El Defensor del Pueblo abre una investigación sobre los casos de prostitución de menores tuteladas en Baleares

El Gobierno balear rechazó dos veces investigar al instituto que tutelaba a las niñas explotadas sexualmente

El PSOE y los partidos de izquierdas que forman el Pacte en el Gobierno en Baleares votaron hasta en dos ocasiones en contra de llevar a cabo sendas auditorías que arrojaran luz respecto a la situación en el Imas, entidad que debía tutelar a las menores que son prostituidas. Así, tanto el Parlament como el Consell de Mallorca han tumbado en los dos últimos años sendas iniciativas presentadas por la diputada del grupo mixto Xelo Huertas y por Vox, para esclarecer lo sucedido en una entidad que consume más del 40% del presupuesto de la institución insular, y cuya gestión está en entredicho tras haber admitido que al menos 16 menores habrían sido víctimas de abusos sexuales solo en el último año.

La primera vez en que se evitó tener que entrar a fondo en la realidad del Imas fue en marzo de 2018, a raíz de una Proposición No de Ley presentada por la ex podemita Xelo Huertas, mediante la cual se solicitaba instar al ejecutivo de Armengol a acometer las «reformas normativas necesarias» para impulsar mejoras en los servicios de Menores y Familia.

La PNL quería también investigar los procedimientos de tutela y adopción de los servicios del Consell, a fin de depurar, en su caso, responsabilidades.

La propuesta de la diputada Huertas pretendía, en sus propias palabras, «reducir la alarma social» generada por las protestas de centenares de familias, que acusaban a la entidad de retiradas de menores injustificadas. Un asunto que generó en las Islas otra agria polémica que enlaza con la actual, debido a la incapacidad que en muchos casos ha demostrado el Imas para cuidar de menores que fueron precisamente arrebatados a sus familias por su supuesta negligencia en el cuidado de los hijos.

La iniciativa sólo contó con los votos favorables de su impulsora, un par de diputados del grupo mixto y Cs. Todos los demás partidos, incluido el PP, votaron en contra de esa investigación, que se quería remontar a la última década, y en el transcurso de cuyo debate se intentó ridiculizar a Xelo Huertas.

RESPUESTAS CON SORNA

Uno de los más duros fue David Abril (Més), quien aseguró que «poner en cuestión un trabajo público» le parecía «poco razonable». Señaló Abril que el bienestar de los menores «no se garantiza haciendo espectáculo del tema», y broméo diciendo que el servicio «no funciona como en Hollywood».

Diecinueve meses después, el pasado 12 de diciembre, el debate sobre el Imas se trasladó al Consell de Mallorca. Se hizo esta vez a través de una moción presentada por Vox, mediante la cual se reclamaba una auditoría independiente que permitiera diagnosticar las «necesidades y deficiencias» existentes.

Para el presidente del Imas, Javier de Juan, tal auditoría habría supuesto una «pérdida de tiempo», por lo que los partidos de izquierdas votaron una vez más en contra, mientras el Partido Popular se abstenía, y solo Ciudadanos apoyaba la iniciativa de Vox.

Faltaban 12 días para que una niña tutelada de solo 13 años fuera violada en grupo por media docena de menores, algunos de ellos también jóvenes dependientes del Consell de Mallorca.

Monitores del centro de tutelados sabían que había niñas prostituidas

Practicar el proxenetismo ha sido y sigue siendo una actividad más o menos extendida entre algunos de los jóvenes que se encuentran internados en el centro de menores de Es Pinaret. Estos chicos, ninguno de los cuales alcanza la mayoría de edad, se dedican a introducir en la prostitución a niñas que se hallan en unas circunstancias parecidas a las suyas y de las que después intentan convertirse en poco menos que sus dueños.

Así lo denuncian varios trabajadores que han formado parte del equipo de este conflictivo centro de reinserción juvenil gestionado por el Govern. Eso sí, como ocurre en el caso de las 16 menores tuteladas por el Imas, nunca se ha llegado a frenar esta situación, que se ha cronificado y agravado los últimos años.

Lo señala un profesional que prefiere ocultar su nombre y que hace algo más de un año decidió cambiar de aires para salir de la «toxicidad» que se respiraba entre las cuatro paredes de Es Pinaret. Hoy, él y otros trabajadores asisten al estallido del escándalo sobre los abusos sexuales a menores con una mezcla de alivio e indignación, pero en ningún caso con sorpresa.

Carolina, educadora social que ha pasado por un centro de tutela y por la Fiscalía de Menores, afirma que le parece «hipócrita» que representantes políticos de uno y otro signo se echen ahora las manos a la cabeza por una realidad -subraya- «más que conocida» desde hace «muchos años».

Ella, que ha vivido el sistema desde sus entrañas, tiene claro que hacen falta más recursos y más personal para poder hacer frente a una situación que «se fue de las manos hace mucho tiempo».

Precisamente, este año el Consell de Mallorca ha incrementado en más de dos millones de euros la partida presupuestaria destinada al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, aunque se invertirán básicamente en la mejora -también imprescindible- de algunos centros y residencias de gente mayor.

Entre tanto, esta trabajadora señala que la administración se ha visto obligada, en ocasiones, a reunir en un mismo centro a chicos abusadores con menores de ambos sexos que habían sufrido abusos sexuales. Una situación «opuesta a la que sería deseable» pero que ha resultado inevitable ante la indisponibilidad de plazas para jóvenes tutelados.

Carolina concluye que, sin poder hacer un uso correcto de las instalaciones, «se desvirtúa todo el sistema» de protección, formado en Mallorca por un total de treinta centros -entre públicos y concertados- que dan cobijo a 359 jóvenes, de los cuales cerca de 270 son menores de edad.

El Imas ha reconocido la existencia de 15 niñas y un niño víctimas de abusos sexuales entre los que se encuentran ahora mismo bajo su tutela, si bien no ha llegado a especificar, «por respeto a la intimidad de los menores», cuántas de ellas ya sufrían esta situación antes de engrosar los centros del Consell y cuántas cayeron una vez fue retirada la custodia a sus padres.

En todo caso, y mientras la entidad va dando pasos para, cuanto menos, limpiar su deteriorada imagen, el debate político se traslada ya a la escena nacional.

En este sentido, Pablo Casado exigió ayer a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que se produzcan dimisiones. El líder del Partido Popular calificó lo sucedido en Mallorca como «terrible» y reclamó que se tomen medidas «para que este drama no se repita nunca».

La petición de que se asuman responsabilidades por parte de la izquierda no vino, sin embargo, acompañada de un necesario acto de contricción, teniendo en cuenta que la situación ya existía entre los años 2011 y 2015, justo en la legislatura en que era el PP quien gobernaba en Baleares y quien tenía a su mando la gestión del Imas.

Algo parecido le ha ocurrido también esta semana al eurodiputado de Ciudadanos José Ramón Bauzá, cuando no se «quiso imaginar» a qué país debería haberse exiliado «si esto llega a ocurrir durante mi presidencia» del Govern, que tuvo lugar, precisamente en ese mismo periodo: del 2011 al 2015.

El PP registró el lunes en el Congreso la petición de comparecencia del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2020, Pablo Iglesias, para informar de las medidas para mejorar el cuidado y la protección de los menores tutelados.

Ayer en Telecinco, Iglesias recordó respecto a este asunto que existe una investigación abierta por parte de la Fiscalía, que «debe llegar hasta el final».

Para Pablo Iglesias, la protección de los menores es un asunto «prioritario» como, según él, pone de manifiesto que la ley contra la violencia de los niños vaya a ser una de las primeras iniciativas de su departamento.

Prostitución en centros de menores, punta del iceberg

La reciente noticia sobre el centro de menores de Palma, otros críos ejerciendo de proxenetas, ínfima punta del iceberg. Y cortina de humo. El asunto nuclear, mucho más tupido. Y perturbador. De momento, el esbozo. El descenso a los infiernos solo acaba de comenzar. Al decir del canto tercero de la Divina Comedia, senderear ciudades dolientes, llantos duraderos, aniquilar toda esperanza. Rememoremos a mi admirado Friedrich Nietzsche. ¿Cuánta verdad puede soportar un espíritu y a cuánta verdad se puede enfrentar? Este detalle, en definitiva, verdadera medida del valor. Sinteticemos.

