El gobierno se plantea cobrar peajes en autovías y autopistas, venga, sigan votándoles

No nos digan que lo de este gobierno no es fantástico. Cada poco tiempo surge una idea desde ese consejo de ministros, absolutamente lleno de impresentables, que es peor que la anterior. Pero qué quieren que les digamos, con la respuesta que reciben de los ciudadanos, a los que parece darnos todo igual, es lógico que hagan lo que les salga de la entrepierna y más viniendo de un ministerio dirigido por Ábalos.

La nueva idea que han tenido estos golfos, disculpen el lenguaje pero la paciencia tiene un límite y lo hemos sobrepasado hace tiempo, es cobrar a los usuarios de autovías y autopistas de toda España. ¿Y con qué justificación? Con la de que ese dinero sirva para el mantenimiento de esas vías. Y entonces preguntarán, ¿entonces para qué sirve el dineral que pagamos de impuestos? Para nada, señores, para nada. De dónde se van a pagar los caprichos de Sánchez, Calvo y compañía, no pretenderán que se los paguen ellos.

Pero no les pregunten porque todavía no saben el alcance de estos cobros. Hace meses, Torrente Ábalos dijo cuando fue preguntado sobre este asunto: “A los que no les queda otra, como los que van a trabajar, no tienes por qué gravarlos, pero sí a otros a los que la circulación por estas vías les hace ser más competitivos en su actividad, ya que se benefician del nivel de infraestructuras”.

Entonces el tema en España es que pagamos impuestos para Sanidad, colegios, infraestructuras como las autopistas, pero después hay que pagarlas cuando se usen. ¿No sería, entonces, una buena solución bajar impuestos y que este tipo de servicios se cobraran cuando se usaran? Pero no, porque entonces, ¿de dónde iban a robar?

 

Este es el importe con el que pretende saquear el gobierno “de la gente” por cada kilómetro de autovía​

¿Se imaginan una España sin autonomías y con una clase política mucho más reducida, sin las injustificadas prebendas que tienen y, sobre todo, con una fauna política menos corrupta? No se nos pondría nadie por delante y habría dinero para todo y para todos. Pero, por desgracia, tenemos una España con 18 gobiernos, 18 presidentes del gobierno con sus correspondientes ministros, 18 parlamentos con cientos de diputados, cientos de miles de coches oficiales y, sobre todo, miles de corruptos. Así no se va a ningún sitio, así no hay un duro para nada y para nadie.

Ahora nos quieren cobrar las autopistas y las autovías porque no hay dinero para mantenerlas, ¿qué tal si ahorraran y no se gastaran en las muchas tonterías que se gastan millonadas de euros, sobre todo en comprar televisiones y asociaciones más que dudosas? Pues ahora nos dice este gobierno “de la gente” que si saquean a toda la gente con 4 céntimos por kilómetro de autovía creen que de esa forma podrá haber suficiente dinero para su mantenimiento.

Es decir, cuatro euros cada 100 kilómetros, nada más y nada menos. Ustedes imaginen, un viaje habitual en verano de los madrileños, por ejemplo, es el de Madrid a Valencia, 359 kilómetros aproximadamente, ese viaje supondrá solo en autovía 14,36 euros, de ida más los correspondientes de vuelta.

Calculen, además, el gasto en combustible, ya que el gobierno se queda con el 54% de cada litro de gasolina y con el 49% de cada litro de gasoil. ¿Se dan cuenta del saqueo? Súmenle el impuesto de circulación, el IVA que se queda el gobierno del seguro del coche, etc, etc, etc… Tomadura de pelo y de cartera absoluta.

 

El Gobierno planea extender el peaje a todas las carreteras del país​

El Ejecutivo promete a Bruselas implantar el pago en las autovías en 2024, tanto para transportistas como particulares, y extenderlo posteriormente al resto de vías
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El Gobierno prevé implantar “un mecanismo de pago” por el uso de la red estatal de alta capacidad (autovías y autopistas) a partir del año 2024, pero abre la puerta a extender ese peaje a todas las carreteras del país, tanto nacionales, regionales y locales, según consta en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido por el Gobierno de Pedro Sánchez a Bruselas.

El plan del Ejecutivo, que supondría una auténtica revolución fiscal inédita en España, es el primero en ensayar el peaje en los 12.000 kilómetros de autovías y autopistas estatales para luego escalar ese modelo de pago a los 14.000 kilómetros de carreteras nacionales de un solo carril que conforman la red estatal, y abrir un proceso de negociación con las Administraciones autonómicas y locales para su implantación en las vías que estén bajo la titularidad de estas.

“Esta ley también prevé la posible articulación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras estatales que podría implantarse a partir del año 2024, buscando un acuerdo social y político, lo que supone avanzar hacia la internalización de los costes externos del transporte bajo el principio del cobro al ‘usuario pagador’ y también del principio de ‘quien contamina, paga”, asegura el Gobierno en un primer momento refiriéndose a la red de alta capacidad.

