Exclusiva! El demoledor auto judicial que implica a Pablo Iglesias en el caso Villarejo
- Thread starter Estigal
- Start date
Dina Bousselham dice ahora que Iglesias le entregó la tarjeta de su teléfono en buen estado
La antigua colaboradora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham, acaba de dar un nuevo giro a la investigación sobre el robo de su teléfono móvil y la destrucción de la tarjeta SIM de ese terminal, que ella recibió de manos de Pablo Iglesias. Bousselham le ha escrito una carta al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso, Manuel García Castellón, en la que cambia la versión que le dio hace una semana. Si entonces dijo que cuando Iglesias le dio la tarjeta estaba inservible, ahora se retracta y asegura que funcionaba, que la miró una vez y que después ya no volvió a funcionar.
El caso es que la tarjeta está quemada, aunque Dina Bousselham no da una explicación sobre lo que ocurrió. En la carta, que ha sorprendido y mucho en la Audiencia Nacional, Bousselham escribe que sus declaraciones "no son contradictorias", que en la tarjeta había contenido íntimo y que lo que ha hecho en todo momento ha sido tratar de proteger "su intimidad".
La carta retuerce un caso en el que García Castellón había retirado la condición de perjudicado a Pablo Iglesias, ante las dudas de cuándo, cómo y quién había destruido la tarjeta. De hecho, el juez estaba esperando al informe técnico de la tarjeta para decidir si pedía al Supremo que investigara a Pablo Iglesias, que comparte abogada con Dina Bousselham.
Está claro que el contenido del teléfono ha dado muchas vueltas, y que eso complica la investigación. Tras el robo en 2015, Iglesias recibió una llamada del director de Interviú, Antonio Asensio, que le dio la tarjeta. Él la guardó unos meses, según las declaraciones de Dina Bousselham, y después se la dio.
Por otro lado, el contenido de ese teléfono apareció en un registro a un ordenador del comisario jubilado y encarcelado José Manuel Villarejo, que la recibió de los periodistas de Interviú Luis Rendueles y Alberto Pozas. De hecho, ese es el motivo por el que la causa pertenece a los sumarios de Villarejo, que es en la que Iglesias y Bousselham se habían personado como perjudicados.
Tras la declaración el 18 de mayo de Dina Bousselham sobre la tarjeta, la Fiscalía y el juez consideraron que ya no estaba acreditado que Villarejo fuera el que filtró la información dentro de una operación contra Iglesias y Podemos.
La Fiscalía incluso llegó a señalar que Pablo Iglesias podría haber cometido un delito de destrucción de pruebas, aunque el juez decidió esperar.
Preguntas en el aire
En la Audiencia Nacional se habla de "maniobra", pero está por ver qué efectos tiene y para quién en un caso que todavía tiene muchos flecos sin resolver:
www.niusdiario.es
La antigua colaboradora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham, acaba de dar un nuevo giro a la investigación sobre el robo de su teléfono móvil y la destrucción de la tarjeta SIM de ese terminal, que ella recibió de manos de Pablo Iglesias. Bousselham le ha escrito una carta al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso, Manuel García Castellón, en la que cambia la versión que le dio hace una semana. Si entonces dijo que cuando Iglesias le dio la tarjeta estaba inservible, ahora se retracta y asegura que funcionaba, que la miró una vez y que después ya no volvió a funcionar.
El caso es que la tarjeta está quemada, aunque Dina Bousselham no da una explicación sobre lo que ocurrió. En la carta, que ha sorprendido y mucho en la Audiencia Nacional, Bousselham escribe que sus declaraciones "no son contradictorias", que en la tarjeta había contenido íntimo y que lo que ha hecho en todo momento ha sido tratar de proteger "su intimidad".
La carta retuerce un caso en el que García Castellón había retirado la condición de perjudicado a Pablo Iglesias, ante las dudas de cuándo, cómo y quién había destruido la tarjeta. De hecho, el juez estaba esperando al informe técnico de la tarjeta para decidir si pedía al Supremo que investigara a Pablo Iglesias, que comparte abogada con Dina Bousselham.
Está claro que el contenido del teléfono ha dado muchas vueltas, y que eso complica la investigación. Tras el robo en 2015, Iglesias recibió una llamada del director de Interviú, Antonio Asensio, que le dio la tarjeta. Él la guardó unos meses, según las declaraciones de Dina Bousselham, y después se la dio.
Por otro lado, el contenido de ese teléfono apareció en un registro a un ordenador del comisario jubilado y encarcelado José Manuel Villarejo, que la recibió de los periodistas de Interviú Luis Rendueles y Alberto Pozas. De hecho, ese es el motivo por el que la causa pertenece a los sumarios de Villarejo, que es en la que Iglesias y Bousselham se habían personado como perjudicados.
Tras la declaración el 18 de mayo de Dina Bousselham sobre la tarjeta, la Fiscalía y el juez consideraron que ya no estaba acreditado que Villarejo fuera el que filtró la información dentro de una operación contra Iglesias y Podemos.
La Fiscalía incluso llegó a señalar que Pablo Iglesias podría haber cometido un delito de destrucción de pruebas, aunque el juez decidió esperar.
Preguntas en el aire
En la Audiencia Nacional se habla de "maniobra", pero está por ver qué efectos tiene y para quién en un caso que todavía tiene muchos flecos sin resolver:
- ¿Qué pasó con la tarjeta?
- Es un hecho que está dañada pero faltan muchos datos.
- ¿Por qué Dina Bousselham cambia ahora de versión?
- Parece un movimiento libera de carga a Pablo Iglesias, ante una futura acusación.
- ¿Alivia la situación de Iglesias?
- A priori sí, porque Dina Bousselham dice que la tarjeta dejó de funcionar estando en su poder, pero habrá que ver qué opinan los fiscales de este movimiento.
- ¿Perjudicará a Dina Bouseelham su propio movimiento?
- Eso está en manos del juez Manuel García Castellón
Noticias de España
Todas las noticias de España: última hora de la actualidad informativa nacional, autonómica y local, vídeos y reportajes en Informativos Telecinco.
www.niusdiario.es
El juez apunta que Iglesias pudo cometer dos delitos con la tarjeta de Bousselham
Delitos de apoderamiento de datos reservados de carácter personal y daños sobre dispositivos informáticos. El juez del caso Villarejo considera que el resultado de la orden europea de investigación que ha emitido a Reino Unido "permitirá avanzar en el esclarecimiento de la posible existencia" de los delitos que pudieron haber sido cometidos por parte de Pablo Iglesias mientras mantuvo en su poder la tarjeta que había sido robada a su exasistente Dina Bousselham.
