Marruecos ‘invade’ aguas de Canarias ampliando sus fronteras marítimas ante la pasividad de España

Shizuka

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25 Nov 2010
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Marruecos siempre aprovecha la debilidad española para intentar asestar un golpe. Lo hizo durante la agonía del dictador, Francisco Franco, cuando ocupó el Sáhara Occidental, en 1975. Y lo repitió este lunes, cuando, aprovechando que el Gobierno español está en funciones, su Parlamento impulsó dos leyes que pretenden delimitar unilateralmente sus aguas internacionales, adentrándose en el espacio de Canarias, cuyas aguas entre islas son internacionales actualmente; y apropiándose ilegalmente de las aguas que corresponden al Sáhara ocupado. El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha pedido que el Gobierno español reaccione de manera “contundente” “y ponga a Marruecos en su sitio” ante un “acto de agresión unilateral insólito”. Según Quevedo, Marruecos “ha tomado una decisión unilateral, adelantado que sabe que provocará ampollas. Pero en una relación diplomática, las cosas se hacen al revés, primero se negocia”.

Es imposible no tener en cuenta que este movimiento de Rabat se produce con España en plena negociación de investidura, instalada en una creciente inestabilidad institucional que Marruecos ha aprovechado para sacar tajada. “La política marroquí con España consiste en buscar cosas para presionar. Tenían el tema migratorio, el terrorismo, la droga y ahora se sacan esto”, explica Bachir Ahmed Aomar, activista saharaui.

Marruecos argumenta que está aplicando la la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, que establece que todo país puede ejercer su soberanía sobre las doce primeras millas de mar (22 kilómetros) a partir de su costa. Es el llamado “mar territorial” y, en él, cada Estado es soberano sobre el espacio aéreo, el agua, el suelo y el subsuelo.

De las doce a las 200 millas (22 a 370 Km), cada país puede establecer su zona económica exclusiva (ZEE) en el que es soberano para explorar, extraer, conservar y administrar los recursos naturales del mar y el subsuelo (incluyendo seres vivos, minerales y energía).

Y, en tercer lugar, cada Estado puede solicitar a Naciones Unidas la ampliación de su plataforma continental para extender sus derechos sobre el subsuelo marino hasta las 350 millas (648 Km), en un procedimiento reglado que requiere de informes oceanográficos, geológicas y jurídicos. Una distancia así alcanzaría hasta la isla de El Hierro.

“La cuestión es que Marruecos hace esto sin entrar a dilucidar cómo delimita su zona económica o la plataforma continental con un Estado que tiene la costa enfrentada a la suya, como es España”, afirma Carmelo Faleh, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. “Y esto afecta de lleno a Canarias, pero también está Ceuta, Melilla, Chafarinas o Alhucemas”, afirma.

“En el caso de la zona económica, no hay tanto problema, porque en dos países con costas enfrentadas que no tienen 200 millas cada uno, se busca una media entre los dos y se reparte”, explica. “La situación equitativa en el caso de la plataforma es más complicado, porque implica cuestiones geológicas. Hay que ver si la plataforma continental es una prolongación de la costa marroquí bajo las aguas o si ese lecho marino es una prolongación canaria bajo las aguas”. En 2014, explica Faleh, España reclamó la plataforma continental al oeste de Canarias. Esa zona incluía el ‘Tropic’, un antiguo volcán que se eleva desde el lecho del océano, a más de 4.000 metros de profundidad, hasta 1.100 metros de la superficie. En 2016, una expedición británica descubrió que buena parte del monte está recubierto de costras de ferromanganeso con altos contenidos de metales muy apreciados en la alta tecnología, como el telurio o el cobalto, entre otros. En 2017, como ya contó entonces DIARIO DE AVISOS, Marruecos comenzó el trámite legislativo para elaborar estas dos polémicas leyes.

