El Gobierno podrá cerrar webs sin tener autorización judicial: así se recrudecerá la "Ley Sinde"

Rosalía

Queen of the Goddesses
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25 Nov 2010
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#1
La Ley de Propiedad Intelectual, o "Ley Sinde" como se le conoció popularmente en Internet en su día, sigue siendo fuente de polémica incluso más de siete años después de que fuera aprobada. Hoy mismo, y con el voto a favor de PP, PSOE y Ciudadanos, el Gobierno acaba de aprobar una modificación importante que elimina la figura del juez en el proceso del cierre de sitios web. De aprobarse también en el Senado, lo que por ahora parece un mero trámite, el Gobierno podrá cerrar una página sin necesidad de autorización judicial.

Un juez para "calmar" a los internautas en 2011

Cuando el Gobierno del PP aprobó en 2011 la Ley Sinde, uno de los aspectos más controvertidos fue el relativo al cierre y bloqueo de páginas web. En el texto se establecía un proceso en el que intervenía una Comisión (un órgano administrativo, la famosa Sección Segunda) y un juez. La Comisión dictaba una resolución y el juez la autorizaba o denegaba en base a si ésta vulneraba la libertad de expresión.

Es importante destacar que el juez no decidía si la página en cuestión era culpable o no de lo que la Sección Segunda le acusaba, y tampoco de las multas impuestas: eso era decisión del propio órgano administrativo. El magistrado tenía que pronunciarse tan sólo a favor o en contra del cierre en base a criterios de si éste vulneraba o no la libertad de expresión. Con este sistema se bloquearon páginas extranjeras en España, como The Pirate Bay, y también se cerraron algunas nacionales, como es el caso de Vagos.

Si bien el juez no tenía plena potestad y su capacidad de actuar estaba bastante limitada, sí que tenía que intervenir. Fue una "pequeña victoria" de los activistas online en una época, la del año 2011, en la que la Ley Sinde dio mucho que hablar y generó numerosas protestas, obligando al PSOE a recular ligeramente para hacer esta pequeña concesión.

Con la llegada del PSOE de nuevo al poder, se ha recrudecido en España la lucha contra las páginas de descargas. Prueba de ello es que la Sección Segunda (e insisto, no un juez) multó el pasado veranoa la web x-caleta.com con 375.000 euros por vulnerar los derechos de propiedad intelectual, en lo que supuso la primera multa del organismo. También, claro, llega ahora esta nueva modificación de la Ley.

Qué cambia ahora

El controvertido artículo 195 de la Ley de Propiedad Intelectual se modificará para incluir un nuevo caso (enmienda número 32 de este documento): si un "prestador de servicios de la sociedad de la información", como puede ser una página, web, comete "reiteración por segunda vez de actividades ilícitas", no será necesario que un juez ordene el cierre o el fin de la colaboración de otros prestadores de servicios, como pueden ser los alojamientos web o los servicios de publicidad.

El problema, como bien señala David Bravo, abogado experto en Propiedad Intelectual, es que es el propio órgano administrativo (la Sección Segunda) la que tiene todo el poder para definir, por ejemplo, lo que es una infracción y una reiteración. Ellos son los que deciden qué es una actividad ilícita y, por tanto, cuándo una actividad ilícita es reiterada y cuándo no es necesario que intervenga un juez:

"Por eso, cuando dicen que ven adecuado prescindir del juez 'en esta segunda autorización' dan a entender que ya se ha producido una primera en ese proceso cuando en realidad deberían decir más concretamente que no ven necesario autorización en ese segundo supuesto (reiteración en una infracción declarada por ellos mismos), pese a que obviamente sigue siendo necesario.

En el momento en el que es ese órgano administrativo el que va a decidir qué es una infracción, cuándo estaremos ante una reiteración y cuándo estaremos ante una reanudación de la infracción, resulta evidente que serán ellos mismos quienes decidirán unilateralmente estar en el supuesto denominado como "grave" que les permite saltarse el control judicial" (David Bravo)​

Es decir, tal cual está redactada la ley, no es necesario que haya habido una primera infracción y la aprobación de un juez para que la Sección Segunda tenga el poder de obligar al cierre de una web. Basta con que la Sección Segunda considere que hay infracciones reiteradas para que pueda saltarse por completo la necesidad de que un juez intervenga.

