Vox exige el pin parental en Murcia, que los padres pueden vetar las actividades que cuestionan sus convicciones morales, ideológicas o religiosas

Vox es ciertamente una piedra en el zapato ante el rodillo progre que impone su modelo LGTB y en Murcia ha puesto como condición para aprobar los presupuestos el pin parental.

¿Qué es exactamente el 'pin parental'?

Se trata de una de las valientes iniciativas de Vox. En la práctica, se trata de un papel que permite a los padres vetar las actividades externas que cuestionan sus convicciones morales, ideológicas o religiosas en los colegios.

Vox ha colgado en su página web un modelo de 'pin parental' que declara que "ante la posibilidad de que mi hijo/a pueda ser adoctrinado en ideología de género contra mi voluntad, mis principios y valores morales [...] me dirijo a usted para solicitarle que el centro que usted dirige nos informe previamente a través de una autorización expresa" sobre cualquier materia "que puedan resultar intrusiva para la conciencia y la intimidad de mi hijo" y prestar consentimiento a que asista o no.

La medida de establecer el llamado 'pin parental' en la Región de Murcia ha desatado una guerra en el Gobierno del PP y Ciudadanos. Es la condición indispensable que pide Vox para apoyar los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2020, sin embargo, a pesar de la pretendida unidad anunciada por el Ejecutivo murciano ayer, fuentes de Ciudadanos han negado su apoyo a esta valiente medida de Vox.

 
Doble zasca de VOX al Sindicato de Estudiantes tras convocar una "huelga antiracista y feminista" contra el PIN parental

El Sindicato de "Estudiantes" ha convocado una huelga para el próximo 6 de marzo en protesta por el PIN parental aprobado en Murcia a propuesta de VOX. La convocatoria es a más de un mes de vista ya que así durante este tiempo pueden irlo preparando, es decir, pueden seguir vagueando hasta la llegada del "gran día".

La convocatoria tiene nombres y apellidos. Se trata de una huelga "feminista, antifascista y antirracista". A VOX no se le ha pasado por alto contestar a esta gente y lo ha hecho con un tweet en el que califican de "progres y charos" a los convocantes. El término "charo" fue acuñado en foros como Burbuja.info y hace referencia a una serie de mujeres de ideología progre, malencaradas y cortadas todas por el mismo patrón.




Pero la cosa no ha acabado ahí ya que el Sindicato de Estudiantes ha contestado con un alegato propio de la Guerra Civil. La respuesta de VOX es sublime:




 
El artículo de la Declaración de Derechos Humanos que avala el PIN parental

Uno de los principales argumentos de la izquierda para intentar prohibir el PIN parental es el supuesto derecho de los niños. Un derecho de los niños que, según la "catedrática" Irene Montero consiste en poder "recibir una educación feminista". La Ministra Celaá fue más allá e insinuó que los niños pertenecen al Estado, es decir al gobierno socialpodemita que aspira a constituir un nuevo régimen en España.

Pero el deseo del Frente Popular choca frontalmente con la Constitución y con la Declaración Universal de Derechos Humanos. En concreto con su artículo 26.3, que establece que "los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos".

Así lo expone un twittera que ha recibido muchos comentarios positivos en las redes sociales. En un sentido similar se expresa el artículo 27 de la Constitución Española. Y algunos tienen la desfachatez de amenazar con el artículo 155 cuando el PIN parental es plenamente constitucional y debería aplicarse en toda España para así dar cumplimiento a estos dos artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española respectivamente.




 
El PIN comunista: Cuando Podemos puso el grito en el cielo por una charla de finanzas en un colegio público

Desde que el gobierno regional de Murcia aprobara el PIN parental no se ha hablado de otra cosa. La derecha ha cumplido con su promesa de exigir a los colegios que informen a los padres de los contenidos que imparten a sus hijos y a los padres de tener más libertad de decisión sobre los mismos. Como es lógico, la izquierda protesta porque considera que se quieren alterar los valores de la escuela pública, unos valores que dominan y dirigen y que no quieren perder.

