La Comisión Europea investigará la gestión de Oltra por los casos de abusos a menores tutelados

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Los centros de menores siguen siendo el principal talón de Aquiles de Mónica Oltra. La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Políticas Inclusivas se enfrenta ahora a una investigación por parte de la Comisión Europea, como consecuencia de una denuncia tramitada en su día por el PP. Y, de nuevo, volverá a salir la condena a su ex marido por abusos sexuales a una menor tutelada de la Generalitat, porque los hechos se produjeron precisamente en uno de los centros que son responsabilidad del departamento que dirige la líder de Compromís.

La diputada y portavoz adjunta del PP en las Cortes Valencianas, Elena Bastidas, fue quien llevó estos hechos ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que preside precisamente su compañera de partido, Dolors Montserrat. Esta ha sido la encargada de confirmar de que se ha declarado "admisible" la petición, por lo que se ha pedido a la Comisión Europea que abra una "investigación preliminar" sobre este asunto. Montserrat avanza en un escrito, fechado en octubre aunque desvelado ahora, que solicitará información también al propio Gobierno valenciano.

En su denuncia de marzo de 2020, Bastidas relata las "numerosas informaciones de extraordinaria gravedad que afectan a una pluralidad de personas menores de edad bajo tutela de la Generalitat Valenciana, que en los últimos años han sido objeto de abusos sexuales en las instalaciones públicas de acogida". Bastidas se refiere a casos que trascendieron en los centros de Buñol, Segorbe o Monteolivete, pero su denuncia citaba en concreto el del ex marido de Oltra, cuya Conselleria fue señalada expresamente en los tribunales por este tema.

De hecho, la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que ratificó la condena de cinco años de cárcel a su ex marido, cuestionaba la actuación en este caso de la Conselleria de Oltra. En concreto, planteaba dudas sobre si la Administración fue diligente a la hora de proteger a la víctima, a la que ni siquiera se creyó en un primer momento. En una comparecencia en las Cortes, Oltra negó cualquier trato de favor y asumió que el sistema había fallado a la hora de proteger a la menor, tras cuyo caso se cambió el protocolo de actuación.

Según la denuncia del PP, en la Comunidad Valenciana "se está poniendo en peligro la integridad física y la indemnidad sexual de las personas más vulnerables, que son los menores que se encuentran bajo la tutela de la Administración por no tener progenitores o tutores que se hagan cargo de ellos". De ahí que Bastidas reclame "recabar datos y testimonios suficientes para adoptar unas conclusiones que sirvan para compeler a las autoridades nacionales a proteger a los menores víctimas de abuso".

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha reprochado a la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, que vaya a apoyar a Oltra este sábado en Valencia tras conocerse esta investigación: "Es una vergüenza".

Esta investigación se suma a la que ha abierto el Síndic de Greuges, es decir, el defensor del pueblo valenciano. Este organismo ha apuntado también a la gestión de los centros de menores, llegando a acusar a Oltra de entorpecer dicha investigación. La vicepresidenta llegó a acusar al Síndic de alimentar una campaña del PP en su contra, lanzando "insidias" y "especulaciones" sobre su gestión.

 

Shizuka

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25 Nov 2010
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Los centros de tutelados de Mónica Oltra medicaron a los menores sin consentimiento ni diagnóstico​

Los menores tutelados por la Comunidad Valenciana han estado viviendo un auténtico infierno en los centros bajo el control de la conselleria que lidera la vicepresidenta Mónica Oltra desde 2015. Por el momento se han denunciado 175 abusos sexuales a menores, entre ellos el de su exmarido a una niña con el supuesto conocimiento y encubrimiento de Oltra. Por si no fuera suficiente, se ha desvelado que se medicó a muchos menores sin su consentimiento informado y sin un diagnóstico.

La investigación del Sindic de Greuges (defensor del pueblo) alerta de "incumplimientos de la normativa en cuestiones tan sensibles como la medicación de los menores o su tiempo de estancia en los centros", afirma El Mundo este jueves. El informe recoge que los diagnósticos más frecuentes entre los menores residentes son los de "trastorno de conducta, TDAH y el trastorno disocial".