Pasta y snuff movies

Uno. Centros de menores, lugares de encierro estatales, la mayoría de gestión privada, preferentemente la Iglesia Católica. 65.000 pavos, aproximadamente, cada vez que un crío es robado a sus padres. Entre 4000 y 9000 euritos del ala cada mes, bamboleo monetario que depende siempre de arbitrarias y antojadizas casuísticas. Resumiendo, cuantos más niños, más se acrecientan los beneficios. Desde luego, los fondos para facilitar este infausto negocio provienen de la funesta Unión Europea. Muy copiosos beneficios. Suculentos.

Dos. No es solo Palma de Mallorca, no son dos o centros puntuales, no son dieciséis niñas, no es España. Cuando exploras un poco la hemeroteca, digital o no, casos sistémicos y sistemáticos. Todos saben, todos callan. Todos pringados. Políticos, fiscalía, psicosociales, maderos, forenses. En España y allende nuestras fronteras. Piensen en los miles de niños desaparecidos, por ejemplo, en nuestro solar patrio, durante las últimas décadas. Literalmente, se los traga la tierra.

El tráfico de órganos, un caliginoso principiar. Aventuren, para continuar, la pornografía. La industria pornográfica snuff se ha convertido en una actividad profesionalizada e hipersofisticada. Llegado el caso, violaciones, torturas y mutilaciones mediante, fieros asesinatos de crías pequeñas. Bebés, desde luego. Un hondón. Ganancias mil veces millonarias. Muy lucrativo.

Pirámide escalada

Tres. Luego agreguen enmarañadas tramas de pederastia. Nacionales e internacionales. Salida de estos menores de los centros para ponerlos a disposición del pedófilo de turno. En singular. O en plural. Pederastas de poder medio. Luego, gateamos la pirámide. El oscuro vínculo entre pederastia y personajes de extraordinaria influencia política, económica, mediática y judicial, dato sospechado en España. Y fuera de nuestra patria. Gente muy, pero que muy influyente. Banqueros, terratenientes, gallifantes, jueces. Y largo etcétera de élites depravadas. Mala gente.

Cuatro. Transitando los dantescos círculos del infierno, existiría lo que se denominan "ceremonias de iniciación". Chunguísimos ritos iniciáticos. La cosa se trata de tenerse mutuamente cogidos de los huevos unos a otros en algo muy feo -violación, torturas, crímenes- en los que han participado todos y donde, además, existirían pruebas audiovisuales para demostrarlo. Nadie puede escapar. Si cae uno, caen todos. Si uno traiciona al grupo, se hundirá también él. Atrapados todos en una densa e incorpórea red, los negocios de los cómplices en esas perversiones, incrementados. Favores mutuos. La lealtad al grupo está asegurada de por vida.

Y, tuétano, si alguien quiere entrar en el grupo para enriquecerse o lograr sumo poder debe consentir, faltaría más, este juego maligno. El puto poder impune. He ahí la clave. Técnicas mafiosas de acreditada validez. La pedofilia VIP practicada por deporte, tedio y, remate, chantajear a los miembros de la red. Razón de Estado. Narco-Razón de Estado, mejor expresado. El genial Stanley Kubrick, conocedor de tantos secretos, sabía perfectamente lo que sucedía. Nos lo quiso describir en Eyes Wide Shut. No pudo. O lo hizo de mala manera.

Cinco. Conecten los puntos y alcancen sus propias conclusiones. ¿Locura? ¿Paranoia? ¿Avería? Hasta un reloj parado da la hora exacta dos veces al día. En fin.

Un técnico de la Fiscalía denuncia el «silenciamiento» de la explotación sexual infantil en Mallorca desde hace años

El canal autonómico balear IB3 ha ofrecido este sábado el testimonio de un técnico de la Fiscalía de Menores y el de una mujer que décadas atrás —siendo niña— estuvo en un centro de internamiento, que se han pronunciado sobre la posible deficiente atención institucional que estarían recibiendo algunos menores en los centros de acogida y de internamiento en Mallorca desde hace años. Dicha inatencion habría derivado en la existencia de casos de explotación sexual infantil, que se habrían ocultado.

En opinión de ambas personas, existiría una desatención de los menores tanto por parte de las administraciones como de los propios trabajadores sociales. «Lo más rentable hasta ahora era hacer la vista gorda. ¿Por qué? por ser un tema tabú, por conservadurismo, por no dar mal nombre a un centro o a una fundación que administra un centro», ha afirmado ante las cámaras de IB3 Enrique Pérez Guerra, educador social que trabaja en el equipo técnico de la Fiscalía de Menores. Asimismo, ha indicado que algunos de los propios adolescentes de los centros de protección de menores estarían organizando desde hace años encuentros sexuales y actuarían como proxenetas de otros menores.

El citado técnico ha señalado que el caso de la niña de 13 años que se escapó por unas horas de su centro de acogida en el día de Nochebuena y que, esa misma noche, fue violada en grupo por seis menores en un piso de la barriada palmesana de Es Camp Redó, ha destapado una realidad escondida. «Con tanta vista gorda, con tanto silenciamiento, con tanto mirar hacia otro lado, esto era un globo que se hinchaba más y más y más. Y esa niña pinchó, sin saberlo, ese gigantesco globo», ha concluido.

«Depurar responsabilidades»

El segundo testimonio recogido este sábado por IB3 ha sido el de Juana Molina, de 41 años, que fue violada cuando tenía nueve años de edad por un vecino de unos 60 años. El suceso ocurrió en la población costera de Can Picafort. Con posterioridad, con 13 años, entró en un centro de internamiento. En una de sus escapadas de dicho centro fue víctima de una nueva violación. Ahora ha explicado también que, por otra parte, ya entonces habría habido trabajadores de los centros de acogida y de los centros de internamiento que habrían abusado de menores.

Siendo ya adulta, Molina trabajó como vigilante de seguridad privada, precisamente en un centro de internamiento. «La dirección del centro era la primera que nos decía que no hablásemos y, bueno, conmigo no les ha salido bien», ha recalcado, para añadir: «Se tendrían que depurar responsabilidades, desde el primer pederasta que pide los servicios de una menor hasta los educadores que abusan de ellas y la dirección del centro que no ha dejado que eso se hiciera público».

Cabe recordar que un centro tutelado o de acogida es distinto a un centro de internamiento. En los centros tutelados el régimen es abierto y además los menores que viven en ellos no tienen antecedentes. En Mallorca hay 30 centros tutelados, que son gestionados por el Consell de Mallorca a través del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). Por lo que respecta a los centros de internamiento, que son de régimen cerrado para menores con antecedentes, los tres que existen en Mallorca son gestionados por el Gobierno balear.

Violación en grupo

Como se ha indicado, el detonante de la actual controversia en torno a los centros de protección de menores de Mallorca fue la agresión sexual en grupo sufrida por la mencionada niña de 13 años la pasada Nochebuena. En la mañana del 25 de diciembre, los técnicos del centro tutelado acudieron en auxilio de la víctima. Seguidamente, fue conducida a un centro hospitalario. El informe de la médico forense que atendió a la niña habría señalado que sus lesiones eran compatibles con una agresión sexual múltiple. Se activó entonces el protocolo previsto, por lo que el caso pasó a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, que inició la investigación.

En la denuncia presentada por la propia víctima el día de Navidad, dicha niña habría dejado entrever que horas antes de la agresión sexual múltiple que sufrió en Es Camp Redó, un grupo de adultos con que se topó en la barriada de Son Gotleu habría intentado prostituirla. En su denuncia, la menor habría hecho también referencia a la existencia hoy de adolescentes de centros tutelados que cuando salen por unas horas de dichos centros se estarían prostituyendo a cambio de drogas o de dinero.

En ese contexto, cabe recordar que la responsable de Coordinación sobre Violencia Contra la Mujer de la Delegación del Gobierno en Baleares, Julia Vázquez, explicó la pasada semana que la Policía Nacional y la Guardia Civil no tienen constancia de la existencia de «redes organizadas dedicadas a la explotación sexual de menores» en Mallorca, si bien sí han detectado casos aislados de personas que estarían prostituyendo a adolescentes de centros tutelados. Por su parte, el presidente del IMAS, Javier de Juan, anunció la creación de una comisión para combatir la explotación sexual infantil. Dicha comisión se reunió el pasado miércoles por vez primera.

Una situación compleja

Algunos trabajadores de los centros de acogida denunciaron a lo largo de los últimos días la supuesta inacción política ante los citados casos de presunta prostitución. Por su parte, el fiscal superior de Baleares, Bartomeu Barceló, acordó «la incoación de diligencias de investigación penal» para el esclarecimiento de esos hechos. Posteriormente, el pasado martes, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, abrió una actuación de oficio solicitando información al IMAS en relación a los 16 casos recientes de explotación sexual infantil reconocidos por dicho organismo entre el total de 359 menores tutelados que atiende. De los 16 casos, en 15 de ellos las víctimas eran niñas.

