sino para que sea única y uniforme", en sus propios términos. Este caso en concreto, agrega el editor, no les pilla de nuevas: "Ya estamos acostumbrados y adaptados a la marginalidad a la que nos obligan. Determinados medios gozan de publicidad, no solo pagada por empresas comerciales, sino la que se reproduce al aparecer al principio de los resultados de los buscadores. Nosotros no aparecemos en Google y esa es la censura de ahora, que procede de los grandes grupos tecnológicos".

En este sentido, Olarieta se retrotrae a la antigua Ley de Prensa vigente durante el franquismo para explicar investigaciones como esta del CNI. "La continuidad que se da con el artículo 20 de la Constitución, en la que se avala el derecho de información y expresión, no es suficiente. Todas las leyes, incluso las franquistas, reconocen derechos y libertades, pero siempre dentro de unos límites, y si los límites son más grandes que el derecho, has acabado con él. Lo peor de todo es que la censura ya no proviene de la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, sino que son las empresas privadas, sobre todo las digitales, quienes imponen su relato. De alguna manera se ha privatizado la censura y esto te imposibilita recurrir o ir a un juicio, eliminado cualquier posibilidad de defenderte ante ella", desarrolla el interpelado.

Asimismo, también recalca que "el hecho de que esta investigación proceda del CNI es bastante característico. Que el Centro de Inteligencia esté involucrado en un asunto que afecta a la libertad de expresión tan solo responde a los alineamientos de España y la OTAN al ver que cada vez tienen más relevancia contenidos propiciados por medios alternativos de grandes Estados, como Rusia y Venezuela, así que buscan evitar que haya fugas lo que ellos llaman cuestiones de Estado, como la guerra y la política exterior", concluye.

Twitter advertirá ante intentos de marcar 'Me Gusta' en tuits controvertidos​

Twitter extenderá su advertencia sobre contenido considerado como controvertido a los intentos de los usuarios de marcar un 'Me Gusta' en aquellos 'tuits' que la plataforma detecte que violan las políticas sobre desinformación.

En el marco de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Twitter empezó a avisar a los usuarios cuando estaban a punto de 'retuitear' o citar un 'tuit' etiquetado como contenido que viola sus políticas sobre desinformación.

En una situación así, aparece un mensaje, una notificación que indica que se trata de contenido controvertido, cuya finalidad es que el usuario sea más consciente del contenido que ve o comparte en la red social.

Según la compañía, estas advertencias han reducido en un 29 por ciento la cita de 'tuits' que contienen desinformación relativa a la covid-19 y las elecciones estadounidenses. Por ello, ha anunciado en su cuenta de Soporte que extenderá esta advertencia de contenido controvertido cuando se intente marca un 'Me Gusta' en un 'tuit' etiquetado como desinformación.