Además advierte de que "mayoritariamente, a los menores se les administra medicación que, en todo caso, está prescrita y pautada por los facultativos", pero "no se recaba el consentimiento informado a los que por ley se les reconoce ese derecho" (a los mayores de 16 años). Pero eso no es todo. Según el informe, "al menos en 20 casos no se dispone de diagnóstico, aunque algunos de estos casos reciben medicación".

Estancias sin límite ni control​

El informe desvelado por El Mundo alerta de otra irregularidad: "Muchos de los menores atendidos han sobrepasado el tiempo de estancia máximo establecido" para este tipo de centros y que legalmente es de nueve meses. También desvela que se han encontrado estancias de un periodo de hasta "77 meses" en un centro ubicado en la provincia de Valencia o que algunos de los menores "han reingresado en el mismo centro".

En ese mismo informe, el Defensor del Pueblo también reprende a la Conselleria de Oltra porque "no ha informado de los estándares internacionales y del control de calidad al que están sujetos los centros específicos para menores". Y concluye señalando que a tenor de la situación, "podría aconsejar que continúe con su labor de investigación sobre los centros de protección".

 

Shizuka

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25 Nov 2010
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El juez pide al TSJ de Valencia la imputación de Mónica Oltra por encubrir los abusos sexuales de su marido a una menor​

El titular del Juzgado de Instrucción nº 15 de Valencia, Vicente Ríos, ha solicitado al TSJ de Valencia la imputación de la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, por encubrir los abusos sexuales de su marido a una menor tutelada de 14 años. La causa se inició tras la querella presentada por la asociación GOBIERNA-TE, en la que posteriormente Vox se personaba como acusación popular.

En el auto de exposición razonada remitido al TSJV, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el instructor afirma que "la presente resolución se dicta por cuanto que este magistrado juez estima que existen indicios racionales y sólidos de la participación de la Honorable Señora Dª. MÓNICA OLTRA JARQUE, vicepresidenta del Consejo de la Generalidad Valenciana y Consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalidaden los hechos objeto de las presentes Diligencias Previas y que, ‘ab initio’, pudieran tener relevancia penal conforme a lo resuelto por la Audiencia Provincial de Valencia y por cuanto que se estima que no resulta ya posible progresar en la investigación ordenada y, por ende, adoptar cualquiera de las resoluciones contempladas en el art. 779.1 LECrim, sin que Honorable Sra. Oltra sea oída como investigada, sin perjudicar su derecho constitucional de defensa y sin perjudicar el derecho de acción de las partes acusadoras y de defensa de las partes acusadas".

"Por lo que estimo que", añade, "dada su condición de aforada, debe elevarse a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ la Comunidad Valenciana exposición razonada acerca de todo ello para que adopte la resolución que estime pertinente respecto al conocimiento por su parte de los hechos delictivos imputados".

"En el caso de autos se ha agotado la investigación en todo lo que ha sido posible sin dirigir el procedimiento contra la persona aforada, ni afectar sus derechos. Se han acordado y practicado numerosas diligencias de investigación de carácter documental y se ha oído a todos los investigados no aforados. Se ha contado igualmente con los testimonios prestados en el acto del juicio oral ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia", apunta el auto.

"Pero este magistrado juez, entendiendo que en el caso se dan los requisitos antes expuestos en las resoluciones del TS, debe poner de manifiesto la imposibilidad de continuar la investigación judicial sin quebrantar el derecho de defensa de la Honorable Sra. Dª Mónica Oltra, considerando ineludible que, para la completa investigación de los hechos y para la adopción finalmente de cualquiera de las resoluciones previstas en los artículos 779.1. 1ª o 4ª LECrim, respecto de ella misma y de cualquiera de los demás investigados, sea oída la Honorable Sra. Oltra como investigada, diligencia esta que este Juzgado de Instrucción no puede llevar a cabo por tratarse de aforada y ser competente para ello la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV", señala el auto.

"Y, como queda dicho, puesto que la fase de instrucción no puede agotarse sin tener como investigada a la Honorable Sra. Dª. Mónica Oltra sin evidente perjuicio para los derechos constitucionales de acción y defensa en juego en el proceso de todas las partes, estimo necesario acordar la elevación a la Sala ya referida la correspondiente exposición razonada, de la que se dejará testimonio en la causa", concluye el auto.