Tal y como adelantó este miércoles Vozpópuli, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha librado una orden internacional de investigación a Londres para "averiguar el estado en que la empresa Recuperación Express recibió la tarjeta remitida en fecha de 29/09/2017 por Ricardo Sa Ferreira", esposo de Bousselham. "El resultado de esta diligencia permitirá avanzar en el esclarecimiento de la posible existencia de la comisión de un delito de daños sobre dispositivos informáticos (...) y de un delito de apoderamiento de datos reservados de carácter personal", según consta en un auto de 10 de junio al que ha tenido acceso Vozpópuli.
En el marco de la orden de investigación, el instructor ha solicitado a las autoridades británicas que faciliten la identificación de la persona que recibió la tarjeta, "así como del técnico u operario que la examinó y llevó a cabo actuaciones sobre la misma, y del representante legal de la citada empresa". Estos dos últimos, según ha precisado en el auto, deberán comparecer en calidad de testigos en un interrogatorio "para conocer los procedimientos o pautas de actuación que, con carácter general, se siguen cuando se recibe una tarjeta, qué actuaciones realizan para proceder a la obtención de información y qué afectación puede tener sobre la tarjeta".
No es perjudicado
El juez instructor también reiteró este miércoles su decisión de retirar la condición de "perjudicado" al vicepresidente segundo. Alegó que "la omisión de Pablo Iglesias Turrión tuvo influencia en la investigación de los hechos que Dina Bousselham pretendía esclarecer". A su juicio, la "pasividad" de Iglesias "resulta incoherente con las manifestaciones" que dio en sede judicial.
El magistrado hizo hincapié en que Iglesias "tuvo en su poder la tarjeta de Dina Bousselham antes de que se crearan los archivos hallados en poder de José Manuel Villarejo". Según precisó, dicho dato "debilita notablemente el presunto vínculo, sustentado por Iglesias, entre Villarejo y la sustracción del teléfono móvil a Dina Bousselham". En este sentido, aseguró que "aunque no puede descartarse totalmente que la fuente del medio OK Diario fuese Villarejo, los nuevos datos recopilados amplían considerablemente el círculo de personas que podrían haber facilitado al medio de comunicación las imágenes publicadas".
Al instructor le llama la atención, indica el auto, que Iglesias mantuviera la tarjeta en su poder, "sin poner, como mínimo, este hecho en conocimiento de la titular de la misma, pese a observar el contenido de la tarjeta, teniendo en cuenta el carácter particularmente degradante y vejatorio que el hecho tenía para Dina Bousselham, su compañera de partido, en la medida que la tarjeta almacenaba fotografías, documentos y otros archivos de su esfera más íntima que habían acabado en manos de un medio de comunicación", destaca la providencia.
Ocultó la tarjeta
Sin embargo, el vicepresidente segundo del Gobierno no devolvió la tarjeta a Dina Bousselham, "ocultándole que la detentaba, y no lo hizo ni cuando se la entregaron en enero de 2016, ni después, en julio de 2016, tras la publicación de las imágenes en OK Diario, pese a constatar la coincidencia con el contenido de la tarjeta sustraída que él mismo había visto meses atrás", concluye la resolución.
En el marco de la orden de investigación, ha solicitado a las autoridades británicas que faciliten la identificación de la persona que recibió la tarjeta, "así como del técnico u operario que la examinó y llevó a cabo actuaciones sobre la misma, y del representante legal de la citada empresa". Estos dos últimos, según ha precisado en el auto, deberán comparecer en calidad de testigos en un interrogatorio "para conocer los procedimientos o pautas de actuación que, con carácter general, se siguen cuando se recibe una tarjeta, qué actuaciones realizan para proceder a la obtención de información y qué afectación puede tener sobre la tarjeta".
Tal y como publicó Vozpópuli, la Policía Científica analiza desde hace una semana el modo en el que fue destruida la memoria SD. Esta investigación será clave para determinar si Iglesias la inutilizó de forma deliberada, según explican a este diario fuentes jurídicas. En concreto, el trabajo policial encargado por el juez pretende comprobar si la memoria fue destruida de forma expresa, como declaró el 18 de mayo la propia Bousselham; o por el contrario sufrió un deterioro compatible con el paso del tiempo, según indica un escrito firmado el 27 de mayo por la exasistente, y que fue enviado al Juzgado.
www.vozpopuli.com
Delitos de apoderamiento de datos reservados de carácter personal y daños sobre dispositivos informáticos. El juez del caso Villarejo considera que el resultado de la orden europea de investigación que ha emitido a Reino Unido "permitirá avanzar en el esclarecimiento de la posible existencia" de los delitos que pudieron haber sido cometidos por parte de Pablo Iglesias mientras mantuvo en su poder la tarjeta que había sido robada a su exasistente Dina Bousselham.
Tal y como adelantó este miércoles Vozpópuli, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha librado una orden internacional de investigación a Londres para "averiguar el estado en que la empresa Recuperación Express recibió la tarjeta remitida en fecha de 29/09/2017 por Ricardo Sa Ferreira", esposo de Bousselham. "El resultado de esta diligencia permitirá avanzar en el esclarecimiento de la posible existencia de la comisión de un delito de daños sobre dispositivos informáticos (...) y de un delito de apoderamiento de datos reservados de carácter personal", según consta en un auto de 10 de junio al que ha tenido acceso Vozpópuli.
En el marco de la orden de investigación, el instructor ha solicitado a las autoridades británicas que faciliten la identificación de la persona que recibió la tarjeta, "así como del técnico u operario que la examinó y llevó a cabo actuaciones sobre la misma, y del representante legal de la citada empresa". Estos dos últimos, según ha precisado en el auto, deberán comparecer en calidad de testigos en un interrogatorio "para conocer los procedimientos o pautas de actuación que, con carácter general, se siguen cuando se recibe una tarjeta, qué actuaciones realizan para proceder a la obtención de información y qué afectación puede tener sobre la tarjeta".
No es perjudicado
El juez instructor también reiteró este miércoles su decisión de retirar la condición de "perjudicado" al vicepresidente segundo. Alegó que "la omisión de Pablo Iglesias Turrión tuvo influencia en la investigación de los hechos que Dina Bousselham pretendía esclarecer". A su juicio, la "pasividad" de Iglesias "resulta incoherente con las manifestaciones" que dio en sede judicial.
El magistrado hizo hincapié en que Iglesias "tuvo en su poder la tarjeta de Dina Bousselham antes de que se crearan los archivos hallados en poder de José Manuel Villarejo". Según precisó, dicho dato "debilita notablemente el presunto vínculo, sustentado por Iglesias, entre Villarejo y la sustracción del teléfono móvil a Dina Bousselham". En este sentido, aseguró que "aunque no puede descartarse totalmente que la fuente del medio OK Diario fuese Villarejo, los nuevos datos recopilados amplían considerablemente el círculo de personas que podrían haber facilitado al medio de comunicación las imágenes publicadas".