Cabe recordar que en el Ejecutivo balear y en el Consell de Mallorca gobiernan sendos tripartitos conformados por el PSOE, Unidas Podemos y MÉS. La presidenta del Govern es la socialista Francina Armengol, mientras que la presidenta de la institución insular es la también socialista Catalina Cladera. Los partidos de la oposición en el Consell de Mallorca, el PP, Vox, Cs y Proposta per les Illes han exigido la creación de una comisión de investigación, que en principio ha sido aceptada por el PSOE.

Por su parte, la portavoz del Govern, Pilar Costa, descartó el pasado viernes la posible dimisión de algún responsable del Consell de Mallorca o del Ejecutivo balear por los casos de posible inacción institucional que se han venido denunciando en los últimos días. «Si yo pensase que todo esto se pudiera mejorar o resolver con una responsabilidad política, traducida en una dimisión, qué fácil sería solucionar el problema, pero desafortunadamente el problema es mucho más complejo y mucho más complicado», afirmó. Hace unos días, el Govern confirmó que desde 2016 ha despedido a cinco trabajadores de centros de internamiento por «conductas sexuales inadecuadas» con menores.

Dos mociones previas

Con anterioridad a que trascendieran todos los casos citados, Vox había presentado en diciembre pasado una moción en el Consell de Mallorca en la que proponía realizar «una auditoría independiente para conocer las necesidades y deficiencias que puedan existir en el IMAS». Dicha moción no salió adelante porque contó con el voto en contra del actual tripartito. Hace tres años, en el Parlamento balear, había sido presentada ya una primera propuesta sobre menores, más genérica, por parte de la entonces diputada del Grupo Mixto Xelo Huertas, que poco antes había sido expulsada de Podemos. El título de la iniciativa parlamentaria de Huertas era «Estudio y propuestas de mejora del Servicio de Menores y Familia de las Islas Baleares».

La proposición no de ley defendida por Huertas en marzo de 2017 constaba de cuatro puntos. En el primero, se pedía que la Cámara regional instase al Govern a «acometer las reformas normativas necesarias para mejorar e impulsar mejoras en los servicios de menores y familia» de Baleares «de acuerdo con los consells insulares y dotándolos de recursos suficientes para hacerlo». En el segundo punto, se instaba al Ejecutivo regional a «investigar los procedimientos de adopción, tutela e intervención en el ámbito familiar» en la Comunidad en los últimos decenios para «reducir la alarma social generada y en su caso pedir las responsabilidades pertinentes».

En el tercer punto de dicha propuesta, se instaba a que esa investigación se hiciera por parte de una «comisión mixta de técnicos psicosociales», en la que también participasen personas ajenas a la Comunidad de «reconocido prestigio». En el cuarto y último punto, se instaba al Govern a elaborar, en el plazo de cuatro meses, un protocolo de actuación para que los equipos de atención a la infancia y adolescencia del IMAS lo hicieran servir para «hacer la síntesis evaluadora objetivable». La proposición no de ley de Huertas no salió adelante, al ser rechazada por el tripartito que ya en la pasada legislatura daba su apoyo al Ejecutivo que entonces presidía por vez primera Armengol.

El PSOE rechaza la comisión para investigar los abusos a menores tutelados en Baleares

La portavoz del PSOE en el Parlamento de las Islas Baleares, Silvia Cano, ha asegurado este miércoles, tras la Junta de Portavoces, que el grupo parlamentario rechazará la creación de una comisión de investigación en el Parlament, propuesta por Ciudadanos y Vox, sobre los casos de explotación sexual de menores tutelados por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

Así lo ha matizado Cano en declaraciones en los pasillos del Parlament al ser preguntada por dicha cuestión, concretando, además, que el grupo socialista cree que, tras las comparecencias de la consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago, y del presidente del IMAS, Javier de Juan, es «el momento de dejar trabajar con tranquilidad a la parte técnica para hallar soluciones y, así, esto no vuelva a pasar en el futuro».

La comisión de investigación es una propuesta conjunta de Ciudadanos y Vox. La portavoz adjunta de Ciudadanos en el Parlament, Patricia Guasp, ha precisado que se ha admitido la solicitud para llevar la petición al pleno de Parlament porque quieren «llegar al fondo del asunto». «Ni nos conformamos con una comparecencia de la consellera, ni tampoco queremos exigir dimisiones. Nosotros queremos que se detecten los protocolos que han fallado para mejorar los procesos», ha explicado.

Además, Guasp ha adelantado que Ciudadanos preguntará a la presidenta del Govern, Francina Armengol, en el pleno del Parlament del próximo martes, cuál es su valoración sobre el caso de prostitución sexual de los menores tutelados del IMAS y cuáles van a ser las responsabilidades políticas que va a asumir el Govern. «Es ella quien debe dar las explicaciones, no puede seguir escondida y mirando hacia otro lado», ha reclamado.

Por su parte, el portavoz de Vox en el Parlament, Jorge Campos, ha afirmado sobre la petición de esta comisión que «se debe investigar hasta el final, hasta las últimas consecuencias en vías políticas». Además, ha añadido que esta propuesta es «necesaria para averiguar qué está pasando, cómo está funcionando el IMAS y cómo es posible que esté sucediendo todo lo que está sucediendo».

Sobre este asunto, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Toni Costa, ha afirmado, también tras la junta de portavoces, que «la señora Fina Santiago no puede permanecer ni un día más en su cargo, Armengol debe cesarla». «Nos parece inaceptable que a día de hoy no se haya producido su cese», ha recalcado.

En este sentido, Costa ha recordado que «ya hace un mes que conocimos el escándalo de abusos a menores tutelados y la consellera sigue sin dimitir». Por lo contrario, ha asegurado, Santiago continúa instalada en «la opacidad y la voluntad clara de pasar página ante uno de los casos más graves que se han producido en Baleares».

Por último, Costa ha resaltado que este martes el PP registró una PNL, en la que exigen a Armengol que «cese de inmediato a la responsable de Asuntos Sociales del Govern», ya que «resulta fundamental que el cargo pase a ser ocupado por una persona que sí sea capaz de acabar con una situación de suma gravedad».

Prostitución en centro de menores, por qué todos miran hacia otro lado. Por Luys Coleto

PSOE, Podemos y MÉS, la grotesca hijuela separatista, rechazan que el Parlamento balear cree una comisión de investigación sobre los menores tutelados. Noticia perfectamente previsible. El estrepitoso silencio de las autoridades baleares y la actitud de omisión mostrada por el (des)gobierno español –que Pablo Iglesias, vicepresidente social de Pedro Sánchez, ha calificado de “prudente”-ratifica los peores auspicios.

La primera – y única- reacción de la castuza es protegerse ante el escándalo. En España, al tratarse de un enjuague de las autonomías, los peperos también darán carpetazo al asunto en las regiones donde gobiernen. Las mayorías parlamentarias más incuestionables solo existen para no investigar nada de lo sucedido. Seguramente llegará el momento en el que se redacten informes. No cobijen falsas esperanzas. Tras cada informe, incluso de la propia ONU, la autoridad, siempre inhumana, acabará anunciando medidas, sanciones y reformas. Todo, papel mojado.

Niñas prostituidas

En nuestra patria (y en todo el orbe "civilizado") los centros de menores, aparte de fastuosos negocios, devienen insospechados infiernos. Después de ser robados por el Estado, los niños y jóvenes son abusados, drogados, maltratados, violados, asesinados. En el mejor de los casos se trata de negligencia. Como entenderán, prefiero ser malpensado. Conductas mafiosas - narco, prostitución y pederastia, qué raro - operando al amparo/promoción del Estado. Una difusa, tenebrosa y letal trama institucional y política que impide que nada, jamás, pueda mínimamente iluminarse.

Si tuviera que aventurar una cifra, la siguiente: en la mitad de los centros se cometen abusos sexuales. Parte innegociable del connatural funcionamiento propia de los centros. Esto significa que en la mayor parte de los hogares se terminan consolidando semejantes perversiones. Psicosociales violando niñas. Otros menores más mayores reventando el coño y el culo de las crías. Posteriormente, prostituyéndolas. Redes de trata. Nadie- repito, nadie- hace nada para arrojar algo de luz. La falta de desvelo de las autoridades manifiesta una indolencia maciza y consistente. O no.