Oltra se enfrenta a una posible imputación por 4 delitos​

Tal y como publicó LD, Oltra puede enfrentarse a posibles delitos de prevaricación, desobediencia, ocultación de pruebas y malversación" por esta causa. Delitos que están penados con prisión e inhabilitación para cargo público.

La vicepresidenta valenciana incumplió la orden de alejamiento de un juez para apartar a su marido de la menor abusada y además, según su propio testimonio, ordenó iniciar un expediente parajudicial para ocultar los abusos con dinero público y desacreditar a la víctima. Todo ello, a pesar de que tenían conocimiento de la investigación abierta por la Fiscalía y por un Juzgado.

 

Shizuka

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25 Nov 2010
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Mónica Oltra se niega a dimitir: “La decencia y la línea ética no la marcan los tribunales”​

Ahora resulta que para la extrema izquierda “la decencia y la línea ética no la marcan los tribunales”, porque eso ha dicho Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalidad Valenciana, al conocer que el juez ha pedido su imputación por el caso de los abusos de su ex marido a una menor tutelada de la Generalidad Valenciana.

Así lo informa el diario In-Mundo en un artículo que puedes leer en este enlace, y en el que se explica que la propia Mónica Oltra ha dicho que no tiene ninguna razón para dimitir, añadiendo que “la decencia y la línea ética no la marcan los tribunales”.

Y la pregunta que uno se ha de hacer en estos casos es la de siempre, ¿qué habría exigido la propia Mónica Oltra si lo que le está sucediendo a ella le hubiera pasado a un político de la derecha?, imaginamos que ya sabéis la respuesta, por lo que ha de hacer es aplicarse el cuento.

Pero así es la extrema izquierda, gente que aplica permanentemente eso del “haz lo que yo diga pero no lo que yo haga”, porque esta gente siempre hace aquello que no dice y el caso de Mónica Oltra es un ejemplo más de la falta de vergüenza de los de su calaña.

 

Shizuka

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25 Nov 2010
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25 Nov 2010
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El TSJ imputa a Mónica Oltra por la gestión del caso de abusos de su ex marido a una menor tutelada​

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha imputado a la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat, Mónica Oltra, por la gestión del caso de abusos sexuales a una menor tutelada y la ha citado a declarar el próximo 6 de julio.

En un auto notificado este jueves a las partes, el Tribunal sostiene que "con el fin de agotar la instrucción resulta imprescindible citar en calidad de investigada" a la vicepresidenta, ya la exposición razonada elaborada por el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia relata "una serie de indicios plurales que en su conjunto hacen sospechar la posible existencia de un concierto entre la señora Oltra y diversos funcionarios a su cargo, con la finalidad, o bien de proteger a su entonces pareja (...) o bien proteger la carrera política de la aforada".

El TSJCV entiende por tanto que resulta procedente incoar diligencias previas, de las que será instructor el ponente de esta resolución, el magistrado Antonio Ferrer, "con el fin de investigar hasta qué punto esa sospecha inicial tiene la entidad suficiente como para permitir que el proceso pueda continuar su curso ordinario".

La Sala asume la causa en su integridad, es decir, también en lo relativo a los otros 13 investigados, entre los que figuran altos cargos de la Conselleria y trabajadores del centro de menores donde ocurrieron los hechos, al considerar que existe en este momento en todos ellos "una conexidad inescindible".

"SOSPECHAS CONCRETADAS SUFICIENTEMENTE"​

El magistrado ponente, Antonio Ferrer, recuerda que Sala vio esta causa hace un año tras una querella de Gobierna-Te, la asociación que preside la ex líder de Vox Cristina Seguí, y que viendo hechos "claramente sospechosos", la desestimó para que fueran investigados en un juzgado de instrucción. En este auto, considera que "las sospechas a que allí aludíamos se hayan concretado suficientemente".

