Los Servicios Sociales de diferentes regiones de España familias dispuestas a acoger a menores en una más que discutible situación de desamparo que, en la mayoría de los casos, son sustraídos de manera arbitraria a sus legítimos progenitores.

Este es uno de los mayores dramas humanitarios (si no el mayor) que se da en el supuesto Estado de Derecho español.

Así las cosas familias y miles de españoles se echan los próximos días a las calles en contra de esta arbitrariedad que, en primer lugar, supone un atentado contra el derecho de los más pequeños de vivir y disfrutar de sus propias familias, así como un gravísimo atentado contra los derechos de padres, hermanos, primos, tíos y abuelos de los menores.

Como suele siendo habitual con todas las cacicadas del Régimen del 78, "la prensa del sistema" no abrirá sus informativos con estas movilizaciones: muchas de las cadenas de televisión, emisoras de radio, prensa escrita y digital, siquiera dedicarán un par de frases para hacerse eco dem las mismas.

Pese a la modestia de medios que padecemos, La Tribuna de España va a estar para informar en algunas de ellas:

Manifestación en Cádiz, Viernes 3 de Mayo a las 10 frente a Hospital Puerta del Mar y paseo hasta Servicios Sociales pasando por juzgados.
Manifestación en Madrid, 5 de Mayo, plaza Jacinto Benavente a las 12h.
Manifestación en Castellón, Viernes 10 de Mayo de 10 a 15h. Direcccion Territorial de "Bienestar Social".

Es conveniente recordar que las familias acogedoras tienen una remuneración que varía en función de las "supuestas" (y e no pocas ocasiones, inventadas) necesidades que tiene el menor, y que empresas, particulares, fundaciones y funcionarios han convertido en un sucio negocio lícito la retirada de tutela a los padres..

 

Hasta los gitanos denuncian los chanchullos socialistas en la protección del menor, con asesores técnicos no colegiados

Esta es una información de la que no se hace eco La Sexta o Maldito Bulo. Como jamás dicn una palabra sobre la corrupción, el blanqueo de capitales, las relaciones probados con el narcotráfico y las estafas del "clan Botín" en el Banco de Santander. Sin embargo, el matrimonioGarcía Ferreras-Ana Pastor, andan dando lecciones de periodismo al resto de los compañeros... acaso por eso pretenden el cierre de La Tribuna de España.

Llamamiento para sumarse a la denuncia por intrusismo contra los asesores técnicos de Justicia de la Junta de Andalucía que no estaban colegiados

El pasado día 20 de mayo, D. José Maldonado Sandoval, presidente de la Asociación Nacional del Menor Gitano, ha presentado una denuncia por intrusismo profesional ante la Fiscal Superior de Andalucía, Dª Ana Tarrago Ruiz, contra todos aquellos técnicos de la Junta de Andalucía(psicólogos, trabajadores sociales y médicos forenses) que han estado ejerciendo en procesos de tutela de menores, divorcio y violencia de género vulnerando la legislación vigente y la doctrina del Tribunal Constitucional, porque ejercían su labor sin estar colegiados.

Según se ha sabido por las interpelaciones parlamentarias presentadas por el Partido Vox, “el 50% de los trabajadores de violencia de género no están colegiados”, poniendo en evidencia que esta situación de “intrusismo generalizado” es extensible también a los procesos de tutela de menores y divorcios. La denuncia destaca el desamparo legal ocasionado a las personas y familias objeto de sus informes, debido a la carencia del obligado control deontológico colegiado de los informes en los que se basaron sus sentencias.

En la denuncia se incluye a los responsables de la Junta y de los colegios profesionales de Psicología, Trabajo Social y Medicina que, ante el conocimiento del delito, omitieron imponerle soluciones. Para eso hace constar que el pasado 8 de mayo les presentó sendos escritos poniéndoles al corriente de la situación y conminándoles a que denunciasen ellos mismos el delito ante la Fiscalía, sin obtener respuesta.

Antes que buscar indemnizaciones económicas, se solicita la depuración de responsabilidades y la reparación de los perjuicios familiares provocados por las situaciones de desamparo e indefensión en las que se determinaron sus resoluciones o sentencias.