Como también viene siendo habitual, poco han tardado en aparecer las primeras incoherencias progres. La Ministra de Educación, Isabel Celaá, y la Ministra de Igualdad, Irene Montero, poco tardaron en aparecer ante los medios de comunicación para criticar la medida. Sin embargo, la memoria les falla, seguramente, de manera deliberada, y no recuerdan que en agosto de 2018, en Castilla y León, la diputada podemita Lorena González Guerrero, se quejó de que los niñas de las escuelas públicas recibieran charlas sobre gestión de finanzas personales.

Podemos criticaba en aquél entonces que se introdujeran valores como la propiedad privada, herramientas para fomentar el ahorro y también se dieran unas primeras nociones sobre mercados financieros y otros productos de inversión. Algo que con el PIN parental permitiría a los padres progres no enviar a sus hijos a esas clases.


Y les parece mal que se enseñen esas cosas... 🤪
 
Murcia rebaja el 'pin parental': los policías, médicos o jueces podrán dar charlas sin permiso de los padres

La consejería de Educación y Cultura de Murcia modificará los decretos de los currículos de primaria y secundaria para que la autorización denominada por Vox como 'pin parental' sea obligatoria para las actividades complementarias, pero no se requerirá en caso de charlas impartidas por funcionarios como policías, médicos o jueces.

Asimismo, el silencio de los padres se considerará positivo y no negativo como hasta ahora, es decir, si un menor no entrega la autorización, asistirá a la actividad, y solo se quedará fuera si sus progenitores manifiestas expresamente que no consienten la asistencia de sus hijos.

Así lo ha avanzado este miércoles la consejera del Educación, Esperanza Moreno, que ha explicado que de esa manera se da solidez a la instrucción que desde el principio de este curso ha servido para implantar en los colegios e institutos murcianos el denominado 'pin parental'. La instrucción fue recurrida judicialmente por el sindicato de educación STERM y por la FAPA Juan González, mayoritaria en la región.

Por su parte, el Ministerio de Educación y Formación Profesional envió al Gobierno de Murcia un requerimiento para que fuera retirada, ya que sostiene que contraviene los decretos de 2014 y 2015 que consideran obligatorias y evaluables las actividades complementarias.

El nuevo decreto, que se aprobará en Consejo de Gobierno sin necesidad de pasar por la Asamblea Regional, ha explicado la consejera, incluirá "algunos matices" al actual permiso parental para reducir la burocracia y facilitar a los centros educativos la labor de recabar las autorizaciones.

"NEUTRALIDAD IDEOLÓGICA"

Así, no será necesario autorizar a los menores acudir a actividades que impartan funcionarios públicos sobre asuntos relacionados con sus funciones, como policías, bomberos, guardias civiles, médicos, enfermeros o jueces. Se ha tomado esa decisión, según Moreno, porque a los funcionarios "se les presupone una neutralidad ideológica" que están obligados a mantener en el ejercicio de sus funciones, algo que no se puede exigir a otros colectivos como miembros de asociaciones.

Para modificar el decreto se abrirá en primer lugar un plazo de exposición pública en el Portal de la Transparencia y después se someterá a los informes preceptivos para, por último, aprobarse en Consejo de Gobierno, un proceso que podría demorarse, "siendo optimistas", entre dos y tres meses.

Para Moreno, esta modificación de las condiciones del veto parental "respeta el acuerdo de gobernabilidad con Vox", aunque no ha aclarado si lo habían trasladado ya al partido de Santiago Abascal y tampoco a sus socios de Ciudadanos para conocer su opinión al respecto.


Vamos que van a poder seguir adoctrinando igualmente.
 
