El Gobierno prepara el ingreso mínimo vital

Caos en la renta mínima: el Gobierno no ha aprobado ni un 1% de las solicitudes

El Gobierno no ha aprobado todavía ni el 1% de las solicitudes recibidas para el cobro del Ingreso Mínimo Vital. Así lo revela el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en una notificación emitida a través del portal de Transparencia en la que se admite que a día 7 de agosto apenas se habían validado 3.966 peticiones de este subsidio que a finales del mes de julio, según los datos que facilitó el propio ministro José Luis Escrivá, ya habían demandado más de 600.000 personas. Las trabas burocráticas, las interferencias con las rentas mínimas autonómicas y la falta de efectivos en la plantilla de funcionarios han provocado un colapso administrativo que amenaza el recorrido de una de las medidas estrella de la coalición PSOE-UP para combatir los efectos económicos de la pandemia sobre más de 2,3 millones de personas -unos 850.000 hogares-.

El Ingreso Mínimo Vital, que estaba en la agenda de la coalición progresista para su implantación a lo largo de la legislatura pero nació prematuro para paliar el impacto de la Covid-19 en las rentas de las familias más vulnerables, se puede solicitar desde el pasado 15 de junio. Si bien a finales de ese mismo mes la Seguridad Social anunció el ingreso de esta ayuda de oficio a los más de 74.000 hogares que venían percibiendo la prestación por hijo a cargo, después de aquella nómina de 32 millones de euros el Ministerio no ha vuelto a informar sobre los pagos efectuados a los reconocidos como beneficiarios que, según apuntan desde este departamento, se habrían realizado el día 3 de agosto. Esa nómina, sin embargo, no se ha hecho pública, por lo que en estos momentos se desconoce su alcance.

El atasco en la tramitación tiene en vilo a decenas de miles de familias. Sus denuncias llegaron a la Asociación de Víctimas del Paro, que el pasado 21 de julio solicitó a través del portal de Transparencia toda la información disponible sobre el IMV: básicamente, cuántas solicitudes se han aprobado, a parte de las 74.119 validadas de oficio, y cuándo se van a efectuar los pagos correspondientes. El Ministerio responsable, en una notificación fechada a 15 de agosto a la que ha tenido acceso La Información, asegura que desde el 15 de junio hasta el 7 de agosto se han aprobado 3.966 solicitudes, menos del 1% de las más de 600.000 recibidas. Aunque hay que tener en cuenta que un alto porcentaje del total de peticiones (en torno al 50%, según Escrivá) serán rechazadas por no cumplir los requisitos, la cantidad de expedientes validados a estas alturas es excesivamente escasa.

En la notificación se asegura que la próxima nómina se abonará el día 1 de septiembre, después de afirmar que los ingresos relativos al mes de julio se efectuaron el 3 de agosto. Este medio se ha puesto en contacto con el Ministerio de Inclusión, que ha evitado aportar los datos de solicitudes recibidas, aprobadas y denegadas, así como el detalle de la nómina de julio. Fuentes del departamento de Escrivá se limitan a afirmar que "en estos momentos se está trabajando con las comunidades autónomas para hacer más reconocimientos de oficio", pero el presidente de la Asociación Víctimas del Paro, Joaquín García, asegura que el número de solicitudes aprobadas es ínfimo e incluso pone en duda que los beneficiarios de oficio hayan ingresado una segunda nómina.

En cualquier caso, las cifras que expone el Instituto Nacional de la Seguridad Social a través de la Oficina de Transparencia dejan un balance desolador: en 53 días (entre el 15 de junio y el 7 de agosto) se aprobaron 3.966 solicitudes, lo que supone apenas 75 por jornada para un total de 50 provincias, es decir, 1,5 solicitudes al día por cada provincia. Este ritmo, denuncia García, "puede provocar rechazos de solicitudes por silencio administrativo y que personas que cumplen los requisitos se vean obligadas a volver a solicitar el subsidio", toda vez que se ha dado un plazo de 90 días para responder a las peticiones. "Los hogares sin ingresos no pueden esperar tanto tiempo, aunque luego les paguen con carácter retroactivo", advierte el responsable de la AVP.

El Ministerio garantiza que las solicitudes se están tramitando a la mayor velocidad posible gracias al esfuerzo de la plantilla, si bien los funcionarios denuncian la falta de medios materiales y humanos para abordar la carga de trabajo extra que está suponiendo esta gestión. Hace ya semanas que los sindicatos de empleados públicos alertaron del colapso de los expedientes, como se advirtió en estas páginas, donde el responsable nacional de CSIF en la Seguridad Social, José Manuel Moreno, denunciaba un "importante atraso" en la tramitación por la "carga abrumadora de trabajo", no sin recordar que el INSS cuenta con una plantilla de apenas 10.617 efectivos y solo tres cuartos son gestores con competencias para tramitar prestaciones.

El personal de la Seguridad Social tiene ahora que sumar a sus tareas habituales la gestión del IMV, que supone entre 40 y 45 minutos por solicitud, según han tasado en CSIF, lo que está provocando a su vez atrasos en los trámites de otros expedientes, incluidas altas de pensiones de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidades, etc. El colapso que describen los funcionarios ha llevado a los sindicatos a pedir el refuerzo de 1.000 interinos para el Instituto Nacional de la Seguridad Social y otros 250 para la Tesorería General y en estos momentos están pendientes de la resolución de Hacienda. Hace unos días el mismo Escrivá admitía que la plantilla atraviesa una "situación muy difícil" por la falta de personal y el exceso de trabajo y adelantaba que el Gobierno prepara ya un refuerzo adicional con la incorporación de 550 nuevos funcionarios con plaza fija en 2021.