La Asociación denunciante lanza un llamamiento al resto de asociaciones de afectados, tanto andaluzas como del resto del Territorio Nacional, para que apoyen y se sumen como acusación popular a la denuncia presentada ante la Fiscalía Superior de Andalucía. Además, pide que se investigue de igual modo a los técnicos al servicio de este sector de la Justicia en el resto de las Comunidades Autónomas, para que procedan a comprobar si esta grave irregularidad se pudiera tratar de una situación generalizada en todo el Territorio Nacional.

 

Robo de tutelas: equipos psicosociales de los Juzgados emiten informes falsos y manipulados

La defensa de los menores debiera ser esencial en una sociedad moderna y en un Estado de derecho, algo infrecuente en la España actual. El colectivo gitano vuelve a dar un ejemplo al resto de la sociedad española en la defensa de sus más pequeños. No actuar ante la pederastia, la pedofilia, el adoctrinamiento "de género" o permitir las retiradas ilegales de tutelas de nuestros niños nos condena a la desaparición como pueblo.

La Asociación Nacional del Menor Gitano vuelve a ser un ejemplo en el que debiera mirarse el resto de la sociedad "paya" española. Ellos lo tienen muy claro y lo manifiestan sin miedo alguno a ser tratados de xenófobos, homófobos ni ningún otro vocablo estúpido con los que el sistema descalifica a quienes, sencillamente, defienden la justicia y el sentido común; y es que -como muy bien expresa esta Asociación- desentenderse de nuestros niños significa poner en futuro nuestra propia supervivencia étnica.

La Asociación Nacional del Menor Gitano, presidida por José Maldonado Sandoval, ha presentado una nueva denuncia ante el Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid contra la Administración y el Colegio Oficial de Psicólogos por presuntas irregularidades cometidas en la supervisión deontológica de los informes elaborados por los Equipos Psicosociales de los Juzgados de Familia y Unidades de valoración Integral de Violencia de Género, que han servido de fundamento técnico de las sentencias en procesos de tutela de menores, su custodia en divorcios y en condenas por violencia de género.

Según consta en la denuncia, el Colegio de Psicólogos negó su competencia para resolver reclamaciones deontológicas contra los miembros de los citados Equipos por ser empleados públicos. También se denuncia a los funcionarios responsables de la Comunidad Autónoma que “usurparon” esas funciones que “tiene reservadas única y exclusivamente” el Colegio profesional, según dicta la Ley 19/1997.

Una reciente interpelación parlamentaria presentada en la Junta de Andalucía ha puesto de manifiesto graves carencias en la legitimidad de los profesionales que los integraban, porque alrededor de la mitad de ellos no estaban colegiados tal y como exige la Ley y ha refrendado el Tribunal Constitucional. Maldonado, en nombre de su Asociación, presentó recientemente una denuncia por intrusismo profesional contra ellos.

Durante décadas, muchos usuarios de la Justicia de Familia, Menores y Violencia de Género se habían venido declarando profundamente perjudicados por los informes elaborados por estos Equipos, que calificaban de “falsos, manipulados, tergiversados y con ocultismos”, porque eran los que servían de base pericial en las sentencias de estos Juzgados. Estos acontecimientos inducen a poner en tela de juicio la de las miles de sentencias que condicionaron esos informes.

Entre otras funciones, los Colegios de Psicólogos tienen como misión velar contra el intrusismo profesional y, por tanto, debían haber actuado de oficio contra esta irregularidad. En esta nueva denuncia se busca poner de manifiesto que tanto Administración como algunos de estos Colegios tenían conocimiento de esta irregularidad y la amparaban. Detrás de este funcionamiento anormal parece esconderse un sistema arbitrario de designación y contratación de personal para facilitar su control por el entramado de intereses económicos e ideológicos que se alojan detrás de las Políticas de Género fomentadas desde el Poder Ejecutivo.

