Vergonzosos los motivos que da el Tribunal Supremo para rechazar una denuncia contra Irene Montero

Muchos, nosotros también, pusimos casi en un pedestal al magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, a lo largo de aquel famoso juicio contra los golpistas catalanes, hasta que nos encontraos con una sentencia que demostraba que lo de Marchena era mucho ruido, pero las habituales pocas nueces con la que se despachan la mayoría de los jueces españoles cuando se trata de juzgar a políticos y hay mucha presión por parte de algunos partidos. Esa fue una nueva demostración de que la separación de poderes en España era una farsa tan grande como la del virus.

Y hoy Marchena lo ha vuelto a demostrar con el rechazo de la denuncia de un particular contra Irene Montero por una campaña del Orgullo LGTBI. En esa denuncia, el denunciante argumentaba que la campaña “Orgullo de todas, todos y todes. Por una España feminista y plural”, presentada por Igualdad el pasado junio y dotada con una asignación de 30.000 euros, suponía un delito de malversación al ser contraria al interés general “pues trata de imponer una determinada ideología de género” e “irresponsable” por “las consecuencias que puede tener en la educación de los jóvenes”. Además, afirmaba que el uso de la letra “e” como marca de género inclusivo “es ajeno a la morfología del español, además de innecesario” y reputaba de falso que “los derechos de las personas denominadas LGTBI no sean plenos”.

En su argumentación, la Sala Penal del Tribunal Supremo presidida por Marchena dice que es el gobierno el que decide en qué emplear los fondos públicos y en qué cantidad y que “tanto en uno como en otro aspecto, el entendimiento del mundo y de la sociedad, y la consiguiente promoción de los valores que, según la ideología que se defienda, se consideren dignos de protección, permite a cada opción política orientar el empleo de aquellos fondos con esas concretas finalidades”.

Pero lo más grave es que considera esa denuncia como de ámbito político y que “la discrepancia respecto del acierto o de la oportunidad de la forma concreta en que se empleen, ha de tener su respuesta en el campo político, sin que pueda ser trasladada al ámbito penal, reservada para las infracciones más graves de las normas de convivencia, tipificadas como delito en el Código Penal”.

Vamos, que el gobierno puede emplear los fondos públicos como les de la gana y que la justicia, ante esto, no tiene nada que decir. Denunciar el empleo de un dinero público de forma injustificada es, para el Supremo, un asunto absolutamente político. Lean entre líneas porque esta sentencia es carta blanca para que el gobierno haga con nuestro dinero lo que le de la gana.

 

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