La Asociación Europea de Jueces expresa su "gran preocupación" por el "paso atrás" de España en la independencia judicial

La Asociación Europea de Jueces, con sede en Roma y miembro de la Asociación Internacional, ha emitido un comunicado este martes en el que expresa su «gran preocupación» tras conocer la intención del Gobierno de España: modificar la legislación sobre el Consejo General del Poder Judicial para que sus miembros sean elegidos por mayoría en el Parlamento, sin necesidad de una mayoría reforzada que requiera negociación entre los grupos como hasta ahora.

«La Asociación Europea de Jueces expresa su gran preocupación porque España esté dando un paso atrás en los objetivos fundamentales para la independencia del poder judicial», escribe el organismo en su comunicado.

«En lugar de aprovechar esta oportunidad legislativa para reformar el sistema de designación de los jueces del Consejo General del Poder Judicial reforzando las garantías de independencia de los jueces y magistrados, como pilar fundamental del estado de derecho, retornando al sistema anterior donde los jueces integrantes del Consejo General del Poder Judicial eran elegidos por sus iguales, alternativa que se propuso, la presente opción aumentará el riesgo de influencia política indebida en el nombramiento de los miembros del Consejo y en el sistema judicial en su conjunto, dañando la percepción de la sociedad sobre una independencia judicial efectiva», remata.

La organización europea está actualmente presidida por el portugués Igreja Matos, y vicepresidida por dos jueces daneses y croatas. El presidente a nivel internacional es el australiano Tony Pagone.

El comunicado de la Asociación Europea de Jueces (EAJ, por sus siglas en inglés) equipara la reforma que pretenden impulsar PSOE y Podemos en España con el caso de la reforma judicial en Polonia, que ha llevado al país a enfrentar sanciones y bloqueos por parte de la Unión Europea.

Recuerda, además, la recomendación de la Comisión Europea al respecto, que establece que “en los Estados miembros en los que se ha establecido un Consejo del Poder Judicial, su independencia es
especialmente importante para evitar influencias indebidas del Gobierno o del Parlamento sobre la independencia de los jueces».

Al eliminar la necesidad de mayorías reforzadas y sustituirlas por una simple mayoría absoluta, crece exponencialmente la capacidad de influencia del Parlamento sobre el órgano de gobierno de los magistrados.

Asociaciones de la judicatura española ya han advertido este martes de que llevarán la reforma ante instancias europeas, y el PP ha anunciado que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional.

 



PSOE y Podemos han anunciado que alterarán los criterios de elección del Consejo General del Poder Judicial. Con ello, terminarán de dinamitar la separación de poderes en España.
 
La hemeroteca recuerda a Sánchez todas las veces que se opuso a la reforma del CGPJ: "Hay que despolitizarlo"

Los portavoces del Congreso del PSOE y de Unidas Podemos, Adriana Lastra y Pablo Echenique, registraron este martes en la Cámara Baja la propuesta de reforma del sistema de mayorías para renovar el Consejo General del Poder Judicial, de manera que sea posible sin el concurso del PP y con la mayoría parlamentaria que Pedro Sánchez congregó para su investidura. Tratará de hacerlo por medio de una proposición una ley orgánica para reformar el sistema de elección de este órgano.

Tras este anuncio, que viene provocando un gran revuelo mediático desde hace varios días, diversos usuarios en las redes han comenzado a rescatar todas las veces que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como su partido, el PSOE, se habían mostrado contrarios a adoptar una medida así, especialmente su era de la mano de Unidas Podemos.

El acuerdo entre PP y el Gobierno de coalición estaba cerrado hasta "prácticamente el 99%" este verano, según dijo Sánchez. Sin embargo, tras el anuncio del rey emérito de abandonar España y la reacción de algunos dirigentes de Podemos, los populares decidieron echarse atrás.

Sin embargo, cuando el partido morado se encontraba disputándole el voto de izquierda al PSOE, en 2016, el ahora Presidente del Gobierno publicó el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter: "Me puedo entender con Podemos para aprobar un Ingreso Mínimo Vital pero no para que jueces y fiscales estén a sueldo de Iglesias y Monedero".




