Casi diez años y un mes después de que la banda terrorista ETA decidiese poner fin a la lucha armada, el Gobierno de España afirma que ha terminado el fin de la política de dispersión de presos. Así lo aseguró este martes el ministro del Interior, Francisco Grande-Marlaska, que confirmó que "todos" los internos pertenecientes a la organización terrorista están a menos de 200 kilómetros de su casa. Además, ninguno de los cerca de 190 que quedan por terminar de cumplir su condena está en el régimen penitenciario más duro.
"Ya no hay política de dispersión, sino política penitenciaria", señaló Marlaska a preguntas de la diputada Almudena Otaola, del PNV. La política de dispersión la aplicó de manera generalizada para los presos de ETA el Gobierno de Felipe González en 1989, hace más de 30 años. Consistía en alejarlos y que cumplieran condena en cárceles lejanas al País Vasco.
Si bien todos los ejecutivos han acercado a presos de ETA, ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez quien ha dado un acelerón al fin de la dispersión. En junio de 2018, antes de que alcanzaran La Moncloa cerca de un 70% de los 241 presos de ETA de entonces estaba en una prisión a más de 400 kilómetros de su lugar de arraigo y un 3,3% en prisiones vascas. A día de hoy, "todos los presos de la organización terrorista ETA" encarcelados cumplen condena "a menos de 200 kilómetros de su residencia", según insistió el ministro.
El fin de esta política de dispersión era una circunstancia que las asociaciones de víctimas ya venían adivinando meses atrás, no sin cierta molestia y con decenas de críticas. "Se ha derogado de facto la política de dispersión de presos", decía Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, en mayo, después de que Marlaska firmase la cesión de las competencias penitenciarias al País Vasco a partir de octubre, un extremo que refleja el Estatuto de Gernika, ratificado por los ciudadanos vascos y firmado en 1979.
Eso sí, el fin de la dispersión es algo que pidió hasta el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa. En un informe publicado el martes, solicitó a las autoridades españolas el acercamiento de los presos a sus lugares familiares. "La anunciada disolución de ETA en abril de 2018 y el abandono de su campaña armada en 2011... Hay motivos para que estos presos sean ubicados más cerca de sus familias", señaló el escrito.
El informe también reflejó cómo los presos de ETA han sido "generalmente asignados a cárceles muy alejadas del País Vasco, llevan mucho tiempo en prisión y, en su mayoría, siguen alojados en los módulos de régimen cerrado como presos de primer grado". Cierto es, no obstante, que Marlaska declaró este martes que ya no hay ningún preso en grado 1, el nivel penitenciario más duro: tienen limitadas las horas de salida al patio, lo hacen en compañía de otro preso y suelen tener intervenidas sus comunicaciones.
Para realizar el estudio, el Comité visitó diferentes prisiones con el fin de examinar el trato y las condiciones en las que están los internos españoles.Si bien el Consejo de Europa dijo que "la mayoría de las personas declararon haber sido tratadas correctamente", hubo "un número importante de denuncias de malos tratos" y llegó a citar una veintena de casos concretos. Por ellos le preguntó la diputada del PNV, aunque Marlaska respondió que son casos "absolutamente excepcionales".
En su intervención, el ministro declaró que el Gobierno está "firmemente comprometido con el respeto a los derechos fundamentales" y señaló que "no hay ningún tipo de tolerancia hacia las situaciones" a las que hizo referencia el informe europeo. En este sentido, añadió que, "porque siempre puede haber un mínimo de vulneración de derechos humanos", su departamento aprobó varios procedimientos de actuación para que no se produzcan situaciones como las denunciadas. Entre otros, Marlaska citó el protocolo antimaltrato firmado a comienzos de este año, que hace remarca la necesidad de comunicar a la autoridad judicial "cualquier hecho que pudiera ser constitutivo de delito, o la participación al referido juzgado de los hechos que conozca el director de un centro penitenciario que pudieran ser constitutivos de delito, conforme a lo dispuesto en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".
www.20minutos.es
"Ya no hay política de dispersión, sino política penitenciaria", señaló Marlaska a preguntas de la diputada Almudena Otaola, del PNV. La política de dispersión la aplicó de manera generalizada para los presos de ETA el Gobierno de Felipe González en 1989, hace más de 30 años. Consistía en alejarlos y que cumplieran condena en cárceles lejanas al País Vasco.