Nadie responde

En (casi) todos los centros de menores, estatales o privados, se perpetran –de forma permanente y metódica- acciones que amancillan los derechos de los niños y adolescentes. Es una violencia sistémica y sistemática. El Estado viola los derechos de los niños a los que tiene el deber de proteger. Los centros a cargo de congregaciones de la Iglesia Católicas, una puta vergüenza en nombre de Dios. Varias instituciones deberían responder públicamente por esta hecatombe. No solo las Consejerías de Asuntos Sociales, sino también la Policía y la Cosa Nostra Judicial, que queda especial y particularmente en entredicho. Siempre maderos, fiscalía y judicatura, en su mayor parte, qué extraño otra vez, obstruyendo. Nadie responde. Ni lo hará. En fin.

Vox denuncia que el Consell de Mallorca sabía «todo lo que pasaba» con los menores tutelados

Los diputados de Vox en el Consell de Mallorca Pedro Bestard y Toni Gili, así como la diputada de la misma formación en el Parlamento balear Idoia Ribas, denunciaron ayer que el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) «sabía todo lo que pasaba» con los menores que tutela, «porque los trabajadores le informan a diario» sobre las problemáticas que afectan a dichos menores. «Los responsables políticos del IMAS no pueden alegar desconocimiento», afirmó Gili.

Bestard, Gili y Ribas comparecieron en rueda de prensa para explicar que recientemente han visitado un piso de menores tutelados que el IMAS tiene concertado con una entidad en Palma. Gili expresó su reconocimiento a los educadores sociales que trabajan en los centros de acogida. «No cuestionamos en ningún momento a los trabajadores y técnicos», destacó. Asimismo, anunció que Vox ha presentado varias preguntas al tripartito de izquierdas que gobierna en el Consell de Mallorca para conocer, por ejemplo, «cuál es el número actual de menores tutelados por el IMAS» o «cuál es la aportación mensual que reciben las entidades concertadas que gestionan los pisos de menores tutelados del IMAS por cada menor».

Cabe recordar que los centros de protección de menores son de dos tipos, de acogida o tutelados y de internamiento. Los primeros son gestionados por el Consell de Mallorca a través del IMAS, mientras que los segundos son controlados por el Gobierno balear. Más allá de esa división de funciones, la controversia en torno a la supuesta falta de implicación de los actuales gobernantes para intentar proteger mejor a los menores tutelados se inició en enero, tras haber trascendido el caso de una niña de 13 años que se escapó por unas horas de su centro de acogida en el día de Nochebuena y que, esa misma noche, fue violada en grupo por seis menores en un piso de la barriada palmesana de Es Camp Redó.

El pasado mes de enero trascendió también la existencia de 16 casos recientes de explotación sexual infantil en Mallorca, 15 de ellos de niñas. Paralelamente, el Govern dio a conocer que desde 2016 había despedido a cinco trabajadores de sus centros de internamiento por «conductas sexuales inadecuadas» con menores. La extrema gravedad de todos esos hechos no ha hecho posible, sin embargo, que los distintos partidos con representación en el Consell de Mallorca y en el Parlamento balear hayan sido capaces de consensuar de manera conjunta una sola medida para luchar coordinadamente contra la explotación sexual infantil y los abusos a menores.

Posiciones distantes

Los tres partidos que gobiernan en el Consell de Mallorca bajo la presidencia de la socialista Catalina Cladera, el PSOE, MÉS y Unidas Podemos, anunciaron el pasado lunes que rechazan la creación de una comisión de investigación en la institución insular sobre las citadas problemáticas que sufren los menores tutelados. La puesta en marcha de dicha comisión había sido propuesta por el PP, Cs y Proposta per les Illes (PI) en el Consell de Mallorca, que criticaron con suma dureza la decisión tomada el lunes por el tripartito insular.

El PSOE, MÉS y Unidas Podemos en el Consell de Mallorca proponen, como medida alternativa, la creación de una comisión de expertos «para aportar soluciones» a los casos de explotación sexual infantil. La comisión promovida por el tripartito se pondría en marcha en 15 días, con el objetivo de que en el plazo de tres meses se pueda presentar un informe para evaluar los hechos y tener propuestas de acción futuras. La comisión que habían propuesto el PP, Cs y el PI habría estado centrada en las actuaciones llevadas a cabo por el IMAS, que preside el socialista Javier de Juan y que gestiona los 30 centros de acogida que existen en Mallorca.

Ambas propuestas serán debatidas en el pleno de este jueves en el Consell de Mallorca, si bien sólo saldrá adelante la del equipo de gobierno tripartito, dada la actual correlación de fuerzas en la institución insular. En dicho pleno se debatirá también una moción presentada por Vox para que se lleve a cabo una auditoría económica y de servicios en el IMAS. Una propuesta en esa misma línea había sido presentada ya por Vox en el pleno de diciembre, pero sólo contó con el voto favorable de Cs.

Explicaciones parlamentarias

Por lo que respecta al Govern, la socialista Francina Armengol descartó el pasado martes que el Ejecutivo que preside —conformado por el PSOE, MÉS y Unidas Podemos— vaya a asumir responsabilidades políticas por los casos de explotación infantil y de abusos a menores detectados en estos últimos años en Mallorca. Armengol reconoció que se trata de un «problema gravísimo» que exige que se coordinen «mucho más» todas las administraciones, incluida la del Estado, pero recordó que la gestión de los centros de acogida corresponde al Consell de Mallorca. Aun así, aclaró que la consejera de Asuntos Sociales del Govern, Fina Santiago, de MÉS, ha actuado en este asunto «desde sus competencias». Por último, Armengol reiteró que ha solicitado «más recursos» a la Policía y a la Fiscalía para poder luchar contra las mencionadas lacras.

Las explicaciones de Armengol no convencieron a la oposición. Así, el portavoz del PP, Biel Company, señaló que la mandataria balear «ha impuesto la ley del silencio» a sus socios en relación a esa problemática. Company añadió que si Santiago y De Juan no son destituidos, la presidenta balear será «cómplice de todos ellos». Por su parte, la portavoz adjunta de Cs, Patricia Guasp, indicó que «el Govern es el responsable último de revisar los protocolos», para mejorarlos si no funcionan. Las críticas más duras las recibió Armengol por parte del portavoz de Vox, Jorge Campos, quien acusó a la presidenta de convertir Baleares en «un estercolero moral».

En el Parlamento balear tampoco se creará una comisión de investigación sobre los menores tutelados por las instituciones isleñas. Así lo anunciaron el miércoles de la pasada semana el PSOE, Unidas Podemos y MÉS en la Cámara regional, al entender que debe ser el Consell de Mallorca la institución en donde se debatan y voten propuestas de esas características. Las tres formaciones citadas hicieron ese anuncio después de que Cs y Vox hubieran presentado sendas propuestas en el Parlamento autonómico abogando por la creación de una comisión de investigación específica en la Cámara balear.

¿Por qué las izquierdas de Baleares y Valencia ocultan y favorecen la pederastia? El chollazo de los menores tutelados. Por José Miguel Pérez

Baleares: niños bajo tutela pública convertidos en juguete de pederastas por la acción política de la izquierda. Son 16 los casos de abusos a menores en Mallorca ya destapados; se conocen varios más en Menorca, y la cifra lleva visos de aumentar.

El gobierno balear de socialistas, comunistas y tarados catalanistas de “Més” –aunque todos en ese ejecutivo son catalanistas-, se niega a investigar en el Parlamento el masivo sumidero de corrupción de menores, proxenetismo y abuso a niños en que se han convertido las Islas Baleares. Las izquierdas han bloqueado la petición de Ciudadanos y Vox de hacer una comisión de investigación. La Consejera de Asuntos Sociales del gobierno balear Fina Santiago, una comunista del partido catalanista “Mes”, así como la presidenta socialista Francina Armengol han evadido toda responsabilidad en el asunto culpando del mismo a la policía por su “inacción”.