Y a continuación avanza a Bruselas este añadido: “Asimismo, para una mejor aceptación, se pretende que la implantación del pago por uso pueda ser escalable y progresiva (por ejemplo, tarificando inicialmente únicamente la Red de Alta Capacidad, y la extensión a otras redes de forma progresiva) […]. También se tratará el tema con las comunidades autónomas y otras Administraciones, para determinar su voluntad de incorporar las redes de carreteras de su titularidad”.

En contra de lo que se había planteado hasta ahora en las distintas declaraciones de miembros del Ejecutivo sobre esta materia, el pago afectará a todos los usuarios, tanto conductores particulares como transportistas, y tanto nacionales como extranjeros.

Consciente de que la medida será muy impopular, el Gobierno prevé llevar a cabo una campaña de “concienciación y sensibilización” sobre los transportistas y la población en cuanto a la necesidad de ejecutar el pago. Además, sugiere implantar “reducciones o bonificaciones a ciertos colectivos menos favorecidos económicamente, o usuarios habituales en ciertos tramos”. Para los transportistas, el Gobierno se compromete a buscar fórmulas normativas que aseguren que el coste sea asumido por el contratista de la carga y no por el camionero, aunque sin especificar cuál sería ese mecanismo.

Una ley ya en marcha​

A diferencia de otras propuestas fiscales remitidas a Bruselas, el pago por el uso de carreteras no es simplemente un documento en estudio, sino una ley ya en fase de elaboración, que tiene un carácter transversal e incluye competencias de varios ministerios. De hecho, la norma ya ha iniciado su andadura y ha sido vista en el marco de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, con la previsión de que el texto se eleve en este primer semestre de 2021 al Consejo de Ministros para una primera lectura, con la estimación de que lo apruebe en el segundo semestre de 2023, de forma que se pueda cobrar en 2024.

Como ya ha hecho en varias ocasiones el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, el Ejecutivo justifica la medida en que España dispone de la red de carreteras de alta capacidad más extensa de Europa, con costes de conservación crecientes que no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios. “Esto está generando un déficit acumulado de mantenimiento de la red, con una pérdida de su valor, así como con el consiguiente deterioro de la calidad del servicio y consecuencias en la seguridad vial. La imposición de un pago por uso permitiría garantizar la conservación de la red viaria, además de generar incentivos hacia la mayor eficiencia en este modo de transporte, lo que a su vez redunda en una minoración de las emisiones de gases de efecto invernadero”, asegura el plan remitido a Bruselas.

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha señalado este miércoles por la tarde en el Senado que en las medidas de pago de peaje caben excepciones. “Cuando se pone el peaje del tipo que sea, normalmente se excluyen algunos casos en los que el viaje diario, cotidiano, por tema laboral, queda exento”. Le preguntaba al respecto de los desplazamientos por motivo médico de las personas de la tercera edad el senador del PP José Julián Gregorio. “Esa viejecita con ese sueldecito, cuando vaya al médico, ¿tiene que pagar también?”, ha inquirido Gregorio, que ha recalcado que la autovía “en muchos pueblos de España” es “la única salida” y ha pedido reconsiderar la medida que, en su opinión, desviará el tráfico a vías convencionales en peor estado. “Cuando se pone el peaje del tipo que sea, normalmente siempre se excluyen algunos casos”, ha respondido el director de la DGT, que ha mencionado expresamente los viajes cotidianos por “tema laboral”. “Perfectamente se podría poner que la abuelita cuando va al médico también quede excluida [del pago]”, ha precisado.

“Tarifas asumibles”​

El Gobierno no duda en admitir que el peaje causará un rechazo generalizado en la población y, por ello, defiende que se determinarán tarifas “asumibles pero que garanticen la financiación”. Hasta el momento, esas tarifas nunca se han concretado desde el Ejecutivo, que siempre habló de precios simbólicos, y las únicas referencias son de las distintas asociaciones del sector.

Así, desde la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex) defienden que un peaje de entre 3 y 5 céntimos de media sería suficiente para acabar con el déficit de 8.000 millones que ya acumula la conservación de las carreteras. Por su parte, la patronal de las grandes constructoras, Seopan, que apoya el pago por uso, fijó un peaje de 0,03 euros por kilómetro para los vehículos ligeros, y de 0,14 euros para los pesados.

La implantación de un peaje medio en España de 4 céntimos por kilómetro supondría un pago de 9 euros para ir desde Madrid a Burgos; de 12 euros para viajar entre la capital y Zaragoza; de unos 14 euros para ir hasta Valencia; 15 a Córdoba; 16 euros a Badajoz o 22 euros a A Coruña.

Tras las directrices apuntadas por Europa en el marco de la última gran crisis financiera, Portugal introdujo peajes en toda su red de alta capacidad, no solo para vehículos pesados, como requería Bruselas, sino para todos, incluidos los ligeros. Además de en Portugal, en Francia e Italia prima el pago por uso en las autopistas, mientras que en Alemania todas las autopistas son gratuitas. Pero ningún país cobra por el uso de las carreteras de un solo carril.