Murcia planta en una reunión a Isabel Celaá y afirma que no piensa retirar el pin parental

Máxima tensión entre el Gobierno central y el Ejecutivo murciano a cuenta del pin parental. La consejera de Educación de Murcia, Esperanza Moreno, va a plantar este viernes a la ministra Isabel Celaá en la reunión que ambas iban a mantener en el Ministerio y se niega a retirar esta herramienta, que permite a las familias vetar charlas o talleres en el colegio que afecten a cuestiones sobre la identidad de género, el feminismo o la diversidad LGTBI. Celaá le había dado un ultimátum: como no cambie la orden antes del próximo lunes, su Departamento acudirá a los tribunales.

El pasado 17 de enero, la ministra envió a la Consejería un requerimiento reclamando la retirada de las instrucciones enviadas a los colegios e institutos de Murcia a finales de agosto de 2019, y en las que se dice que "se dará conocimiento a las familias" al comienzo de curso de "las actividades complementarias de las programaciones docentes que forman parte de la propuesta curricular" y son impartidas por personal ajeno al centro educativo, "con objeto de que puedan manifestar su conformidad o disconformidad con la participación de sus hijos menores en dichas actividades". Es, en definitiva, lo que Vox, el partido que ha impulsado la medida, ha llamado pin parental y que supone el primer veto de este tipo que se aprueba en una comunidad autónoma.

La Consejería se había mostrado partidaria de suavizar las instrucciones y cambiarlas para no permitir el veto si las charlas las imparten funcionarios públicos, como policías o médicos, aunque no es en estos colectivos donde se centra la polémica. También se mostraba dispuesta a que los padres tuvieran que manifestar expresamente que no consienten la asistencia de sus hijos, de tal forma que, si el menor no entrega la autorización, este silencio se consideraría positivo y no negativo, como hasta ahora.

Este intento de acercamiento no le ha parecido suficiente a Celaá, que ha dicho que el requerimiento tiene un plazo legal de un mes y concluye el lunes. "A partir de ese momento presentaremos un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia por vía contencioso-administrativa con petición de suspensión cautelar del pin parental", avisó este miércoles la ministra.

Pero la respuesta de Murcia, región gobernada por el PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox, ha sido que la medida "no se va a retirar" y que, eso sí, si el Ministerio finalmente acude a los tribunales, "se acatará la decisión del órgano judicial". De forma paralela, la Consejería ha pedido aplazar la reunión de este viernes con el fin de poder recabar toda la información técnica y jurídica en relación al pin parental. Su intención es volver a fijar una nueva fecha próximamente.

Celaá ha recordado este jueves que las actividades que se ponen en cuestión "no son voluntarias", sino de obligado cumplimiento, y versan sobre cuestiones que tienen que ver con la "educación integral del alumno". "Y la titularidad de ese derecho la tiene el alumno", ha recalcado, tras reunirse con la consejera del País Vasco, Cristina Uriarte. Ha confiado en que el aplazamiento de Murcia "quizá sea para algo que interese a la reposición de la legalidad", aunque esos nos parecen ser los intereses de esta comunidad autónoma.

El Gobierno ha hecho bandera de este asunto para confrontar con Vox y, por extensión, con el PP y Ciudadanos. Llegó a llevarlo a un Consejo de Ministros extraordinario en el que comparecieron tres ministras y en cuya rueda de prensa Celaá dijo la polémica frase de "los hijos no pertenecen de ninguna manera a sus padres".

El presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, defendió el martes su intención de elevar a rango de decreto las instrucciones ya aprobadas, tal y como reclamaba Vox para aprobar los Presupuestos en esta región, y dijo que esta medida permite que los padres "puedan participar y ser informados cuando una persona ajena al centro escolar entre en el aula de su hijo".

 
El Gobierno recurre la censura parental implantada en Murcia

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha presentado este martes un recurso por la vía contencioso-administrativa contra el 'pin parental' implantado en los centros educativos de la Región de Murcia a principios de curso, y ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Murcia su suspensión cautelar.