Pero el atasco en la gestión de esta novedosa y compleja ayuda pública no se está produciendo solo en el INSS. Escrivá tuvo que recurrir a la contratación de trabajadores externos, a través de una encomienda de gestión a la empresa pública Tragsatec (Tragsa), que aportó unos 500 efectivos para la gestión de las solicitudes y en torno a 200 teleoperadores adicionales para atención telefónica a los interesados en percibir esta ayuda. Empleados que han participado en esos trabajos, sin embargo, denuncian retrasos en los trámites desde el inicio del proceso, con expedientes paralizados por la complejidad de las casuísticas particulares de las familias, los requerimientos de información no aportada o los procesos de clasificación previa al envío del papeleo al INSS, quien finalmente es responsable de tomar la decisión sobre la aprobación o rechazo de la prestación.

Orden interna para retrasar sin motivo las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital

Un extrabajador de Tragsatec denuncia que les obligaban a registrar los expedientes como pendientes de información pese a cumplir todos los requisitos. Fue despedido al poco de negarse

Solicitar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una verdadera carrera de obstáculos entorpecida aún más por la burocracia. Ante el colapso administrativo que suponía la gestión de una nueva prestación, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones decidió subcontratar a Tragsatec, filial de la empresa pública Tragsa, para ayudar a tramitar la avalancha de solicitudes que ya estaban llegando. El valor del contrato asciende a 7,6 millones de euros, destinados a contratar a 500 tramitadores en régimen de teletrabajo durante cuatro meses y proporcionar asistencia telefónica para los solicitantes. Según confirma uno de estos tramitadores, el método de clasificación impuesto por Tragsatec solo dilata el cobro de esta prestación para los pocos que consiguen acceder a ella -apenas 6.000 personas, más 74.000 que la recibieron de oficio-. “Lo grave es que no hacen clasificar expedientes ‘Conformes’ como ‘Requeridos’”, señala la fuente consultada por LA RAZÓN, aunque estos tengan toda la información correcta y entregada a tiempo.

Frente a las ocho o nueve clasificaciones iniciales utilizadas por la Seguridad Social, los tramitadores recibieron órdenes internas de Tragsatec para reducir estas categorías solo a tres: “Iniciado”, “Paralizado” o “Requerido”. “Un expediente en ‘Requerido’ está pendiente de que se envíe una carta de requerimiento de información que se adjuntaba en una base de datos junto a toda la información que teníamos de ese expediente o que habíamos recabado de ese expediente”, explica el extrabajador contratado por Tragsatec. El problema llega cuando “lo que está ‘Conforme’ lo clasificas mal'”, como ‘Requerido'”, denuncia, Esto deja en un “limbo” los expedientes de solicitantes que cumplen todos los requisitos para recibir el IMV y lo esperan con urgencia.

Se podría pensar que este era el plan inicial y fue concebido como un método que aspiraba a ser eficiente. Sin embargo, la fuente entrevistada afirma que este método de clasificación no aparecía en ninguno de los cuatro manuales formativos, “fue una orden interna”. Efectivamente la decisión fue comunicada a los tramitadores por email de la siguiente forma: “Estados que deben aparecer en el Checklist Campo Estado Tragsatec: Iniciado, Requerido (tanto si hacemos la carta de requerimiento como si hemos comprobado que la documentación aportada es la correcta y o falta nada) y Parado. Por favor, nosotras no vamos a poner otros estados”. Ante el perjuicio que esta clasificación ocasionaría a los solicitantes, el entrevistado decidió no hacerlo “por objeción de conciencia” y a los pocos días fue despedido.

El ambiente de trabajo era “vertical, muy autoritario y no había buena comunicación”, explica el extrabajador. Proponer otros métodos de clasificación o consultar dudas eran percibidos como faltas de respeto. Por ejemplo, una de las principales dudas al principio era si elegir la dirección del DNI o de la solicitud. El certificado de empadronamiento era otro foco de confusiones. En algunas provincias se pedía, en otras no, algunos aparecían como empadronados con otras personas, pero en la solicitud decían estar solos. “Nuestra superior nos decía que no le viniéramos con dudas existenciales”, declara. “Todos estábamos muy preocupados y agobiados. Antes de que me echaran tres personas de un equipo de 10 se habían autocesado”, añade.

La actitud altiva no iba respalda por una sólida experiencia. “Fue de vergüenza, los jefes de equipo nos decían que les íbamos a acabar enseñando nosotros”, explica el entrevistado. Su formación consistió en unos vídeos de los jefes de equipo de Tragsatec y un representante de la Seguridad Social donde se daban pequeñas nociones y que no quedaban registrados para poder verlos después. “Los jefes de equipo ni se enteraban ni contaban con formación específica”, apostilla. Para colmo, los manuales que recibieron llegaron a tener hasta cuatro versiones y “no tenían información suficiente”. El material también escaseaba. “Nos mandaron a casa un ordenador y dos pantallas, pero ni bolígrafos, papel o impresora”, añade el extrabajador.