En sentido contrario​

En España, lejos de introducir peajes, las políticas del actual Gobierno han ido en sentido contrario, en no renovar las concesiones que llegaban a su fin, lo que ha permitido liberar de peajes varias autopistas que ahora son gratuitas. En diciembre de 2018, se liberó el peaje de la AP-1 de Burgos-Armiñón, tras vencer su contrato de explotación con Itínere. El 1 de enero de 2020 suprimió el cobro en dos autopistas: el tramo de la AP-7 entre Tarragona y Alicante y la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, al concluir las concesiones que tenía Abertis y revertir la titularidad al Estado.

El mismo camino seguirá a finales de agosto el trazado de la AP-7 que une Barcelona con La Junquera y Tarragona, y el de la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo. En total, más de 1.000 kilómetros a los que hay que sumar las ocho autopistas quebradas (entre ellas, las radiales de Madrid), que han sido rescatadas por el Estado y que suman otros 500 kilómetros.

 

Así justifica el Director General de la DGT el peaje en carreteras, autovías y autopistas; no solo nos saquea, también nos toma por tontos​




Señores, nos acabamos de enterar de una cosa que desconocíamos: todos los impuestos con los que se han pagado la construcción de autovías y carreteras, todos los impuestos con los que se debería haber pagado el mantenimiento de las mismas y todos los impuestos con los que se mantiene el estado no sirven para nada porque, para Pere Navarro, Director General de la DGT, el dinero con el que se mantiene el estado debe llover del cielo y no del bolsillo de todos los españoles.

Eso es lo que se deduce de lo que ha dicho para justificar la intención del gobierno de poner peajes en autovías y autopistas ya que nos dice que ahora lo “está pagando el presupuesto del estado”. ¿Y quién paga el presupuesto del estad, gañán? ¿De dónde sale el dinero de los presupuestos del estado más que de nuestros bolsillos?

Tenemos una banda de caraduras y de saqueadores en el gobierno que parecen no estar contentos con saquearnos de una forma incluso criminal ya que encima nos toman por imbéciles. Este Pere Navarro debe formar parte de la banda de Carmen Calvo, esa que decía que el dinero público no es de nadie, ya que, por su forma de hablar, parece como si el estado fuera un ente gaseoso que fuera autosuficiente y que regalara las cosas a los ciudadanos cuando la mayoría de las partidas las pagamos por duplicado.

¿Dónde va el dinero del impuesto de circulación? ¿Dónde va el dinero que se recauda con los impuestos con los que se marcan las gasolinas? ¿Dónde va el dinero que se recauda con la compra de vehículos, con los seguros obligatorios, con las ITV? ¿Dónde, “enterao”? No solo nos saquean, después tienen la indecencia de tomarnos el pelo y por imbéciles.

 

ACS y Ferrovial prometen 12.649 millones al Gobierno si les deja explotar los peajes de las autovías​

El Gobierno tiene la intención de cobrar por el uso de sus autopistas. Una noticia que se ha celebrado entre las grandes constructoras y concesionarias. Seopan, la patronal que integra a grandes empresas del sector como ACS y Ferrovial, lleva año tras año defendiendo esta reforma. Sus estudios muestran que los peajes en autovías y autopistas podrían generar al año 12.649 millones de euros. Eso sí, si la operación y conservación de estas vías se pusiera en manos del sector privado.

Según los datos facilitados por Seopan a Vozpópuli, si se concesionase esta actividad se podría generar dos pilares de ingresos públicos. Por un lado, Hacienda tendría encima de la mesa 3.953 millones de euros por la vía del IVA, 731 millones de euros del impuestos de sociedades y, según sus cálculos, 14 millones de euros al año por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

El resto llegaría por aportación directa de las propias concesionarias. Según la patronal que también integra a Acciona, FCC, OHL o Sacyr, las empresas harían un pago inicial a las administraciones públicas de 5.614 millones de euros, un pago anual de 4.827 millones de euros y ahorrarían 850 millones al año a las arcas públicas por el mantenimiento de la red.

“Si se implantasen un peaje por distancia con las tarifas medias de peaje europeas en nuestra red de 14.130 km de autovías libres (excluyendo las de accesibilidad urbana de 905 km) del Estado, CCAA, Diputaciones y Cabildos, y se concesionase su operación y conservación al sector privado (sistema free flow) durante un periodo de 25 años, se obtendrían hasta 104.000 millones (solo) con el pago inicial del sector privado”, detallan desde Seopan.

Modelo europeo​

El grupo de interés que lideran ACS y Ferrovial insiste en que el escenario que propone es el habitual en Europa y que España es la excepción. El territorio español concentra el 73,5% de la red de autovías libres europeas y con el menor porcentaje de vías tarificadas de Europa, un 12,8%. “Aumenta la falta de armonización con Europa, donde 23 países tienen tarificado el 100% de su red de autovías. Destaca Alemania, que en 2018 implantó peajes en su red de carreteras federales de 38.000 km de extensión”, insisten.

El pago por uso ha sido uno de los puntos más llamativos de las propuestas que ha puesto encima de la mesa cada año este grupo de grandes empresas. Ahora, ante la necesidad recaudatoria del plan que el Gobierno ha enviado a Bruselas, parece que está más cerca que nunca de alcanzarlo.