Al instructor le llama la atención, indica el auto, que Iglesias mantuviera la tarjeta en su poder, "sin poner, como mínimo, este hecho en conocimiento de la titular de la misma, pese a observar el contenido de la tarjeta, teniendo en cuenta el carácter particularmente degradante y vejatorio que el hecho tenía para Dina Bousselham, su compañera de partido, en la medida que la tarjeta almacenaba fotografías, documentos y otros archivos de su esfera más íntima que habían acabado en manos de un medio de comunicación", destaca la providencia.
Ocultó la tarjeta
Sin embargo, el vicepresidente segundo del Gobierno no devolvió la tarjeta a Dina Bousselham, "ocultándole que la detentaba, y no lo hizo ni cuando se la entregaron en enero de 2016, ni después, en julio de 2016, tras la publicación de las imágenes en OK Diario, pese a constatar la coincidencia con el contenido de la tarjeta sustraída que él mismo había visto meses atrás", concluye la resolución.
En el marco de la orden de investigación, ha solicitado a las autoridades británicas que faciliten la identificación de la persona que recibió la tarjeta, "así como del técnico u operario que la examinó y llevó a cabo actuaciones sobre la misma, y del representante legal de la citada empresa". Estos dos últimos, según ha precisado en el auto, deberán comparecer en calidad de testigos en un interrogatorio "para conocer los procedimientos o pautas de actuación que, con carácter general, se siguen cuando se recibe una tarjeta, qué actuaciones realizan para proceder a la obtención de información y qué afectación puede tener sobre la tarjeta".
Tal y como publicó Vozpópuli, la Policía Científica analiza desde hace una semana el modo en el que fue destruida la memoria SD. Esta investigación será clave para determinar si Iglesias la inutilizó de forma deliberada, según explican a este diario fuentes jurídicas. En concreto, el trabajo policial encargado por el juez pretende comprobar si la memoria fue destruida de forma expresa, como declaró el 18 de mayo la propia Bousselham; o por el contrario sufrió un deterioro compatible con el paso del tiempo, según indica un escrito firmado el 27 de mayo por la exasistente, y que fue enviado al Juzgado.
El juez apunta que Iglesias pudo cometer dos nuevos delitos con la tarjeta de Bousselham
El magistrado considera que el resultado de la orden europea de investigación a Reino Unido "permitirá avanzar en el esclarecimiento de la posible existencia de la comisión de un delito de daños sobre dispositivos informáticos (...) y de un delito de apoderamiento de datos reservados de carácter...
www.vozpopuli.com
El USB "quemado" por Iglesias tenía 3 tarjetas de crédito suyas y una fotografía con Dina
El 'pendrive' que Pablo Iglesias ocultó durante al menos cinco meses y devolvió luego “parcialmente quemado” a su legítima propietaria, su compañera de partido Dina Bousselham, almacenaba una fotografía de ambos e imágenes de tres tarjetas de crédito del líder de Podemos. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, el magistrado Manuel García-Castellón, sostiene que el actual vicepresidente segundo del Gobierno destruyó intencionadamente la memoria para que Bousselham no volviera a tener acceso a sus archivos. Además de las tarjetas y la imagen de ambos, también había “fotos íntimas” y pantallazos de conversaciones de Telegram en las que había participado el propio Iglesias.
La investigación sobre el USB, que guardaba datos de un móvil supuestamente sustraído a Bousselham en noviembre de 2015, ha dejado al secretario general de Podemos al borde de una doble imputación en el Tribunal Supremo por los presuntos delitos de revelación de secretos y daños informáticos, como adelantó este diario. El juez García-Castellón ha concluido que Iglesias recibió una copia de la memoria el 20 de enero de 2016, pero no se la entregó a Bousselham, antigua asesora suya en el Parlamento Europeo, al menos hasta junio o julio de ese año.
El magistrado acaba de pedir a la propietaria de los datos que deje de compartir defensa con el político y designe un letrado independiente, ante la sospecha de que está maniobrando para evitar que una causa que arrancó en diciembre de 2018 como un supuesto espionaje del comisario Villarejo a Podemos termine dirigiéndose “contra el señor Iglesias”. Los motivos por los que Iglesias inutilizó presuntamente la tarjeta antes de devolvérsela a Bousselham aún no están claros, aunque el juez cree que lo hizo para asegurarse de que nadie más pudiera consultar otra vez su contenido.
Según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas al caso, entre la información alojada en la memoria había fotografías de tres tarjetas de crédito del banco ING a nombre del fundador de Podemos. Tres de las cuatro imágenes son capturas del anverso de sendas tarjetas en las que se aprecia claramente que su titular es Pablo Iglesias Turrión o Pablo Manuel Iglesias Tur[rión]. La cuarta fotografía pertenece al reverso de una de ellas y lleva la firma del socio de Gobierno de Pedro Sánchez. Este diario ha tenido acceso a los archivos (ver imagen superior).
Las tarjetas no habían caducado
Una de las tarjetas, la terminada en 9025 y con fecha de caducidad 07/18, es española. Las otras dos, que acaban con las numeraciones 5001 (caducidad 09/19) y 0256 (09/19), fueron abiertas en Bélgica. El sentido de la primera se desconoce. Las dos últimas habrían sido solicitadas por Iglesias para hacer uso del dinero que empezó a cobrar de Bruselas en mayo de 2014, tras lograr un escaño en las elecciones al Parlamento Europeo de ese año.
Bousselham fue precisamente la asesora de Iglesias en la Cámara continental hasta que este dejó su asiento en octubre de 2015 para centrarse en la política española. Sin embargo, fuentes de Podemos admiten que esa vinculación laboral no sería suficiente para explicar por qué la empleada del partido tenía las tarjetas de crédito de su jefe en su teléfono móvil. Aseguran que no es habitual que los asesores de Podemos tengan los datos de los medios de pago personales de los máximos responsables de la formación. Lo normal es utilizar los corporativos. Los archivos revelan, además, que en el momento en que el dirigente devolvió la memoria informática “parcialmente quemada” a Bousselham, las tarjetas de crédito todavía no habían caducado. Este diario ha contactado con Podemos para recabar su versión de los hechos, pero no ha recibido respuesta.