El pasado mes de diciembre Vox, decidido a coger el toro por los cuernos, se hizo eco del silenciamiento y ocultación por parte del gobierno balear sobre las informaciones y denuncias del personal de los centros de menores que apuntaban a niñas y niños tutelados por el gobierno balear sometidos a explotación y abusos sexuales a cambio de drogas o dinero. Eran informaciones y denuncias que durante años habían apuntado a que las niñas de algunos centros en su totalidad, eran sometidas a proxenetismo en pisos y parques de la ciudad de Mallorca y otras localidades. Así pues Vox pidió una auditoria e investigación al gobierno balear bajo cuya tutela están las menores. La izquierda en bloque negó a Vox su petición, y lo más sorprendente: el PP, que ha gobernado durante años las Islas, se abstuvo en la votación. Vox sabía que desde hace 20 años los rumores sobre episodios de corrupción de menores eran frecuentes en las Islas. Días después de solicitar esa auditoría en el Parlamento regional, denegada por la izquierda y NO APOYADA por el PP, se produjo el 24 de diciembre 2019 la agresión sexual a una menor tutelada que destapó el escándalo, y tras él, y a lo largo del mes de enero, se descubrieron16 casos de abusos sexuales a los que hay que añadir los varios que recientemente han sido denunciados en Menorca. La cifra no para de aumentar, como no para de aumentar la hipocresía izquierdista que ha tratado de bloquear institucionalmente toda la investigación. La Fiscalía y la Policía, pese a estar entorpecidas por el gobierno socialpodemita balear, están investigando este escándalo sin precedentes.

El pasado 19 de febrero, en la sesión parlamentaria de control al gobierno de España, Pablo Iglesias se arrancó a coces contra la diputada del PP que le exigió explicaciones por el caso balear, y sobre todo fue especialmente duro contra la diputada de Vox Mireia Borras que sacó a relucir las negligencias hipócritas de esa izquierda que desea secuestrar a los niños para luego lanzarlos en muchas ocasiones a la depredación sexual y al delito.

La responsabilidad del Ministerio de Igualdad de Irene Montero, del Vicepresidente “de derechos sociales” Pablo Iglesias y de Podemos en Baleares es de primer orden, pues son parte del gobierno autonómico y siempre se han distinguido por ser los defensores –decían- de de los menores desamparados que “no deben ser propiedad de los padres”, idea que también recalcó la socialista Isabel Celaa en unas famosas declaraciones.

La trama de prostitución de menores en Baleares no es excepcional; en la comunidad Valenciana, bajo el gobierno socialcatalanista de Chimo Puig y Mónica Oltra ha habido recientemente redes proxenetas en torno al tristemente famoso centro de menores de Monteolivete de la ciudad de Valencia, que hubo de ser cerrado en 2017. El propio exmarido de la Vicepresidenta valenciana Mónica Oltra se benefició del silenciamiento y el amparo que le concedió la Consejería de Igualdad pilotada por su esposa Oltra; consejería de la que dependía el centro de menores en el que el susodicho, entonces “educador”, cometió sus abusos sobre una niña de 13 años por los que fue condenado. La Fiscalía apunta a que la vicepresidenta Mónica Oltra, prevaliéndose de su rango institucional, encubrió el horrendo delito perpetrado por su entonces marido ocultando pruebas a la Justicia.

NEGOCIO/CHOLLO A CUENTA DE LOS MENORES TUTELADOS

Detrás de las negligencias, canalladas o complicidades de políticos desalmados, y de las de los rectores de los centros de tutela de menores , existe un tema que muy pocos comentan pero que explica el impulsivo frenesí de la clase política por arrancar menores a sus padres, tutelarlos y registrarlos en los centros públicos. Es el negocio y chollo que suponen las subvenciones europeas que reciben los gobiernos regionales, así como los centros de menores convertidos en nidos de enchufados y clientes políticos. Los gobiernos autonómicos, por cada plaza de menor tutelado obtienen entre 4000 y 9000 euros al mes. Del mismo modo, la subvención anual que obtiene un centro puede superar los 60.000 euros, a los que hay que añadir las ayudas y fondos del Presupuesto autonómico y nacional por los cuales centenares de miles de euros recaen en forma de subvenciones. Por cada menor tutelado en Baleares el centro se lleva entre 3 y 6 mil euros.

Además del jugoso negocio económico del subsidio, tenemos el de los arbitrarios “servicios sociales”. Se trata de esos individuos cuya actuación no está reglada de forma homogénea en todo el territorio nacional –autonomías y Ayuntamientos tienen sus propios protocolos-, y que en virtud de informes, aunque sean falsos, pueden arrebatar la custodia y la tutela de los niños a sus padres.

El poder de los “agentes” de los servicios sociales es enorme. Actúan de forma plenipotenciaria; sus informes no están sometidos a control judicial. La Policía obedece esmeradamente sus instrucciones. Los Jueces atienden y avalan las actuaciones de esos servicios sociales con absoluta complacencia. Los informes se determinan tras un procedimiento donde no hay garantías de defensa ni probatorias para los padres afectados por el robo de sus hijos. Es decir: algo tan sensible y que afecta a derechos fundamentales como es arrancar a un menor del hogar está en manos no de un Juez, ni de una actuación policial, sino de un “miembro de servicios sociales” que puede no tener siquiera la titulación académica requerida. Existen miles de denuncias en la geografía española contra personal de “servicios sociales” sin cualificación, y por supuesto contra miles de informes falsos redactados con absoluta arbitrariedad y plagados de mentiras, sin dar a los padres derecho a defensa y a prueba, y gracias a los cuales se han destruido familias enteras.

De este modo se producen retiradas traumáticas de menores del seno de sus hogares, fragmentaciones de familias abocadas a la desolación.

Por no ir bien vestido un menor, por alegar que un niño no está bien alimentado etc, es decir en base a parámetros subjetivos y ambiguos, una familia puede perder a su hijo mediante un informe maniqueo y absurdo dictado por los intocables “servicios sociales”. Y de ser un niño que tal vez no vaya con el mejor chándal o las mejores zapatillas, o cuyos padres no ganen mil euros (no obstante lo cual lo rodean de cariño y ayuda de otros familiares), puede pasar a ser un niño encerrado en una centro de acogida donde, a modo de granja, sufra el trato frío o directamente el maltrato de los supuestos cuidadores o educadores. Cuidadores que pueden ser como el tristemente famoso marido de la Vicepresidenta valenciana Mónica Oltra, que abusaba por las noches de una niña de 13 años. Puede suceder COMO EN MALLORCA, donde los centros de menores tutelados arrojan a la calle a las niñas para caer en manos de proxenetas, explotadores sexuales y drogadictos.

Todo eso y más puede suceder y sucede, porque el negocio/ chollazo de gobiernos autonómicos como el socialpodemita balear o el valenciano a cuenta de las subvenciones y el clientelismo se debe mantener. Como se debe mantener también el enriquecimiento de enjambres de vividores del pesebre de la izquierda sociológica encuadrados muchas veces en los “servicios sociales”.

La responsable de la oleada de corrupción de menores que vivimos en Baleares o Valencia es una ideología que pretende alienar a los niños, que es descendiente del marxismo clásico, que es la que hoy quiere proseguir la tarea del comunismo político y de su ramificación en Occidente que es el marxismo cultural o dictadura progre y que pretende hacer esa “ingeniería de almas” a la que se refería Lenin para acabar con la cultura occidental y con la familia como institución nutricia de la cristiandad. Robar a los niños y pervertirlos es secuestrar de la forma más totalitaria nuestro futuro.

Fracasa el plan del PSOE para tapar el caso de abusos a las menores tuteladas

La comisión de expertos descarrila. Antes incluso de ponerse en marcha, el órgano con el que los partidos que forman el Pacte en el Consell de Mallorca (PSOE, Podemos y Més) querían evitar la comisión de investigación parlamentaria por el escándalo de las menores tuteladas explotadas sexualmente, ha quedado doblemente herido: descabezado sin el profesional que debía encargarse de coordinarlo, y desvirtuado por una composición que dificulta su espíritu necesariamente crítico para evitar errores del pasado.

Y es que entre los perfiles que van a formar parte de esta comisión de expertos se incluye a dos personas que pertenecen al servicio de menores y familia del propio Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (Imas, la institución que centra el escándalo), un profesional procedente de la universidad balear, otro que vendría desde alguna de las entidades que tienen concierto con el Imas, y otras dos personas que se nombrarían a propuesta de los diversos partidos políticos y que, a falta de consenso, serían elegidos en función de las mayorías existentes en el Consell. Es decir, media docena de personas -aparte del coordinador-, de las cuales la mayoría o bien serían nombradas por los partidos de izquierdas, o bien serían juez y parte, al estar ya integradas en el Imas.

La fórmula, que ya de por sí provocó ayer el enfado mayúsculo de la oposición, llega además con el lastre de haber perdido, antes incluso de que fuera nombrado, al experto -«el mejor de Europa» en su terreno, según el presidente del Imas- que debía coordinar los trabajos y reuniones de la comisión.

Procedente de la Universidad de Oviedo, Jorge Carlos Fernández Del Valle trabajó para el Consell de Mallorca durante la legislatura en la que la actual jefa del ejecutivo autonómico, la socialista Francina Armengol, presidía el Consell.