La posición del TSJ sigue la misma línea de la expuesta por el juez Vicente Ríos y la fiscal superior, Teresa Gisbert y apunta al beneficio que obtuvo Oltra de los "trámites y expedientes" realizados por su Conselleria. "Considerados en abstracto y de una forma aislada no puedan entenderse ilegales e incluso irregulares, pero si los valoramos en su conjunto poniéndolos en relación con su contenido y su oportunidad, ya nos hace pensar que han sido elaborados con un propósito muy concreto, completamente alejados de la finalidad para los que fueron concebidos, al estar según nos relata el instructor, todos ellos vinculados de una manera directa a un propósito muy preciso, ya de una muy dudosa legalidad, cual es beneficiar la situación procesal del marido de la señora Oltra, o bien sencillamente tratar de proteger la carrera política de esta, aun cuando ello se hiciera en perjuicio de una menor tutelada por la Conselleria de Igualdad", explica de manera contundente el auto.

La Sala justifica que, aunque "no existe prueba directa que vincule esos singulares trámites con la aforada", existen "indicios plurales", "modalidad de prueba perfectamente admisible para desvirtuar la presunción de inocencia de una persona" según el Supremo y el Constitucional. Entre estos indicios encuentran los magistrados las propias declaraciones de la vicepresidenta, en sede parlamentaria y ante los medios de comunicación, sobre quién ordenó el expediente informativo, que los magistrados advierten que debe ser "un elemento a considerar" pese a que se haya desdicho de ellas.

Es más, consideran "ciertamente increíble" que alguno de los investigados se enteraran de los abusos por la prensa, cuando la propia Oltra, "por un afán de trasparencia al inicio de su mandato" comunicó en la Conselleria su relación con Luis Eduardo Ramírez y su trabajo como educador. Eso lleva al magistrado a "sospechar igualmente" que Oltra no conociera estos hechos "desde el principio", "alguno de sus subordinados, bien por sencillamente comentárselo su marido, con quien no olvidemos en esos momentos convivía". Se trata de la primera afirmación en toda la causa que apunta directamente a que la vicepresidenta conocía la denuncia contra su ex marido desde febrero de 2017, fecha en que la menor la relató por primera vez.

DOS DENUNCIAS QUE CONFLUYEN EN EL TSJ​

La investigación de la actuación de la Conselleria de Igualdad y de la propia Oltra se inició por dos vías que acabaron confluyendo en el juzgado de Instrucción 15 de Valencia y ahora en el TSJ.

En mayo de 2021, la niña, ya mayor de edad y representada por el abogado y líder del partido de extrema derecha España 2000, José Luis Roberto- presentó una denuncia por presunto delito de abandono y omisión del deber de guardia y custodia ante el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia contra la directora territorial de la Conselleria de Igualdad, la directora del centro de acogida, la psicóloga de la sección del menor y la funcionaria que instruyó el expediente informativo que concluyó que le relato de la niña no era creíble. En ese momento, la sentencia que condenó al ex marido de la vicepresidenta a cinco años de prisión estaba recurrida ante el TSJ y tanto la Fiscalía como el juez optaron por el sobreseimiento provisional en octubre de 2021.

En paralelo, la Asociación Gobierna-Te, presidida por la ex dirigente de VOX Cristina Seguí, presentó una querella contra Oltra y otros ocho funcionarios en el TSJ por los presuntos delitos de encubrimiento y obstrucción a la justicia, prevaricación y malversación de fondos públicos. En esa querella aseguraba que la conselleria trató de encubrir al educador al tratarse del ex marido de la vicepresidenta.

La Sala Civil y Penal, conformada entonces por dos magistrados que han vuelto a ver la causa, el ponente Antonio Ferrer y ex fiscal Anticorrupción Vicente Torres, desestimó la querella que en junio de 2021 porque en ese momento "no se aportaba ningún indicio objetivo" de que Oltra "pudiera haber dado orden a cualquiera de los restantes querellados" de llevar a cabo actuaciones "tendentes a proteger a Luis Ramírez Icardi". Sin embargo, consideraba "plenamente justificado el inicio de una investigación penal" y no negaban que los hechos se presentaban como "claramente sospechosos", pero puntualizaban que debía ser el juzgado el que los analizara y expusiera "concretos elementos" sobre la responsabilidad de la vicepresidenta.