Basta con que la Sección Segunda considere que hay infracciones reiteradas para que pueda saltarse por completo la necesidad de que un juez intervenga
Javier de la Cueva, abogado especializado, coincidía también con David Bravo y calificaba la reforma de "barbaridad jurídica", además de explicar la controversia del nuevo texto con este ejemplo claro:

"Basta con calificar unilateralmente la presunta infracción como reiterada para que el procedimiento aplicable prescinda de la intervención judicial. De esta manera, queda en manos de quien hace el pliego de cargos en el procedimiento administrativo decidir también las garantías que existirán en el procedimiento posterior.

Ejemplo: Uy, estos son muy malos, califico como infracción reiterada -> No interviene juez. Bueno, estos son normalitos, califico como infracción -> Sí hay intervención judicial. (Javier de la Cueva)​

Y ahora qué

"Estas enmiendas culminan el proceso iniciado con la ley Sinde de apartar a los jueces de la facultad exclusiva de cerrar páginas web", explicaba a Xataka David Bravo cuando se comenzaba a hablar de la enmienda hoy aprobada por el Congreso. "Así culminan definitivamente lo de quitarse a los jueces de encima", añadía Bravo, que además señalaba que "esta misma propuesta de liquidar al completo el control judicial para cerrar webs es la que frenaron en 2011 porque era una píldora demasiado grande para nuestras tragaderas".

Para el Gobierno, la no necesidad de autorización judicial en caso de reiteración no es un problema "ya que este trámite es innecesario y retrasa los tiempos de la justicia y empeora la tutela judicial efectiva", según defienden.

Por ahora, el texto tiene que ser ratificado por el Senado pero todo apunta a que será un mero trámite (el PP tiene mayoría y además el apoyo de PSOE y Ciudadanos en esto) y a que entrará en vigor a comienzos de 2019.

El Gobierno podrá cerrar webs sin tener autorización judicial: así se recrudecerá la "Ley Sinde"
 

Rosalía

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#2
Qué implicaciones tiene y cómo puede afectarte el cierre de webs sin autorización judicial de la polémica ley Sinde

En 2011 no fue posible, pero en 2018 sí. Tres de los cuatro principales grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, PP, PSOE y Ciudadanos, han acordado la eliminación de la figura del juez en el proceso de cierre de una página web. Concretamente, no será necesaria una autorización judicial para cerrar sitios que incumplan reiteradamente la Ley de Propiedad Intelectual.

Así lo ha aprobado la Comisión de Cultura del parlamento español en la ponencia parlamentaria para la reforma de la también conocida como ley Sinde o ley Sinde-Wert. Un primer paso para su puesta en marcha siempre y cuando reciba el visto bueno del pleno del Congreso y la aprobación por parte del Senado, dos trámites que se dan por hechos teniendo en cuenta el amplio acuerdo político previo.

La victoria conseguida por los activistas en 2011 queda en papel mojado tras la eliminación de la tutela de la justicia en el cierre de páginas web introducida por esta reforma.

Fue en 2011 cuando el Gobierno de España, entonces en manos del Partido Popular, aprobó la actual Ley de Propiedad Intelectual. Esta legislación que partió en mandado socialista establecía previamente a su aprobación que no era necesaria la intervención de un juzgado a la hora de cerrar una página web en ciertos casos. Sin embargo, las protestas de activistas, usuarios y organizaciones hicieron recular al PSOE. De este modo, a pesar de que la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual dictaba los cierres, un magistrado debía ser el responsable de autorizarlos o denegarlos teniendo en cuenta si se vulneraba la libertad de expresión.

Ahora, en los próximos meses, siete años después de la aprobación de la ley, esta pequeña victoria de los activistas españoles pasará a la historia. Se podrán cerrar webs sin autorización judicial a partir de enero previo paso de esta reforma por el Senado.

¿Por qué razones se podrá cerrar una web sin autorización judicial?

La enmienda clave a la Ley de Propiedad Intelectual es la que se refiere al artículo 195, el que en la práctica eliminará la potestad que tendría un tribunal para tener la última palabra sobre una decisión de la famosa Sección Segunda, un órgano administrativo y, naturalmente, no judicial. Como sabíamos desde septiembre, deja claro que "no requerirá la autorización judicial".