También en el mismo año 2016, afirmó en su discurso de investidura tras llegar a un acuerdo con Ciudadanos que los cargos de "designación parlamentaria" como por ejemplo los miembros del CGPJ, fueran elegidos en "convocatoria pública", calificando su propuesta de "revolucionaria", y señalado que este era su "compromiso", y su "convencimiento".




Por otro lado, en el año 2014, cuando Sánchez acababa de ser elegido Secretario General del PSOE por primera vez, defendió en varias ocasiones que la decisión de los nombramientos del CGPJ fuese llevada por un comité de expertos. "Que los partidos dejemos de proponer candidatos, que se establezca una mesa de expertos catedráticos que filtren los candidatos que son capaces de gobernar el gobierno de los jueces y que el Congreso decida libremente y no a instancias de los partidos políticos", declaró en una entrevista en el programa de Ana Rosa.




Por último, en diciembre del mismo año publicó un mensaje en su cuenta de Twitter reivindicando la separación de poderes, especialmente la del CGPJ: "Mi compromiso: regenerar la vida democrática es hacer un CGPJ verdaderamente independiente del Gobierno". Apenas dos días después, la cuenta oficial del Partido Socialista publicó un mensaje en la misma línea: "Hay que despolitizar el CGPJ. Que los partidos dejen de proponer candidatos".





 
Hugo Chávez cambió la ley en 2004 para controlar el Poder Judicial como quieren PSOE y Podemos

La reforma exprés del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que quieren acometer PSOE y Podemos por la vía rápida, sin consenso y sin controles de los órganos constitucionales recuerda a la que acometió el Gobierno del dictador Hugo Chávez en Venezuela en el año 2004.

Los dos partidos que sostienen el Gobierno pretenden que el órgano de gobierno de los jueces, del que dependen los nombramientos de los magistrados y cuya misión es velar por la independencia de los mismos, no sea elegido por una mayoría reforzada de tres quintos, sino por mayoría absoluta, buscando así poder hacerlo sin la oposición y recurriendo para ello al apoyo de ‘la mayoría Frankenstein’, esto es, los separatistas, proetarras y nacionalistas que permitieron la investidura de Pedro Sánchez.

De igual modo, en el caso de Venezuela, el Ejecutivo de Hugo Chávez presentó una Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela donde rebajó la mayoría de dos terceras partes de la Asamblea Nacional a una mayoría simple a la hora de designar a los magistrados del Alto Tribunal. Un cambio normativo que fue denunciado en su día por la comunidad internacional, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ONG Human Rights Watch y por la Comisión Internacional de Juristas que goza de estatuto consultivo ante del Consejo Económico y Social de Naciones de Unidas, entre otras entidades. Cabe recordar que el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, asesoró al régimen de Hugo Chávez de Venezuela junto a otros dirigentes morados a través de la fundación Ceps (Centro de Estudios Políticos y Sociales).

En concreto, el artículo octavo de esa ley orgánica de 2004 (la vigente ahora es la de 2010) establecía: «En caso de que no se logre el voto favorable de la mayoría calificada requerida, se convocará a una segunda sesión plenaria, de conformidad con lo previsto en este artículo; y si tampoco se obtuviese el voto favorable, de la mayoría calificada requerida, se convocará a una tercera sesión y si en ésta, tampoco se consiguiera el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de los miembros de la Asamblea Nacional, se convocará a una cuarta sesión plenaria, en la cual se harán designaciones con el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Asamblea Nacional».

Por su parte, la proposición de ley de PSOE y Podemos, a imagen y semejanza del texto de la Venezuela de Hugo Chávez de 2004, quiere modificar el artículo 572 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para introducir que «si en primera votación alguna de las Cámaras no alcanzase la mayoría requerida, se procederá a efectuar nueva votación, cuarenta y ocho horas después, en la que la Cámara correspondiente los seis vocales del turno judicial por mayoría absoluta».