“Nosotros clasificábamos los expedientes, contrastábamos la información con bases de datos no autorizadas a personal funcionario y adjuntábamos capturas de pantalla junto al expediente de esta persona para que a posteriori se pudiera cotejar”, explica el entrevistado en cuanto a las funciones desempeñadas por los tramitadores de Tragsatec.”Nos exigían hacer 10 al día. Al ritmo de un funcionario experimentado se debe tardar 45 minutos por solicitud, pero nosotros llegábamos a tardar hasta hora y media”, confiesa el tramitador. Esto hacía que lo que sobre el papel era una jornada de siete horas y media en realidad duraba 10 u 11 horas. Las horas extra no figuraban por ningún lado y el sueldo bruto mensual superaba por poco el Salario Mínimo Interprofesional (950 euros). Si se hacen las cuentas, a pesar de no recibir apenas formación ni material, el coste total en salarios ronda los 2.000.000 euros durante los cuatro meses de contrato, mientras que Tragsa ha recibido 6,13 millones de euros para contratar tramitadores y 1,47 millones más para ayudar con la asistencia telefónica.

Desde la Secretaría de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras (CC OO) confirman que reciben no una, sino muchas quejas de trabajadores individuales y de la sección sindical de CC OO en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Todos ellos denuncian que la gestión de los expedientes de solicitud de IMV está dejando mucho que desear, por “lenta” y “muy farragosa”, ya que Tragsa no valida las solicitudes sino que solamente las tramita. Es decir, es un mero intermediario que prolonga el proceso gestión. “La gestión del IMV, efectivamente, está siendo muy lenta al ser un proceso laborioso por los requisitos a cumplir y porque, además, se sufre una insuficiencia de medios humanos y materiales. Es evidente que hay que reforzar plantillas. Recuerdo que la Seguridad Social se dio tres meses de margen para resolver las solicitudes, plazo que puede resultar difícil de cumplir sin más medios”, alerta Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CC OO.

Fuentes oficiales de Tragsa argumentan que la nomenclatura utilizada para la clasificación sirve para enviar el expediente a una revisión posterior y control de calidad e insisten en que “baja ningún concepto paraliza o ralentiza el proceso”. Posteriormente, llega a la Seguridad Social y es un funcionario quien lo tramita. La validación es función que siempre queda en “manos de los funcionarios del INSS”, insiste la Seguridad Social. La función de Tragsa según la Seguridad Social es agilizar la gestión.

Sociedades mercantiles inexistentes

En Cádiz, a un matrimonio con cinco hijos que sufre pobreza severa también le ha sido denegado el IMV por ser administradores de una sociedad mercantil que nunca ha existido. Esta familia solo ingresa 1.470 euros cada seis meses por sus hijos y residen en una vivienda de alquiler social. Debido a su delicado situación, el ayuntamiento de su zona les ayudó a solicitar el IMV. Sheila, madre de esta familia, cuenta como varias familias han recibido este mismo mensaje en la noche de ayer, aunque cada uno con su código personal: «Nadie sabe de dónde sale y al llamar a la Seguridad Social solo nos dicen que es lo que consta en la Agencia Tributaria». La Asociación Víctimas del Paro hará una comprobación con la Seguridad Social “ya que a muchos solicitantes les ha llegado este tipo de mensaje. No sabemos si es un error de la Seguridad Social o alguien está enviando spam con extrañas intenciones”, denuncia su presidente, Joaquín García.

Un mes de respiro para Lola gracias a la Cruz Roja

La espera y los errores tienen graves consecuencias para los solicitantes del IMV. Lola Gabarre se quedó en la calle el pasado sábado a la espera de recibir esta prestación que le fue denegada, pese a estar recibiendo ayuda y alojamiento de Servicios Sociales. El motivo es que hace cuatro años se empadronó en un piso compartido en el que no reside y cuyos integrantes sí tienen ingresos. Por el momento, la Cruz Roja se ha ofrecido a pagarle una habitación durante un mes y el 28 de agosto Servicios Sociales le ayudará a reclamar el IMV.

"Es más fácil conseguir cita para el Ingreso Mínimo Vital con la güija que por teléfono"

Más allá de las peleas parlamentarias y de los pulsos políticos, aquí fuera, en barrios como éste de Carabanchel en Madrid, la teoría se convierte en algo tangible y concreto. Cobrar o no el Ingreso Mínimo Vital (IMV) puede marcar la diferencia entre tener un techo y comida y no tenerlo. Entre salir adelante y estancarse.

"Pero en muchos casos el Ingreso Mínimo Vital no es suficiente", señalan las personas que han organizado protestas en diversas ciudades del país exigiendo una Renta Básica de Emergencia y una mayor disposición del Ministerio de Seguridad Social de Escrivá.

"Tienen que contratar a más trabajadores para agilizar los trámites, esto es una agonía", se queja José Manuel Ruiz, sin trabajo desde enero, integrante de la Asociación de Desempleados.

"Llevo desde julio esperando el IMV y todavía no me han dicho nada, está en estudio", explica Enrique Castro, integrante de Marea Básica y participante en la protesta celebrada este martes frente a la sede de la Seguridad Social de Carabanchel, una de las seis convocadas en Madrid. "No podemos seguir en la exclusión", señala.