La buena sintonía entre Iglesias y Bousselham
El USB investigado en la Audiencia Nacional también contenía una fotografía de ambos que no había trascendido hasta ahora y a la que también ha tenido acceso El Confidencial. Se trata de un simple posado en el interior de alguna estancia donde aparecen los dos sonriendo a la cámara. Denota la buena sintonía que había entre ellos en los primeros meses de historia de Podemos. Iglesias tiene su brazo tras la espalda de su entonces asesora y la agarra del hombro. A su vez, la mano de esta se encuentra ligeramente por encima de la cintura del político.
Además de estos archivos, la investigación dirigida durante más de un año y medio por el juez García-Castellón ha desvelado que el 'pendrive' guardaba documentos internos del partido, conversaciones de algunos de sus dirigentes en un chat privado de Telegram y “fotos íntimas” de Bousselham, según reconoció Iglesias en sede judicial cuando declaró en calidad de perjudicado el 27 de marzo de 2019.
Aquella comparecencia del secretario general de Podemos se produjo apenas cuatro días después de concluir su baja de paternidad. El partido usó la declaración como pistoletazo de salida de su campaña para las generales de un mes después, el 28-A. Iglesias se presentó como víctima de una operación orquestada por el comisario Villarejo y convirtió la guerra sucia de las cloacas en el eje de su discurso para aquellos comicios.
Iglesias pierde la condición de víctima
El caso ha dado un vuelco en las últimas semanas por las supuestas contradicciones en que ha incurrido Iglesias a lo largo del procedimiento, hasta el punto de que el juez ha decidido retirarle la condición de víctima y plantear abiertamente la posibilidad de que sea investigado por el Supremo. “Llama la atención comprobar que el Sr. Iglesias mantuvo la tarjeta en su poder, sin poner, como mínimo, este hecho en conocimiento de la titular de la tarjeta (...), y observar el contenido de la tarjeta, teniendo en cuenta el carácter particularmente degradante y vejatorio que el hecho tenía para Dina Bousselham, su compañera de partido, en la medida que la tarjeta almacenaba fotografías, documentos y otros archivos de su esfera más íntima”, señaló el juez García-Castellón en un auto dictado la semana pasada.
El magistrado subraya que Iglesias se guardó el 'pendrive' al menos cinco meses, pero desliza la posibilidad de que en realidad lo retuviera más tiempo porque, a su juicio, las diligencias efectuadas apuntan a que hay “razones fundadas para entender que [la devolución] no debió ser antes de 2017”. Bousselham envió ese año el soporte al extranjero para tratar de recuperar sus datos.
Con todo, el juez pone el acento en el estado en que se encontraba el soporte informático cuando el vicepresidente del Gobierno se lo entregó a su dueña. En un auto del 25 de mayo, García-Castellón recuperó un informe forense de la Policía para recordar que la tarjeta de memoria “presenta daños físicos (está parcialmente quemada)”. “Pablo Iglesias Turrión devolvió dañada a Dina Bousselham su tarjeta de memoria”, señaló el juez en un auto posterior del 18 de junio. “No se insistirá sobre esta cuestión, ampliamente tratada en el auto de 25 de mayo de 2020, y no cuestionada en el recurso de reforma presentado por el Sr. Iglesias”, zanjó el magistrado. Fuentes próximas a Iglesias niegan, sin embargo, que eso sea cierto. Mantienen que devolvió los datos a Bousselham en perfecto estado y que cualquier daño en la tarjeta debió producirse después de ese acto.
Nueva defensa para Bousselham
La última decisión del magistrado ha sido pedirle a Bousselham que deje de tener como abogada a Marta Flor, letrada del partido y representante también de Iglesias en esta misma causa, al considerar que esa circunstancia demuestra “una inequívoca falta de voluntad por esclarecer los hechos”. Desde hace solo unas semanas, Bousselham dirige un medio de comunicación digital respaldado financieramente por Podemos y promocionado públicamente por sus dirigentes. Además, su marido está a sueldo de la formación en Bruselas.
La Fiscalía Anticorrupción ha salido al rescate de Iglesias proponiendo al juez que permita a la propietaria del USB perdonar a su antiguo jefe para zanjar así el procedimiento. Pero García-Castellón considera que las pesquisas perfilan una posible responsabilidad penal del político. Ningún vicepresidente del Gobierno en activo ha sido investigado nunca por un tribunal.
www.elconfidencial.com
El 'pendrive' que Pablo Iglesias ocultó durante al menos cinco meses y devolvió luego “parcialmente quemado” a su legítima propietaria, su compañera de partido Dina Bousselham, almacenaba una fotografía de ambos e imágenes de tres tarjetas de crédito del líder de Podemos. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, el magistrado Manuel García-Castellón, sostiene que el actual vicepresidente segundo del Gobierno destruyó intencionadamente la memoria para que Bousselham no volviera a tener acceso a sus archivos. Además de las tarjetas y la imagen de ambos, también había “fotos íntimas” y pantallazos de conversaciones de Telegram en las que había participado el propio Iglesias.
La investigación sobre el USB, que guardaba datos de un móvil supuestamente sustraído a Bousselham en noviembre de 2015, ha dejado al secretario general de Podemos al borde de una doble imputación en el Tribunal Supremo por los presuntos delitos de revelación de secretos y daños informáticos, como adelantó este diario. El juez García-Castellón ha concluido que Iglesias recibió una copia de la memoria el 20 de enero de 2016, pero no se la entregó a Bousselham, antigua asesora suya en el Parlamento Europeo, al menos hasta junio o julio de ese año.
El magistrado acaba de pedir a la propietaria de los datos que deje de compartir defensa con el político y designe un letrado independiente, ante la sospecha de que está maniobrando para evitar que una causa que arrancó en diciembre de 2018 como un supuesto espionaje del comisario Villarejo a Podemos termine dirigiéndose “contra el señor Iglesias”. Los motivos por los que Iglesias inutilizó presuntamente la tarjeta antes de devolvérsela a Bousselham aún no están claros, aunque el juez cree que lo hizo para asegurarse de que nadie más pudiera consultar otra vez su contenido.
Según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas al caso, entre la información alojada en la memoria había fotografías de tres tarjetas de crédito del banco ING a nombre del fundador de Podemos. Tres de las cuatro imágenes son capturas del anverso de sendas tarjetas en las que se aprecia claramente que su titular es Pablo Iglesias Turrión o Pablo Manuel Iglesias Tur[rión]. La cuarta fotografía pertenece al reverso de una de ellas y lleva la firma del socio de Gobierno de Pedro Sánchez. Este diario ha tenido acceso a los archivos (ver imagen superior).