La vigente LOPJ establece que ocho de los veinte vocales que conforman el CGPJ -en funciones desde diciembre de 2018- deben ser propuestos por el Congreso (cuatro) y el Senado (otros cuatro) y elegidos entre juristas de reconocida competencia, mientras que los otros 12 son escogidos también por las Cámaras legislativas (seis cada una) entre jueces y magistrados en activo. En total, diez por Cámara y siempre mediante mayoría cualificada de tres quintos.

Veintiún días después

Precisamente, el pasado 22 de septiembre, PSOE y Unidas Podemos cerraron la vía en el Congreso de los Diputados a la única proposición de ley (de Ciudadanos) que había registrada en el Congreso sobre este asunto hasta el polémico texto que los socialcomunistas presentaron ayer. En concreto, hace unas semanas se debatió la toma en consideración de dicha iniciativa del partido naranja para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) con un cambio en el sistema de elección de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a fin de que su mayoría sea escogida directamente por los jueces en pro de la independencia y la despolitización de la Justicia.

En concreto, el partido de Inés Arrimadas planteó aquí que los doce vocales de procedencia judicial sean elegidos directamente por los jueces y magistrados, así como reforzar la objetivación de los criterios de mérito y capacidad en la elección de otros ocho vocales del CGPJ. Sin embargo, esta reforma, que sí tuvo el apoyo de PP y Vox en tanto compartieron el «fondo» y prometieron mejoras, fue tumbada por PSOE, Podemos y sus aliados.

Apenas 21 días después, los socialcomunistas, tras el cambio normativo que avanzó Pedro Sánchez el pasado 3 de octubre, han llevado a la Cámara su particular reforma de la LOPJ que rompe el Pacto Constitucional y que atenta directamente contra la separación de poderes. En lugar de presentar un proyecto de ley emanado del Consejo de Ministros, PSOE y Podemos han recurrido a una proposición de ley orgánica para eludir los informes preceptivos del propio CGPJ, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado. Todo ello con la máxima celeridad para aprobar la reforma en sólo «dos meses», aseguró este martes la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra.

Acusado de tres delitos

El registro se ha producido justo cuando los problemas judiciales acechan especialmente al vicepresidente por el caso Dina-Iglesias, donde el instructor le acusa de tres delitos (revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y denuncia falsa), y por la presunta financiación irregular de su partido -que ya ha sido ya imputado por corrupción como persona jurídica- a través de la consultora chavista Neurona.

Tanto el PP -que había trasladado al PSOE su negativa a la entrada de Podemos en el CGPJ por sus ataques al Estado de Derecho y la Monarquía parlamentaria- como Vox han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Constitucional esta reforma, mientras que Ciudadanos, que no tiene suficiente representación en las Cortes para hacerlo, denunció la propuesta en tanto supone «dejar el Poder Judicial en manos de los partidos que atacan a nuestros jueces». No obstante, la formación naranja mantiene la mano tendida al Gobierno de Pedro Sánchez para negociar y apoyar sus Presupuestos.

 

PSOE y Podemos fuerzan en el Congreso la reforma urgente del CGPJ​

Los partidos de Gobierno aceleran de esta forma la reforma del órgano de gobierno del poder judicial

La Mesa del Congreso, con los votos del PSOE y de Unidas Podemos, ha aceptado este miércoles tramitar por el procedimiento de urgencia la reforma para limitar las funciones al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mientras no sea renovado, y también ha rechazado recabar informes consultivos sobre esa modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tal y como adelantó Vozpópuli este miércoles.

El PSOE y Unidas Podemos, autores de la proposición de ley, ya habían recabado el apoyo de ERC, Bildu, Junts, PDeCAT, Más País, Compromís y Nueva Canarias para reunir la mayoría absoluta necesaria para forzar que se habilitase el mes de enero para poder avanzar con la reforma.