Nueve veces más caro​

El precio que se pretende cobrar por kilómetro es uno de los puntos donde más distanciados están. Mientras que la asociación que lidera ACS y Ferrovial maneja un peaje medio de 0,09 euros por kilómetro para los coches y de 0,19 euros para los camiones, estimación basada en las tarifas medias de peaje europeas, el Ejecutivo se limita al cobro de un céntimo por kilómetro, según desvelaba este viernes la Cadena SER.

Como contaba Alejandra Olcese en Vozpópuli, el compromiso del Gobierno con Bruselas para desplegar el "pago por uso de la red viaria de carreteras" es una medida que se incluye dentro de su ficha 28 sobre la reforma fiscal. "Con el fin de lograr una movilidad más sostenible, deberán analizarse las figuras que gravan o que podrían gravar la utilización o disposición de vehículos o el uso de carreteras, entre otros", señalan, en alusión a la posible creación de algún nuevo impuesto que habría que pagar por tener un coche o utilizar las carreteras.

El Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez no da más detalles, no explica cómo funcionaría ese impuesto ni si los pagos por el uso de carreteras se articularían en forma de peajes, ni en qué vías en concreto. Sí que especifica que la aprobación de este nuevo pago no llegará hasta el último trimestre de 2023, con lo que no entrará en vigor hasta 2024.

 



El Gobierno quiere imponer el peaje en todas las carreteras del país, no le parece suficiente los 30 mil millones de euros que los conductores pagamos en impuestos para mantenerlas que además nos quiere hacer pagar por circular. El gobierno de progreso que no iba a subir los impuestos a la clase trabajadora y ha acabado subiéndolos hasta en la coca cola. Disfruten.
 

El Gobierno promete a la UE tener listo el sistema de peaje en autovía en 12 meses​

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, aseguró el pasado mes de mayo en el Congreso de los Diputados que los peajes en las autovías no se impondrán sin consenso, aunque poco después matizó que "algún gesto teníamos que hacer", en referencia a Bruselas. Ahora se sabe, a través de un documento de las autoridades comunitarias, que el Ejecutivo ya se ha comprometido con la Comisión Europea a tener preparada dicha reforma en el primer semestre de 2022. Es decir, tenerla perfilada y lista en un año máximo, para que así pueda entrar en vigor en 2024.

Así lo explica un anexo publicado por Bruselas este mismo miércoles donde da cuenta de los hitos temporales a que se ha comprometido el Gobierno de España para la recepción escalonada de los fondos de recuperación europeos, cosa que no había hecho hasta ahora en ningún momento. Concretamente, en la reforma 4 (C28.R4), titulada "Reforma de medidas fiscales para contribuir a la transición ecológica", el documento desglosa una serie de medidas, entre las que incluye "impuestos o pagos relacionados con la movilidad, como los peajes en carreteras y los impuestos de registro de vehículos". Y añade: "La implementación de estas medidas debe estar completada para el 30 de junio de 2022".

España puede recibir hasta 140.000 millones de euros (75.000 millones son subvenciones directas). Eso sí, Bruselas condiciona dicho desembolso de ayudas a una serie de reformas estructurales, cuyo cumplimiento ha programado con unos objetivos intermedios temporales. Estos hitos previstos por España a petición de la Comisión están incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que está siendo evaluado por las autoridades comunitarias.

En ese contexto, España transmitió a Bruselas a finales de abril la idea de imponer un pago por el uso de las carreteras estatales para 2024, con el objetivo de pagar con ello la conservación de las mismas y sacar esa partida de los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, tras anunciar dicha medida, matizó que solo se aprobaría con el consenso de la mayoría parlamentaria, donde se encuentra en minoría.

Ahora ha trascendido, gracias a la Comisión, que el Gobierno quiere tener ya preparado el sistema para cobrar por el uso de las autovías, del que por ahora no ha dado ningún detalle, antes del 30 de junio de 2022. Señala que "considerará una revisión de la ley para promover un transporte por carretera más sostenible y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero".

"El establecimiento de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras del Estado que se introducirá a partir de 2024 de acuerdo con el principio de 'quien contamina paga'. El objetivo de dicha medida es internalizar el coste externo del transporte por carretera, creando incentivos para una mayor eficiencia en este sector y conduciendo a una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero", señala el anexo publicado por las autoridades comunitarias.

Por ahora no se sabe cómo quieren introducir peajes a las autovías que actualmente son gratis. En este sentido, la única referencia es la de la patronal Seopan, que lleva años pidiendo este gravamen de tres céntimos por kilómetro a los vehículos ligeros y de 14 céntimos al transporte pesado.

El impuesto al diésel y otros en 2022​

La medida es más ambiciosa desde el punto de vista medioambiental. El Ejecutivo pretende tener listas también antes de julio de 2022 otras medidas que contribuyan a la transición ecológica como la "revisión de los subsidios a los combustibles fósiles". Dicho de otra manera, se trata de tener ya en la primera mitad del año que viene el impuesto al diésel.