Con este intento de apropiación, Marruecos también viola el derecho internacional, pues negocia con la aguas del Sáhara ocupado, un territorio que administra de facto pero, sobre el cual, no tiene ningún derecho. “España nunca podría negociar con Marruecos la delimitación de los espacios marítimos que corresponden al Sáhara, porque los marroquíes no tienen soberanía sobre ese territorio”, explica Faleh. “Marruecos no tiene soberanía de iure, sino administración de facto. Por mucho que lo reclame en las leyes de su país. Lo que ocurre es que van a los hechos consumados, igual que Israel ocupa Palestina. Trata de ganar en los hechos lo que el derecho no le reconoce”.

Pero Marruecos se mueve siempre en clave geopolítica. Si el Gobierno de coalición de izquierdas sale adelante, tendrá al frente a ministros de Unidas Podemos, con una posición sobre el Sáhara mucho más beligerante con Marruecos que la que ha tenido desde hace años el PSOE, más preocupado por mantener buenas relaciones con Rabat y cuyos presidentes de Gobierno, a excepción de Sánchez, siempre han hecho su primer viaje a ese país.

El movimiento se ha producido también a escasos tres días del 15º Congreso del Frente Polisario, que reunirá a 2.000 delegados en Tifariti, un enclave situado en los territorios del Sáhara que se encuentran bajo dominio del Frente Polisario desde la guerra cuyo alto el fuego se firmó en 1991. Esta reunión se produce en pleno debate interno dentro del Polisario, donde hay numerosas personas que defienden la vuelta a las armas para dar visibilidad a un conflicto cronificado, a pesar del mandato de la ONU, que exige que se celebre un referéndum de autodeterminación en la antigua colonia española que el régimen marroquí rechaza tajantemente.

“El servilismo de España a Marruecos le va a traer malas consecuencias”, afirma Bachir. “Al fin y al cabo, el proyecto del Gran Magreb de Hassan II también incluía a Argelia y Canarias”. “Marruecos va dando pasitos. Nadie le ha reconocido el territorio saharaui, pero ellos van adelante”. Marruecos ya intentó desafiar la soberanía española en 2002, cuando ocupó el islote de Perejil. El entonces presidente, José María Aznar, organizó una rápida operación y los expulsó sobre la marcha. Ahora, el Gobierno canario mira de frente a Sánchez para que actúe lo antes posible.

Posición española

Ayer, el Gobierno de España subrayó que, “en el diálogo que España mantiene con Marruecos, se incluyen, naturalmente, las cuestiones relativas a la delimitación de aguas españolas y marroquíes, que están aún pendientes”.

Las fuentes diplomáticas españolas también subrayaron que “en la delimitación de las aguas de países colindantes debe regir, como siempre, el mutuo acuerdo en el marco del respeto a la Convención del Mar de Naciones Unidas”.

La iniciativa de Marruecos coincide con un momento en que España no tiene ministro de Asuntos Exteriores, dado que el último titular, Josep Borrell, cesó el pasado 29 de noviembre para asumir la jefatura de la diplomacia europea. Desde entonces, es la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, la que ha asumido las competencias de Exteriores.

El ministro marroquí de Exteriores, Naser Burita presentó el lunes las dos leyes ante la Comisión de Exteriores de la Cámara de Representantes del Parlamento, y calificó los dos textos de “históricos” y “soberanos”.

Las leyes que regulaban el espacio marítimo de Marruecos datan de 1975 y 1982 y tenían como límite al sur la ciudad de Tarfaya, pero con la nueva revisión normativa adoptada el lunes, Marruecos pretende extender su tutela jurídica sobre el espacio marítimo que incluye el Sáhara Occidental hasta la ciudad de Lagüera y en el noreste hasta Saidia, fronteriza con Argelia.

El diputado regional de Podemos, Manuel Marrero, afirmaba ayer que “así es como se mueve Marruecos para conseguir sus fines”.

 

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Marruecos saca provecho del estado catatónico de España: amplía sus fronteras marítimas e ‘invade’ aguas de Canarias

Los países son soberanos no solo sobre su territorio, sino también sobre las 12 primeras millas náuticas (22 kilómetros) a partir de su costa. Este es el llamado mar territorial, y sobre él manda cada Estado.