Él fue el encargado de poner en marcha entre 2008 y 2009 los sistemas y protocolos de protección de menores que actualmente se han revelado insuficientes, y bajo cuya vigencia se han producido los casos de abusos y explotación sexual revelados durante los últimos dos meses.

Fernández, que percibió en su momento cerca de 60.000 euros por esa función, justificaba ayer su renuncia al cargo para evitar así entrar en una «zona de guerra» donde «todo el mundo va a otra cosa».

En declaraciones a Radio Mallorca-Cadena Ser, el catedrático aseguró que en el actual contexto «no se dan las condiciones para que en una comisión podamos hacer un trabajo medianamente razonable».

"ALGARABÍA POLÍTICA"

El que hasta ayer debía ser coordinador de la comisión de expertos subraya que es «la primera vez en tres décadas» trabajando con administraciones, en que se forma «una algarabía política de este tipo habiendo menores a los que proteger de por medio».

Desde el Consell de Mallorca, el presidente del Imas, Javier de Juan, cargó por su parte contra los partidos de la oposición, a quienes acusa de haber «politizado el nombramiento» de un profesional que en la actualidad coopera con varias autonomías y el Gobierno de Portugal en evaluación de programas y consultoría sobre protección a la infancia. De Juan asegura que PP y Vox han «han intentado torpedear» desde el principio la comisión de expertos, y debido a ello, Fernández del Valle ha considerado que «no se daba el ambiente necesario» para su aterrizaje en la isla.

PSOE y sus socios tumban la comisión para investigar en el Congreso los abusos a menores en Baleares

No le ha servido de nada a la diputada de Ciudadanos Marta Martín pedir «altura de miras» al principio de su intervención para «no polarizar el debate» de la proposición no de ley (PNL) que presentó su grupo sobre los abusos a menores en centros tutelados de Baleares. Porque los partidos del Gobierno y sus socios han acusado al Partido Popular, Vox y Cs de «utilizar» el caso para «desgastar» y han tumbado la iniciativa que incluía la creación de una comisión de investigación en el Congreso.

La PNL se ha rechazado con 145 votos a favor, 190 en contra y una abstención. Cs y PP pactaron por la mañana una enmienda para introducir la creación de una comisión de investigación y han forzado así al Gobierno de coalición a posicionarse, después de que PSOE y Unidas Podemos (UP) –que también gobiernan en Baleares– hayan bloqueado la creación del organismo con el mismo objeto en el Parlament. No obstante, a razón del rechazo del Gobierno y sus socios, PP y Cs han unido fuerzas para registrar durante la tarde la petición de la creación de la comisión.

El Grupo Parlamentario de Cs había registrado la PNL para «garantizar la protección integral y la asistencia a menores tutelados». Pero esta mañana el partido anunció a través de su portavoz adjunto, Edmundo Bal, una enmienda a su propio texto para instar al Congreso a la creación de la comisión. Los populares señalaron que les apoyarían y registraron por su parte una petición en el mismo sentido.

Durante la presentación de la PNL, ya por la tarde, Martín ha pedido a PSOE y UP que «abandonen los prejuicios y los eslóganes» para subir con «responsabilidad» a la tribuna. «Exigimos saber qué ha pasado para apartar a los responsables políticos», ha expresado, que además ha pedido a los partidos de Gobierno que no bloqueen la comisión de investigación como sí hicieron en Baleares.

«No han podido evitar el tono de bar»

La popular Margarita Prohens ha recogido el testigo de Martín y ha pedido a la bancada de la izquierda «sosiego e independencia». Aunque ha acabado lamentando que UP «no ha podido evitar el tono de barra de bar que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias», dijo, «utilizó la semana pasada», durante la sesión de Control, cuando ella le preguntó por el mismo asunto.

Prohens ha exigido la creación de la comisión de investigación: «Nos alegramos que Cs se haya sumado a esta iniciativa y que se visualice que estamos juntos para descubrir la verdad». Eso sí, han presentado algunas enmiendas al texto. «Ustedes han tomado partido por defender a sus partidos en lugar de a las menores, si votan en contra de esta comisión de investigación persistirán en el error de sus partidos en Baleares», ha sentenciado Prohens.

Por su parte, la diputada de Vox Mireia Borrás ha exigido al Gobierno predisposición para que se esclarezcan los casos en Mallorca y «en el resto de España». Además, ha denunciado la «ineficacia» de las Comunidades Autónomas en la tutela de los menores: «Una vez más el sistema de autonomías pone en evidencia su ineficacia, y genera víctimas que sufren situaciones de mayor o menor protección según el territorio».

«Quieren desgastar al Gobierno»

El socialista Pere Joan Pons ha criticado a derecha de «jugar sucio» con un tema «sensible», porque, su juicio, «cualquier tema les vale para desgastar al Gobierno». Pons ha atacado a PP, Cs y Vox negando que les importen los abusos en la infancia porque, señala, solo quieren «dañar al Gobierno» y «sembrar dudas» sobre su «compromiso». En el mismo sentido, el nacionalista vasco Mikel Legarda también ha reprochado a los partidos de la derecha de «usar a la menores como mercancía».

Desde UP, por último, la parlamentaria María del Mar García acusó a los tres partidos de la derecha de «convertir unos hechos gravísimos en una lucha partidista». No obstante, la diputada de UP ha tendido la mano para trabajar «en un ambiente transaccional» para mantener el consenso.

El Pacte tumba otra vez la comisión para investigar los abusos a menores

El Pacte vuelve a rechaza la creación de una comisión de investigación para dirimir responsabilidades sobre la red de menores tutelados por el Imas. No obstante, sí votó a favor de que los Consells insulares se personen en los casos judiciales abiertos que «impliquen explotación sexual» a estos niños.

«Al menos, han votado a favor de esto», afirmó la popular Marga Durán, que presentó la moción en el Parlament balear. El texto que la diputada había presentado incluía siete puntos, todos ellos rechazados menos el cuarto.Entre ellos, el que solicitaba a la presidenta Francina Armengol que cesase a la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, y al resto de su equipo «después de su negligencia y oscurantismo» en la gestión de los casos de explotación sexual de menores tuteladas. Además, añadió que «los que han sido parte del problema, no pueden serlo de la solución».

«Se han atrincherado ustedes detrás de protocolos», lamentó Durán durante su intervención, «con cero autocrítica, cero dimisiones, cero responsabilidad política porque han vetado una y otra vez la creación de comisiones de investigación».

«Llevan dos meses hablando de las víctimas y de los profesionales», reprochó la diputada socialista Irantzu Fernández a Durán, «pero aún no han hablado de controlar a los agresores». La moción incluía un tercer punto para instar al Govern a que se personase en los casos judiciales abiertos que impliquen «explotación sexual a menores tutelados». Fernández propuso eliminar la condición de tutelados. Es decir, personase en causas de abuso a menores sí pero centrarse en el caso concreto de menores tutelados, no. Respecto a la creación de una comisión, la diputada Fernández recordó que «el Consell de Mallorca ya creado una comisión de expertos».

La diputada de Unidas Podemos, Cristina Mayor, también se negó a la creación de esta comisión y recordó las «5 comparecencias» de profesionales implicados en el área como la de la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago o Serafín Carballo, el Defensor del Menor.

«Esta solicitud no respeta la soberanía de las entidades», afeó la diputada ecosoberanista Joana María Campomar a Durán, «han tenido oportunidad de pedir en todas las comparecencias las explicaciones que ahora pide». La ecosoberanista aseguró querer «huir de intereses partidistas» y buscar «pactos perdurar». También pidió que se pusiese el foco «en los explotadores».

En la misma línea se manifestó la diputada del Grupo Mixto, Silvía Tur quien se definió a sí misma como «una gran defensora de la soberanía». A este argumento, Durán contestó que «en este Parlament se insta muchas veces al Gobierno del Estado. No entiendo porque no podemos instar al Govern», en referencia a su petición de que el Ejecutivo balear se persone en las causas abiertas que impliquen abusos e menores tutelados.

Ciudadanos, Partido Popular, Vox votaron a favor de todos los puntos de la moción y El Pi se abstuvo en la petición de dimisiones de la consellera Fina Santiago y su equipo. «Tendríamos que pedir la dimisión de todos: del IMAS, de la presidenta Cladera, del Defensor del Menor... incluso la mía como miembro de la sociedad, pero no lo voy a hacer» y añadió que «no pedimos la dimisión pero espero que el jueves digan que sí a la Comisión de Investigación que se votará el próximo jueves en el Consell de Mallorca».