Si bien todos los ejecutivos han acercado a presos de ETA, ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez quien ha dado un acelerón al fin de la dispersión. En junio de 2018, antes de que alcanzaran La Moncloa cerca de un 70% de los 241 presos de ETA de entonces estaba en una prisión a más de 400 kilómetros de su lugar de arraigo y un 3,3% en prisiones vascas. A día de hoy, "todos los presos de la organización terrorista ETA" encarcelados cumplen condena "a menos de 200 kilómetros de su residencia", según insistió el ministro.
El fin de esta política de dispersión era una circunstancia que las asociaciones de víctimas ya venían adivinando meses atrás, no sin cierta molestia y con decenas de críticas. "Se ha derogado de facto la política de dispersión de presos", decía Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, en mayo, después de que Marlaska firmase la cesión de las competencias penitenciarias al País Vasco a partir de octubre, un extremo que refleja el Estatuto de Gernika, ratificado por los ciudadanos vascos y firmado en 1979.
Eso sí, el fin de la dispersión es algo que pidió hasta el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa. En un informe publicado el martes, solicitó a las autoridades españolas el acercamiento de los presos a sus lugares familiares. "La anunciada disolución de ETA en abril de 2018 y el abandono de su campaña armada en 2011... Hay motivos para que estos presos sean ubicados más cerca de sus familias", señaló el escrito.
El informe también reflejó cómo los presos de ETA han sido "generalmente asignados a cárceles muy alejadas del País Vasco, llevan mucho tiempo en prisión y, en su mayoría, siguen alojados en los módulos de régimen cerrado como presos de primer grado". Cierto es, no obstante, que Marlaska declaró este martes que ya no hay ningún preso en grado 1, el nivel penitenciario más duro: tienen limitadas las horas de salida al patio, lo hacen en compañía de otro preso y suelen tener intervenidas sus comunicaciones.
Para realizar el estudio, el Comité visitó diferentes prisiones con el fin de examinar el trato y las condiciones en las que están los internos españoles.Si bien el Consejo de Europa dijo que "la mayoría de las personas declararon haber sido tratadas correctamente", hubo "un número importante de denuncias de malos tratos" y llegó a citar una veintena de casos concretos. Por ellos le preguntó la diputada del PNV, aunque Marlaska respondió que son casos "absolutamente excepcionales".
En su intervención, el ministro declaró que el Gobierno está "firmemente comprometido con el respeto a los derechos fundamentales" y señaló que "no hay ningún tipo de tolerancia hacia las situaciones" a las que hizo referencia el informe europeo. En este sentido, añadió que, "porque siempre puede haber un mínimo de vulneración de derechos humanos", su departamento aprobó varios procedimientos de actuación para que no se produzcan situaciones como las denunciadas. Entre otros, Marlaska citó el protocolo antimaltrato firmado a comienzos de este año, que hace remarca la necesidad de comunicar a la autoridad judicial "cualquier hecho que pudiera ser constitutivo de delito, o la participación al referido juzgado de los hechos que conozca el director de un centro penitenciario que pudieran ser constitutivos de delito, conforme a lo dispuesto en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".
Marlaska certifica el fin de la política de dispersión de los presos de ETA: "Todos están a menos de 200 km de su casa"
Casi diez años y un mes después de que la banda terrorista ETA decidiese poner fin a la lucha armada, el Gobierno de España certifica el fin de la política...
www.20minutos.es