Las tarjetas no habían caducado
Una de las tarjetas, la terminada en 9025 y con fecha de caducidad 07/18, es española. Las otras dos, que acaban con las numeraciones 5001 (caducidad 09/19) y 0256 (09/19), fueron abiertas en Bélgica. El sentido de la primera se desconoce. Las dos últimas habrían sido solicitadas por Iglesias para hacer uso del dinero que empezó a cobrar de Bruselas en mayo de 2014, tras lograr un escaño en las elecciones al Parlamento Europeo de ese año.
Bousselham fue precisamente la asesora de Iglesias en la Cámara continental hasta que este dejó su asiento en octubre de 2015 para centrarse en la política española. Sin embargo, fuentes de Podemos admiten que esa vinculación laboral no sería suficiente para explicar por qué la empleada del partido tenía las tarjetas de crédito de su jefe en su teléfono móvil. Aseguran que no es habitual que los asesores de Podemos tengan los datos de los medios de pago personales de los máximos responsables de la formación. Lo normal es utilizar los corporativos. Los archivos revelan, además, que en el momento en que el dirigente devolvió la memoria informática “parcialmente quemada” a Bousselham, las tarjetas de crédito todavía no habían caducado. Este diario ha contactado con Podemos para recabar su versión de los hechos, pero no ha recibido respuesta.
La buena sintonía entre Iglesias y Bousselham
El USB investigado en la Audiencia Nacional también contenía una fotografía de ambos que no había trascendido hasta ahora y a la que también ha tenido acceso El Confidencial. Se trata de un simple posado en el interior de alguna estancia donde aparecen los dos sonriendo a la cámara. Denota la buena sintonía que había entre ellos en los primeros meses de historia de Podemos. Iglesias tiene su brazo tras la espalda de su entonces asesora y la agarra del hombro. A su vez, la mano de esta se encuentra ligeramente por encima de la cintura del político.
Además de estos archivos, la investigación dirigida durante más de un año y medio por el juez García-Castellón ha desvelado que el 'pendrive' guardaba documentos internos del partido, conversaciones de algunos de sus dirigentes en un chat privado de Telegram y “fotos íntimas” de Bousselham, según reconoció Iglesias en sede judicial cuando declaró en calidad de perjudicado el 27 de marzo de 2019.
Aquella comparecencia del secretario general de Podemos se produjo apenas cuatro días después de concluir su baja de paternidad. El partido usó la declaración como pistoletazo de salida de su campaña para las generales de un mes después, el 28-A. Iglesias se presentó como víctima de una operación orquestada por el comisario Villarejo y convirtió la guerra sucia de las cloacas en el eje de su discurso para aquellos comicios.
Iglesias pierde la condición de víctima
El caso ha dado un vuelco en las últimas semanas por las supuestas contradicciones en que ha incurrido Iglesias a lo largo del procedimiento, hasta el punto de que el juez ha decidido retirarle la condición de víctima y plantear abiertamente la posibilidad de que sea investigado por el Supremo. “Llama la atención comprobar que el Sr. Iglesias mantuvo la tarjeta en su poder, sin poner, como mínimo, este hecho en conocimiento de la titular de la tarjeta (...), y observar el contenido de la tarjeta, teniendo en cuenta el carácter particularmente degradante y vejatorio que el hecho tenía para Dina Bousselham, su compañera de partido, en la medida que la tarjeta almacenaba fotografías, documentos y otros archivos de su esfera más íntima”, señaló el juez García-Castellón en un auto dictado la semana pasada.
El magistrado subraya que Iglesias se guardó el 'pendrive' al menos cinco meses, pero desliza la posibilidad de que en realidad lo retuviera más tiempo porque, a su juicio, las diligencias efectuadas apuntan a que hay “razones fundadas para entender que [la devolución] no debió ser antes de 2017”. Bousselham envió ese año el soporte al extranjero para tratar de recuperar sus datos.
Con todo, el juez pone el acento en el estado en que se encontraba el soporte informático cuando el vicepresidente del Gobierno se lo entregó a su dueña. En un auto del 25 de mayo, García-Castellón recuperó un informe forense de la Policía para recordar que la tarjeta de memoria “presenta daños físicos (está parcialmente quemada)”. “Pablo Iglesias Turrión devolvió dañada a Dina Bousselham su tarjeta de memoria”, señaló el juez en un auto posterior del 18 de junio. “No se insistirá sobre esta cuestión, ampliamente tratada en el auto de 25 de mayo de 2020, y no cuestionada en el recurso de reforma presentado por el Sr. Iglesias”, zanjó el magistrado. Fuentes próximas a Iglesias niegan, sin embargo, que eso sea cierto. Mantienen que devolvió los datos a Bousselham en perfecto estado y que cualquier daño en la tarjeta debió producirse después de ese acto.
Nueva defensa para Bousselham
La última decisión del magistrado ha sido pedirle a Bousselham que deje de tener como abogada a Marta Flor, letrada del partido y representante también de Iglesias en esta misma causa, al considerar que esa circunstancia demuestra “una inequívoca falta de voluntad por esclarecer los hechos”. Desde hace solo unas semanas, Bousselham dirige un medio de comunicación digital respaldado financieramente por Podemos y promocionado públicamente por sus dirigentes. Además, su marido está a sueldo de la formación en Bruselas.
La Fiscalía Anticorrupción ha salido al rescate de Iglesias proponiendo al juez que permita a la propietaria del USB perdonar a su antiguo jefe para zanjar así el procedimiento. Pero García-Castellón considera que las pesquisas perfilan una posible responsabilidad penal del político. Ningún vicepresidente del Gobierno en activo ha sido investigado nunca por un tribunal.
El USB "quemado" por Iglesias tenía 3 tarjetas de crédito suyas y una fotografía con Dina
El 'pendrive' que presuntamente destruyó Iglesias antes de devolvérselo a su asesora contenía imágenes de tres tarjetas de crédito a su nombre vinculadas con cuentas del banco ING
La Fiscalía investigará si un fiscal del caso Villarejo filtró información a la abogada de Pablo iglesias
La Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado abrirá "actuaciones en orden a la comprobación de las informaciones publicadas" en los medios de comunicación sobre una supuesta filtración de parte de la pieza Tándem del caso seguido por la trama delictiva del excomisario José Villarejo por uno de los fiscales del caso.
Así lo informa la Fiscalía General en un comunicado emitido después de informaciones de El Confidencial sobre "la relación íntima" del fiscal del caso 'Tándem', Ignacio Stampa, y una de las abogadas que intervenían en esta causa como acusación popular por Podemos, la abogada del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, Marta Flor Núñez, y sobre los mensajes que esta mantuvo con compañeros de Podemos, que revelarían que tenía información previa a la apertura de esta investigación.
