PSOE, Podemos y ERC negocian que el castellano deje de ser lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña

PSOE, Unidas Podemos y ERC están negociando en el Congreso una enmienda transaccional a la ley Celaá que elimina de la reforma educativa que el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña.

El proyecto de ley aprobado en marzo en Consejo de Ministros recogía el mismo redactado que la Lomce: "Las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable".

Esta última frase sería la que desaparecería de la ley, según ha adelantado El País, y se sustituiría con una referencia a que las CCAA deben asegurar el derecho a recibir la enseñanza en castellano y las lenguas cooficiales de cada territorio de acuerdo con lo que prevén la Constitución y los Estatutos de Autonomía, tal y como pedían los partidos nacionalistas.

Fuentes de Unidas Podemos explican que esta enmienda se está negociando, "pero aún no está cerrada". "Estamos en ello", recalcan, y remiten a una próxima reunión de la ponencia de la Lomloe que previsiblemente se celebrará lugar el jueves. Fuentes de ERC confirman que el objetivo de la enmienda es "blindar el catalán como lengua vehicular".

El resto de grupos parlamentarios no tenía constancia de esta enmienda, una concesión de última hora a los nacionalistas catalanes que supone es la puntilla al castellano en la escuela, ya seriamente amenazado en la ley Celaá.

Porque el Gobierno ha entregado a Cataluña la capacidad de determinar qué asignaturas se dan en castellano y cuáles se imparten en catalán y en el proyecto de ley se ha eliminado la obligación establecida por la Justicia de impartir clases en castellano en una proporción "razonable".

SIN GARANTÍAS PARA ESTUDIAR EN CASTELLANO

No se contempla ningún mecanismo para garantizar una enseñanza en castellano a las familias que lo reclamen, fiándolo todo a la buena fe de las autonomías para aplicar "los instrumentos de verificación, análisis y control propios del sistema educativo", "promover" la "realización de análisis por parte de los centros, de modo que se garantice que todos los alumnos alcanzan la competencia en comunicación lingüística, en lengua castellana y en su caso en las lenguas cooficiales, en el grado requerido" e "impulsar" la adopción por parte de los centros de "las medidas necesarias para compensar las carencias que pudieran existir en cualquiera de las lenguas".

Lo único que establece la Lomloe es que "al finalizar la educación básica, todos los alumnos y alumnas deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente". ¿Pero cómo se garantiza?

Este cambio de ahora supondría la estocada mortal al castellano, que es lengua vehicular, junto al catalán, en las escuelas de Cataluña, tal y como ha reconocido reiteradamente el Tribunal Constitucional. El artículo 3 de la Carta Magna reconoce el carácter oficial del castellano, lo que lleva aparejado que sea lengua vehicular de la enseñanza. Numerosas sentencias judiciales han establecido la obligación de ofrecer al menos el 25% de las horas semanales de clase en castellano, el equivalente a una asignatura más, además de la Lengua Castellana y Literatura, y la Generalitat incumple sistemáticamente estos fallos judiciales.

El diputado de ERC Gabriel Rufián se ha apresurado a presumir de la medida en Twitter. "Más allá del ruido hay política", ha expresado.

ERC defiende que su modelo de inmersión lingüística no se puede poner en marcha con el uso "simultáneo de las lenguas oficiales y cooficiales". Por ello pedía que la ley del Gobierno central fuera "coherente con las previsiones del Estatuto de Autonomía" para que el catalán fuera la única lengua vehicular. Se agarra a que el Tribunal Constitucional tumbó en 2018 el mecanismo establecido por José Ignacio Wert para escolarizar en colegios privados a los alumnos que hubieran pedido un aprendizaje también en castellano. Este fallo, sin embargo, no quita al castellano su carácter de lengua vehicular de la enseñanza. Pero quitarlo de la Lomloe dificultará los recursos de las familias a la hora de conseguir en los tribunales el mínimo del 25% de horas en castellano.

"CESIÓN AL INDEPENDENTISMO POR LOS PRESUPUESTOS"​

"Lo que pretende la enmienda en un pacto gravísimo es dificultar que los tribunales reconozcan los derechos, tal y como se viene haciendo hasta ahora. Tanto el Tribunal Constitucional, como el Tribunal Supremo como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han reconocido el carácter vehicular del castellano. Lo que pretenden es tratar de dificultar el acceso a las familias a los tribunales para que el castellano no tenga un amparo jurídico", interpreta José Domingo, de Impulso Ciudadano, asociación que defiende a las familias que quieren que sus hijos también puedan estudiar en castellano en las escuelas catalanas.

"La enmienda va dirigida a quitar derechos, no a reconocerlos. Es falso que la actual regulación impida modelos de inmersión lingüística, lo que impide es modelos de inmersión lingüística obligatoria para todos los alumnos, y eso es lo que pretenden ERC, los grupos vascos y Compromís en sus enmiendas. El PSOE y Unidas Podemos se han plegado de una manera sumisa a ello", añade Domingo.

Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, otro colectivo que también defiende un aprendizaje equilibrado en ambas lenguas, denuncia que "este pacto político por intereses partidistas atenta contra los derechos de todos los alumnos catalanes, ya sean catalanohablantes como castellanohablantes, y su único objetivo es facilitar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado por parte del independentismo".

 

Sánchez y sus socios aprueban la enmienda de ERC que margina el castellano en las aulas catalanas​

La comisión de Educación ha aprobado este jueves la enmienda transaccional de ERC y Unidas Podemos para eliminar el castellano como lengua vehicular en las autonomías con lenguas cooficiales. La mayoría de investidura ha dado luz verde a la enmienda, con la abstención del PNV y el voto en contra de PP, Vox y Ciudadanos.

Según ERC y el ala catalana de Podemos, esta enmienda sirve para "blindar el modelo de inmersión lingüística" y que la legislación autonómica "se respete" sin interferencias como, a su juicio, suponía la anterior Lomce, conocida como ley Wert, del anterior Gobierno del PP.

El acuerdo alcanzado delega en las comunidades autónomas el compromiso de garantizar el "dominio del castellano" una vez los alumnos terminen los ciclos educativos, pero no fija ninguna prueba homogénea para comparar las competencias lingüísticas entre estudiantes de distintas regiones.

El anuncio de acuerdo respecto a la enmienda ha sido objeto de fuertes críticas por los principales partidos de la oposición porque aseguran que "elimina el castellano" de las aulas catalanas e incumple las sentencias del Tribunal Constitucional de garantizar el 25% de clases en la lengua de Cervantes. El PP anunció que llevará la nueva legislación al Tribunal Constitucionaly la formación naranja ha instado este jueves a la Comisión Europea a tomar medidas por el "veto a la escolarización en lengua materna".

Por su parte, el PNV, se ha abstenido porque su propuesta de enmienda pretendía especificar que el castellano solo sería "lengua vehicular de la enseñanza en Comunidades Autónomas que carezcan de lengua cooficial" mientras que la de ERC y Podemos era menos ambiciosa en este sentido al limitarse a eliminar solo la referencia de "lengua vehicular".

Tensiones entre independentistas​

La enmienda también ha dividido a JxCat y ERC, socios en el Govern. De acuerdo con el espacio posconvergente la ambigüedad de la enmienda, con el concepto de "administraciones educativas", da margen al Ministerio de Educación para poder intervenir sobre el modelo educativo catalán. Un extremo que niegan desde ERC al afirmar que una ley orgánica es superior en rango que cualquier decreto ley que quiera influir en el sistema educativo autonómico.

Fuentes del PDECat explicaron a Vozpópuli que el PSOE se negó a modificar el concepto y, en consecuencia, decidieron oponerse a la enmienda. No obstante, el hecho de que sea la formación de Íñigo Errejón, Más País, quien tiene presencia en la comisión donde se vota la enmienda en representación del Grupo Plural, ha propiciado el voto favorable a la enmienda.

 

Aprobada la «ley Celaá» en el Congreso con solo un voto por encima de la mayoría absoluta​

La « ley Celaá» ha sido aprobada este jueves en el Pleno del Congreso. En la Cámara Baja tocaba votar el dictamen del proyecto de ley educativo del Gobierno, Lomloe, así como algunas enmiendas «vivas», es decir, las que están fuera de él, y otras fruto del acuerdo entre partidos, es decir, las transaccionales. El dictamen salió adelante por 178 votos a favor, 147 en contra y 17 abstenciones.

También ha tenido lugar una votación de conjunto de la ley en la que se requiere el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara por el carácter orgánico de la norma. Esta ha salido adelante por 177 votos a favor, 148 en contra y 17 abstenciones. Es decir, con un Congreso dividido y a la mínima. Además, deja claro que no es una ley de consenso, no solo en la calle sino también dentro del Parlamento. Se trata de la única norma educativa de la historia del país que ha dejado fuera de su debate a la comunidad educativa.

El dictamen, elaborado por la Ponencia de la Cámara Baja, contiene el texto original de la ley con todas las polémicas enmiendas que se han ido aprobado en las últimas semanas: la que ataca al castellano y lo elimina como lengua vehicular de la enseñanza y oficial del Estado; la que elimina a la concertada como garante del derecho a la educación; la que facilita la promoción de curso o la que incluye la asignatura de «Cultura de las religiones» para hacer frente a la Religión. Esta mañana se añadió solo una transaccional más: la pactada entre PSOE, Podemos, ERC, Junts per Catalunya, Más País y Compromís que añade el estudio, en la asignatura de Valores Cívicos y Éticos, de «el papel social de los impuestos y la justicia fiscal».

La votación generó incertidumbre hasta último momento porque no se sabía con certeza el sentido del voto de algunos grupos parlamentarios. La sorpresa la dio BNG, que votó en contra y Bildu, que a horas de votar confesaba que no sabían qué iban a hacer, señalaron a ABC fuentes del partido. Finalmente, se abstuvieron.