El grupo parlamentario de Cs presentó dos enmiendas, que no contaron con el respaldo de la Cámara.

La UE investigará los abusos a menores tuteladas en Baleares tras una petición apadrinada por VOX​

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido una petición apadrinada por VOX para investigar los abusos a menores tuteladas en Baleares (España).

Ha sido la presidenta de la Comisión, Dolors Montserrat, la que ha confirmado al peticionario -el ciudadano español José Luis Sánchez Saliquet- la admisión, ha pedido a la Comisión Europea abrir una investigación preliminar sobre el caso y ha solicitado información al Gobierno socialcomunista dirigido por Pedro Sánchez.

El eurodiputado de VOX Jorge Buxadé, está apadrinando esta petición colaborando con el peticionario desde el principio.

La denuncia de la “grave violación de los derechos fundamentales de las menores” recogidos en las legislaciones nacionales, europea y en Instrumentos Internacionales se presentó tras la oposición del PSOE y Podemos en el Parlamento autonómico y el Consell de Mallorca a una investigación de la gestión de los centros de menores tutelados por el Instituto Balear de Asuntos Sociales (IMAS).

En este sentido, censura el Gobierno balear omitiera actos de socorro pese a ser “el responsable de velar por las menores” y lamenta que, conocedora de los abusos, la coalición izquierdista no actuara “de inmediato” poniendo en marcha “las pertinentes y preceptivas acciones civiles y penales”.

La Eurocámara pide respuestas a Iglesias y Marlaska por los abusos a menores tutelados​

El Parlamento Europeo ha pedido por carta al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, así como al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que responda ante los casos de abusos a menores tuteladas en Baleares.

En concreto, Bruselas exige explicaciones detalladas a ambos miembros del Ejecutivo sobre qué medidas y soluciones han adoptado sus ministerios para erradicar el caso y proteger a los menores.

A través de dos cartas, la Comisión de Peticiones de la Eurocámara informa a las dos carteras del Gobierno de Pedro Sánchez de la apertura de una investigación a raíz de la queja de un ciudadano de Ibiza, según 'El Mundo'.

La Comisión de Peticiones, dirigida por la popular Dolors Montserrat, se ha dirigido así a ambos ministros para comunicarles que se ha admitido a trámite este asunto.

De esta manera, se ha acordado pedir a las autoridades competentes del Ejecutivo de coalición y el Govern balear que expliquen qué medidas han adoptado y qué soluciones están dando.

Contestación sobre los abusos​

La Comisión proseguirá con la investigación cuando reciba la contestación del Gobierno y estudia la posibilidad de enviar una comitiva a Baleares para investigar el asunto.

La exdirectora insular de Infancia: "Hay indicios de explotación sexual de menores en Mallorca desde 2011 o antes"​

La directora insular de Infancia y Familia en el Consell de Mallorca entre 2016 y 2019, Magdalena Gelabert, ha asegurado este jueves que "hay indicios de explotación sexual de menores en Mallorca desde 2011 o antes" y ha considerado que el hecho de que "se quisieran escuchar estos indicios y ponerse a trabajar es cuestión de voluntad política".

"Es muy fácil cerrar los ojos y decir que el problema no existe", ha señalado Gelabert durante su intervención en la Comisión Política sobre Explotación Sexual Infantil en el marco del Consejo Rector del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

Según la exdirectora insular, fue en 2015 cuando "se empiezan a monitorizar las fugas" y "a darle importancia a este tema". "A partir de este momento se unifican criterios, maneras de abordar la situación y un control exhaustivo de fugas. Una fiscalización a la que los centros no estaban acostumbrados, y se notaba", ha apuntado.

Gelabert ha indicado que los casos de explotación sexual a menores tutelados "existían igual antes, pero no se había prestado atención" o "no se le había puesto el nombre de explotación sexual infantil". "Nos dimos cuenta que durante muchos años la administración no había liderado esta cuestión", ha dicho, a la vez que ha asegurado que "el IMAS no conocía las condiciones en las que estaban sus niños y adolescentes".

En este sentido, ha expuesto que sus objetivos en la Dirección fueron atajar las fugas, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de los centros y los servicios residenciales, actualizar el reglamento de centros y evaluar los procesos y procedimientos del servicio, entre otras cuestiones.

De acuerdo con Gelabert, durante el tiempo que estuvo al frente de la Dirección, se actualizó el reglamento de centros, se puso en marcha la concertación de los programas y se redujeron las fugas o salidas no autorizadas de los centros. "A nosotros no nos interesaba si teníamos muchos o pocos casos, sino generar espacios seguros para que los chicos y chicas pudieran hablar con sus educadores referentes", ha destacado.

Además, ha censurado el tratamiento de los medios de comunicación con esta cuestión, que ha calificado como "sustancialmente mejorable". "No está mal hablar pero creo que no se ha hablado correctamente", ha señalado. "Las administraciones anteriores deberían reflexionar. Su inacción, negligencias y falta de proactividad y previsión privó a muchos niños y niñas de ser atendidos adecuadamente", ha concluido.

EN 2015 LA DIRECCIÓN TUVO CONSTANCIA DE VARIOS CASOS​

Durante la comisión de este jueves también ha intervenido la directora insular de Infancia y Familia entre 2015 y 2016, Beatriz Morales, quien ha relatado que, cuando llegó a la Dirección en julio de 2015, se encontró un despacho vacío, sin papeles ni documentación en el ordenador. "Se hizo el traspaso en forma de un pequeño dossier donde figuraban todas las áreas de intervención del IMAS", ha censurado.

La exdirectora insular ha asegurado que en 2015 ya tuvo constancia de un caso de explotación por medio de la directora de un centro. "Además de dejarnos blancos nos sorprendió", ha comentado. Así, ha explicado que, tras tener conocimiento, desde el área comenzaron a investigar y a preguntar a los técnicos, de forma que comenzaron a salir "casos aislados que podrían estar relacionados con este tipo de explotación".

"Se empiezan a hacer reuniones para ver qué esta pasando", ha apuntado. Asimismo, se puso un parte en Fiscalía, se aplicaron los protocolos para tratar esta cuestión y la directora insular se reunió con todos los servicios de menores de los ayuntamientos de Mallorca.

En este sentido, ha destacado que durante el tiempo que estuvo al frente de esta dirección tuvo constancia de un total de 15 casos sospechosos de explotación sexual infantil. De esta forma, ha considerado que esta es una problemática que "debía de estar sucediendo, pero no se puso sobre la mesa seriamente". "No creo que saliera así de repente", ha dicho.

Morales ha explicado que decidió presentar su dimisión en septiembre de 2016. "Me metí mucho en este tema emocionalmente", ha declarado, puesto que esta cuestión le impactó mucho. "Al final tu no puedes cargar con todo, es un tema muy estructural que depende de muchas instituciones", ha añadido.

Respecto a las posibles soluciones a este problema, ha insistido en que esto "no pasa esto solo con los niños que están en protección, es un problema estructural". "Necesitamos remar todos en el mismo sentido y con la misma fuerza para poner remedio a esto", ha concluido.

Baleares vuelve a impedir que se investigue el abuso a menores tuteladas pese al requerimiento de la UE​

PSOE, Podemos y los nacionalistas de Més per Mallorca -marca homóloga de ERC en las Islas Baleares- han vuelto a impedir este martes la creación de una comisión de investigación sobre los casos de explotación sexual de menores tutelados por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

La iniciativa del Partido Popular en el Parlamento de las Islas Baleares para "saber qué ha pasado, mejorar las actuaciones y evitar que se vuelvan a producir estos casos" ha sido rechazada de nuevo por el tripartito que preside Francina Armengol.

Y eso que hace poco más de un mes el Parlamento Europeo pidió explicaciones tanto al Gobierno de Pedro Sánchez como al de su homóloga balear. Concretamente, el comité de Peticiones de la Eurocámara remitió una carta reclamando a sendos ejecutivos que detallasen "las medidas adoptadas y las soluciones dadas para la protección de los menores bajo su tutela".

Las misivas fueron remitidas al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la propia Armengol. Según pudo saber EL ESPAÑOL, éstas estaban firmadas por la presidenta del comité de Peticiones, la popular Dolors Montserrat, y se enviaron el pasado 11 de febrero.

El requerimiento de la UE no ha provocado que el Ejecutivo balear reconsidere su postura, ya que ha vuelto a impedir la creación de una comisión de investigación. PP, Ciudadanos, El Pi y Vox han votado favorablemente, pero el tripartito se ha valido de su mayoría en la cámara para tumbar la iniciativa.