Luego, y desde las 12 hasta las 200 millas, cada país puede establecer una Zona Económica Exclusiva (ZEE), como la de España en Canarias, una zona que el Estado es el único que puede administrar, explorar, conservar y explotar. Pero aún hay una tercera posibilidad, la de solicitar la ampliación de la plataforma continental, lo que extiende el mar soberano hasta las 350 millas náuticas siempre que se demuestre, con informes geográ?cos, oceanográ?cos y jurídicos, que efectivamente el territorio submarino es continuidad de la zona terrestre sobre la que se ejerce la soberanía. España registró en 2014 su solicitud ante la ONU, pendiente de resolver, para que se le reconozca la ampliación de su plataforma continental en Canarias (ver mapa superior). En el documento España reconoce los solapamientos con las áreas de in?uencia portuguesa (por Madeira) y del Sahara Occidental. Esto dejaría bajo el control nacional una zona de 220.000 kilómetros cuadrados de gran riqueza natural.

¿QUÉ PRETENDE MARRUECOS?

Exactamente lo mismo que España: fijar su mar territorial y su ZEE y establecer un argumentario sobre el que sostener una nueva solicitud de ampliación de su plataforma continental (ya hizo una primera solicitud a remolque de la estrategia de España). El problema no solo está en que se solapan las áreas de influencia de ambos países, sino en que, además, el reino alauí toma como referencia para recalcular su frontera marítima los territorios ocupados del Sahara Occidental. Ni España ni Marruecos tienen capacidad para establecer su Zona Económica Exclusiva sin pisar la del otro, de ahí que hasta ahora, y a falta de acuerdo, Madrid y Rabat se hayan regido por la mediana, esa línea imaginaria que delimita las aguas entre la costa marroquí y la de las islas más orientales del Archipiélago en dos mitades equivalentes. Este acuerdo tácito sirvió, por ejemplo, para que cada país hiciera prospecciones petrolíferas en su lado de la mediana sin mayor problema. Pero lo que está ahora en juego es un negocio multimillonario.

¿QUÉ HAY BAJO EL MAR?

Telurio, cobalto y otros metales altamente valorados por la industria tecnológica es lo que yace bajo las aguas en disputa de España y Marruecos. De los volcanes submarinos de previsible riqueza, el único que no queda dentro de las 200 millas de la ZEE española es ‘Tropic’, al que los estudios señalan como la mayor reserva natural de telurio conocida hasta la fecha. Unas 2.600 toneladas de un metal que se paga a entre 200 y 500 dólares por kilo. Al quedar fuera de la ZEE, España solicita la extensión de su plataforma continental, de modo que también ‘Tropic’ quedaría bajo soberanía nacional. Claro que Marruecos también pugna, y para ello emplea el territorio ocupado del Sahara Occidental para recalcular su frontera marítima.

Marruecos ha decidido ampliar su frontera marítima hasta invadir aguas canarias. El reino alauí ha delimitado en dos leyes que ya han sido aprobadas en comisión parlamentaria el espacio marítimo que geográficamente comparte con España y Mauritania. El mapa dibujado por el país vecino implica el solapamiento de intereses en una amplia extensión al suroeste del Archipiélago, la zona en que se encuentra el monte submarino Tropic, cuyos recursos naturales quieren explotar ambos Estados. El nuevo reparto que pretende Marruecos no solo supone afianzar su control sobre el Sahara Occidental, ya que para el cálculo de la frontera marítima tiene en cuenta los territorios ocupados, sino que, además, reabre así el histórico conflicto con España en medio del cual están también los intereses del Archipiélago. De hecho, ni el Gobierno de Canarias ni el Ministerio de Asuntos Exteriores han ignorado el órdago de Rabat y ya han avisado que no le permitirán que hurte «ni una sola milla» a las Islas. Con todo, y más allá del conflicto político, las intenciones de Marruecos chocan con el derecho internacional, que veta cualquier tipo de vía unilateral y que consagra el establecimiento de las fronteras marítimas entre países colindantes al acuerdo entre ambos Estados. Sin este preceptivo acuerdo, las fronteras marítimas tienen como límite la mediana entre ambos territorios, esa línea imaginaria que divide la franja de agua entre Marruecos y las islas orientales de Canarias en dos mitades iguales.