Dentro del ambiente de corrupción generalizada en el que se mueve nuestra Vida Pública, la que atañe a temas que, como este, afectan a la vida familiar (divorcios) a la infancia (custodias y tutelas) y a la libertad de las personas (denuncias falsas por Violencia de Género) es, sin duda, la más lamentable, mezquina y miserable de todas y la que puede llegar a poner en serio riesgo la propia supervivencia a largo plazo de nuestra identidad étnica y cultural.

 

Consuelo García del Cid Guerra: “Los servicios sociales son un sistema contra natura en los que se hacen informes falsos y manipulados, se retiran custodias injustificadas y se borra a las madres”​

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La escritora ha sido absuelta en firme de calumnias por decir que un magistrado estaba entorpeciendo una investigación sobre el hurto de bebés y menores en centros de menores

Tras tres largos años, con sus días y sus noches, la escritora e investigadora Consuelo García del Cid Guerra, se siente libre. Por fin ha recibido la noticia que tanto ansiaba: la de la sentencia firme que la absuelve de calumnias por señalar al magistrado de la Audiencia Provincial de Tarragona, Antonio Carril Pan. “Es el final de una pesadilla que nunca debí haber vivido. Yo nunca he calumniado a nadie, no soy una suicida. Cierto que me arriesgué al máximo denunciando un sistema, era mi obligación moral hacerlo”.

Y es que, si algo ha aprendido la autora del libro El desmadre de los servicios sociales en un camino doloroso que solo conoce ella, es que la libertad de expresión no existe en España. “Me llevo una gran lección aprendida: del pasado se puede hablar, lo echamos al canasto de la memoria y adiós, pero como toques el presente, la realidad actual, van a por tu cabeza. Y todo este sistema viene del pasado. A mí me han escrito trabajadoras sociales diciendo que tengo toda la razón, pero que temen perder su trabajo. Me he entrevistado con todos los partidos políticos, que miran hacia otro lado o te dicen que este tema "es intocable".

  • Llegar hasta aquí te ha supuesto un calvario que no deseas a nadie. ¿Qué ha sido lo más difícil?
Todo. Me he sentido literalmente perseguida. Que te aporree la puerta una pareja de policías a las cuatro de la madrugada cuando yo descansaba en la habitación de un hotel, en Zaragoza, donde había ido a conferenciar, para decirme que "tiene una denuncia", estando notificada y con abogado y procurador designados. Me habían puesto en busca y captura, luego el Juzgado dijo "haberse equivocado", pero la realidad es que acabé en un hospital con crisis de ansiedad severa. Que llamara la policía por dos veces a casa de mi hijo mayor diciendo que "estaba desaparecida", luego la misma policía se disculpó. ¿Pero esto qué es? ¿En qué país estamos?

  • ¿Te han defraudado personas que creías estaban a tu lado?
No. Rotundamente no, todo lo contrario. Me he sentido muy apoyada incluso por personas desconocidas. El día del juicio había una manifestación en la puerta, y esas cosas no se olvidan. Madres con sus hijos retirados injustamente, familias destrozadas por el sistema que viajaron desde distintos puntos de España para estar a mi lado. Sólo tengo agradecimiento infinito porque no me he sentido sola en ningún momento.

  • ¿Qué mensaje le lanzas al magistrado Antonio Carril Pan?
Se ha hecho justicia y no se ha podido matar al mensajero.

  • ¿Por qué rechazaste en su día la ayuda de la Asociación contra la Corrupción?
En aquel momento me encontraba sobresaturada y seguí los consejos de mi abogado, Guillermo Peña, que se ha dejado la piel en mi defensa y ha ganado. No quería verme inmersa en más conflictos, se me acercaba demasiada gente con propuestas incontrolables. Mi teléfono ardía, era un sin vivir. Me llamaba mucha gente proponiéndome disparates.

  • ¿Los servicios sociales están a la altura de los y las menores que tiene que proteger?
Por supuesto que no. Los servicios sociales son un sistema contra natura en todos los sentidos y donde se hacen informes falsos y manipulados, se retiran custodias injustificadas y se borra a las madres. Son intocables, no se les puede discutir. Se están destrozando vidas enteras a diario sin que nadie reaccione al respecto. No se contempla el clima moral del asunto. Estamos ante la extensión de un pasado que lo dejó todo atado y bien atado. Han cambiado las formas, no el fondo, esa es la frase que llevo años repitiendo hasta la saciedad, porque me he ocupado de demostrarlo incluso documentalmente.