En el pleno de este martes, la izquierda también se ha opuesto a revisar y modificar el Protocolo de actuación en caso de abuso sexual infantil. El Parlamento ha aprobado por mayoría, eso sí, los puntos de la propuesta popular relativos a instar al Gobierno insular a personarse en los casos judiciales abiertos que impliquen explotación sexual de menores tutelados y a que se implanten proyectos de recuperación psicológica y de inserción social para las víctimas de estas prácticas.

Un año del escándalo​

Han pasado ya 443 días desde que se destapó el escándalo y todavía no se han asumido responsabilidades políticas. El 12 de enero de 2020, el Diario de Mallorca daba la exclusiva: un grupo de menores acogidas en centros del Instituto de Asuntos Sociales mallorquín (IMAS) llevaban años siendo prostituidas.

El diario destapó toda una red de explotación sexual de menores bajo tutela pública posibilitada por la inacción de la administración balear, que no atendió los numerosos avisos de trabajadores sociales y agentes de policía. Las niñas, de entre 13 y 17 años, eran explotadas sexualmente a cambio de drogas, regalos o dinero.

El caso salió finalmente a la luz gracias a la denuncia de una niña tutelada de 14 años, que fue violada por seis adolescentes en un piso del barrio de Corea, uno de los más conflictivos de Palma. El suceso quedó recogido en unos estremecedores mensajes que envió a su psicóloga del centro de acogida.

Desde entonces han sido varias las ocasiones en las que el Gobierno de la socialista Francina Armengol ha rechazado la creación de una comisión de investigación. La primera de ellas fue el 18 de febrero del 2020. En aquellas fechas, tras las críticas de la oposición balear, Ciudadanos elevó sus peticiones al Congreso de los Diputados, junto a PP, Vox y Foro para la creación de la comisión, pero el Congreso también la rechazó -sirviéndose PSOE y Unidas Podemos de su mayoría en la Mesa-.

El caso saltó a instancias políticas europeas y, el pasado 22 de febrero, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo solicitó al Ejecutivo balear y al Gobierno de España que explicasen "las medidas adoptadas y las soluciones dadas" para proteger a los menores bajo su tutela.

La semana pasada, el PP retomó la intención de debatir en el Congreso y crear una comisión de investigación sobre casos de abusos a menores bajo tutela pública, tanto en las Islas Baleares como en la Comunidad Valenciana. Lo hizo a raíz de la condena de cinco años de prisión al exmarido de Mónica Oltra, vicepresidenta del Gobierno de la Comunidad Valenciana. Pero, de nuevo, ha sido en balde.

"Una infamia"​

El debate sobre la moción de este martes en el Parlamento Balear ha comenzado con la alocución de la diputada del Partido Popular, Margalida Durán, que ha pedido "de corazón" el apoyo de las formaciones de izquierda para parar la "infamia" que supone "que los partidos que se dicen feministas voten una y otra vez en contra de la creación de una comisión de investigación".

Pero su petición no ha tenido buena acogida entre el tripartito balear, que ha descargado responsabilidades en el Consell de Mallorca y ha arremetido duramente contra lo que han entendido como una "politización" del caso. En este sentido, el portavoz de Més per Mallorca, Miquel Ensenyat, ha aseverado que hay "otras instituciones que ya están estudiando el caso" y ha acusado al PP de querer "colgarse una medalla".

Para justificar su rechazo a la moción, la portavoz socialista Bea Gamundí ha alegado que los hechos que se pretenden investigar "sobrepasan nuestras competencias", y que "es un tema complejo" que "no se puede entender si se centra sólo en el contexto de estos centros".

Especialmente dura ha sido la réplica de la diputada de Unidas Podemos, Cristina Mayor, que ha acusado al Partido Popular de querer "politizar la explotación sexual infantil" para conseguir "un titular". Y ha terminado su turno defendiendo la necesidad de la Ley del "sólo sí es sí" como solución a la explotación sexual.

Ante estos alegatos para justificar "no", Margalida Durán ha lamentado que el caso "se ha de investigar y ustedes lo saben" y ha asegurado que "su legislatura será la del abuso a menores" y quedará "manchada por ello". "Hoy, una vez más, se producirá una infamia", ha zanjado la diputada popular antes de dar paso a la votación. El resto, es historia.

Madres de menores tuteladas: «Nuestras hijas están en la calle con delincuentes y haciendo felaciones»​

Madres de menores de edad tuteladas por el Consell de Mallorca han expresado a este medio su desesperación por los abusos y explotación sexual que sufren sus hijas. Son madres que por algún motivo han perdido la custodia de las niñas y que ahora contemplan impotentes cómo caen en manos de explotadores sexuales. «Mi hija se pasa el día rodeada de explotadores sexuales y chupando pollas», afirma Laura E., madre de una menor de 16 años.

Esta misma semana Laura E. ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 6 Palma, en la que explica al juez que la niña se fuga reiteradamente del centro de menores desde finales del pasado año y que ha caído en manos de una red de explotación sexual. Asegura que su hija, cuando se fuga, vive entre drogas y delincuentes y haciendo felaciones en el piso okupa del número 63 de la calle Manacor, que hace dos semanas fue desalojado por la Policía pero que ahora ya vuelve a estar habitado.

Se da la circunstancia de que Laura E. vive en la calle Manacor y en más de una ocasión ha podido ver a su hija en la calle. Cada vez que esto sucede avisa al centro de acogida. Aun así, su hija sigue fugándose con frecuencia. Laura E. no puede acercarse a la niña por orden judicial debido, según ella, a una falsa denuncia de supuestos malos tratos.

Una educadora del centro de acogida donde está internada la hija de Laura E. reconoce que la menor se fuga periódicamente y que ha caído en manos de una red de prostitución y que tanto la Policía como el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (Imas) conocen este problema y están intentando encontrar una solución. De momento, todo sigue igual.

Operación policial​

En conversación con OKBALEARES, Laura E. lamenta que su hija sigue escapándose del centro de acogida. «Está en la calle en compañía de otra chica y viviendo en la Casa del Terror [así denomina al edificio okupa de la calle Manacor]. En el centro de acogida no hay disciplina alguna que ponga a las internas en su lugar». La desesperada madres insiste en que estas menores tuteladas viven rodeadas de delincuentes y haciendo felaciones a cambio de regalos: «Mi hija sigue visitando la casa del terror con una compañera y rodeada de chicos magrebíes, haciendo vida con ellos que con frecuencia están borrachos y drogados. Vive en los bajos mundos y es una pena que dos niñas tan guapas estén en malas compañías y prostituyéndose».

Margarita F. es la madre de otra de las niñas tuteladas que también sufre por la situación de su hija, que en este caso vive en un piso okupa de la calle Joan Mestre. Asegura que su hija también se fuga con frecuencia y que el piso de Joan Mestre se ha convertido en otra Casa del Terror. Margarita suscribe todas las palabras y denuncias de Laura E.

El escándalo de la prostitución y explotación sexual de menores tuteladas por el Consell de Mallorca no deja de crecer ante la pasividad del Govern balear y del propio Gobierno insular, dos instituciones gobernadas por el pacto de izquierdas que conforman el PSOE, Unidas Podemos y los independentistas de Més. Ante esta pasividad de la izquierda, ha sido la Policía Nacional la que ha tomado cartas en el asunto y a mediados de este mes de septiembre desalojó el piso okupa de la calle Manacor donde las menores tuteladas ejercen la prostitución. En esta vivienda residía una docena de personas, la mayoría argelinos y marroquíes. Las menores acudían a la vivienda guiadas por proxenetas y en ella se prostituían a cambio de unos zapatos nuevos, un bolso o un vestido.

La operación policial no sirvió de mucho porque el piso vuelve a estar ‘okupado’ por los mismos habitantes de antes y sigue siendo uno de los refugios de las menores tuteladas cuando se fugan de los centros de acogida.

El 16 de septiembre, la Policía Nacional llevó a cabo otra operación contra la prostitución de menores que se saldó con 17 detenidos. Entre ellos, había tres adolescentes que captaban a sus amigas para que se prostituyeran, mientras que el resto eran mayores de edad que o bien mantenían relaciones con las chicas o bien las explotaban sexualmente.

La mayoría de estas jóvenes eran precisamente residentes que proceden de centros tutelados. Fue una gran operación policial contra la trama de explotación sexual de menores tuteladas que tanto el Govern que preside la socialista Francina Armengol como el Consell de la también socialista Cati Cladera intentan ocultar.