El recurso llega un día después de finalizar el plazo del requerimiento que el Ministerio dirigido por Isabel Celaá remitió el pasado 17 de enero a la Consejería de Educación y Cultura de Murcia, instando a retirar de las instrucciones de inicio de curso esta medida que permite a los padres vetar la asistencia de sus hijos a actividades complementarias en sus centros educativos.

El Gobierno de Murcia, formado por Partido Popular y Ciudadanos, no ha dado marcha atrás y dejó sin respuesta el requerimiento del Ministerio de Educación. "No lo vamos a hacer porque lo dice un gobierno que no cree en lo que nosotros creemos, como es la libertad de los padres y madres", aseguró el pasado viernes el presidente de Murcia, Fernando López Miras, presisando que solo retirará el 'pin parental' si así lo determinan las instancias judiciales.

Este pasado lunes, cuando terminaba el plazo del requerimiento enviado por el ministerio, Celaá calificó como "sorprendente" que Murcia "no reponga la vulneración del derecho a la educación" que, en su opinión, representa el 'pin parental'.

"El Partido Popular lleva 25 años gobernando en Murcia y no han declarado jamás que hubiera adoctrinamiento. Es más, su presidente dice que no hay ningún problema. Entonces, ¿por qué inventárselo?", dijo el lunes Celaá, acusando al Gobierno de López Miras de ceder ante grupos "fundamentalistas", en velada alusión a Vox, que exige el 'pin parental' para apoyar los presupuestos en Murcia.

El requerimiento del Ministerio de Educación enviado el pasado 17 de enero fue la reacción del Gobierno de España al acuerdo de PP, Ciudadanos y Vox para los presupuestos de Murcia, que incluía el 'pin parental' a petición del partido de Santiago Abascal.

Autorización paterna

El Gobierno de Murcia quiere ahora consagrar esta medida en un decreto, aunque su intención es que la autorización parental sea obligatoria solo en actividades complementarias impartidas por personal ajeno al centro educativo que no sea funcionario, lo que eximiría a policías, médicos u otros profesionales de la administración.

El denominado 'pin parental' es una iniciativa impulsada por la organización Hazte Oír para que las familias puedan impidan la asistencia de sus hijos a talleres sobre diversidad afectivo-sexual, y el partido Vox la ha exigido también en Andalucía y en la Comunidad de Madrid para apoyar los presupuestos en estas comunidades gobernadas sin mayoría suficiente por PP y Ciudadanos. Sin embargo, los gobiernos andaluz y madrileño han mostrado su rechazo a implantarla.

 
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En Madrid xD
 
La Marquesa de Galapagar amenaza con hacer esto a los hijos de los diputados de VOX

Irene Montero, Marquesa de Galapagar, ha comparecido esta tarde en el Congreso. La comparecencia ha generado gran expectación después de las acusaciones de Irene Montero a los agentes de policía que atienden a víctimas de violación. Montero ha insistido en criminalizar a los agentes y ha ido más allá, acusando a jueces y fiscales de hacer lo mismo.

El nerviosismo y chuleria de Irene Montero han llegado a su máximo exponente cuando ha contestado a las diputadas de VOX. Les ha advertido que mientras ella sea Ministra y el Gobierno del Frente Popular siga en pie, los hijos de los diputados de VOX serán adoctrinados en base a las creencias que a ella le parecen convenientes. La Marquesa está totalmente desatada y su paso por el Ministerio de Igualdad concedido a dedo por su novio está siendo muy ajetreado y ampliamente criticado.

Carla Toscano, una de las representantes de VOX en la comisión del Congreso en la que ha comparecido la Marquesa de Galapagar, ha contestado de forma contundente a Montero. Visiblemente indignada le ha dicho que "a sus hijos no les toca. Y punto"




 
Delirante Talegón: Pide la ilegalización de VOX para evitar que los padres pidan el PIN Parental

Bea Talegón es una madrileña que se ha convertido al separatismo. O mejor dicho, se ha convertido en una vividora gracias al separatismo. El Nacional es el medio separatista que más subvenciones públicas recibe y casualmente es en este medio que ha decidido colaborar. Escribe artículos de opinión de manera periódica y en todos ellos arremete contra España y los españoles, avalando el discurso del separatismo sobre la supuesta represión que ejerce el Estado hacia el pueblo catalán.