La gestión del Ingreso Mínimo Vital está generando reacciones diferentes en el seno del propio Ejecutivo. Ante las protestas de personas afectadas, el vicepresidente segundo Pablo Iglesias ha indicado en más de una ocasión que su trámite debería ser agilizado. Por su parte, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, califica de éxito que se hayan concedido ayudas a 90.000 hogares, tras analizar 350.000 peticiones de las 900.000 recibidas. Aún así ha anunciado que se incluirán "simplificaciones y mejoras" y asegura "un acelerón muy fuerte en la segunda quincena de septiembre".

Los colectivos involucrados en las protestas se quejan de que esas ayudas concedidas "solo representan el diez por ciento de las solicitudes presentadas" y alertan de que las esperas que ha habido hasta ahora, "de hasta tres meses y sin saber en ningún momento si te darán la ayuda o no", son insostenibles para muchas familias necesitadas.

Alicia Sanz vive con su hija en un piso de alquiler y lleva sin trabajo desde el inicio de la pandemia. "Y sin ingresar nada, porque me cambié de trabajo por decisión propia, iba a buscar otro, pero justo llegó el confinamiento. Tuve mala suerte. Así que no tengo subsidio de desempleo, nada", comenta.

Su casero quiere echarla, le ha dado de plazo hasta el 31 de octubre. "Le he dicho que estoy esperando el Ingreso Mínimo Vital, lo pedí en julio, se supone que el plazo máximo para contestarte desde la Administración son tres meses, pero temo que en tres meses me digan ‘uf, estamos hasta aquí, seguimos sin suficientes trabajadores para tramitar las solicitudes".

Mientras tanto, ha ido pidiendo dinero prestado, "diez euros aquí", "quince allá, para ir dándole algo al casero". Sigue buscando trabajo y ha echado "varios currículum sin fecha de nacimiento, porque dónde vas siendo una señora de más de cincuenta".

"Europa establece un umbral digno, España no lo cumple"

Precisamente este martes se agotaba el periodo máximo establecido inicialmente para tramitar las solicitudes presentadas hace tres meses, cuando se abrió el plazo. Ante el atasco en la gestión, la Seguridad Social ha anunciado una ampliación hasta diciembre.

Quienes esperan una respuesta lo hacen "con incertidumbre, a ciegas y sin saber cuándo recibiremos algo, si es que lo recibimos, porque existe lo que se llama el silencio administrativo: si al finalizar el plazo no te han dicho nada, es un no, y entonces empezarían las reclamaciones en los tribunales de lo social", explica en la concentración convocada en la calle Serrano de Madrid Hontanares Arranz, de Marea Básica.

"De hecho, es lo que iba a ocurrir ahora: ante la cantidad de gente que no ha recibido respuesta, los tribunales de lo social se iban a atascar con reclamaciones, por eso han tenido que prorrogar", añade.

José Luis Yuguero, de la Red de Solidaridad Popular Latina-Lucero, lo cuenta con ironía: "Es más fácil conseguir cita previa para el Ingreso Mínimo Vital con la güija que a través del teléfono habilitado para ello".

Tanto él como todos los integrantes de la Plataforma RMI Tu Derecho, integrada por diversos colectivos y asociaciones, apelan "a la Carta Social Europea, que establece un umbral mínimo de 740 euros, pero aquí tienen a gente cobrando menos de 500 euros al mes, España está incumpliendo y nosotros no llegamos a fin de mes", denuncia Castro.

Enmiendas enviadas a todos los grupos parlamentarios

Desde la Plataforma se ha presentado a todos los grupos parlamentarios una serie de enmiendas que hacen hincapié en la necesidad de eliminar filtros que "dejan a muchas personas demandantes fuera" y que "convierten la solicitud en una auténtica yincana".

"Solicitamos que la gente de 18 a 23 años, ahora excluida, tenga derecho a pedir este ingreso. Pedimos también que varíe la exigencia de estar empadronado al menos un año en el mismo lugar, porque eso es bastante incompatible con la gente que habitualmente necesita esta ayuda, gente que está en la pobreza extrema y vive a veces de prestado, esta semana en casa de la hermana, la próxima en la habitación de un amigo, y así tiran", explica Hontanares.

"Otra de las condiciones para que una persona sola pueda acceder al IMV es que haya trabajado doce meses en los últimos tres años. Mucha gente en exclusión social no cumple ese requisito", señala Enrique Castro.

La gestión del IMV no es el único trámite con obstáculos. Los colectivos movilizados denuncian que hay colapso en las solicitudes de las ayudas a desempleados mayores de 52 años, en las bajas por paternidad o en las incapacidades laborales.

José Manuel es mayor de 52 años, está sin trabajo desde enero, vivió el confinamiento con una hernia discal, ha tenido que trasladarse a casa de su hermana, también desempleada, y corren el riesgo de ser desahuciados. "No recibimos ingresos y nos enfrentamos a demasiadas trabas burocráticas para pedir ayudas", lamenta.

Para alguien como él, cualquier gestión se complica. Ya no puede pagar el teléfono, así que tiene que hacer las solicitudes de forma presencial. Pero sin cita previa -que se gestiona por teléfono- no es posible. "Así que yo venga a llamar por teléfono como puedo todos los días, pero que te lo cojan es un milagro".