  • ¿Qué te provoca el caso de una niña que con 12 años ha sido violada por un “compañero” del centro y ha dado a luz un bebé en Santander en su casa?
Que el sistema no funciona. ¿Un centro de menores protege? Es obvio que no. Embarazos no deseados, madres adolescentes que son niñas. Habría que preguntarse por qué estaba en un centro de menores y si eso habría pasado o no en su casa.

  • Tu activismo no es solo por los niños y niñas también es por las madres víctimas de la violencia machista, ¿qué reconoces en ellas?
Por supuesto. Se retiran custodias por ser víctima de violencia machista y se están dando los hijos e hijas a maltratadores. Las denuncias se vuelven contra las denunciantes. Es el mundo al revés. Mientras tanto, se extienden verdaderas campañas de descrédito hacia ellas, que no son creídas, ni en los juzgados ni en ninguna parte. Cuestionadas por ser mujeres, sin más, y tachadas de locas a la primera de cambio. La tortura en los puntos de encuentro, lugares desafectos, esa figura no regulada del "coordinador parental" que se han sacado de la manga, es como pagar al enemigo.

Esa figura se ha creado a golpe de auto judicial como si el poder judicial pudiera realizar funciones legislativas. Los coordinadores parentales tienen mucho poder para emitir informes y dictaminar desamparos. Se actúa contra los derechos fundamentales, tanto de los niños y niñas como de las madres, a las que deja en la más absoluta indefensión. El síndrome inexistente que ni nombrar quiero con que se ahorca a las mujeres cargando sobre ellas un sinfín de atrocidades varias.

  • ¿Lo que viviste como niña te ha marcado la vida como activista?
De forma definitiva. Si mantengo esta lucha incombustible con la que me enterrarán, es porque pasé por reformatorios franquistas sin haber cometido delito alguno. Te marca para los restos. Llevo más de diez años trabajando sola, sin ayudas ni subvenciones. De aquellos barros, estos lodos. Conseguí sacar a la luz hechos completamente ocultos de la España más negra y su memoria reciente. Y sigo en ello.

  • ¿Seguirás denunciando o esta última experiencia te ha hecho cambiar de estrategia?
Nunca tuve estrategia. Y por supuesto que voy a continuar. El libro que se publicará en 2020 es una bomba de relojería.

  • Define bomba…
Se trata de “Las insurrectas del Patronato de Protección a la Mujer” que publicará la Editorial Anantes el próximo trimestre de 2021. En sus páginas demuestro documentalmente cómo se metía a las mujeres en manicomios, en concreto en el Psiquiátrico de Ciempozuelos, a todas las que no acataban el régimen de internado de los reformatorios franquistas. Y sobre todo de cómo todas las lesbianas iban allí.

 

De los niños robados a los niños secuestrados: el negocio en España de las tutelas de menores​

Entre 1940 y 1990, decenas de miles de niños –las diferentes asociaciones de bebés robados estiman que las cifran están próximas a los 300.000– fueron robados de los hospitales en España. Doctores, enfermeros, sanitarios y religiosos estaban detrás de una trama que movía cantidades importantes de dinero. A madres de familias humildes les anunciaban que habían perdido durante el parto sus bebés o que habían nacido muertos. Niños que eran vendidos a familias adineradas, que ya habían apalabrado previamente la compra.

El doctor Eduardo Vela y la monja María Valbuena Gómez, ambos ya fallecidos, representaron la cara de esta auténtica mafia de tráfico de menores. Aunque no pagaron por sus delitos, ya que habían quedado prescritos tras pasar 31 años, sí que fueron juzgados. La justicia en España reconocía por primera vez en 2018 que en nuestro país se robaron bebés durante las fechas señaladas. El doctor Vela fue considerado culpable de "tráfico de niños".

Desafortunadamente, la mayoría de los casos denunciados fueron directamente archivados o cerrados ante la imposibilidad de dar con los implicados en la trama y con los padres biológicos de las víctimas. Cuando comenzaron las investigaciones habían pasado, en algunos casos, más de 50 años.