En una nota remitida por el departamento dirigido por Dolores Delgado se recuerda que el pasado 14 de febrero la Inspección Fiscal incoó un expediente gubernativo como consecuencia del escrito presentado por un particular en el que se solicitaba la apertura por la Fiscalía General de una investigación orientada a determinar la imparcialidad del fiscal encargado del caso Tándem".
Esta petición se formulaba "a la vista de la información ofrecida en diversos medios de comunicación sobre la relación personal existente entre el fiscal y una de las abogadas que intervenían en dicho procedimiento", añade.
Agrega que "el pasado 9 de marzo, tras la práctica de las oportunas actuaciones de comprobación, el fiscal jefe inspector decretó el archivo del citado expediente gubernativo al no tenerse constancia de la existencia de vínculos causantes del deber de abstención del fiscal, cuya observancia pudiera ser constitutiva, en su caso, de una infracción disciplinaria".
"La Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado abrirá nuevas actuaciones en orden a la comprobación de las informaciones publicadas y a los efectos oportunos", concluye.
Los fiscales del caso Villarejo iban a "ayudarles"
Estas nuevas actuaciones se abren después de que los diarios El Confidencial y El Mundo publicaran conversaciones en un chat privado de abogados de Podemos el que una de las letradas comenta que los fiscales del caso Villarejo van a "ayudarles" en la causa en la que el partido se había personado como acusación popular y les transmite determinada información relativa a la instrucción de este asunto.
Las conversaciones tuvieron lugar en 2018, antes de que se abriera la pieza denominada 'Dina' en la que se investiga el robo del teléfono móvil de la exasesora del actual vicepresidente y líder de Podemos Dina Boussellham.
Este viernes se ha desvelado otra conversación del grupo de Telegram que la letrada Marta Flor tenía con sus compañeros del equipo jurídico, en la que ésta informa que el fiscal, al que se refiere como 'Ironman', le ha comunicado "extraoficialmente, porque está secreto y no nos notificarán" que el juez había admitido unas "diligencias sin concretar nada más" y que "imagina" que son las que "ellos (fiscales) apoyaron".
Este mensaje fue enviado por la abogada el 5 de noviembre de 2018 y se podría referir al escrito que Podemos presentó el 10 de octubre de ese mismo año para pedir una batería de diligencias en el marco de la pieza principal del procedimiento, que por entonces se estaba bajo secreto de sumario.
Los fiscales del caso informaron 13 días después a favor de la práctica de esas diligencias, que finalmente acordó el magistrado instructor mediante una providencia, según informan El Confidencial y El Mundo.
La abogada Marta Flor ya no representa al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en el caso Villarejo, tal y como se ha podido constatar en el recurso de apelación presentado contra la decisión del juez Manuel García Castellón de retirarle su condición de perjudicado en la pieza 'Dina'. El cambio de letrado se debe a que el magistrado alertó de un "conflicto de intereses" porque Flor también defiende a la exasesora de Podemos.
www.20minutos.es
La Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado abrirá "actuaciones en orden a la comprobación de las informaciones publicadas" en los medios de comunicación sobre una supuesta filtración de parte de la pieza Tándem del caso seguido por la trama delictiva del excomisario José Villarejo por uno de los fiscales del caso.
Así lo informa la Fiscalía General en un comunicado emitido después de informaciones de El Confidencial sobre "la relación íntima" del fiscal del caso 'Tándem', Ignacio Stampa, y una de las abogadas que intervenían en esta causa como acusación popular por Podemos, la abogada del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, Marta Flor Núñez, y sobre los mensajes que esta mantuvo con compañeros de Podemos, que revelarían que tenía información previa a la apertura de esta investigación.
En una nota remitida por el departamento dirigido por Dolores Delgado se recuerda que el pasado 14 de febrero la Inspección Fiscal incoó un expediente gubernativo como consecuencia del escrito presentado por un particular en el que se solicitaba la apertura por la Fiscalía General de una investigación orientada a determinar la imparcialidad del fiscal encargado del caso Tándem".
Esta petición se formulaba "a la vista de la información ofrecida en diversos medios de comunicación sobre la relación personal existente entre el fiscal y una de las abogadas que intervenían en dicho procedimiento", añade.
Agrega que "el pasado 9 de marzo, tras la práctica de las oportunas actuaciones de comprobación, el fiscal jefe inspector decretó el archivo del citado expediente gubernativo al no tenerse constancia de la existencia de vínculos causantes del deber de abstención del fiscal, cuya observancia pudiera ser constitutiva, en su caso, de una infracción disciplinaria".
"La Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado abrirá nuevas actuaciones en orden a la comprobación de las informaciones publicadas y a los efectos oportunos", concluye.
Los fiscales del caso Villarejo iban a "ayudarles"
Estas nuevas actuaciones se abren después de que los diarios El Confidencial y El Mundo publicaran conversaciones en un chat privado de abogados de Podemos el que una de las letradas comenta que los fiscales del caso Villarejo van a "ayudarles" en la causa en la que el partido se había personado como acusación popular y les transmite determinada información relativa a la instrucción de este asunto.
Las conversaciones tuvieron lugar en 2018, antes de que se abriera la pieza denominada 'Dina' en la que se investiga el robo del teléfono móvil de la exasesora del actual vicepresidente y líder de Podemos Dina Boussellham.
Este viernes se ha desvelado otra conversación del grupo de Telegram que la letrada Marta Flor tenía con sus compañeros del equipo jurídico, en la que ésta informa que el fiscal, al que se refiere como 'Ironman', le ha comunicado "extraoficialmente, porque está secreto y no nos notificarán" que el juez había admitido unas "diligencias sin concretar nada más" y que "imagina" que son las que "ellos (fiscales) apoyaron".
Este mensaje fue enviado por la abogada el 5 de noviembre de 2018 y se podría referir al escrito que Podemos presentó el 10 de octubre de ese mismo año para pedir una batería de diligencias en el marco de la pieza principal del procedimiento, que por entonces se estaba bajo secreto de sumario.
Los fiscales del caso informaron 13 días después a favor de la práctica de esas diligencias, que finalmente acordó el magistrado instructor mediante una providencia, según informan El Confidencial y El Mundo.
La abogada Marta Flor ya no representa al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en el caso Villarejo, tal y como se ha podido constatar en el recurso de apelación presentado contra la decisión del juez Manuel García Castellón de retirarle su condición de perjudicado en la pieza 'Dina'. El cambio de letrado se debe a que el magistrado alertó de un "conflicto de intereses" porque Flor también defiende a la exasesora de Podemos.