Javier Baeza, párroco de Entrevías y presente en la concentración convocada en la calle Serrano de Madrid, lo explica así: "Es un sortilegio de dificultades. Para colmo, aquí la Comunidad de Madrid envió una carta diciendo a todos los que cobraban la Renta Mínima de Inserción (REMI) que tenían diez días para solicitar el Ingreso Mínimo Vital o si no, se les extinguiría la REMI. Solo en la parroquia ayudamos a tramitar en diez días 70 solicitudes".

Las oficinas de Correos también se han convertido "en una especie de registro público más", ya que algunas operaciones por Internet exigen posteriormente imprimir la solicitud y enviarla por correo. “Por eso hay tantas colas a las puertas de Correos. Y te cobran tres euros y medio por enviar los papeles, estamos nosotros como para tres euros”, bromea José Manuel con cierta amargura.

Son diversos los barrios en los que asociaciones y colectivos se han organizado para ayudar a la gente a hacer sus trámites. "Hay colas diarias. Los casos de pobreza son un goteo constante, es como cuando te meten en el hospital y te ponen el gota a gota: constante, constante, gente que va a ser desahuciada, gente que necesita alimentos", indica Ana Isabel de Marea Básica.

Guillermo Escobar, profesor en la Universidad de Alcalá, es uno de los redactores de las enmiendas enviadas a los grupos parlamentarios. Algunos les han respondido, otros no. "El Gobierno basa el planteamiento de su ley en el derecho de la Constitución a la Seguridad Social: prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad. Pero estas prestaciones no son suficientes, no están cumpliendo el mandato constitucional", indica Escobar.

Por eso la Plataforma solicita una Renta Básica de Emergencia, "inmediata, que no precise de tantos trámites y que el próximo año ya Hacienda reestructure y revise, pero sin los filtros actuales que dejan fuera a muchas personas que realmente necesitan urgentemente una renta digna", dice Hontanares. "España tiene que reordenar su sistema de protección. Solo se han concedido el diez por ciento de los IMVs solicitados, una cifra claramente insuficiente".

Los colectivos involucrados en estas demandas tienen intención de repetir protestas como las celebradas este martes en Madrid, Córdoba, Mérida, Badajoz, Zaragoza, Teruel, Valencia, Lleida y Valladolid.

"La importancia de no sufrirlo en silencio"

"Si hay que plantarse con una silla en la calle, se hace, y que sepa todo el mundo que estás pasando hambre, por mucha vergüenza que te dé. No puedes invisibilizar tu sufrimiento. Lo que más me preocupa de la crisis es la vecina que se queda sola en casa con el problema. Por eso la pelea en la calle es importante", indica Javier, integrante de Stop Desahucios.

Justo cuando finaliza la protesta frente a la sede de la Seguridad Social de Carabanchel, un funcionario sale a la puerta:

"A ver, alguien con cita previa, por favor", dice a las once personas que llevan esperando un buen rato para poder entrar y ser atendidas.

Solo una levanta la mano. Las demás, sin cita previa, comienzan a hablar a la vez, con preguntas y quejas.

"Calma, por favor, de una en una, paciencia", contesta el hombre.

"El hambre no desaparece teniendo paciencia", murmura una mujer.

Ana pide el Ingreso Mínimo Vital y le dan 14 euros al mes

En Buenos Días Madrid hemos 'viajado' a Ronda, la localidad malagueña donde vive Ana María Quijada, que tiene una historia peculiar.

Ana está en paro y tiene a su cargo a su hija de 15 años. Su situación económica es complicada y la crisis del coronavirus no está ayudando a encontrar soluciones.

Por eso solicitó el Ingreso Mínimo Vital que el Gobierno aprobó la pasada primavera y la sorpresa que ha tenido no ha podido ser más desagradable: le ha llegado una carta que le adjudica 14 euros al mes.
No da crédito todavía y nos ha contado su historia en Telemadrid.

El Ingreso Mínimo de Sánchez e Iglesias a una madre con 3 hijos: 18,09 euros al mes​

El Ingreso Mínimo fue anunciado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias como el gran «escudo social» frente a la pandemia. El bálsamo que iba a evitar que «nadie quedase en el camino». Y ese escudo social hoy es capaz de pagar 18,09 euros al mes a una madre con tres hijos y sin más ingresos que los pagos por alimentos que le realiza su ex pareja. OKDIARIO publica el documento oficial con el que la Seguridad Social ha ordenado el pago a esta madre, que prefiere mantenerse en el anonimato, y que recoge con plena claridad el importe asignado de forma mensual por una cuantía de 18,09 euros.

Con ese pago, teóricamente, esta madre debería salir a flote, comer, vivir, pagar su vivienda y soportar todos los gastos suyos y de sus tres hijos, a excepción de la parte de manutención que le paga su ex pareja.

Esos pagos de su ex pareja ascienden a 525 euros en el momento actual -por los tres- y han llegado a ser menores por la estancia de uno de ellos con su padre. En aquellos meses, no tan lejanos, los pagos que recibía la madre para el mantenimiento y alimentos de los dos hijos se reducían a 350 euros. Pero, evidentemente, esos pagos van ligados obligatoriamente a los hijos y vinculados al acuerdo de reparto de cargas económicas en el mantenimiento de los descendientes tras una separación.

