Vox pide en el Parlamento andaluz los nombres de los trabajadores de las unidades de violencia de género | ForoTrolls

Vox pide en el Parlamento andaluz los nombres de los trabajadores de las unidades de violencia de género

Shizuka

Vip
25 Nov 2010
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Vox está dispuesto a mantener el foco de su acción política en su lucha contra lo que denominan la ideología de género, que han convertido en argumento principal de su discurso, y para ello están decididos ahora a poner en cuestión la profesionalidad de los técnicos de la administración que evalúan las situaciones de maltrato.

Con ese objeto, el grupo parlamentario de Vox en el Parlamento andaluz -la primera cámara autonómica en la que tienen representación- ha presentado una petición por escrito reclamando los nombres y apellidos, además de los datos de colegiación, de todos los trabajadores de las Unidades de Violencia de Género de la Junta de Andalucía, desde el año 2012 hasta hoy, una demanda que ha suscitado «estupor» en el resto de los grupos de la Cámara.

Vox, liderado en Andalucía por el juez en excedencia Francisco Serrano, pretende comprobar que los profesionales que intervienen en los procesos relacionados con la custodia de menores o con situaciones de maltrato estén convenientemente cualificados, para lo cual reclama los datos de colegiación de cada uno de ellos. Con tal fin se solicita una «relación detallada con nombres, apellidos, número de colegiados en sus respectivos colegios profesionales, si estuvieren dados de alta en ellos con la reseña de dichos colegios profesionales, y si no también, de todos los psicólogos, trabajadores sociales y médicos forenses que han integrado las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género».

La solicitud de información -a la que ha tenido acceso EL MUNDO y que fue registrada en la Cámara el 20 de febrero- reclama también los nombres de los miembros de los «equipos psicosociales de los juzgados de Familia y equipos de menores en las ocho provincias de Andalucía, entre los años 2012 y 2019 completos».

La iniciativa se ampara en el artículo 7 del Reglamento del Parlamento, que obliga al Gobierno andaluz a facilitar la información solicitada por los grupos en su ejercicio de control del ejecutivo, siempre que no afecte a datos personales salvaguardados en la Ley de Protección de Datos.

Y a esa salvaguarda se acogerá previsiblemente la Mesa del Parlamento para rechazar la petición. Este órgano, que preside la diputada Marta Bosquet (Cs), es el encargado de ordenar el funcionamiento de la Cámara y probablemente tenga que solicitar a los letrados un informe para justificar su decisión el próximo miércoles, cuando está previsto que se reúna.

El propio Francisco Serrano justificaba este viernes su solicitud -a través de un mensaje difundido en su cuenta de Twitter- en la necesidad de comprobar la cualificación profesional de los técnicos, pues, según apunta, «se están violando sentencias de altos tribunales que exigen la colegiación». «Los jueces dictan sentencias en base a informes de profesionales no cualificados y altamente ideologizados y de los que depende la libertad de un acusado o el futuro de niños», añadió.

La lucha contra la ideología de género ha formado parte del argumentario de Vox en todos los foros y ahora también en el ámbito institucional, hasta el punto de que este partido intentó forzar un compromiso del PP para acabar con las subvenciones vinculadas a la violencia de género y a modificar la ley, a cambio de su voto a la investidura de Juan Manuel Moreno (PP).

Los populares consideraron «inasumibles» estas condiciones y el pacto firmado finalmente entre ambas organizaciones políticas no incluía ni una sola mención a las políticas de género ni a la ley contra la violencia machista que Vox pone permanentemente en cuestión. Pero el partido de Francisco Serrano no ha renunciado a colocar este asunto en el centro del debate parlamentario, también en Andalucía.

La petición parlamentaria, conocida este viernes tras adelantarla el diario Abc, provocó un rosario de reacciones del resto de los grupos políticos, que rechazaron que, desde el partido de la derecha radical, se señale a los técnicos y se ponga en cuestión su criterio profesional.

Así, la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, manifestó su «estupor» y apuntó que la actuación de Vox le suena a «purga», «a persecución y a otros tiempos que pensé que nunca tendría que conocer».

A juicio de Díaz, la intención de Vox podría ser «señalar» a estos profesionales, «para que empiecen a avergonzarse de lo que hacen y a ocultar a lo que uno se dedica».

Por su lado, Adelante Andalucía tachó de «gamberra» la iniciativa y su portavoz, Antonio Maíllo, animó a participar masivamente en las manifestaciones del próximo 8 de marzo, tras considerar la solicitud como el inicio de la «persecución» contra los trabajadores.