Un genocidio de lesa humanidad​

El caso de los bebés robados es un capítulo negro de la España más siniestra, pero, lamentablemente, en los tiempos actuales también se están dando casos muy parecidos en cuanto al modus operandi. "El Estado español está secuestrando niños con informes falsos, tergiversados, manipulados y con ocultismo por parte de los servicios sociales. Esto es una barbarie". La denuncia la realiza Pepe Maldonado, presidente de la Asociación Nacional del Menor Tutelado, conocida antes como Asociación del Menor Gitano.

"El Estado español está secuestrando niños con informes falsos, tergiversados, manipulados y con ocultismo"

Dicha asociación fue fundada hace siete años por Pepe, que lleva 50 años vinculado al movimiento asociativo gitano, luchando contra miles de injusticias y situaciones de desamparo. Para defender a una familia de Jaén a la que le iban a quitar dos de sus niños creó la Asociación del Menor Gitano pensando que "los niños que se llevaban eran gitanos, pero a lo largo de estos años hemos ayudado a más familias de niños no gitanos que de gitanos. Los niños no tienen colores, ya sean chinos, africanos o de cualquier país".

Para que nadie se sintiese discriminado y con el cambio de directiva, en julio pasado se decidió cambiar el nombre al referido de Asociación Nacional del Menor Tutelado. Una asociación sin ánimo de lucro, sin subvenciones de ningún tipo y que lucha contra lo que creen que es "un genocidio viviente de lesa humanidad". Los viajes para atender a familia y las gestiones que realizan corren a cargo de los bolsillos de los directivos. Con la intención de callarles, desde la Junta de Andalucía le llegaron a ofrecer la posibilidad de que montasen un centro para que buscasen padres de acogida.

"Detrás de todo esto hay políticos, funcionarios, técnicos, fiscales y jueces. Esto es una trama muy grande"

Las cifras del caso de niños tutelados van en aumento en los últimos años y asustan: son más de 60.000 los menores que están en España en manos de las administraciones autonómicas, que son las que gestionan el tema de las tutelas y no la justicia, como ocurría anteriormente. Un informe de un trabajador social, sin que conste ninguna denuncia, puede quitar la custodia a madres y padres. "La administración no necesita una orden de un juzgado para ir a una guardería, un colegio o un hospital y llevarse a los niños. En el caso de los recién nacidos, hay madres que no llegan ni a ver a sus hijos", cuenta Pepe a lavozdelsur.es.

"Los niños son secuestrados legalmente con informes falsos. Detrás de todo esto hay políticos, funcionarios, técnicos, fiscales, jueces. Esto es una trama muy grande", indica Toñi Moreno, una de las colaboradoras más activas de la Asociación Nacional del Menor Tutelado.

Condena a la Junta de Andalucía​

En Sevilla se dio el primer caso documentado de una madre de Dos Hermanas, Carmen Fernández, a la que la administración le retiró sin motivos a Sara e Iván, sus dos hijos. La trabajadora social indicó en un informe que esta madre era alcohólica. La analítica que se hizo nada más perder la custodia de sus hijos demostró que estaba exenta de drogas y alcohol. Ocho años de lucha en los banquillos tardó para poder recuperar a sus hijos.

Un daño irreparable por el que el Tribunal Constitucional condenó a la Junta de Andalucía a pagar más de 1,7 millones de euros por el secuestro de Iván y Sara. El expresidente de la Junta, Manuel Chaves, incluso llegó a pedir perdón a Carmen.

"Son niños zombis e institucionalizados. No tienen el calor de nadie"

Las condenas siguen, de 40.000 euros, de 80.000, pero por ahora nadie ha sido imputado ni se ha abierto ningún proceso judicial contra quienes están manejando los hijos de esta trama. Las secuelas que le quedan luego a los menores son irreparables. "Son niños zombis. No reciben educación de familia, de respeto, en los centros de menores. No tienen el calor de nadie. Son niños institucionalizados", relata Toñi.