Vox es otra de las dianas a las que hay que echar el dardo. Talegón, además de abrazar las tesis independentistas también compra la dictadura progre y, por ello, pide frenar al partido de Santiago Abascal por la vía más cercana al comunismo: por la vía de la censura.


Considera el partido verde un partido muy peligroso y que va en contra de los intereses de nuestra sociedad. Agrega Talegón que gracias a esta censura que "Vox no podrá aplicar el PIN parental" y se podrá conseguir lo que toda la izquierda desea: que la escuela pública siga adoctrinando a nuestros hijos y les siga imponiendo sus valores.

 
«Nuestros hijos son nuestros», claman varios miles de personas en Murcia

Varios miles de personas recorrieron este sábado las calles de Murcia para defender la implantación en Murcia del 'pin parental' en las aulas de la Región. Al grito de «no te metas con mis hijos» y con una pancarta con el lema 'Nuestros hijos son nuestros', los manifestantes salieron desde la Plaza Circular para recorrer la Gran Vía.

A la marcha, convocada por colectivos de padres, se sumaron representantes de la Comunidad Evangélica de toda España, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Asociación Cultura y Mujer, el Foro Español de Política Familiar y Social y alguna federación de padres de alumnos, además de líderes de Vox, el único partido político que secundó la marcha.

Los manifestantes, que corearon el grito «padres sí, políticos no», se congregaron en la plaza Circular de Murcia a las 17.30 horas, con diversas pancartas en las que se podía leer 'Por el fin del adoctrinamiento progre en las escuelas, pin parental', 'Los hijos no son del Estado' y 'Los hijos son de los padres, no instrumentos del gobierno'.

Posteriormente, partieron de forma pacífica hacia la sede de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia a través de la Gran Vía, donde un portavoz de la organización convocante dio lectura a un manifiesto.

A la marcha acudió, además, un vehículo de Hazte Oír en el que se reclamó la implantación del 'pin parental' en las aulas españolas. Esta organización ha enviado desde que comenzó el curso escolar información sobre el pin parental a 23.000 centros educativos.

El representantes de las asociaciones de padres, Juan José Gil, insistió en que la manifestación fue organizada por un grupo de padres de la Región de Murcia y que «no representan a ningún partido político, ni a ninguna religión o asociación».

«Los padres necesitan manifestarse porque tenemos unos derechos que, en algunos lugares, se nos están coartando», indicó Gil, que insistió que «esos derechos están amparados por la Constitución Española».

Por su parte, la diputada de Vox Lourdes Méndez señaló que fue su partido «quien exigió el 'pin parental' en el pacto de investidura». «Lo que VOX pide y lo que los padres piden en esta manifestación es que se cumpla la ley y no se adoctrine a nuestros hijos», añadió.

A preguntas de los periodistas, Méndez indicó que, de momento, el acuerdo de gobernabilidad y las exigencias de VOX «se están cumpliendo» y que mientras esos compromisos se cumplan seguirán apoyando al Gobierno regional.

 
El Tribunal Superior de Justicia de Murcia suspende cautelarmente el ‘pin parental’

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) ha acordado suspender, de manera cautelar y mientras dura la tramitación del recurso interpuesto por el Ministerio de Educación, la ejecución de las dos Instrucciones de la Secretaría General de la Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia por las que se establece para el curso 2019-2020 en los centros educativos el denominado ‘veto o pin parental’.

Según ha infromado la oficina de comunicación del TSJMU, la suspensión se circunscribe a la previsión contenida en estas resoluciones de que los padres y las madres “puedan manifestar su conformidad o disconformidad” con la participación de sus hijos menores en actividades complementarias de las programaciones docentes que formen parte de la propuesta curricular y que vayan a ser impartidas por personas ajenas al claustro del centro educativo.

