Montero presiona al Gobierno para que indulte a madres condenadas por secuestrar a sus hijos
En el Boletín Oficial del Estado (BOE) la ministra de Justicia, Pilar Llop, firmaba ayer miércoles un real decreto con tres indultos que se habían acordado en el Consejo de Ministros del día anterior. Corresponden a dos mujeres y un hombre. Sus delitos: sustracción de menores, homicidio y apropiación indebida. En los tres casos, se rebaja parcialmente la pena, a la espera de que no se repita la causa por razones de «justicia y equidad», motivos que siempre concurren en la argumentación de estas medidas de gracia que extiende un gobierno. En uno de esos casos, no hubo lugar al arrepentimiento por los hechos cometidos: el de
María Sevilla Sánchez, expresidenta de la asociación Infancia Libre, que fue detenida en marzo de 2019 en Villar de Cañas (Cuenca) por
incumplir una sentencia que otorgaba la custodia al padre de su hijo y por aislarlo sin escolarizar durante un año.
Fue condenada por el Juzgado de lo Penal nº 23 de Madrid, en sentencia de 19 de octubre de 2020, como autora de un
delito de sustracción de menores a la pena de prisión de 2 años y 4 meses e inhabilitada para ejercer la patria potestad de su hijo durante cuatro años.
«Vengo en conmutar a doña María Sevilla Sánchez la pena privativa de libertad impuesta por otra de dos años de prisión», señala el decreto que suscribe la titular de Justicia, con lo que Sevilla puede evitar ahora entrar en la cárcel. Igualmente, el Ejecutivo ha decidido
perdonar «la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad de su hijo por 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad».
La publicación en el BOE viene a sumarse a la indignación de numerosos expertos y asociaciones como Anavid, en defensa de la «equidad» entre madres y padres, que justo una semana atrás pusieron el grito en el cielo cuando escucharon a
Irene Montero en una entrevista concedida desde el Congreso de los Diputados animar al Estado a
velar por «todas las madres protectoras de sus hijos» e indultar no solo a Sevilla, sino que puso como ejemplo a otra mujer condenada, Juana Rivas.
Ayer, tras conocer el indulto a la primera, la ministra de Igualdad lo celebró como una
victoria del feminismo porque el «Estado tiene una deuda» con todas estas madres y pidió que la gracia recaiga también en otros dos casos, muy luchados desde su partido político, Unidas Podemos: el de la sevillana María Salmerón, a la que el Gobierno rechazó el tercer indulto el pasado abril y que debe entrar en una semana en la cárcel por incumplir el régimen de visitas impuesto a su exmarido, aunque en este caso él sí está condenado por maltrato; y el de la vizcaína Irune Costumero (la Justicia vasca le retiró la custodia de su hija porque había alegado, esgrimió, un falso ‘síndrome de alienación parental’).
Injerencia del Ejecutivo
Con todas las diferencias que separan un nombre de los otros, esa llamada a indultar a mujeres condenadas por secuestrar a sus retoños o ponerlas en contra de sus padres ha espoleado a más de un experto en leyes. Enseguida, las palabras de la responsable de Igualdad desataron una cascada de críticas de magistrados como Teresa Puchol, que ve un
ataque frontal y un cuestionamiento del Ejecutivo a lo resuelto por el Poder Judicial. En redes sociales, otros juristas lamentaban la injerencia y que haya una ministra como Montero que «
pisotea los derechos de los menores y el Estado de Derecho en solo unos segundos».
La letrada defensora de la expareja de María Sevilla y padre de su hijo, Rafael Marcos, y él mismo anuncian a este periódico que «
interpondrán acciones legales contra la ministra Montero por llamarlo maltratador» sin condena. Cabe recordar que lo mismo hizo el año pasado el ex de Juana Rivas, el italiano Francesco Arcuri, cuando consideró que la dirigente de Unidas Podemos lo estaba «señalando por un delito» que no cometió y del que salió absuelto.
Además, la defensa de Marcos considera que el indulto aunque sea parcial (que supone la rebaja en cuatro meses de la pena inicial) «atenta directamente
contra el bienestar del niño, porque el órgano sentenciador juzgó que su madre lo había secuestrado y lo había tenido en condiciones pésimas». «El Gobierno -acusa él- hace caso omiso del criterio del fiscal y el tribunal y restablecen la patria potestad, desprotegiendo a mi hijo por un criterio: el político».
En esta línea se manifestaban ayer varios abogados y asociaciones consultadas por ABC que reflexionaron sobre la «gravedad» de las palabras de Montero, porque está
dando carta blanca a la justificación de un acto que a todas luces es delictivo. En público lo hizo un jurista, Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, quien secundó que «más que una medida de gracia es una medida de pura desgracia»: «Los españoles se encuentran ante un uso arbitrario de una facultad discrecional que tiene el Gobierno». «Nadie puede cuestionar la potestad constitucional del Gobierno de indultar, pero lo hace, como ha hecho en otras ocasiones [y nombró a los independentistas], de manera arbitraria e injusta», añadió. López afeó que el Ejecutivo emplee un instrumento de justicia como uno «de partido para favorecer sus pactos».
Precisamente ayer, los responsables del teléfono de la Fundación ANAR advertían del
incremento desmesurado que está registrando el volumen de
raptos parentales en nuestro país. En el último año el delito se ha incrementado en un 48,5%, señalan los responsables de la entidad de ayuda a niños y adolescentes en riesgo. Es, por detrás de la fuga por voluntad propia y las expulsiones del hogar por parte de sus padres, la tercera causa de desaparición de menores de edad en España: representa un 8,6% de las 2.892 peticiones de ayuda por desapariciones que ANAR gestionó en 2021.
Más en parejas mixtas
Estos secuestros parentales, que ANAR no desglosa según el sexo de los progenitores, se producen más en parejas mixtas donde uno de sus miembros es
extranjero, explican en la fundación, como ocurrió en el caso de Rivas y Arcuri. Este hecho se agrava todavía más cuando se produce en países que no son firmantes del Convenio de La Haya, como Nigeria, Libia, China o Corea del Norte, y la madre o el padre se lleva a su hijo con total impunidad, advierten en la fundación.
Por último, la Fundación ANAR destaca el incremento de secuestros de menores de edad con
fines criminales: ellos mismos notificaron 18 a los Cuerpos de Seguridad durante el año pasado, lo que supone un alza del 125% respecto a 2020
Las comunidades que más peticiones de ayuda por desaparición de menores registraron fueron Madrid (822), seguida de la Comunidad Valenciana (470) y Andalucía (103). Un 66% de las desapariciones eran niñas; las restantes, varones.
Justicia rebaja la pena a la expresidenta de Infancia Libre e Igualdad lo celebra como una victoria del feminismo
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