Pero también pidieron, antes de las Navidades, que la reforma se tramitase por la vía de urgencia, lo que implica reducir todos los plazos a la mitad. Esta segunda decisión debía ser aceptada por la Mesa de la Cámara, que así lo ha decidido este miércoles gracias a los seis votos de los dos grupos del Gobierno, que se han impuesto a los tres representantes de PP y Vox, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

Plazos de enmiendas​

Aprobada la tramitación por la vía de urgencia, se ha fijado un primer plazo de ocho días hábiles para la presentación de enmiendas a la proposición de ley, un trámite que estaba pendiente desde que fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso el pasado 15 de diciembre.

Los grupos que se oponen a la reforma tendrán ahora una segunda oportunidad para intentar frenarla pidiendo prórrogas o presentando una enmienda de totalidad con texto alternativo, lo que obligaría a celebrar un nuevo debate en el Pleno, ya en febrero.

En la reunión de la Mesa del Congreso también se han rechazado, con los votos del PSOE y de Unidas Podemos, los escritos del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) y del PP para que la Cámara pidiera informes consultivos sobre la reforma.

Y es que, si esta revisión de la Ley Orgánica del Poder Judicial se hubiera impulsado desde el Gobierno, mediante un proyecto de ley, el Ejecutivo tendría que haber solicitado informe al Consejo de Estado y también al propio CGPJ, pero ese trámite no es legalmente necesario si se utiliza la vía de la proposición de ley.

El pasado 17 de diciembre, el propio CGPJ, con el voto de 16 de sus 21 vocales --todos ellos pendientes de renovación desde hace dos años--, pidió al Congreso emitir una opinión sobre la reforma por afectar "al núcleo esencial de las competencias que la Constitución le atribuye expresamente en garantía de la independencia judicial".

El CGPJ pidió ser oído​

El CGPJ reconoce que la petición de un informe de este tipo es "potestativa" en el caso de las proposiciones de ley, pero incide en que no puede obviarse su opinión porque, cualquier iniciativa que delimite los aspectos esenciales del estatuto de los miembros del Poder Judicial o que afecte al estatuto o a las funciones de los miembros de su órgano de gobierno debe tramitarse "dando audiencia a todos los sectores implicados".

Por eso solicitó al Congreso que recabe la opinión no sólo del CGPJ, sino también de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (la Comisión de Venecia del Consejo de Europa), así como a las asociaciones judiciales, de fiscales, los Consejos profesionales y a los sindicatos con implantación en la Administración de Justicia y las Comunidades Autónomas.

Tras el acuerdo el CGPJ, el Grupo Popular registró una solicitud similar ante la Mesa alegando que la reforma promovida por PSOE y Unidas Podemos es "manifiestamente inconstitucional" y que la "maniobra" de tramitarla como proposición de ley y no como proyecto de ley, evitando así los informes preceptivos del CGPJ y el Consejo de Estado, "evidencia claramente que se trata de imponer un gobierno de los jueces ideológico, no profesional e independiente, formado por personas con tendencia ideológica de izquierdas".

Ambos escritos han sido estudiados este miércoles en la Mesa del Congreso, así como un informe de los servicios jurídicos confirmando que la decisión de pedir o no informes corresponde al órgano de gobierno de la Cámara y que hay precedentes en uno u otro sentido. Con ese margen de maniobra, el PSOE y Unidas Podemos, de nuevo con el voto en contra de PP y Vox, han impuesto su criterio de no recabar informes a ningún órgano.

 

Escandaloso lo que denuncia Carlos Cuesta: Podemos quiere controlar el Consejo General del Poder Judicial junto con Bildu y ERC​

Las cosas van de mal en peor en España y eso no es algo que digamos nosotros porque seamos pesimistas ni nada parecido, es algo que se ve en la calle, algo que, siendo realista, se ve bastante claro.

Recordemos que estamos gobernados por el peor gobierno de la historia y en el peor momento de nuestra historia. Un gobierno que se sustenta, además, en el peor presidente aliado con los partidos más traidores y miserables que podamos imaginar: comunistas, proetarras y separatistas.