En paralelo, la defensa de la menor había recurrido el sobreseimiento ante la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia, que en diciembre ordenó a Instrucción 15 reabrir la investigación con un auto demoledor en el que recogía que las cuatro funcionarias que tuvieron conocimiento de los abusos en 2017 omitieron su deber de denunciar y su deber de custodia y "en lugar de ello, victimizaron a la niña, desacreditándola" y realizaron "una especie de investigación parajudicial de la que no informaron a la Fiscalía de Menores con el único propósito de desactivar la denuncia", detallaba la Audiencia.

Las dos causas confluyeron entonces en la investigación llevada a cabo por el juez Vicente Ríos que concluyó con la imputación de cinco funcionarios y altos cargos más y petición al TSJ de la investigación a la vicepresidenta Oltra, que hoy ha aceptado.

 

Shizuka

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Declaraciones de Maite, la niña que sufrió los abusos sexuales del marido de la feminista Mónica Oltra, encubridora del crimen
 

Shizuka

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En este vídeo repaso el importante proceso judicial que vive la vicepresidente de Valencia Mónica Oltra, imputada por proteger a su marido, que abusó de una niña tutelada por la consejería que dirigía la dirigente feminista. ¿Cómo afecta este juicio al movimiento feminista y la izquierda española?
 

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  • #12
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Mónica Oltra dimite del Gobierno y las Cortes valencianas tras su imputación por encubrir los abusos sexuales de su ex marido​

Mónica Oltra se aparta. La principal artífice del éxito electoral de Compromís y uno de los pilares del pacto de izquierdas que dio el Gobierno de la Generalitat al socialista Ximo Puig en 2015 ha acabado por ceder a la presión. La portavoz y vicepresidenta del Gobierno valenciano presentó este martes su dimisión ante la ejecutiva de Compromís, tras empujarle a ello el propio Puig pero también quienes en el seno de la coalición pedían tomar decisiones por su imputación por encubrir supuestamente los abusos de su ex marido a una menor tutelada. Su adiós del Consell y de las Cortes dejó claro que, a menos de un año de las elecciones autonómicas, la brecha entre los dos principales socios del Ejecutivo de izquierdas se agranda todavía más.

"No quiero ser la coartada para que nadie decida unilateralmente que Compromís no forme parte del Gobierno valenciano, y no le voy a dar la coartada al PSOE para que saque las políticas de izquierdas del Gobierno del Botànic", afirmó una Oltra emocionada ante los periodistas, y que no tuvo reparos en evidenciar que su relación con Puig estaba prácticamente rota. Ni el presidente le llamó por este tema ni ella lo había hecho para comunicarle su renuncia, esperando que con su comparecencia se diese simplemente por enterado.

Oltra y Compromís siempre han defendido que en el trasfondo de todo estaba una "cacería política de la extrema derecha", pues las acusaciones las ejercen el líder de España 2000 (representa a la víctima), la asociación de Cristina Seguí y Vox. Es más, desde el entorno de Oltra se insistía horas antes de que dimitiese en que hacerla caer sería el preludio de la entrada de Vox en la Generalitat en 2023. ¿Esperaba entonces el apoyo del presidente en este tema? "En abstracto, esperaba el apoyo de Puig, pero sabía que no había probabilidades", respondió dolida. "Hace tiempo que no espero nada".

Sin embargo, Puig llevaba días pidiendo a Compromís mover ficha, una vez Oltra dejó claro el viernes en su comparecencia como portavoz del Consell que no pensaba apartarse del foco, porque el TSJ solo veía indicios pero no pruebas directas de su implicación en el presunto encubrimiento de los abusos. Ese viernes, el Consell ni siquiera trató su destitución en su reunión semanal, 24 horas después de conocerse la imputación. El sábado, Compromís trató de blindarla con un acto de precampaña que derivó en homenaje festivo que causó malestar en el PSOE. "Yo no estoy para fiestas", decía el lunes Puig, elevando todavía más la presión sobre la coalición y sobre la propia Oltra.