"La ejecución de la medida de colaboración dirigida al prestador de servicios, con independencia de cuál sea su naturaleza, no requerirá la autorización judicial prevista en el artículo 122 bis de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa".​

No será necesaria una autorización judicial para cerrar sitios web que incumplan reiteradamente la Ley de Propiedad Intelectual.

Por tanto, dejamos atrás esa parte de la actual ley que dice que "la medida de colaboración dirigida al prestador de servicios de intermediación correspondiente exigirá de la previa autorización judicial" para renunciar a ella en cuanto haya "reiteración por segunda vez de actividades ilícitas". Ese será el motivo que se esgrimirá para poder llevar estos cierres al margen de la justicia o el fin de la colaboración de otros prestadores de servicios, como puedan ser las empresas de alojamiento o las plataformas publicitarias, por citar dos ejemplos.

Sobre esto, Carlos Sánchez Almeida, letrado especialista en estos asuntos, precisa: "Además de prescindir del juez, la censura prescinde de prestadores de servicios de publicidad, pago y hosting. Pueden ser sancionados si no colaboran, pero los dejan al margen del procedimiento, totalmente indefensos".

Servicios de publicidad, pago y alojamiento podrían ser sancionados si no colaboran con las medidas que decida tomar la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual.

No obstante, el problema para expertos en la materia como David Bravo, abogado especialista en Propiedad Intelectual, es que ese órgano administrativo de la Comisión de Propiedad Intelectual es el responsable de decidir qué es una actividad ilícita. La Sección Segunda será la encargada de decir qué práctica es constitutiva de una infracción que afecte a los derechos de autor y cuándo se está incurriendo en una reiteración. Y eso, sin ser jueces.

"Por eso, cuando dicen que ven adecuado prescindir del juez 'en esta segunda autorización' dan a entender que ya se ha producido una primera en ese proceso cuando en realidad deberían decir más concretamente que no ven necesario autorización en ese segundo supuesto (reiteración en una infracción declarada por ellos mismos), pese a que obviamente sigue siendo necesario", dice Bravo. Basta, por tanto, con que la Sección Segunda considere las infracciones reiteradas para evitar a los jueces tal y como establecerá previsiblemente la ley.

¿Cómo se podrá combatir un cierre?

Para el abogado Sánchez Almeida, esta reforma de la Ley de Propiedad Intelectual nace caducada. Como explica en conversación telefónica con Genbeta, las webs de descargas a las que podría afectar esta medida "se han ido a Canadá" u otros lugares. Sirva como ejemplo el estreno del Gobierno de Pedro Sánchez de las multas a webs de descargas: el administrador del portal sancionado era un ciudadano peruano residente en Lima y la Sección Segunda no pudo comunicarle de forma personal la apertura del procedimiento.

Pero si se diese el caso y esa famosa sección de la Comisión de Propiedad Intelectual decidiese el cierre de una web sin autorización judicial valiéndose de esta reforma legislativa, los responsables del sitio pueden recurrir. Porque "todo lo que son las decisión de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual son directamente recurribles ante la Audiencia Nacional", explica Carlos Sánchez Almeida.

Sánchez Almeida, abogado: "Todo lo que son las decisión de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual son directamente recurribles ante la Audiencia Nacional"

"En el supuesto de que no pidan autorización judicial lo que hay que hacer es una demanda contencioso-administrativa contra la Sección Segunda, sin perjuicio de otras responsabilidades", dice, para dejar un asunto claro: estos recursos "pueden ganarse en los tribunales".

De hecho, está convencido de que esta medida se va a volver en contra al Gobierno. "A la judicatura no le va a hacer gracia el tema de que se prescinda de ellos y, sobre todo, se prescinda del artículo 20 apartado 5 de la Constitución, que dice que no se puede secuestrar ningún tipo de publicación sin orden judicial. Cualquier web es por definición una publicación. Es por eso que este asunto, antes o después, será tumbado en tribunales".

Qué implicaciones tiene y cómo puede afectarte el cierre de webs sin autorización judicial de la polémica ley Sinde