Pero a estos aliados les parece muy poco lo que tienen y saben que se encuentran ante un presimiente y traidor cuyo único objetivo es estar instalado en la Moncloa a costa de lo que sea. Le da igual vender a la nación a quien sea con tal de que él continúe estando donde está, viviendo del dinero público, yendo en Falcon hasta al supermercado y pasando unas vacaciones a cuerpo de Rey gracias a nuestros impuestos.

El único objetivo de Sánchez es vivir lo mejor posible y a costa de los demás, lo demás le importa directamente un pepino. Y ahora, según denuncia Carlos Cuesta, la cosa podría ir todavía a peor. Y dirán ustedes: ¿peor todavía? Sí, porque el objetivo de Podemos es hacerse con el control de la Justicia, pero siendo eso malo no es lo peor, lo peor es que pretenden hacerlo junto a Bildu y a ERC.

¿Se imaginan ustedes qué clase de Justicia podríamos tener si la controlaran PSOE, Podemos, Bildu y ERC? Pues, por desgracia, parece que no tendremos que estar imaginándolo demasiado tiempo porque la cosa parece más cercana de lo que creemos.




 



PP y PSOE han pactado repartirse nuevamente los vocales del Consejo General del Poder Judicial, perpetuando de ese modo el ataque sistemático de la clase política española a la separación de poderes.
 

El Gobierno desiste de forma definitiva de su reforma del sistema de mayorías para la elección el CGPJ​

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado este martes la intención del Gobierno de pedir la retirada en el Congreso de los Diputados de la Proposición de Ley, que se mantenía paralizada desde el pasado mes de octubre, para modificar la forma de elección de los Consejo General del Poder Judicial (CGP). La propuesta fue fuertemente contestada por las asociaciones de jueces y puesta bajo la lupa de la UE y el Consejo de Europa.

De este modo, el Gobierno desiste de forma definitiva de este proyecto, que se mantenía en suspenso después de que el propio presidente Pedro Sánchez anunciara que iba a va a "detener el reloj" de su tramitación para poder negociar con el PP la renovación de este órgano, que se encuentra en funciones desde diciembre de 2018.

La renovación, sin embargo, aún no se ha producido y mientras tanto se ha aprobado una reforma que impide Consejo realizar nombramientos una vez concluido su mandato.

Por su parte, desde Podemos se ha venido amagando en varias ocasiones con la posibilidad de resucitar la reforma del sistema de nombramientos precisamente por la falta de acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces.

LEYES QUE MEJORAN LA "DEMOCRACIA INTERNA" DE LA JUSTICIA​

Campo ha enmarcado su anuncio en la aprobación este martes por parte del Consejo de Ministros de la Ley de Eficiencia Organizativa de la Justicia, que crea los tribunales de instancia y "profundiza en la democracia interna del Poder Judicial".

Preguntado por la falta de acuerdo para la renovación, el titular de Justicia ha admitido que el foco está ahora en las "políticas de eficiencia" y que así se lo traslado ayer a la *vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Justicia, Vera Jourova, con quien mantuvo un encuentro.

"Cualquier cosa que se quiera buscar es ganas de poner palos en las ruedas, ya dijo el presidente Sánchez que la proposición queda congelada y eso le hice ver", ha afirmado Campo, para añadir que la última reforma, la dirigida a evitar los nombramientos de un CGPJ en funciones, a Jourova le parece conforme a derecho y respecto a ella no tenía nada que indicar.

Por ello, y en alusión al PP, ha hablado de la necesidad de que "quien está bloqueando la renovación de un paso atrás", y se ponga a renovar a los órganos constitucionales, porque urge un acuerdo". Ha insistido en reactivar las negociaciones con el principal partido de la oposición tras la jornada electoral del 4 de mayo, el día 5, el 3 o esta tarde".

En este punto ha recordado que en el diario de sesiones del Congreso de los Diputados están sus ofertas respecto al CGPJ, que pasan por volver al espíritu del pacto de estado por la justicia.