El auto de suspensión cautelar no es firme y contra el mismo se puede interponer recursos de reposición ante el mismo órgano.

El tribunal recuerda en la resolución, siguiendo la doctrina y jurisprudencia del Tribunal Supremo, que solo se pronuncia sobre la medida cautelar, ya que el examen del fondo del asunto “tendrá su oportuna respuesta en sentencia”.

Se centra, por tanto, en examinar “cuáles son los intereses en conflicto, si hay riesgo de frustración de la finalidad legítima del recurso y si la medida cautelar de suspensión produce, en su caso, una grave perturbación de los intereses generales o de tercero”.

Asimismo, como subraya, la adopción de cualquier medida cautelar –facultad del órgano judicial cuando resulte necesario para asegurar el resultado del proceso– exige dos presupuestos.

Uno positivo y es que el recurso pueda “quedarse vacío de contenido” por causar la ejecución de la resolución una “situación jurídica irreversible” o ‘periculum in mora’ (peligro por mora procesal)y otro negativo, que la medida cautelar “no origine perturbación grave de los intereses generales o de un tercero”.

La Sala evidencia, para el primer presupuesto, que “puesto que las instrucciones impugnadas despliegan sus efectos durante el presente curso escolar, y este concluye a finales de junio (…) una eventual sentencia estimatoria podría quedar carente de virtualidad” y señala como perjuicio identificable la “posibilidad de no realización por los alumnos de una actividad obligatoria por no autorizarlo sus padres y madres, con la consiguiente no evaluación de la misma”.

Respecto al segundo presupuesto y, tras reconocer la existencia del riesgo de que los alumnos que no realicen la actividad puedan verse perjudicados en su proceso de formación y, por tanto, en su rendimiento académico -las actividades son evaluables- y en, definitiva, en su derecho a la educación”, la Sala procede a examinar si existe otro interés en conflicto que deba prevalecer en este caso.

En concreto, “el derecho de los padres a decidir si sus hijos acuden o no a esas actividades complementarias impartidas por personas ajenas al claustro educativo del centro” que invoca la administración recurrida.

Al respecto, la Sala entiende que “la medida cautelar de suspensión no supone privar a los padres de su derecho a intervenir en la educación de sus hijos, derecho establecido legalmente”.

Insiste en que, “es un tema que corresponde al fondo del asunto” y precisa “que existen mecanismos suficientes, en principio, para que los padres expresen su no conformidad y que sean valoradas las concretas razones de la misma, lo que es algo distinto de la autorización para cada actividad”.

Además, añade, “también pueden los padres formular sus quejas o ejercitar las acciones que estimen pertinentes si entienden que en la impartición de una concreta actividad se ha vulnerado algún derecho del alumno”.

“Todo ello, sin perjuicio de que el derecho de participación de los padres y su colaboración en el proyecto educativo se establece legalmente a través de distintos órganos, fundamentalmente, las Asociaciones de Padres y Madres de alumnos y el Consejo Escolar”.

Voto particular de un magistrado

La resolución cuenta con un voto particular de un miembro del tribunal que considera que se debe denegar la medida cautelar de suspensión de los actos administrativos impugnados, solicitados por la Administración recurrente.

El voto divergente de la mayoría entiende que se trata de “una impugnación totalmente extemporánea” teniendo en cuenta la fecha de las resoluciones y que han pasado seis meses desde el inicio del curso escolar.

Afirma, además, que no hay peligro de mora procesal, puesto que la Administración solicitante “no justifica el perjuicio académico para ningún alumno concreto, ni la lesión del derecho a la educación”.

Señala también que “respetando el principio de neutralidad”, los alumnos “disponen de una formación alternativa sobre la materia objeto de la actividad complementaria, aunque sea estudiarlas directamente en el libro correspondiente”.

Por último, el voto particular pone de relieve que la suspensión de las instrucciones “hace totalmente ineficaz para los padres una eventual sentencia desestimatoria”.