Compromís había advertido de que una destitución unilateral de Oltra por parte de Puig supondría, en la práctica, una ruptura del pacto de gobierno. Sin embargo, las voces que pedían una reflexión -en la línea de Puig- para decidir sobre el futuro de Oltra también se han dejado sentir en Compromís. Hasta el punto de que todo se ha acabado precipitando con motivo de la ejecutiva que tenía fijada la coalición para este martes. Oltra anunciaba que no iría para propiciar el debate interno, mientras en su círculo más cercano y en Iniciativa (el partido al que pertenece dentro de Compromís) se seguía insistiendo a mediodía en que no había motivos para que dimitiese. Es más, de la ejecutiva se esperaba únicamente que ratificase formalmente su apoyo a Oltra.

Pero los dirigentes de Més (la otra pata de Compromís junto a Els Verds) estaban dispuestos a abrir el debate. No sobre el apoyo a Oltra, sino sobre si su situación judicial perjudicaba a todo el proyecto político del Botànic, según las fuentes consultadas. La propia Oltra ha evitado una crisis interna presentándose por sorpresa en la sede de Compromís en Valencia para anunciar ella misma su renuncia.

"Me voy con la cara alta pero también con los dientes muy apretados", lamentó Oltra, que renunciará también a su escaño en las Cortes Valencianas. Es decir, perderá su condición de aforada, que es lo que había provocado que la causa judicial se elevara al TSJ. Al renunciar a su acta de diputada, la causa volverá al juzgado de instrucción número 15 de Valencia: "No necesito estar aforada. La verdad solo tiene un camino y, si no soy digna de estar en un Gobierno, menos lo soy de estar en una cámara de representación popular". Es decir, el futuro judicial de Oltra quedará ahora en manos del juez que pidió por primera vez su imputación.

"Esto pasará a la historia de la infamia política, jurídica y mediática de este país", subrayó. De hecho, Oltra no solo cargó contra Puig, también lo hizo contra "un ecosistema mediático para justificar una determinada decisión". "Que nadie se pregunte dentro de 20 años o 20 meses qué cojones pasó en este país, que tiene un problema cuando absuelve a corruptos y cuando M. Rajoy no es un indicio".

Con su adiós "ganan los malos", advirtió Oltra. "Nos están fulminando uno a uno con denuncias falsas. El día que quieran reaccionar, les habrán fulminado a ustedes", espetó a los periodistas en su comparecencia. "Pido perdón por el mensaje que lanzo, que la gente vulnerable no tiene escudo. Me duele en el alma".

Oltra se va dejando en el aire su futuro político en caso de una hipotética absolución: "No será una decisión mía". Ahora bien, desde Compromís se apresuraron a asegurar que el paso de Oltra es "a un lado", con lo que públicamente se confía en su inocencia y en que saldrá finalmente indemne para encabezar el cartel electoral de Compromís en 2023. En privado, los movimientos para preparar una candidatura alternativa hace tiempo que se vienen dando.

Primero fue Vicent Marzà el que abandonó el Consell aprovechando la última remodelación que iba a hacer Puig. Lo hizo para centrarse en el partido y sin autodescartarse para ser el futuro candidato. En Compromís las quinielas se decantaban entre él o el diputado en el Congreso, Joan Baldoví, que gana en notoriedad y lleva semanas multiplicando su presencia en actos por toda la Comunidad Valenciana.

La otra incógnita es quién ocupará el puesto de Oltra en el Consell, en los cargos de vicepresidenta, consellera de Igualdad y portavoz. Todas las miradas apuntan a la coportavoz de Iniciativa, Aitana Mas, si bien Compromís aún no ha confirmado su nombre y espera hacerlo en los próximos días. El único mensaje que se traslada es que será una única persona, para facilitar un futuro regreso de Oltra si los tribunales entierran su causa.

 

Shizuka

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25 Nov 2010
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El Gobierno valenciano tiene bloqueada la indemnización a la menor de la que abusó el marido de Oltra​

El Gobierno valenciano, que preside el socialista Ximo Puig, y más concretamente la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas que hasta ahora dirigía la ya dimitida vicepresidenta Mónica Oltra tiene paralizado el expediente y, en consecuencia, la indemnización, que reclama la menor víctima de los abusos a que fue sometida por el marido, entonces, de la ya ex vicepresidenta del Consell y que asciende a 240.000 euros. La Consejería adujo en su momento que la condena al marido de Mónica Oltra por los citados abusos no era firme y está pendiente de que Tribunal Supremo resuelva un recurso de casación por un supuesto fallo de doctrina.

