El Gobierno obliga a que las plataformas de mensajería como WhatsApp paguen tasa en función de sus ingresos

La nueva Ley de Telecomunicaciones, que inicia su proceso de audiencia pública previo a su tramitación parlamentaria, pasa a catalogar como operadores a las plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram, y les hace extensiva una tasa de un euro por cada mil facturados, siempre que los ingresos brutos de explotación anuales en España superen el millón.

La teoría es clara, pero la práctica no tanto. WhatsApp, un servicio plenamente instaurado en España, es gratuito en su versión estandarizada, y además su empresa matriz, Facebook, tiende a canalizar sus números por Europa hacia la sede fiscal que la compañía estadounidense mantiene en Irlanda, un país de laxa fiscalidad. Es decir, el propio carácter gratuito de WhatsApp ya impediría imputarles la tasa, a lo que habría que sumar las dificultades para conocer las cuentas reales en España de estos gigantes tecnológicos procedentes de EEUU.

La nueva norma introduce un nuevo tipo de operadores, los que prestan servicios sin utilizar numeración, a diferencia de los tradicionales Telefónica, Orange o Vodafone, una nueva categoría en la que encajan estos servicios de mensajería instantánea, que hasta la fecha han disfrutado de cierta alegalidad en la normativa europea.

Así, WhatsApp o Telegram tendrán que detallar la sociedad a la que pertenecen y qué servicio de telecomunicaciones prestan, parte del negocio sobre el que se plantea esta tasa. A partir de ahí, estas compañías tendrían que formalizar una declaración de ingresos anual del servicio telco, tal y como han explicado desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras digitales en un briefing en el que ha participado EL MUNDO.

La tasa está dirigida, en concreto,a financiar los gastos de personal y corrientes de la propia Secretaría de Estado así como de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el ejercicio de sus funciones, tal y como se recoge en el anteproyecto de ley.

El secretario de Estado, Roberto Sánchez, ha reconocido que el Gobierno es "consciente" de que la tasa podría no acabar afectando en las plataformas que, aun operando en España, tienen su sede fiscal fuera del país. En cualquier caso, esta extensión de la tasa a operadores se suma al gravamen específico el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha activado para gigantes de internet como Apple, Facebok o Amazon , un impuesto coloquialmente denominado tasa Google.

RETRASO EN LOS PLAZOS

Roberto Sánchez ha recordado que estos servicios no tienen por qué ser siempre gratuitos y considera fundamental de cara a futuro "incorporar a los nuevos operadores" a la normativa cuanto antes.

Sin embargo, la nueva Ley de Telecomunicaciones, que renueva la actualmente vigente de 2014, debería lograr la transposición de la directriz europea este mismo año, antes del 31 de diciembre de 2020, una fecha ya inalcanzable. "No llegamos a tiempo", ha reconocido el secretario de Estado, que ha visto su trabajo condicionado por la pandemia del coronavirus y el protagonismo que ésta ha cobrado en la normativa de los últimos meses. Roberto Sánchez confía en que "ese retraso sea el menor posible", un corrimiento de los plazos que también afectará a la nueva Ley Audiovisual. El período que ahora se inicia, de consulta pública, finaliza el próximo 13 de octubre, pero aún quedaría pendiente la tramitación parlamentaria de la nueva Ley de Telecomunicaciones.