Hasta ahora, el Ejecutivo ha mostrado la intención de elevar en 3,8 céntimos por litro de gasóleo A. Ya quiso introducir esta tasa en los últimos Presupuestos Generales del Estado, pero desistió de la medida tras el rechazo del PNV.

Además de lo anterior, el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos se compromete con el Ejecutivo de Ursula von der Leyen a establecer, de nuevo antes del 30 de junio de 2022, un impuesto a los plásticos no reutilizables, un gravamen sobre los vertederos y otra tasa a los gases fluorados.

En el apartado medioambiental, la última promesa del Gobierno español con Bruselas es que en el tiempo máximo de un año se implemente la reforma sobre la fiscalidad del automóvil. En este sentido, ya se anunció que quieren transformar el impuesto de matriculación y el de circulación para que graven más a quien más contamine y de esa manera sean más acordes con la descarbonización. Sin embargo, no hay por ahora más detalle al respecto.

 

Bruselas desenmascara a Ábalos con los peajes de las autovías: "No es una exigencia de la Comisión"​

Otra vez, la realidad le ha estropeado el relato al Gobierno. Como con las mascarillas o con el IVA de la luz, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se había escudado en Bruselas para justificar el palo a los conductores con los peajes de las autovías.

La implantación de los peajes es "una señal de sintonía con las políticas de Europa" aseguraba el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, el pasado mes de mayo. "Ya que queremos recibir dinero de Europa, algún gesto tenemos que hacer. Por lo menos un compromiso de estudiarlo", añadía. En una interpelación dirigida por el portavoz de Transportes del PP en el Congreso, Andrés Lorite, Ábalos aseguró en el Congreso que salvo Malta, Chipre, Finlandia o Estonia, todos los países europeos tienen algún tipo de tarificación de sus redes de transporte, ya sea al transporte pesado o para todos los vehículos. "No creo que sean muy comparables, al menos hagámoslo por autoestima", dijo.

Así, uno de los grandes golpes del Gobierno a los propietarios de los vehículos va a ser el cobro por circular por autovía bajo el "principio de quien contamina paga", reza el texto remitido a Bruselas. Sin embargo, la Comisión Europea ya ha aclarado por escrito, que ellos no le han solicitado esta medida a Ábalos.

"Esta medida no responde a ninguna propuesta o exigencia específica de la Comisión", asegura la comisaria europea competente, la titular de Transporte, Alina Valean, en una respuesta parlamentaria al expresidente de Baleares y eurodiputado de Ciudadanos, José Ramón Bauzá.





La pregunta de Bauzá fue la siguiente: ¿Obedece la medida de establecer un mecanismo de pago por el uso de las carreteras, tanto estatales como regionales, a una propuesta o exigencia expresa de la Comisión? Por tanto, ya sabemos que a lo que sí obedece es a saciar la voracidad recaudatoria del Gobierno.

 

El gobierno justifica los peajes en autovías y autopistas diciendo que “quien contamina paga”, no como Sánc-HEZ con el Audi y con el Falcon, contamina y se lo pagamos todos​

El morro impresionante que tiene este gobierno es a imagen y semejanza del morro que tiene el individuo que lo preside: ilimitado. Como las arcas del estado están vacías debido al saqueo continuo al que las someten, tienen que inventarse impuestos y justificaciones para seguir estafando al ciudadano y cada vez son más peregrinas y absurdas.

Ahora ya anuncian la imposición de peajes en autopistas y autovías, pero como ya el libro de invenciones se les agota para este expolio continuo al que someten al ciudadano, tienen que utilizar la culpa. Somos nosotros los culpables de que se nos impongan impuestos por utilizar nuestros vehículos y la ministro que ha sustituido a Ábalos, Raquel Sánchez, nos ha responsabilizado a todos de que tengamos que pagar hasta por respirar.

Nos cuenta que están “trabajando en una propuesta de tarificación de la red de carreteras de alta capacidad del Estado, basada en el principio de equidad territorial, seguridad vial y sostenibilidad ambiental”. Pero lo mejor viene después, ya que añade: “Tenemos que responder al criterio europeo de ‘quien contamina paga”.

Y este último punto nos resulta la mar de llamativo viendo cómo funciona el presimiente Sánc-HEZ. El tipo se desplaza en el Falcon hasta para hacer la compra. Se pasa los fines de semana haciendo viajes secretos a Doñana y otros lugares de “descanso” movilizando helicópteros Superpuma del Ejército del Aire y cuando va a algún sitio con el Audi “económico” que se gasta, se lleva a un ejército de guardaespaldas detrás, más de una decena de coches normalmente. ¿Y qué pasa en ese caso? Que Sánc-HEZ contamina y también lo pagamos nosotros. Con la cara dura que tiene esta gente se podrían construir miles de pantanos.