El procedimiento administrativo que mantiene abierto la menor abusada con el Gobierno valenciano, que preside el socialista Ximo Puig tiene su origen en la condena misma del marido, entonces, de Mónica Oltra. Y constituye la acción administrativa menos conocida de cuántas conforman el complicado mapa en que se ha desenvuelto todo este caso.

Su origen es sencillo. La menor solicitó una indemnización de 240.000 euros a la consejería que entonces -y hasta ayer mismo-, dirigía Mónica Oltra por la falta de protección tras haber sido objeto de los abusos. En estos procedimientos administrativos lo habitual, según fuentes jurídicas consultadas, es que la Administración se allane. Es decir, que se avenga a negociar una cantidad con la parte reclamante -la menor- y en un breve espacio de tiempo, el asunto esté cerrado.

Sin embargo, este no fue el caso, porque el marido de Mónica Oltra presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que, según fuentes próximas al caso, sucedía a otro que en tiempo procedimental distinto ya había presentado antes ante la Audiencia Provincial de Valencia. Y aquí, comienzan los problemas, porque la Administración, la Generalitat Valenciana, no se allanó. Adujo que la condena no era firme porque estaba pendiente del citado recurso de casación al Supremo. Y, por ello, quedaba paralizado el expediente y bloqueado, en consecuencia, el pago que reclamaba la menor.

En teoría, el Tribunal Supremo debía decidir sobre la admisibilidad de dicho recurso en las próximas semanas, pero las mismas fuentes antes citadas han elevado consulta reciente al Alto Tribunal. Y la respuesta ha sido que dado el enorme volumen de trabajo la admisión o no a trámite se resolverá en el primer semestre de 2023.

A esta situación se sumó, ayer mismo, otro problema. Mónica Oltra anunció que iba a dimitir también como diputada autonómica. Su dimisión se produce tras ser imputada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por los presuntos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos en el caso que investiga si cargos y/o personal de la Consejería de Oltra supuestamente ocultaron las denuncias de la menor por los abusos del marido, entonces, de Mónica Oltra.

En el momento en que Mónica Oltra oficialice su renuncia ante las Cortes Valencianas, el TSJCV tendrá que devolver la pieza al titular del Juzgado de Instrucción 15 de Valencia. El mismo que solicitó la imputación de Mónica Oltra que ha desembocado en su dimisión.

Por tanto, otra dilación más. Y esta, promete ser larga, con lo que la supuesta indemnización que reclama la menor se irá demorando, a menos que quien sustituya a Mónica Oltra decida dar un nuevo rumbo a la gestión y se avenga a que la Consejería se allane y busque un acuerdo con la joven. Ahora mismo, según ha manifestado el abogado de la menor, José Luis Roberto: «Esa voluntad no existe» por parte del Gobierno valenciano.

Hospital de Torrevieja​

Llueve sobre mojado, porque la consejería, según las mismas fuentes, tampoco está facilitando el acceso a otras ayudas a la joven. Y no es la única. El hospital universitario de Torrevieja despidió a la menor cuando se produjo la reversión y pasó de ser un hospital público de gestión privada a un hospital público, de gestión también pública. Es decir, cuando su gestión pasó a manos de la Consejería de Sanidad valenciana, que entonces dirigía la socialista Ana Barceló, hoy portavoz del PSOE en las Cortes valencianas.

La menor llevó el asunto al Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación (SMAC) de Alicante, trámite previo a la demanda. La Generalitat Valenciana no se presentó, aunque sí lo hizo Ribera Salud, anterior gestor. Ahora, la menor reclama una indemnización de 25.000 euros por despido improcedente y el caso está en un juzgado de Elche.

Mientras todos los pasos en la Administración y en los Juzgados se producen, la menor atraviesa una situación económica muy delicada. Puede dar de comer a su hijo, pero sigue sin poder carpetazo al infierno vivido.

 

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