La Audiencia Provincial de Almería acoge este lunes el arranque del tribunal de jurado que debe dirimir la culpabilidad o no culpabilidad de Ana Julia Quezada, de 48 años, acusada de asesinato por la muerte violenta en febrero de 2018 del niño de ocho años Gabriel Cruz y de ocultar su cuerpo sin vida durante 13 días en los que la sociedad española se mantuvo en vilo, y se movilizaron 60 entidades y particulares que peinaron cientos de kilómetros cuadrados entre Las Hortichuelas y Rodalquilar, en Níjar.
La primera sesión del juicio incluye constitución del jurado y elección de los once miembros que lo han de conformar, dos de ellos suplentes, aunque el calendario prevé que se dé comienzó al interrogatorio de Quezada, para quien la Fiscalía y la acusación particular interesan la pena de prisión permanente revisable y penas que suman hasta diez años de cárcel por las presuntas lesiones psíquicas infligidas a los padres del menor.
Un total de 42 agentes de Policía Nacional velarán por la seguridad hasta el día 18, fecha en la que está previsto que el jurado popular se retire a deliberar. Los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) van a establecer un perímetro de seguridad en torno al Palacio de Justicia y van a reforzar la seguridad en el interior del edificio, cuyo acceso quedará regulado por la Guardia Civil. Posteriomente, custodiarán a los miembros del jurado en su reclusión para emitir veredicto.
Esta expectación mediática ha dado lugar a que los padres de Gabriel hayan solicitado amparo "ante las amenazas que la cita judicial" comporta para sus derechos fundamentales como "víctimas de delitos violentos", así como "respeto" a la "memoria" del menor, y de "la intimidad, el honor e integridad de su familia".
En un escrito remitido a diversas instituciones, entre ellas el Consejo Audiovisual de Andalucía y la Fundación Europea por las personas desaparecidas QSD Global, han solicitado que se "eviten" informaciones relativas a los informes forenses de su hijo "que puedan dañar su imagen y ocasionar un dolor enorme a su seres queridos", así como un uso "responsable" de esta. Patricia Ramírez y Angel Cruz han pedido, asimismo, que no haya "interferencias" que pudieran "cuestionar que se trata de un juicio justo y con todas las garantías".
Testifical de los padres y pericial forense, a puerta cerrada
En la vía judicial esto se plasmó el pasado viernes en un auto notificado a las partes por la magistrada Alejandra Dodero en el que acordaba que la declaración testifical de los padres, prevista para este martes, se celebre a puerta cerrada, una medida que ha extensiva a la declaración de la abuela paterna de Gabriel y una prima del niño, así como a la prueba pericial forense que está señalada para el día 16 de septiembre.
Un informe del SAVA ha sido decisivo en la resolución adoptada por el tribunal, a petición del Ministerio Público y de la acusación particular, ya que este advierte del estado de "victimización secundaria" de los progenitores de Gabriel Cruz por, entre otras causas, el "uso desmedido de la mediatización del caso" y remarca que se ha generado "un estado crónico de temor al daño psicológico irreparable en la familia".
La primera sesión del juicio incluye constitución del jurado y elección de los once miembros que lo han de conformar, dos de ellos suplentes, aunque el calendario prevé que se dé comienzó al interrogatorio de Quezada, para quien la Fiscalía y la acusación particular interesan la pena de prisión permanente revisable y penas que suman hasta diez años de cárcel por las presuntas lesiones psíquicas infligidas a los padres del menor.
Un total de 42 agentes de Policía Nacional velarán por la seguridad hasta el día 18, fecha en la que está previsto que el jurado popular se retire a deliberar. Los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) van a establecer un perímetro de seguridad en torno al Palacio de Justicia y van a reforzar la seguridad en el interior del edificio, cuyo acceso quedará regulado por la Guardia Civil. Posteriomente, custodiarán a los miembros del jurado en su reclusión para emitir veredicto.
Esta expectación mediática ha dado lugar a que los padres de Gabriel hayan solicitado amparo "ante las amenazas que la cita judicial" comporta para sus derechos fundamentales como "víctimas de delitos violentos", así como "respeto" a la "memoria" del menor, y de "la intimidad, el honor e integridad de su familia".
En un escrito remitido a diversas instituciones, entre ellas el Consejo Audiovisual de Andalucía y la Fundación Europea por las personas desaparecidas QSD Global, han solicitado que se "eviten" informaciones relativas a los informes forenses de su hijo "que puedan dañar su imagen y ocasionar un dolor enorme a su seres queridos", así como un uso "responsable" de esta. Patricia Ramírez y Angel Cruz han pedido, asimismo, que no haya "interferencias" que pudieran "cuestionar que se trata de un juicio justo y con todas las garantías".
Testifical de los padres y pericial forense, a puerta cerrada
En la vía judicial esto se plasmó el pasado viernes en un auto notificado a las partes por la magistrada Alejandra Dodero en el que acordaba que la declaración testifical de los padres, prevista para este martes, se celebre a puerta cerrada, una medida que ha extensiva a la declaración de la abuela paterna de Gabriel y una prima del niño, así como a la prueba pericial forense que está señalada para el día 16 de septiembre.
Un informe del SAVA ha sido decisivo en la resolución adoptada por el tribunal, a petición del Ministerio Público y de la acusación particular, ya que este advierte del estado de "victimización secundaria" de los progenitores de Gabriel Cruz por, entre otras causas, el "uso desmedido de la mediatización del caso" y remarca que se ha generado "un estado crónico de temor al daño psicológico irreparable en la familia".
Ana Julia Quezada se enfrenta a prisión permanente revisable por el crimen de Gabriel Cruz
Un jurado popular compuesto por 7 mujeres y 2 hombres decidirá en los próximos días el futuro de Ana Julia Quezada. Es la primera mujer que se enfrenta a la petición de prisión permanente revisable en España.
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