En uno de los casos que ha tratado la asociación, tres hermanos (dos niños y una niña) denunciaron que habían sido violados en un centro de menores de Granada. En el caso de la menor, desde que tenía nueve años. Todo quedó archivado. "Los niños tutelados no tienen derechos de ninguna clase. Todo lo que cuentan de los derechos humanos es mentira. Es un negocio a cara descubierta que han montado de los fondos FEDER de la Comunidad Europea", destaca Maldonado.

¿En qué consiste el negocio? ¿Con qué intención se llevan a los niños bajo tutela a los centros de menores? La clave la ofrece el presidente de la Asociación del Menor Tutelado. "Una diputada dijo en el Congreso que recibía de los programas FEDER un total de 9.800 euros mensuales por niño tutelado sin ninguna deficiencia. En el caso de niños con deficiencias, la cifra asciende a los 15.000 euros. Cantidades a las que hay que sumar los 60.000 euros que reciben por cada niño tutelado".

El entramado todavía va a más. "Hay madres de acogida profesionalizadas que tienen hasta 3 o 4 niños a su cargo. Dependiendo de la comunidad autónoma pueden recibir de 600 a 1.200 euros por niño".

Desde el Papa al rey Felipe VI​

Sobre todo esto tiene constancia desde el Papa Francisco hasta el rey Felipe VI. Desde la asociación han mandado información de lo que está ocurriendo en España a defensores de los derechos humanos, del pueblo, embajadas de diferentes países, fiscales autonómicos y políticos de todas las ideologías.

Maldonado se ha reunido en dos ocasiones con el Fiscal General del Estado y en otra con el Fiscal General de Menores. Les entregó expedientes de casos de madres a las que les han retirado la custodia de sus hijos con informes falsos. Y solicitó al Fiscal General del Estado que el tema de los menores volviese a la justicia y no en manos de la administración como está ahora. "No puede ser porque está repartido autonómicamente", fue la respuesta literal que recibió Pepe.

El sentimiento de frustración e injusticia es grande dentro de la asociación. "Es como si estuviésemos en un túnel. Los primeros culpables son los políticos. Nosotros vamos dando pasos muy pequeños porque no somos nadie y nos aplastan como a hormigas", afirma Toñi.

La justicia no se pronuncia sobre las numerosas denuncias presentadas. "Esto es una aberración y ningún juez dice qué es lo que está pasando", indica un Maldonado que ha visto de cerca a abogados defensores desolados. "Uno de ellos salió llorando diciendo que no hay justicia y que se iba a su casa a darle dos besos a su hijo. Esto es una lucha de David contra Goliat".

Drogas, abusos y abandonos en centros de menores​

Muchas de las madres incluso son amenazadas con quitarles la única hora de visita que tienen al mes para estar con sus hijos. "Están amenazadas –detalla Pepe– por psicólogas, trabajadoras sociales y educadoras. En una manifestación que tuvimos a las puertas de la Junta de Andalucía en Sevilla, la delegación de Menores llamó a todas las madres de Sevilla que tenían hijos tutelados amenazándoles con quitarles la visita de sus hijos. Las madres están asustadas, preocupadas, las tratan como si fueran basura".

La desatención en muchos centros de menores es total. Sobre varios pesan incluso denuncias de menores que son amarrados durante días a sillas y camas. Casos que son silenciados por las instituciones hasta que no pueden tapar más tanta barbarie, como ha ocurrido en Baleares con más de veinte menores, que estaban bajo la protección del Gobierno de las islas, prostituidas. Otro caso aberrante ha sido el de la joven tutelada que llevaba trece meses en paradero desconocido sin que la administración hubiera denunciado la desaparición.

"Una trabajadora social pedía en internet ropa y calzado porque decía que los niños estaban desnudos"

Drogas, abusos, prostitución y niños prácticamente abandonados en los propios centros de menores. "Tengo la documentación de una trabajadora social que en internet pedía ropa y calzado para los niños de un centro andaluz de acogida. Decía que los niños estaban desnudos y descalzos en el centro", destaca Maldonado.