La Fiscalía investigará si un fiscal del caso Villarejo filtró información a la abogada de Pablo iglesias
La Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado abrirá 'actuaciones en orden a la comprobación de las informaciones publicadas' en...
www.20minutos.es
PSOE y Unidas Podemos vetan que Iglesias comparezca en el Congreso por el 'caso Dina'
La Mesa del Congreso, donde el PSOE y Unidas Podemos suman mayoría, ha frenado este martes las solicitudes del PP, Vox y Ciudadanos para que el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, compareciera en la Cámara Baja para dar cuenta sobre el denominado 'caso Dina'.
Según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, tanto los socialistas como los de Pablo Iglesias alegan que el caso del robo de la tarjeta SIM a su exasesora a Dina Bousselhamun es asunto "privado" y, por tanto, ajeno al control parlamentario al que está sometido el Gobierno.
www.europapress.es
La Mesa del Congreso, donde el PSOE y Unidas Podemos suman mayoría, ha frenado este martes las solicitudes del PP, Vox y Ciudadanos para que el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, compareciera en la Cámara Baja para dar cuenta sobre el denominado 'caso Dina'.
Según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, tanto los socialistas como los de Pablo Iglesias alegan que el caso del robo de la tarjeta SIM a su exasesora a Dina Bousselhamun es asunto "privado" y, por tanto, ajeno al control parlamentario al que está sometido el Gobierno.
PSOE y Unidas Podemos vetan que Iglesias comparezca en el Congreso por el 'caso Dina'
MADRID, 14 (EUROPA PRESS) La Mesa del Congreso, donde el PSOE y Unidas Podemos suman mayoría, ha frenado...
El juez del caso 'Dina' inadmite la querella de Vox contra Iglesias y Bousselham
El juez de la Audiencia Nacional que instruye la pieza 'Dina', de la macrocausa 'Tándem', ha acordado no admitir la querella presentada por el partido político Vox contra el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias; contra su exasesora Dina Bousselham; el fiscal anticorrupción Ignacio Stampa y la abogada de Podemos Marta Flor, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press y ha confirmado Vozpópuli.
El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, da la razón así a la Fiscalía Anticorrupción, que en un escrito de la semana pasada pedía inadmitirla porque los delitos que les imputaba no serían competencia del juez que instruye el caso por no haber conexividad entre los delitos investigados y los que se detallaban en la querella.
A esto, el fiscal jefe Anticorrupción añadía que al haber aforados entre los querellados (Iglesias y Stampa) la causa correspondería en todo caso al Tribunal Supremo y al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
"La querella interpuesta por Vox debería haber sido inadmitida de plano (...) y debe ser inadmitida en caso de que se subsanen los defectos procesales", señalaba el fiscal para luego añadir que la razón era que "su contenido no guarda conexión con el objeto procesal de la pieza y se dirige a personas aforadas".
La querella incluía seis delitos
En su querella, Vox les imputaba hasta seis delitos por el contenido de un chat privado entre abogados de Podemos en el que Flor comenta determinada información que habría obtenido del representante del Ministerio Público. En concreto, la querella se presenta por denuncia falsa, falso testimonio y simulación de delito, estafa procesal, tráfico de influencias, revelación de secretos y estafa procesal.
Tanto la postura del Ministerio Público como la resolución del juez van en la línea de lo defendido por los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, que en su auto de la semana pasada readmitían a Iglesias como perjudicado en la causa, y explicaban que en caso de investigarse nuevos posibles delitos que no tuvieran que ver con la organización supuestamente criminal de Villarejo, esos hechos debían instruirse en otro órgano que no fuera la Audiencia Nacional.
En esta pieza número 10 'Dina' se investiga el robo del teléfono móvil de Bousselham en 2015 y el posterior uso de los archivos que contenía, así como las publicaciones de los mismos en medios. Documentos que estaban en ese terminal aparecieron en dos carpetas alojadas en un disco duro y un pendrive que fueron hallados en el registro del domicilio del comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo, principal investigado de la macrocausa 'Tándem'.
www.vozpopuli.com
El juez de la Audiencia Nacional que instruye la pieza 'Dina', de la macrocausa 'Tándem', ha acordado no admitir la querella presentada por el partido político Vox contra el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias; contra su exasesora Dina Bousselham; el fiscal anticorrupción Ignacio Stampa y la abogada de Podemos Marta Flor, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press y ha confirmado Vozpópuli.
El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, da la razón así a la Fiscalía Anticorrupción, que en un escrito de la semana pasada pedía inadmitirla porque los delitos que les imputaba no serían competencia del juez que instruye el caso por no haber conexividad entre los delitos investigados y los que se detallaban en la querella.
A esto, el fiscal jefe Anticorrupción añadía que al haber aforados entre los querellados (Iglesias y Stampa) la causa correspondería en todo caso al Tribunal Supremo y al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
"La querella interpuesta por Vox debería haber sido inadmitida de plano (...) y debe ser inadmitida en caso de que se subsanen los defectos procesales", señalaba el fiscal para luego añadir que la razón era que "su contenido no guarda conexión con el objeto procesal de la pieza y se dirige a personas aforadas".
La querella incluía seis delitos
En su querella, Vox les imputaba hasta seis delitos por el contenido de un chat privado entre abogados de Podemos en el que Flor comenta determinada información que habría obtenido del representante del Ministerio Público. En concreto, la querella se presenta por denuncia falsa, falso testimonio y simulación de delito, estafa procesal, tráfico de influencias, revelación de secretos y estafa procesal.
Tanto la postura del Ministerio Público como la resolución del juez van en la línea de lo defendido por los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, que en su auto de la semana pasada readmitían a Iglesias como perjudicado en la causa, y explicaban que en caso de investigarse nuevos posibles delitos que no tuvieran que ver con la organización supuestamente criminal de Villarejo, esos hechos debían instruirse en otro órgano que no fuera la Audiencia Nacional.
En esta pieza número 10 'Dina' se investiga el robo del teléfono móvil de Bousselham en 2015 y el posterior uso de los archivos que contenía, así como las publicaciones de los mismos en medios. Documentos que estaban en ese terminal aparecieron en dos carpetas alojadas en un disco duro y un pendrive que fueron hallados en el registro del domicilio del comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo, principal investigado de la macrocausa 'Tándem'.
El juez del caso 'Dina' inadmite la querella de Vox contra Iglesias y Bousselham
El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, da la razón así a la Fiscalía Anticorrupción
www.vozpopuli.com
El juez del caso Dina pide investigar a Iglesias por revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa
Manuel García Castellón, el juez de la Audiencia Nacional encargado del caso Dina, ha solicitado este miércoles al Tribunal Supremo que investigue, por ser este aforado, al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, por cometer presuntamente los delitos de daños informáticos, revelación de secretos y denuncia falsa.