Campo propuso crear comisiones en el Congreso y en el Senado que analicen los currículums de los 36 vocales judiciales que van en las listas que proponen las asociaciones judiciales o van con aval de sus compañeros -actualmente solo comparecen los aspirantes del turno de juristas-- y que se obligue a mayores cuotas de consenso este órgano, como elevar la mayoría a 13 apoyos para designar presidentes de audiencias provinciales.

Preguntado por los vetos que el PP hizo a determinados candidatos, como el juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada y de la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, el titular de Justicia ha respondido que tiene la sensación de que "siempre aparece una nueva excusa".

"Pero llega un momento en el que el PP se queda sin excusas para no negociar, que es su obligación constitucional, no se puede ser constitucionalista a tiempo parcial", ha subrayado Campo.

Por su parte, la ministra de Derechos Sociales Ione Belarra, ha afirmado en coincidencia con su compañero del Gobierno que "el PP se encuentra en rebeldía con el cumplimiento de la Constitución". A su juicio, esta situación es gravísima "y tiene que terminar de manera inmediata".

 

Unidas Podemos responde a Justicia que no retirará su reforma del CGPJ: Hasta ahora no hay una alternativa mejor​

Unidas Podemos ha asegurado que no va a retirar la proposición de ley para habilitar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por mayoría absoluta, en caso de no ser posible por dos tercios de las Cortes Generales, al entender que ahora no existe alternativa mejor para superar el "bloque" de la institución por parte del PP.

Así lo ha manifestado el presidente del grupo parlamentario confederal, Jaume Asens, en rueda de prensa en el Congreso en respuesta al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien ha expresado la intención del Ejecutivo de pedir la retirada de esta iniciativa.

La proposición de ley está paralizada desde el pasado mes de octubre para modificar la forma de elección del órgano de gobierno de los jueces, fuertemente contestada por las asociaciones de jueces y puesta bajo la lupa de la UE y el Consejo de Europa.

Al respecto, Asens ha recalcado que siempre están abiertos a estudiar cualquier alternativa que favorezca la renovación del CGPJ, pero entiende que hasta la fecha no hay ninguna. "Quien tenga otra mejor que nos diga cuál es", ha lanzado.

También ha reivindicado que Europa ha avalado la reforma que se aprobó en el Congreso para limitar las funciones del CGPJ con mandato caducado y en diversas ocasiones ha "llamado la atención" al PP por su falta de acuerdo a la hora de relevar a los vocales que ahora están en funciones, situación que se lleva prolongando desde hace dos años.

HAY QUE LLEGAR A UNA SOLUCIÓN​

"Si no se llega a ese acuerdo tenemos que plantear una alternativa para salir de la situación. Si no es esta propuesta, que se nos plantee esa alternativa pero no conocemos ninguna mejor y, si la hay, estamos abiertos a estudiarla", ha proseguido.

El parlamentario de la formación morada ha insistido en que se tiene que salir de esta situación de "ilegitimidad gravísima" en el CGPJ y que, de persistir esa voluntad de "bloqueo" del PP, se debe explorar una "vía de solución".

Y es que la proposición de ley, que registraron junto al PSOE, "no modifica" la vía de renovación por mayoría cualificada, que se mantiene en primer término, pero sí establece un mecanismo de "desbloqueo". "Hasta que no tengamos esa alternativa no estamos de acuerdo a retirarla", ha zanjado.

ES FUNDAMENTAL QUE EL PP DEJE DE BLOQUEAR EL CGPJ​

También ha comparecido el representante de Galicia en Común en el grupo parlamentario, Antón Gómez-Reino, y ha defendido, en relación a la situación del CGPJ, que llevan "mucho tiempo trabajando" para su renovación.

"Vemos que la UE opina lo mismo, quién podía pensar que un poder del Estado puede continuar ilimitadamente su mandato a pesar de que esté caducado. La UE también piensa que es fundamental que el PP deje de bloquear la renovación de un órgano tan importante", ha sentenciado.