 

El Gobierno planea una tarifa anual de unos 80 euros por usar las autopistas​

El Gobierno planea establecer la denominada viñeta para que los conductores utilicen las carreteras de alta capacidad en España. Se trata de una tarifa con temporalidad acotada (anual, mensual, semanal y diaria) que dará derecho al uso de las vías. Esta medida se instauraría a partir de 2023 y por un periodo de tiempo limitado, que podría ser de al menos dos años, como paso intermedio hasta la implantación de un pago por uso mediante telepeaje. El grupo de trabajo del Ministerio de Transportes que estudia el plan maneja un precio de la viñeta para los vehículos ligeros que se situaría en el entorno de los 80 euros, según señalan a elEconomista fuentes ministeriales. Desde el departamento que dirige Raquel Sánchez oficialmente declinaron hacer comentarios y se remitieron a las palabras de la ministra del pasado viernes en las que aseguró que "estamos en proceso de análisis".

La viñeta es hoy la opción que tiene más enteros dentro del Gobierno para ser implantada en primera instancia y cumplir así con el compromiso adquirido con la Unión Europea en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La medida del pago por uso se rige bajo los principios de que "el que contamina paga" y "el que usa paga".

Con la viñeta, el Ejecutivo conseguiría establecer un sistema de pago por uso en las carreteras de alta capacidad de manera rápida y con costes reducidos -su dependencia tecnológica es baja-, frente al sistema de telepeaje con pórticos o satélites, que requieren plazos e inversiones muy superiores. No obstante, a medio plazo, la hoja de ruta sí discurre por instalar este tipo de mecanismo. El Ministerio trabaja internamente en el diseño de los modelos y, además, prevé contratar a una firma especializada.

La aplicación de la tarifa plana permitiría a Transportes reforzar su capacidad para acometer el mantenimiento de la red de carreteras, cuyas necesidades de inversión superan con creces las partidas presupuestarias que se han destinado para ello en los últimos años y que, además, se han multiplicado desde 2018 con la reversión al Estado de varias autopistas de peaje.

Con el pago por uso el objetivo del Gobierno es obtener entre 1.500 y 1.600 millones de euros, cantidad con la que Transportes estima que podría hacer frente a la conservación de la red estatal, a paliar anualmente el déficit existente, que se sitúa ya por encima de los 8.000 millones. Los Presupuestos vigentes recogen 1.200 millones, en los que se incluyen los cerca de 300 millones para el pago por las concesiones de las autovías de primera generación. Así, con el pago por uso, se liberaría esta partida para otros propósitos. Adicionalmente, las comunidades autónomas y las Diputaciones también obtendrían recursos para conservación, cuyas necesidades superan los 2.000 millones. De igual forma, en función del precio de la viñeta podrían generarse ingresos que se destinen a la compensación del sistema de transporte para la modernización de las flotas y hacerlas menos contaminantes.

La facilidad para instaurar la viñeta es una ventaja decisiva para el Ejecutivo, en tanto en cuanto permitiría generar ingresos casi de inmediato -el plan es implantarla en 2023 y apenas requeriría de una pegatina en el parabrisas-. Serviría, además, como piedra de toque para concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de pagar por utilizar las carreteras a través de una fórmula que implicaría un único pago anual -y no cada vez que se utiliza- y que está vigente en países como Suiza o Austria.

La viñeta afectaría a los 24,6 millones de vehículos turismo, a los cinco millones de furgonetas y camiones y a los 1,8 millones de ciclomotores

Por el contrario, la viñeta no es la fórmula defendida por Bruselas al no cumplir escrupulosamente con el principio de quien contamina, paga. La UE aboga más por sistemas que tengan en cuenta la distancia recorrida. Es por ello que la viñeta sería una fórmula temporal. Según El Español, tendría una duración de dos años, entre 2023 y 2024, si bien las fuentes ministeriales consultadas aseguran que ese periodo podría ser mayor. Superado ese plazo, se introduciría un sistema de pago por uso mediante telepeaje. De acuerdo con las mismas fuentes, la preferencia discurre por por una tarificación basada en la localización satelital en lugar de los pórticos con tecnología DSRC.

La viñeta afectaría a los 24,6 millones de vehículos turismo, a los cinco millones de furgonetas y camiones y a los 1,8 millones de ciclomotores. En la mesa de trabajo del Ministerio se maneja un importe anual de viñeta en el entorno de los 80 euros al año para los vehículos ligeros, si bien por ahora solo es una aproximación a la espera de decisiones oficiales. Se trata, en todo caso, de un importe alineado con las estimaciones de algunos expertos y organizaciones. Así, por ejemplo, un reciente estudio de la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex) estima una viñeta anual de 87 euros para turismos, 435 para pesados y 43,5 para motocicletas.

 

El Gobierno confirma que se pagará por las autovías aunque dice que no es un peaje​

El Gobierno confirma que habrá que pagar por el uso de las autovías a partir de 2024. Lo ha dicho este martes en un foro organizado por la SER en Galicia el Secretario General de Infraestructuras, Sergio Vázquez, que reconoce que se cobrará por su uso aunque no quieren llamarlo peaje.