Las leyes con que Marruecos pretende apropiarse de parte de las aguas de la región han sido aprobadas por unanimidad en la comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, la equivalente al Congreso de los Diputados. La unanimidad en torno a la delimitación de la frontera marítima incluyendo los territorios ocupados del Sahara Occidental es un nuevo gesto de fuerza ante la comunidad internacional. Ni España ni Naciones Unidas reconocen la soberanía marroquí sobre lo que en el reino alauí llaman las provincias del sur, lo que no ha obstado para que Rabat haya afianzado año a año el control del territorio, algo que ahora quiere extender también al espacio marítimo.

Sin embargo, si bien la comunidad internacional ha aplicado una política de laissez faire (dejar hacer) en lo relacionado con el Sahara Occidental, una política alimentada por el hecho de que la antigua potencia administradora, España (que sigue siéndolo), se ha mantenido al margen, no ocurre lo mismo con el espacio marítimo. Ahí los intereses de Marruecos chocan directamente con los de Canarias y España, tanto en términos estrictamente políticos, dado que el Estado no puede permitir que un país tercero delimite unilateralmente un espacio geográficamente común, como en términos económicos, dado que la zona en disputa contiene materias primas cuya explotación puede reportar pingües beneficios. En la zona en cuestión está sumergido, entre otros, el monte Tropic, un antiguo volcán que hoy es una reserva natural de metales tan apreciados por la industria tecnológica como el telurio o el cobalto. En definitiva, una fuente de riqueza a la que ni España ni Marruecos están dispuestos a renunciar.

En Rabat son conscientes de ello, de ahí que su ministro de Exteriores, Naser Burita, se haya apresurado a precisar que Marruecos está abierto al diálogo con España para solucionar el «solapamiento» de intereses, «especialmente en lo relativo a las islas Canarias». «Marruecos no impone una política de hechos consumados, y no está cerrado al diálogo con España ni con Mauritania para resolver cualquier problema a través del consenso», ahondó Burita en declaraciones recogidas por Efe. Sin tomar como referencia los territorios ocupados, Tropic queda fuera de cualquier ambición marroquí. Por eso Rabat ya no calcula su espacio marítimo a partir de la ciudad de Tarfaya, sino que en las nuevas leyes toma como punto de referencia la localidad de La Güera, al sur del Sahara Occidental. Así mata dos pájaros de un tiro: consolida de facto su control sobre los territorios ocupados y se lanza a una carrera con España, y por extensión Canarias, por la futura explotación de Tropic.

Hay que recordar que España solicitó en 2014 a la ONU la ampliación de la plataforma continental de Canarias a 350 millas, lo que pondría bajo el control y la explotación nacional un territorio submarino de más de 200.000 kilómetros cuadrados (casi la mitad de la España continental). Y en ese territorio están Tropic y toda su riqueza. Ya la solicitud española, pendiente de resolverse, preveía la colisión con el «área potencial del Sahara Occidental», que no Marruecos, al que se evitó nombrar en el documento enviado a la ONU. Ahora el reino alauí considera que su nueva normativa le servirá para defender ante los organismos internacionales la ampliación de su plataforma continental, lo que choca con los intereses españoles y canarios.

Los Gobiernos central y regional ya advirtieron ayer que no consentirán que Marruecos se apropie «ni una sola milla» de las aguas canarias. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores explicaron que en la delimitación de las aguas de países colindantes debe regir, «como siempre», lo estipulado en su día en la Convención del Mar de Naciones Unidas. Es decir, el acuerdo entre Estados. A falta de ese acuerdo, las leyes del reino alauí están vacías de todo contenido, tal como corroboró el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna Vicente Navarro Marchante. Y lo seguirán estando mientras España las refute ante la ONU, algo que hará en cuanto el Ejecutivo marroquí eleve su propuesta para delimitar las aguas al organismo internacional. En el diálogo bilateral que mantienen ambos países «se incluyen, naturalmente, las cuestiones relativas a la delimitación de las aguas», cuestiones, agregaron desde el Ministerio, que siguen estando en stand by por más que el país vecino haya decidido dibujar su propio mapa. «No cabe la unilateralidad en materia de delimitación de las aguas entre países colindantes», resumió el profesor Navarro.

 

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