La «ley Celaá» no está aprobada definitivamente. Es decir, todavía le queda andadura parlamentaria, aunque no mucha. Al salir del Pleno del Congreso pasa al Senado, donde la tramitación durará unos dos meses para volver a la Cámara Baja y convertirse en ley definitivamente.

«Los secesionistas salen reforzados»​

Esta mañana ha habido un corto pero intenso debate en el Pleno. La oposición estalló en gritos de «Libertad» tras la intervención de la diputada socalista, Mari Luz Martínez Seijo, a la que sus compañeros empezaron, a la misma vez, a aplaudir, generado un clima de confusión.

Las intervenciones más duras, como era de esperar, fueron de PP, Cs y Vox. Sandra Moneo, del PP, acusó al Gobierno de «asfixiar al que no se somete al pensamiento único», mientras Marta Martín, de Cs, dijo que con esta ley «los secesionistas salen reforzados, convierten la educación en una fábrica de votos y los constitucionalistas nos sentimos vendidos y segregados».

La «izquierda caviar»​

Joaquín Robles, de Vox, dijo que «el gobierno de Sánchez y sus socios bolivarianos, siguen en su empeño de utilizar la educación para la difusión de su ideología, impidiendo que alguien pueda escapar de este adoctrinamiento. En su afán tiránico, se saltan la Constitución, que reconoce el derecho de los padres a elegir el tipo de formación moral que quieren para sus hijos. Se proponen cerrar los centros de educación infantil y especial, dándose un plazo temporal para asfixiarlos lentamente. Y, en contra de las voces de los padres, pretenden hacer lo mismo con la escuela concertada».

Añadió que «la izquierda caviar, enviarán a sus hijos a buenos y exigentes colegios privados mientras que al pueblo español lo mantendrán esclavo de sus pasiones y conformista con las migajas que en forma de renta mínima y educación asistencial ustedes le ofrecen. Como los oligarcas separatistas catalanes que envían a sus hijos a colegios extranjeros de pago mientras obligan a los catalanes a la inmersión lingüística y a una pobre enseñanza orientada a formar una legión de independentistas a su servicio».

«Consensuada y dialogada»​

Por su parte, Mari Luz Martínez Seijo, del PSOE, dijo que «hoy es un día histórico, siete años después vamos a eliminar la Lomce. Esta sufrió 11 enmiendas a la totalidad. En el caso de la Lomloe han sido aprobadas más de 300 enmiendas, una norma acordada, consensuada y dialogada con grupos parlamentarios y comunidad educativa, más de 250 aportaciones pertenecen a organizaciones y se incorporaron a la ley, eso si es participación real, el resto es participación partidista».

 



La Ley Celaá ataca a la escuela concertada con el objetivo de reducir la libertad de elección de los padres. Pero deberíamos avanzar en la dirección opuesta: ampliando esa libertad de elección de centro educativo a través de un cheque escolar.
 



En los últimos 40 años, España ha sufrido ocho leyes de educación. Muchos apelan a la necesidad de alcanzar un pacto de estado sobre esta cuestión: pero el pacto que necesitamos es uno con un contenido ultramínimo.
 

Ayuso burla la 'ley Celaá' y blinda seis años más la educación concertada en Madrid​

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid tramitará este miércoles un decreto para elevar a diez años la duración de los conciertos educativos en la región. Este movimiento del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso servirá para blindar la Educación Concertada durante seis años más.

"Ante la actual situación, se ha decidido dar mayor seguridad a las familias que optan por la educación concertada alargando la duración de los conciertos hasta diez años, de modo que no vencerán dentro de 2 años, sino dentro de seis años", explican fuentes de la CAM.

En la misma nota, aseguran que "la duración de la educación obligatoria es de diez años y, por ese motivo, se ha considerado acertado hacer coincidir ese plazo con la vigencia de los conciertos y dar a las familias madrileñas esa garantía".

Las mismas fuentes indican que esta decisión pretende "garantizar la libertad de elección de las familias en materia educativa, pero también en sanidad, en el comercio, en lo empresarial".

Adelanto de las matriculas​

Este movimiento de Ayuso se produce días después de que la Comunidad de Madrid tomase la iniciativa y decidiese adelantar al próximo mes de abril el proceso de admisión del curso 2021/2022. El objetivo de esta medida, señalaron, es "garantizar la libertad de elección de las familias" ante la inminente aprobación de la nueva ley educativa, la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), conocida como 'ley Celaá'.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ya anunció este pasado sábado que las comunidades en las que gobierna su partido (Madrid, Andalucía, Murcia, Castilla y León y Galicia) adelantarían la matriculación del próximo curso para que no les afecte la polémica norma.

Así, con este nuevo movimiento que realizará mañana el Ejecutivo regional madrileño, Ayuso encabeza la rebelión contra la nueva ley de Educación del Gobierno de Pedro Sánchez.