"No le llamaría en el primer lugar peaje. Hablamos de que vamos a implantar un sistema de tarificación. Y no le llamaría peaje porque la gente cuando habla de peaje piensa en unas tarifas similares a las que de las autopistas que se paguen hoy. No tiene sentido que haya este vacío y que el mantenimiento y la conservación de la infraestructura se siga sufragando con los impuestos de todos los españoles que tiene necesidades más urgentes como son las políticas sociales", ha explicado Vázquez.

La posibilidad de cobrar por las autovías ya se puso sobre la mesa el pasado mes de mayo. El Ejecutivo estudiaba en ese momento cobrar 1 céntimo por kilómetro a los vehículos que circulen por vías de alta velocidad del Estado, lo que se traduciría en un recargo de 3,5 euros para un viaje de Madrid a Valencia, o de más de 6 euros para un trayecto entre la capital española y Barcelona.

En mayo se pusieron dos modelos sobre la mesa. El primero es el suizo o alemán, que está casi descartado y consiste en cobrar una especie de tarifa plana a todos los conductores. El segundo, que es el que realmente quiere el Gobierno, es el portugués, donde los conductores pagan en función del número de kilómetros que recorren.

Además, ahora se abre la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan fijar el cobro en todas sus carreteras para tener así unos fondos con los que financiarse.

Este lunes, la secretaria de Estado de Infraestructuras, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, dijo que es "imperativo" el pago de una tasa por el uso en las autovías españolas y ha apelado a "no aplazarlo más".

Según la secretaria de Estado del ramo, este modelo de "pago por uso" ofrecerá una solución al "creciente déficit" en materia de conservación de carreteras permitiendo obtener así una fuente de ingresos extra y directa.

Europa​

A su juicio, los 1.400 millones de euros que destinarán en el año 2022 los Presupuestos Generales del Estado para el mantenimiento de estas infraestructuras son "insuficientes", por lo que considera que España debe dar un "paso más" hacia los cambios que demandan las autoridades europeas. Pardo de Vera apuntó que el modelo impuesto en Europa "es un 60% de tasa de uso y un 40% de peajes" y preguntó si "alguien puede entender" que los camioneros españoles "paguen por usar las carreteras de toda Europa" y los extranjeros "usen gratis" las estatales.

 

El timo del Gobierno con los peajes: solo reinvierte en carreteras el 4% de lo que recauda del coche​

El Gobierno de PSOE y Podemos insiste en el que la instauración de nuevos sistemas de peaje en las autopistas y autovías de nuestro país es inminente. La coalición social-comunista justifica su apuesta aludiendo a la necesidad de introducir otro tipo de modelo de tarificación "que genere los recursos suficientes para el mantenimiento de las carreteras" de más capacidad y mayor velocidad.

La ministra del ramo, Raquel Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo presentará su propuesta "en pocos meses" y ha anunciado que su equipo "está trabajando en los análisis y estudios que permitan establecer un nuevo sistema que sea justo, que esté sujeto al consenso y que cuente con las comunidades autónomas".

Desde que el Gobierno ha puesto encima de la mesa la posibilidad de multiplicar el cobro de peajes en la red de autopistas y autovías, la retórica oficialista ha insistido en que la implantación de un modelo así tendría el efecto de contribuir al financiamiento del presupuesto de conservación de carreteras, estimado en algo más 1.200 millones de euros anuales.

Sin embargo, la trampa del Ejecutivo consiste en plantear este debate como si el uso del automóvil no estuviese sujeto ya a un sinfín de gravámenes que, de forma directa e indirecta, generan un volumen ingente de recursos para las Administraciones Públicas. De hecho, por cada 30 euros recaudados del sector, la reinversión requerida por las carreteras es de apenas 1 euro.

Así se desprende de los datos que ha facilitado ANFAC, la patronal de los fabricantes de automóviles, la recaudación tributaria derivada del uso automóvil ronda los 31.000 millones de euros anuales, lo que equivale a 1.000 euros por conductor. Para ser precisos, los ingresos ascienden a 14.007 millones por el impuesto especial de hidrocarburos, a 7.507 millones por el IVA de los carburantes, a 4.878 millones por el IVA de la compra de nuevos automóviles, a 2.925 millones por el impuesto de circulación, a 534 millones por el impuesto aplicado a la transmisión de coches de segunda mano, a 616 millones por el impuesto de matriculación, a 197 millones por la tasa de cambio de titularidad, a 147 millones por la tasa de matriculación y a 79 millones por el permiso de circulación.

No hay que olvidar, además, que en 2022 entrará en vigor la subida del impuesto de matriculación que estaba prevista originalmente para 2021 y que elevará en casi 1.000 euros la compra de un vehículo medio.

Frente a estos datos, los 1.200 millones que el Gobierno dedica al mantenimiento de las carreteras son apenas el 4% de lo que ingresan las arcas mediante los distintos tributos vinculados al uso del automóvil. De modo que, por cada 100 euros generados mediante los gravámenes citados en el párrafo anterior, las Administraciones solo dedican 4 euros a la conversación de las carreteras y, en cambio, destinan los 96 euros restantes a otro tipo de desembolsos (salarios de funcionarios y empleados, subsidios y demás programas de gasto público).