Esta petición llega apenas tres semanas después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia corrigiera al juez Castellón y le devolviera la condición de perjudicado al vicepresidente al “mantenerse los elementos por los que inicialmente se le consideró así”. Por ello, fuentes de Podemos dicen “no dar crédito”. “Hace unos días la audiencia Nacional reclama a García Castellón que le devuelva la condición de perjudicado a Pablo Iglesias y el juez responde pidiendo al Supremo que se le investigue”, exponen.
En la exposición que eleva al Supremo, el juez se muestra convencido de que Iglesias “usó de forma fraudulenta este proceso para intentar lograr algún tipo de ventaja electoral”. Además, incluye en su petición a la directora de los servicios jurídicos de Podemos, María Gloria Elizo, al equipo jurídico, a la propia Dina Bousselham y a su marido, Ricardo Ferreira, estos por falso testimonio.
Castellón recuerda que el origen del caso es el robo, en noviembre de 2015, del móvil de Bousselham, cuya tarjeta de memoria aparece en la vivienda del excomisario Villarejo dos años después. Son el director y el subdirector de la Revista Interviú, Alberto Pozas y Luis Rendueles, quienes se la entregan al excomisario y al director del Grupo Planeta. Por ello, el juez también acuerda continuar el procedimiento contra ellos por descubrimiento y revelación de secretos. A partir de ahora el fiscal y las acusaciones personadas disponen de 10 días para solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
El magistrado señala que el director de Planeta se la entregó a Iglesias en enero de 2016, cuando “se guardó la tarjeta en su poder, sin decírselo a su propietaria pese a ser personas cercanas y tener conocimiento de la desaparición de la tarjeta”. Aquí Castellón apunta que esto puede tener relación con el “conocimiento” que tuvo Iglesias al observar el contenido de la tarjeta, que guardaba capturas de pantalla de conversaciones de grupos en los que participaba Iglesias.
Además, el magistado también asegura que pese a no poder determinar cuándo le devuelve Iglesias a Dina la tarjeta, fue “en todo caso, antes del 23 de agosto de 2017” y que “la tarjeta estaba inservible entonces para su funcionamiento”. En este sentido, pese a que un informe policial solicitado por el propio Castellón atribuyó los daños en la tarjeta del móvil a una empresa especializaba, lo que alejaba las sospechas sobre el vicepresidente, el juez insiste en que pese a que le han “impedido recabar una prueba directa de la destrucción material de la tarjeta por parte de Iglesias”, puede “sostener que existen elementos de cargo suficientes” para poder atribuir al de Podemos esos daños.
Así, García Castellón expone que, “tras analizar la doctrina jurisprudencial”, se puede apreciar “un acceso no consentido a datos de carácter personal por parte de Iglesias, además de un apoderamiento de los archivos de carácter íntimo y personal de Dina”, por lo que pide imputarle por un delito de descubrimiento y revelación de secretos con agravante de “razones de género”.
Por último, califica de “consciente y planificada actuación falsaria” la personación de Iglesias en el caso para presentar la desaparición del teléfono de Dina “como un encargo realizado por el Gobierno del PP al excomisario Villarejo en el contexto de una campaña para perjudicarles”.
www.20minutos.es
Manuel García Castellón, el juez de la Audiencia Nacional encargado del caso Dina, ha solicitado este miércoles al Tribunal Supremo que investigue, por ser este aforado, al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, por cometer presuntamente los delitos de daños informáticos, revelación de secretos y denuncia falsa.
Esta petición llega apenas tres semanas después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia corrigiera al juez Castellón y le devolviera la condición de perjudicado al vicepresidente al “mantenerse los elementos por los que inicialmente se le consideró así”. Por ello, fuentes de Podemos dicen “no dar crédito”. “Hace unos días la audiencia Nacional reclama a García Castellón que le devuelva la condición de perjudicado a Pablo Iglesias y el juez responde pidiendo al Supremo que se le investigue”, exponen.
En la exposición que eleva al Supremo, el juez se muestra convencido de que Iglesias “usó de forma fraudulenta este proceso para intentar lograr algún tipo de ventaja electoral”. Además, incluye en su petición a la directora de los servicios jurídicos de Podemos, María Gloria Elizo, al equipo jurídico, a la propia Dina Bousselham y a su marido, Ricardo Ferreira, estos por falso testimonio.
Castellón recuerda que el origen del caso es el robo, en noviembre de 2015, del móvil de Bousselham, cuya tarjeta de memoria aparece en la vivienda del excomisario Villarejo dos años después. Son el director y el subdirector de la Revista Interviú, Alberto Pozas y Luis Rendueles, quienes se la entregan al excomisario y al director del Grupo Planeta. Por ello, el juez también acuerda continuar el procedimiento contra ellos por descubrimiento y revelación de secretos. A partir de ahora el fiscal y las acusaciones personadas disponen de 10 días para solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
El magistrado señala que el director de Planeta se la entregó a Iglesias en enero de 2016, cuando “se guardó la tarjeta en su poder, sin decírselo a su propietaria pese a ser personas cercanas y tener conocimiento de la desaparición de la tarjeta”. Aquí Castellón apunta que esto puede tener relación con el “conocimiento” que tuvo Iglesias al observar el contenido de la tarjeta, que guardaba capturas de pantalla de conversaciones de grupos en los que participaba Iglesias.
Además, el magistado también asegura que pese a no poder determinar cuándo le devuelve Iglesias a Dina la tarjeta, fue “en todo caso, antes del 23 de agosto de 2017” y que “la tarjeta estaba inservible entonces para su funcionamiento”. En este sentido, pese a que un informe policial solicitado por el propio Castellón atribuyó los daños en la tarjeta del móvil a una empresa especializaba, lo que alejaba las sospechas sobre el vicepresidente, el juez insiste en que pese a que le han “impedido recabar una prueba directa de la destrucción material de la tarjeta por parte de Iglesias”, puede “sostener que existen elementos de cargo suficientes” para poder atribuir al de Podemos esos daños.
Así, García Castellón expone que, “tras analizar la doctrina jurisprudencial”, se puede apreciar “un acceso no consentido a datos de carácter personal por parte de Iglesias, además de un apoderamiento de los archivos de carácter íntimo y personal de Dina”, por lo que pide imputarle por un delito de descubrimiento y revelación de secretos con agravante de “razones de género”.
Por último, califica de “consciente y planificada actuación falsaria” la personación de Iglesias en el caso para presentar la desaparición del teléfono de Dina “como un encargo realizado por el Gobierno del PP al excomisario Villarejo en el contexto de una campaña para perjudicarles”.
El juez del caso Dina pide investigar a Iglesias por revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa
Manuel García Castellón, juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Dina, ha solicitado este miércoles al Tribunal Supremo que investigue al vicepresid
www.20minutos.es