También el vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs), mostró su sorpresa ante la iniciativa de Vox y dio su respaldo a los trabajadores: «La plantilla que lucha contra la violencia de género no peligra en absoluto». Marín aseguró que Vox no va a conseguir que Cs se mueva «ni un milímetro» al respecto de sus posiciones en relación a las políticas de género.

 

Shizuka

Vip
25 Nov 2010
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La mitad de los empleados de violencia doméstica no estaban colegiados con Susana Díaz

Vox puso el dedo en la llaga cuando advirtió de que no todos los profesionales que trabajaban en los casos de violencia doméstica reunían los requisitos adecuados. Tras el escándalo suscitado por su petición de los datos de todos los supuestos "expertos", muchos de los cuales intervienen como peritos en los juicios por violencia doméstica, se ha conocido ahora que casi la mitad de todos ellos no han estado colegiados durante los gobiernos de Susana Díaz a pesar de ser obligatorio.

Concretamente, un 37,7 por ciento de los 45 psicólogos y un 50 por ciento de los 30 trabajadores sociales dedicados a estas labores por la Junta de Andalucía, no están colegiados como ordena la legislación. No se ha investigado la colegiación de los médicos forenses que se da por supuesta.

Se conocía que el gobierno de Susana Díaz hizo la vista gorda sobre requisitos legales obligatorios y que algunos de estos trabajadores no tuvieron que demostrar su capacitación profesional. De hecho, fueron estas presuntas deficiencias las que intentaron ser conocidas por Vox que pidió la relación de profesionales dedicados y su cualificación, suscitando las críticas generales de los demás grupos parlamentarios.

El nuevo gobierno andaluz anunció que la colegiación sería en adelante un requisito obligatorio para los médicos forenses, psicólogos, equipos psicosociales y trabajadores sociales que realizan informes sobre malos tratos en las Unidades de Violencia de Género, que era una reclamación que Vox ha formulado en sede parlamentaria.

La pregunta es cómo es que algunos de los componentes de estos equipos de trabajadores no han estado colegiados cuando un informe del gabinete jurídico de la Junta del año 2015 concluía que había una exigencia legal que hacía obligatoria la colegiación de todos los empleados públicos, y que Andalucía no podía "eximirles" de ese requisito.

La Ley estatal de Colegios Profesionales de 1974 ya dijo que era "requisito indispensable" para los empleados públicos y para aquellos que trabajan para una Administración "hallarse incorporado al Colegio Profesional correspondiente", pero el gobierno de Susana Díaz pidió saber "si Andalucía tiene competencias para eximir de la colegiación obligatoria a su personal funcionario, estatutario y laboral que realiza su actividad profesional al servicio exclusivo de la Administración, cuando esa actividad va destinada a terceros". La respuesta fue que no.

A pesar de todo, antes del gobierno de Susana Díaz, la Junta había aprobado dos normas que "invadían" la legislación estatal y se excedían de su ámbito competencial. En el artículo 30.2 de la Ley de Medidas Fiscales, Presupuestarias y de Control, de 2001 y en el artículo 4 de la Ley de Colegios Profesionales de Andalucía, de 2003, se eximía del requisito de la colegiación a los empleados públicos en Andalucía.

Recurridas por el gobierno de José María Aznar, en 2013 el Tribunal Constitucional anuló los dos artículos, velando por la obligación de estos trabajadores de ser numerarios de un Colegio Profesional.

En 2016, con Susana Díaz en el gobierno, la Junta volvió a consultar al Ministerio de Hacienda sobre "qué criterio se viene siguiendo" en cuanto la colegiación de los empleados públicos, y éste volvió a exigir que se cumpliese el requisito "indispensable" de la colegiación. Esto es, retrasaba conscientemente la obligación de estar colegiados que tienen estos profesionales para poder ejercer.

Esto es, hasta ahora se desconocía cuántos de los empleados que intervienen en los informes de violencia doméstica estaban colegiados y cuántos no. Ahora la consejería que dirige Juan Marín ha remitido a todos los grupos parlamentarios los resultados de su investigación interna y se ha demostrado que casi la mitad de los profesionales que trabajan en esta área en la Junta de Andalucía, con exclusión de los médicos forenses, no están colegiados.

El nuevo gobierno andaluz ya adelantó iba a aumentar la plantilla de estas las Unidades de Violencia de Género y que los nuevos efectivos ya deberán estar oficialmente colegiados y los demás deberán hacerlo de forma inmediata.