Y eso es todo. A partir de ahí, tal y como puede apreciarse en el documento que hoy publica este diario, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través precisamente de la Seguridad Social y, en este caso, de la Dirección Provincial de Murcia, ha decidido que “la cuantía que le ha sido reconocida” es de 18,09 euros al mes. Un importe que refleja la realidad, al menos para una parte de la población, del trasfondo de eso que Sánchez e Iglesias denominaron como ‘Ingreso Mínimo Vital’.



La madre en cuestión, cuyas primeras siglas responden a las letras S. G., pudo leer al recibir esta carta como, el mismo organismo que anunciaba a bombo y platillo sus planes para evitar caer en la pobreza en pleno Covid-19, asignaba semejante pago y le remitía a “una reclamación a la Dirección Provincial” en caso de “no estar conforme”.

La pomposa misiva incluía, de este modo, el siguiente texto: “El/la director/a del Instituto Nacional de la Seguridad Social ha resuelto aprobar su solicitud de prestación de ingreso mínimo vital según se indica al pie de este escrito. La cuantía que le ha sido reconocida se actualizará con los datos tributarios definitivos del ejercicio correspondiente, en el momento que se dispongan de los mismos. Si tiene alguna duda puede llamar a los teléfonos de atención 900 20 22 22 ó 901 16 65 65, y si precisa de una atención más personalizada puede solicitar cita en el teléfono 901 10 65 70 para ser atendido en el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social”.

La carta añade: “Si no está conforme con esta resolución, puede presentar en la Dirección Provincial una reclamación previa a la vía jurisdiccional en el plazo de 30 días hábiles contados desde el día siguiente al de recibir esta notificación”.

El Ingreso Mínimo Vital que ideó Pablo Iglesias -y que está ejecutando José Luis Escrivá- lo han cobrado 400.000 personas hasta noviembre, a pesar de que la medida se aprobó en mayo y en ese momento el Gobierno estimaba, como recoge la referencia del Consejo de Ministros del pasado 29 de mayo, que sería el principal y único sustento de 2,3 millones de personas.

Se trata de un ejemplo sangrante que ilustra la realidad del Ingreso Mínimo Vital. Porque, hasta el momento, la realidad es que sólo se benefician de él el 17% de las personas sin recursos que estimaron Pablo Iglesias y José Luis Escrivá durante el primer estado de alarma, cuando la medida se vendió como el gran salvavidas de las personas más desfavorecidas del país.

A pesar de que las cifras son reveladoras, y el documento que hoy publica este diario directamente llega al grado de sarcasmo, Israel Arroyo, secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, explicó el pasado miércoles que las modificaciones realizadas en el texto del Decreto sobre el Ingreso Mínimo Vital están, a su juicio, «funcionando».

Pero la realidad es que, hasta el momento, se han beneficiado 150.000 hogares, según los propios datos oficiales difundidos por Arroyo, muy lejos de los 850.000 que anunció el Gobierno en su día.

Arroyo compareció este pasado miércoles en la Comisión de Trabajo del Senado. En su comparecencia, tras las duras críticas del Partido Popular y de la senadora María Mercedes Fernández, el número dos del Ministerio de Escrivá se justificó alegando que el Ingreso Mínimo era un proyecto de legislatura que se activó en sólo tres meses por la pandemia.

También desmiente el alto cargo del Gobierno socialcomunista que se haya suprimido la exigencia de ser demandante de empleo, aunque lo cierto es que en varias prestaciones, según documentos de su propio ministerio y las afirmaciones de empleados del propio SEPE, sí se ha hecho.

Los sindicatos afirman por activa y por pasiva, además, que es imposible hacer frente a un alto volumen de pagos como el que tienen que hacer y, además, vigilar que se cumplen las exigencias aparejadas para los beneficiarios.

Una de las cuestiones más preocupantes -que revelan el caos en la gestión de esta prestación que para el Gobierno es la clave para acabar con la pobreza- es el baile de cifras desde que se anunció. Lo que deja entrever que, más allá de una medida social, también se cuela en la gestión del ingreso mínimo la pura propaganda.

Por ejemplo, en mayo desde el Gobierno llegaron a hablar de 2,3 millones de beneficiarios.

Por otro lado, el número de hogares beneficiarios se ha modificado ya 3 veces en 6 meses. Inicialmente Pablo Iglesias calculó que los hogares a los que su medida llegaría sería de 850.000 personas, aunque José Luis Escrivá rebajó este cálculo a 500.000 personas el 7 de octubre, admitiendo que «es posible que la foto de 850.000 fuera demasiado optimista o no». Sin embargo, en el Plan Presupuestario para 2021 enviado a Bruselas cifraba días después otra vez en «850.000 familias» los supuestos beneficiarios.

En la actualidad son 150.000.

El Gobierno estudia relajar los niveles de renta y patrimonio para conceder el Ingreso Mínimo Vital​

El Gobierno está estudiando la posibilidad de relajar los niveles mínimos de renta y patrimonio para conceder el Ingreso Mínimo Vital (IMV), ya que le ha sorprendido el elevado número de personas que la han solicitado y a las que se les ha denegado por no cumplir esos requisitos.

"Estamos haciendo una evaluación para ver si estamos siendo demasiado estrictos en los niveles de renta y patrimonio", ha admitido el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, este lunes, debido a que al Ministerio le ha sorprendido que muchos de los solicitantes rebasan los límites de renta y patrimonio fijados para poder recibir esa prestación.