La gravedad de todos los hechos denunciados es tremenda, pero desde la Asociación del Menor Tutelado se ven maniatados. "No sabemos cómo vamos a tirar esta trama abajo".

 

Más de 2.100 niños desaparecidos de los centros de menores en España​

Nadie sabe qué ha pasado con ellos, si están vivos o muertos. Las cifras son terroríficas. Más de 2.100 niños y niñas han desaparecido o han escapado de los centros de menores.

"Las madres me llaman y me preguntan si puedo saber algo sobre sus hijos", cuenta José Maldonado, presidente de la Asociación del Menor Tutelado. "Me dicen que si puedo averiguar si están muertos o vivos para ponerse luto o celebrarlo".

"Los niños se los llevan de matrimonios separados, de divorciados, de relacionados con la violencia de género. No tiene nada que ver con lo que están vendiendo a la sociedad. Esto es un negocio", resalta Maldonado.

 

Así roban los servicios sociales a nuestros hijos​

Es un secreto a voces, eso lo sabe toda España aunque haya cobarñoles solo despierten cuando les afecta a ellos directamente, que en España se está produciendo una de las mayores aberraciones que nos podamos imaginar con el tráfico de menores. El estado da una inmensa cantidad de dinero a asociaciones y familias de acogida por un lado, mientras por el otro le roba los hijos a unos padres que, en una gran parte, están perfectamente capacitados para mantenerles y hacerse cargo de ellos.

Cada comunidad autónoma maneja su paquete de subvenciones para asociaciones y familias que “acogen” a menores. Pero a pesar de que en cada comunidad haya un importe determinado, les podemos asegurar que es un gran negocio del que participan muchos y que está provocando que se cometan muchas ilegalidades. Un negocio similar al de la violencia de género, pero en este caso con menores que son arrancados de sus familias de manera injusta, injustificada y en muchos casos, incluso delictiva.

Una de las comunidades autónomas en la que más irregularidades se están cometiendo con los menores es la valenciana. No olviden nunca lo que ha hecho la consejera Oltra y su exmarido, por no hablar de muchos de sus colaboradores en el gobierno. Y de ahí precisamente, es de donde es Josué Esteban, el joven que está sufriendo un auténtico calvario después de que los servicios sociales de la Comunidad Valenciana le hayan arrebatado a su hijo de 3 años.

Escuchen la historia porque no tiene desperdicio. Y recuerden, esto le puede pasar a cualquiera.



 

Así roban los servicios sociales a nuestros hijos​

Es un secreto a voces, eso lo sabe toda España aunque haya cobarñoles solo despierten cuando les afecta a ellos directamente, que en España se está produciendo una de las mayores aberraciones que nos podamos imaginar con el tráfico de menores. El estado da una inmensa cantidad de dinero a asociaciones y familias de acogida por un lado, mientras por el otro le roba los hijos a unos padres que, en una gran parte, están perfectamente capacitados para mantenerles y hacerse cargo de ellos.

Cada comunidad autónoma maneja su paquete de subvenciones para asociaciones y familias que “acogen” a menores. Pero a pesar de que en cada comunidad haya un importe determinado, les podemos asegurar que es un gran negocio del que participan muchos y que está provocando que se cometan muchas ilegalidades. Un negocio similar al de la violencia de género, pero en este caso con menores que son arrancados de sus familias de manera injusta, injustificada y en muchos casos, incluso delictiva.

Una de las comunidades autónomas en la que más irregularidades se están cometiendo con los menores es la valenciana. No olviden nunca lo que ha hecho la consejera Oltra y su exmarido, por no hablar de muchos de sus colaboradores en el gobierno. Y de ahí precisamente, es de donde es Josué Esteban, el joven que está sufriendo un auténtico calvario después de que los servicios sociales de la Comunidad Valenciana le hayan arrebatado a su hijo de 3 años.

Escuchen la historia porque no tiene desperdicio. Y recuerden, esto le puede pasar a cualquiera.







 


La trama de secuestros de niños empieza a quebrarse

Padres "coraje", que han liberado a sus hijos del secuestro de los Servicios Sociales, cuentan las estrategias con las que se apoderan de decenas de miles de menores en España.