El peor de los mundos posibles​

Es cierto que, según las cifras que baraja la patronal del sector de las infraestructuras, SEOPAN, en los últimos años se ha acumulado un déficit en las inversiones de conservación de carreteras que supera los 8.000 millones de euros. Esto hace aún más sangrante la forma en que se emplean los recursos fiscales que genera el automóvil, porque el desvío del 96% de lo recaudado a otras partidas de gasto ha generado tal agujero que, tarde o temprano, deberá ser cubierto.

Desde el think tank Acción Liberal apuntan que se podría optar por introducir un modelo de pago de 3 céntimos por kilómetro, que generaría unos 6.000 millones de euros, pero a cambio plantean que debería eliminarse el impuesto de matriculación e, igualmente, se debería reducir el impuesto de hidrocarburos en un 15%. Además, para cubrir el déficit de inversión, el estudio plantea la concesión de las autopistas y las autovías por periodos de al menos 25 años, para que sean las empresas privadas las que asuman la factura a cambio de manejar el flujo de peajes durante el periodo indicado.

El problema es que, de prosperar la propuesta del Gobierno, tendremos el peor de los mundos: más peajes, más impuestos y más estatalización de la gestión de las carreteras. Todo aderezado, además, con un volumen creciente de restricciones al uso del vehículo privado en las grandes ciudades. Nadie diría, ante semejante maltrato regulatorio al coche, que España es uno de los principales productores de automóviles de Occidente...

 

Pago por uso en las autovías: casi 2.000 euros al año por conductor​

El cálculo es muy aproximado y basado en un documento de 2012, pero el pago por uso en las autovías podría costar a cada conductor un promedio de hasta 1.800 euros anuales. Así lo considera el portavoz de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo, cuya organización se opone frontalmente a la idea del Gobierno desde hace una década.

La propuesta de establecer una tasa de uso en las autovías vuelve ahora a la actualidad, pero lleva sobrevolando el asfalto más de diez años como una amenaza para los conductores.

El cálculo de AEA proviene, de hecho, de un documento de 2012 firmado por la Asociación Española de la Carretera, de nombre tan largo como la idea que sostiene: Hoja de ruta para la implantación de un sistema de pago por uso en la red de carreteras española.

Este texto motivó la salida de AEA de esta asociación (“Aunque mantenemos un trato cordial y coincidimos en muchas de sus opiniones”, matiza Arnaldo), y en él se proponía una tarifa de entre 2 y 12 céntimos de euro por kilómetro “en el caso de los vehículos ligeros, dependiendo de su eficiencia ambiental”. Con esas cifras como base, y calculando un uso medio de 15.000 kilómetros anuales, AEA recuerda que el pago por uso en las autovías supondría un gasto medio por conductor de 1.800 euros anuales.

“Hacemos ese cálculo a partir del único documento escrito que conocemos, porque el Gobierno no se ha pronunciado oficialmente al respecto”, sostiene Arnaldo. Con unas tarifas simbólicas por el uso de las autovías de uno o dos céntimos por kilómetro, el desembolso se reduciría a 150 y 300 euros al año, respectivamente, si se consideran los 15.000 kilómetros como distancia de referencia. La patronal de las grandes constructoras Seopan apuesta por hasta nueve céntimos de tarifa plana, esto es, 1.350 euros como promedio.

Autovías de pago o PIB​

Automovilistas Europeos Asociados defiende, en cambio, el establecimiento por ley de “una inversión anual [en el mantenimiento de la red viaria] de al menos el 2% del PIB, que supondría un coste de unos 1.800 millones de euros”. El problema de la fiscalidad del automóvil, argumenta Arnaldo, “es que no es finalista”.

En su hoja de ruta de 2012, la Asociación Española de la Carretera (AEC) justificaba el sistema de pago por la necesidad de inversión en el cuidado de la red viaria, cuyo déficit de mantenimiento cifró el año pasado en unos 7.500 millones de euros. Diversas asociaciones y clubes de automovilistas que se oponen al pago por uso alegan que ya se recauda lo suficiente como para conservar las vías y, por añadidura, alertan de una consecuencia muy posible: el efecto rodeo que llevaría a los conductores a usar la red secundaria.

“El Estado recauda fiscalmente del sector de automoción una cifra superior a 30.000 millones de euros [año 2020], así que habría de sobra para financiar los 1.400 millones de euros que requiere el correcto mantenimiento de las carreteras”, sostiene el Movimiento 140. El Real Automóvil Club de España, por su parte, cita una encuesta propia en la que el 75% de los conductores rechaza el pago por uso y ocho de cada diez afirman que buscarían vías alternativas.




En su propuesta de 2012, la AEC ya reflexionaba sobre los riesgos del efecto rodeo: “Es fundamental analizar con detalle los itinerarios a tarificar y valorar las necesidades adicionales de inversión en conservación […] que puedan necesitar los itinerarios alternativos”.

De hecho, el director general de la AEC, Jacobo Díaz, propone extender el sistema a la red secundaria, pero con matices como un bono de movilidad gratuito (de 10.000 kilómetros anuales) o unas tarifas establecidas en función de las emisiones.