Escrivá ha afirmado que el objetivo inicial del Ejecutivo era llegar a 850.000 hogares compuestos por 2,3 millones de personas, pero ha insistido en que nunca se señaló en qué plazo se llegaría a ese nivel.

Hasta la fecha, la Seguridad Social ha recibido 1,2 millones de solicitudes de las que, según el ministro, se han revisado el 70%. La cifra parece demasiado alta si se tiene en cuenta que a cierre de octubre, todavía había dos de cada tres peticiones en un cajón, como contó Vozpópuli.

Concentración ante el Ministerio​

Del más de millón de personas que han pedido la renta mínima, en la actualidad un total de 160.000 están cobrando la prestación.

Este mismo martes, 15 de diciembre, la organización Renta Mínima de Inserción (RMI) Tu Derecho ha convocado una concentración a las once de la mañana ante el Ministerio de Seguridad Social para protestar porque esta ayuda no ha llegado a quienes más lo necesitan.

El Gobierno estudia relajar los niveles de renta y patrimonio para conceder el Ingreso Mínimo Vital

Admite haberse sorprendido porque se ha tenido que denegar la prestación a muchos solicitantes por no cumplir estos requisitos

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El Gobierno reforma el ingreso mínimo vital para que puedan pedirlo quienes compartan piso por falta de ingresos​

Novedades para intentar que el ingreso mínimo vital termine de arrancar. Tal y como adelantó 20minutos.es, el Consejo de Ministros de este martes aprobó varias reformas en la prestación que facilitarán su concesión, entre ellas una que permitirá que puedan solicitarla personas que se ven obligadas a compartir piso con otras por falta de ingresos, o que, como consecuencia de un desahucio, tienen que irse a vivir con familiares.

Así lo anunció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, cuyo departamento también está estudiando reducir los requisitos de renta para que puedan acceder al ingreso mínimo vital familias que se han quedado fuera por muy poco. De esta forma, dejan de considerarse unidades de convivencia a las personas que comparten piso sin tener relación familiar o afectiva para evitar que puedan ver rechazada su solicitud por vivir en un piso con más perceptores del ingreso mínimo.

En la misma línea, también se elimina el límite de dos perceptores del ingreso mínimo vital por domicilio apenas unos meses después de que se elevara, ya que inicialmente solo se permitía pedir la prestación a uno de los miembros del hogar, aunque con cuantías crecientes en función del número de miembros. Con estas medidas se pretende que puedan acceder al ingreso mínimo personas que vivan compartiendo piso, en asentamientos irregulares o que no tiene hogar y duerme en albergues.

Para determinar que, efectivamente, en estos casos no hay una unidad familiar pese a que varias personas vivan bajo el mismo techo, se acepta la posibilidad de que los servicios sociales y algunas entidades puedan acreditar tanto esta cuestión como el cumplimiento de los requisitos de renta y patrimonio. Estos organismos podrán certificar que las personas en esta situación tienen derecho al ingreso mínimo.

PSOE y Unidas Podemos, además, han pactado presentar como enmienda al proyecto de ley de ingreso mínimo que se tramita en el Congreso una modificación del texto que permitirá que se utilicen los ingresos de los meses transcurridos durante el año en curso como criterio para conceder el ingreso mínimo. Hasta ahora, la ley establece que se tomen como referencia los ingresos del año anterior a la solicitud, aunque provisionalmente se está utilizando como criterio los ingresos de los meses anteriores a la solicitud, para cubrir a las personas afectadas por la crisis de la Covid-19.

El umbral de renta para el Ingreso Mínimo tendrá en cuenta a los menores tutelados al cumplir 18​

El Alto Comisionado para la Pobreza Infantil, José Ernesto Gasco, ha anunciado este miércoles en el Congreso que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, tiene previsto modificar próximamente el umbral de renta para las solicitudes al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y tendrá en cuenta a los jóvenes que han sido extutelados por el Estado y que han perdido esta tutela al cumplir la mayoría de edad.

Gasco ha comparecido, a petición propia, así como por solicitud de PP, Ciudadanos y PSOE, ante la Comisión de derechos de la Infancia y la Adolescencia de la Cámara baja, para explicar las líneas de actuación de su departamento.

En la sesión, el Alto Comisionado ha sido cuestionado por las portavoces de PP y Ciudadanos en esta comisión, María de la O Redondo y Sara Giménez, respectivamente, en relación a la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital que, según han criticado ambas, no ha llegado a los objetivos de cobertura que se había puesto el Ejecutivo.

En este sentido, Gasco ha defendido el IMV como una "medida histórica" y "ambiciosa" que ha permitido mejorar la vida de muchos menores en situación de pobreza en España. En su intervención, ha analizado esta prestación con "perspectiva infantil", según él mismo ha señalado.

Así, ha destacado que de las 14 tipologías de unidad convivencial que recoge el IMV, 10 tienen en cuenta la presencia de niños y adolescentes; que casi 3 de cada 4 de los algo más de los 210.000 hogares que ya perciben la prestación tienen hijos entre sus miembros; y que de las casi 500.000 personas que se benefician de este ingreso, el 44% son menores.

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Del mismo modo, ha destacado "la mejora" que, a su juicio, han visto estas familias que, con anteriores ayudas recibían "unos 49 euros al mes por hijo a cargo"; mientras que la cuantía media con el IMV es de "unos 460 euros al mes por hijo". "Será suficiente o insuficiente, pero sí es un salto para aquellas personas que lo perciben", ha declarado.

Gasco ha reconocido que "comparte" la "preocupación" de la oposición por la aplicación de esta prestación que, por el momento, y tal y como denunciaron PP y Ciudadanos, no está llegando a todos los hogares que lo necesitan.

Ante esto, el comparecuente ha indicado que, igual que ocurrió en septiembre, el Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones anunciará próximamente cambios en el IMV "para llegar a más familias".

En concreto, se ampliará el umbral de renta para las solicitudes, para llegar a la "pobreza infantil moderada" y no solo a la "severa", como ahora; y se tendrá en cuenta a los menores que están tutelados hasta 18 años, "porque es un compromiso internacional" que ha contraído España, y que, cuando son mayores de edad "salen a la calle con una mano delante y otra detrás".

"Imagínense que todos los padres dejaran a sus hijos a los 18 años buscarse la vida. Dónde estaríamos", ha señalado Gasco.

El Gobierno espera una avalancha de peticiones del Ingreso Mínimo Vital​

El Gobierno se prepara para recibir un aluvión de llamadas para solicitar el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Es la conclusión que se desprende de la licitación que acaba de lanzar. Busca un proveedor para la gestión del teléfono gratuito (900202222) a través del cual se presta atención a los interesados en acceder a esta ayuda.

La previsión, según el pliegue de requisitos, multiplica por cuatro la previsión de llamadas respecto al año pasado. "Se requiere el servicio con continuidad sobre el actual número de red inteligente 900202222, realizando la portabilidad necesaria en su caso, para la recepción de las consultas de los ciudadanos sobre la nueva prestación del Ingreso Mínimo Vital (IMV). La duración del contrato se establece entre el 1 de julio de 2021 o fecha de inicio de prestación del servicio y el 30 de septiembre de 2021. La volumetría estimada de llamadas, que en ningún caso constituye un compromiso de volumen mínimo, es de 2.250.000 minutos mensuales", establecen los pliegos de la licitación, consultados por Vozpópuli.

El contrato tendrá una duración de tres meses, concretamente desde el 1 de julio del presente año hasta el 30 de septiembre. Por tanto, durante ese periodo el Ejecutivo de Pedro Sánchez prevé un mínimo de 7,75 millones de minutos mensuales de tráfico referente al IMV. Si se comparan estos datos con los de la primera licitación, el incremento en el interés de la población por el IMV queda más que patente, lo que evidencia la mala situación económica que vaticina el Gobierno.

La primera de estas licitaciones se lanzó para un periodo mayor, en concreto, siete meses (del 1 de junio de 2020 al 31 de diciembre de 2020). El Ejecutivo preveía entonces un total de 4 millones de llamadas para todo el periodo.

Esto supone una media de 571.000 llamadas mensuales, por los 2,25 millones de llamadas al mes que vaticina a partir de ahora. Es decir, en los últimos 12 meses el interés por informarse o solicitar el Ingreso Mínimo Vital se ha multiplicado por cuatro, siempre según los cálculos del Gobierno para esta licitación.

El proveedor elegido el año pasado para ofrecer el servicio fue Telefónica. El operador de telecomunicaciones realizó informes sobre el estado y volumen de llamadas gestionado que facilitó al Gobierno. A partir de esos y otros datos el Ejecutivo diseñó la presente licitación.

El gigante azul se embolsó por el primer contrato (como decimos de siete meses de duración) un total de 1,46 millones de euros. La última licitación tiene un precio de adjudicación de 373.000 euros. Esta diferencia en el precio se debe a las distintas condiciones de coste máximo por minuto fijadas por el Gobierno.

"El precio unitario máximo del minuto de llamada se establece en 0,120 euros, IVA no incluido. Considerando las volumetrías indicadas anteriormente el importe estimado del contrato es de 1.464.000 euros", asegura el pliego de condiciones lanzado el año pasado. La actual licitación refleja que "el actual precio de adjudicación del servicio es de 4,00 céntimos de euro por minuto. No existen costes imputables diferentes a este precio unitario y se factura por tráfico real cursado".

El Gobierno otorga el IMV a 260.000 hogares​

Más de 260.000 hogares, en los cuales viven 682.808 personas con unos 276.000 menores, reciben ya el Ingreso Mínimo Vital, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Según datos del Ministerio, el 61% de los hogares beneficiados (más de 160.000) cuenta con menores a cargo. De esta cifra, el 28% (73.301) son hogares monoparentales y un 33%, (87.403) son hogares no monoparentales con menores.

El Ingreso Mínimo Vital garantiza un nivel de renta mínimo. Su umbral varía en función del tipo de hogar y los ingresos preexistentes, si existen, con excepción de las rentas mínimas de las comunidades autónomas.

El umbral de renta garantizada está entre los 470 euros al mes -lo mismo que una pensión no contributiva- para un hogar unipersonal, y asciende a 1.033 euros al mes para unidades de convivencia formadas por dos adultos y tres o más menores, o tres adultos y dos o más menores, o por cuatro adultos y un menor.

La filósofa argentina Roxana Kreimer rechaza en un reciente vídeo algunas de mis críticas contra la renta básica universal. En este vídeo doy réplica a sus argumentos.

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